ELODIO CORTEZ YEVISMEA y Otros.

Expediente 425/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
425/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
15/08/2022

Partes del expediente

  • ELODIO CORTEZ YEVISMEA y Otros.
  • Elodio Cortez Yevismea

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a quince de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el Secretario del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, por el que se remite testimonio de la resolución de cuatro de agosto de dos mil veintidós, dictada en el conflicto competencial C.C.P. ***, formado con motivo del conflicto planteado en el presente asunto; sentencia en la que se determinó: "ÚNICO. Es legalmente competente el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, por Razón de territorio, para seguir conociendo de la demanda de amparo indirecto promovida por ***, defensora pública federal de ***. .". Sin que resulte necesario remitir el acuse de recibo respectivo, al así manifestarlo la superioridad. Ahora bien, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. Valoración documental De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un EXPEDIENTE AUXILIAR (cuaderno de antecedentes); en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el apartado 8.1.1, fracción I, inciso a), del aludido Manual, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio por medio del cual fueron remitidos los autos originales del juicio de amparo 425/2022-IV, para que resuelva el conflicto competencial planteado por este órgano de control constitucional. Asimismo, comunica que se avoca del conocimiento del conflicto competencial planteado, registrándolo con el número C.C.P. 18/2022, lo que se toma de conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, a trece de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, a través del cual devuelven los autos originales del juicio en que se actúa e informan que determinaron no aceptar la competencia planteada por este órgano jurisdiccional; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente. En ese sentido, glósese a los autos las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la competencia planteada, el comunicado antes referido para que surta los efectos legales a que haya lugar y realícese la anotación respectiva en el libro de gobierno. Ahora bien, tomando en consideración lo expuesto por el homólogo federal, este juzgado de Distrito insiste en declararse legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del presente asunto por las siguientes consideraciones: El acto reclamado en el presente juicio se hace consistir en: La resolución emitida por la Secretaria Técnica de la Comisión de Amnistía de la Secretaria de Gobernación, mediante la cual se decretó como improcedente la solicitud de amnistía. Así la competencia constitucional de los Jueces de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reglamentada en el artículo 37 de la Ley de Amparo que indican. "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [..] VII.- El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrán ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." El precepto trascrito establece que el juicio de amparo se promoverá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute, o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por su parte el artículo 37 de la ley de Amparo prevé: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dispositivo legal del que se desprenden básicamente tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los mandatos anteriormente transcritos se advierte que será competente para conocer del juicio de amparo, como en el presente caso acontece, el juez de Distrito con jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Así, ya que el directo quejoso ******************** se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-MICHOACÁN", ubicado en Buenavista Tomatlán, Michoacán, lugar en el que, se ejecuta el acto reclamado, ya que se le negó el beneficio de amnistía por lo que, la pena de prisión se seguirá ejecutando en el lugar en que se encuentra recluido, es evidente que nos encontramos en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo. Entonces, tenemos que, en el caso, el acto reclamado al tener aparejada una ejecución material y ella deba tener ejecución en el Estado de Michoacán (lugar en el que el quejoso está interno), la autoridad judicial competente sería el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan. Por otro lado, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, en lo conducente, estimó carecer de competencia, en virtud que, no obstante que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-MICHOACÁN", ubicado en Buenavista Tomatlán, Michoacán; es decir, en un centro penitenciario federal dentro de su jurisdicción, refiere que se tratan de actos meramente declarativos y que no requieren ejecución material al considerar que el acto reclamado consistente en la negativa de la solicitud de amnistía a favor del quejoso, no requiere de ejecución material, toda vez que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, y si bien el impetrante está interno en el Centro carcelario antes referido es con motivo de la ejecución de una sentencia y no del acto reclamado, por lo que consideró que es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese sentido, cabe precisar que la amnistía es una concesión del Poder Ejecutivo de naturaleza discrecional y que la legislación respectiva ha acotado al cumplimiento de determinados requisitos, ahora, en el particular, la Comisión estimó improcedente la solicitud de amnistía del quejoso, lo cual, como consecuencia, determina la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de la libertad -ejecución material-. Por ende, si el peticionario de amparo se encuentra compurgando la sanción impuesta en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-MICHOACÁN", ubicado en Buenavista Tomatlán, Michoacán; la competencia legal para resolver el asunto como se adelantó, radica en el juzgado de Distrito que ejerza jurisdicción en ese territorio, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues, es en ese sitio donde se materializan los efectos de la determinación reclamada. Sin que pase desapercibido, que el quejoso ******************** se encuentre privado de la libertad en cumplimeinto de una sentencia ejecutoriada dictada en su contra, pues ante la negativa de la solicitud de amnistía, seguirá compurgando dicha pena. Lo anterior resulta evidente pues como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el indulto, acto administrativo de naturaleza similar al que nos ocupa, consistente en la amnistía, ha sostenido que los actos que determinen la permanencia de la persona en su lugar de reclusión generan una consecuencia material, es decir, una ejecución material. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia invocada en el diverso auto de diecisiete de mayo último, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL QUE DETERMINA IMPROCEDENTE UNA SOLICITUD DE INDULTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar cuál Juzgado de Distrito es competente para conocer del amparo indirecto promovido contra el oficio dictado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en el que se determinó improcedente el indulto solicitado por una persona recluida en un Centro de Readaptación Social, ya que para uno el competente es el Juzgado de Distrito con jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad responsable, mientras que para el otro lo es el que ejerce jurisdicción en el lugar donde se ubique el Centro de Readaptación Social. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el Juzgado de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se ubica el centro penitenciario en el que se encuentra recluido el quejoso es el legalmente competente para conocer del amparo indirecto contra el oficio emitido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal por el que determinó improcedente el indulto, ya que el acto reclamado tiene una ejecución material al incidir en la permanencia del quejoso en el centro de readaptación en el que compurga la pena. Justificación: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas distintas de tracto sucesivo para determinar la competencia en amparo indirecto atendiendo a si el acto reclamado tiene ejecución unívoca, plural o carece de ejecución material. Ahora bien, en el caso es aplicable la primera regla, a saber, la relativa a que es competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Lo anterior es así, porque esta Primera Sala ha sostenido que los actos que determinen la permanencia de la persona en su lugar de reclusión generan una consecuencia material, es decir, una ejecución material. Ante ello, si una persona presentó una solicitud de indulto cuya concesión favorable implicaría, inter alia, la cesación de la privación de la libertad personal ante la extinción de la pena, la resolución que la determina improcedente tiene por consecuencia que permanezca en su situación actual y, por ello, tiene una ejecución material. Dicha ejecución material ocurrirá en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, porque allí se seguirá ejecutando la pena cuya extinción se solicitó.". Por lo expuesto, este juzgado insiste en delinar la competencia del presente asunto; en ese sentido, previo cuaderno de antecedentes que se forme, de confomidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, remitase el original del juicio de amparo en que se actua al Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, en turno, para la resolución del conflicto competencial sucitado. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y LA DEFINITIVA; en consecuencia, el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su depuración dentro de los noventa días siguientes. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Por otro lado, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General aludido, se considera que el DUPLICADO del incidente de suspensión, debe ser DESTRUIDO; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.

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