Elodia Merino Herrera

Expediente 957/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
957/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
15/02/2022

Partes del expediente

  • Elodia Merino Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja, sin que hasta este momento se haya hecho valer en contra del proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ******; consecuentemente, se declara firme el referido auto. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo general referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del acuerdo general en cita. Finalmente, toda vez que en el presente asunto obran documentos considerados como no originales; en términos del artículo 3°, fracción XVIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; póngase a disposición de la parte quejosa el mismo catalogado como "no original"; en el entendido que de no recogerlos en el término de noventa días hábiles, éstos serán destruidos; lo anterior en términos de los numerales 20 y 21 del acuerdo general citado. Notifíquese por lista a la inconforme.

  2. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el ocurso presentado por la promovente del amparo, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de dieciocho de noviembre del año en curso. En ese sentido, vista la demanda presentada por *****************, por derecho propio, contra actos del titular y de los actuarios, todos del Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, -sin que haya lugar a tener como autoridad responsable al secretario de acuerdos del Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil del citado tribunal, toda vez que no encuadra dentro de las hipótesis del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo-, cuenta habida que las funciones que desempeña sólo son las de dar fe pública, sin imperio ni facultad decisoria, por lo que no puede decirse que resuelve conjuntamente con el juzgador; la misma debe desecharse. En efecto, del estudio integral de la demanda de amparo y su ocurso aclaratorio, se advierte que el acto reclamado por la promovente, se hace consistir en: El proveído de veintinueve de octubre del presente año, emitido en los autos del juicio ejecutivo mercantil, expediente *****, seguido por ****************, *************- en contra de **************** -aquí quejosa-, del índice del Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Se precisa que en dicha determinación, se señaló fecha para la celebración de la audiencia de remate en primera almoneda respecto del inmueble ubicado en ****************************; lo anterior, en ejecución del convenio celebrado por los contendientes -aprobado y elevado a categoría de cosa juzgada, el dos de diciembre de dos mil dieciséis-, según lo manifestado -bajo protesta de decir verdad- por la inconforme. Por otra parte, de lo expuesto en la demanda bajo protesta de decir verdad, se deduce lo siguiente: La promovente es parte formal y material del juicio de donde derivan los actos reclamados, tan es así que tiene el carácter de codemandada. No existe incertidumbre en cuanto a que el procedimiento de origen se encuentra en ejecución, particularmente en la fase de remate. De lo anteriormente precisado, este juzgador considera que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a sentido contrario. Tales numerales precisan de manera general, que el amparo que se promueva en contra de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia resulta improcedente cuando no se trata de la última resolución dictada en esa fase, en donde se podrán reclamar todas las demás violaciones que se hubieren cometido durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como se lee del texto de dichos dispositivos legales, que se reproducen a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: - - - [.] - - - IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. - - - Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. - - - En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; - - - [.] - - -". El primer numeral transcrito precisa que el juicio de amparo es improcedente cuando de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley de la materia, se derive una causal que así lo prevea. Además, de la lectura atenta al numeral 107 invocado, se puede advertir que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre: 1) Los actos que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución y que afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y, 2) Los actos de ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquellos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por lo tanto, éstos pueden ser impugnados de manera inmediata siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo, definida como aquélla que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para ello, e inclusive, la que ordena el archivo definitivo del expediente, por ser en ésta en la que se materializará el agravio respectivo. En el supuesto de los remates -apartado tercero-, procede en contra de la última resolución emitida en este, entendida como aquélla que -en forma definitiva- ordena la escrituración, o bien, la entrega del bien inmueble rematado, ya que ambas órdenes constituyen efectos connaturales al acto de adjudicación, de ahí que resulta indistinto se ordene únicamente la escrituración o bien la entrega del bien para estimar actualizada la última resolución del remate. Con la precisión, de que en ambos casos podrán impugnarse los actos intermedios y las violaciones procesales de la etapa relativa. Y, es que de aceptarse una postura en contrario, se daría pauta para que pudiera intentarse la instancia constitucional en contra de todo acto dictado durante ese periodo, con el riesgo de que se entorpezca el cumplimiento de lo resuelto, mediante el abuso de la acción de amparo. Bien, en el caso concreto, no se actualiza alguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia -en este caso, ejecución de convenio-, ya que el acto reclamado no constituye el último acto en el período de remate en términos de lo dispuesto por el citado artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, pues que en éste no se ordenó de manera definitiva la escrituración del inmueble sujeto a subasta, menos su entrega material, toda vez únicamente se señaló fecha para la celebración de la audiencia de remate en primera almoneda del inmueble litigioso, se ordenó la publicación de edictos para convocar postores y se estableció el precio base para la venta judicial; por lo tanto ni duda cabe que el acto aquí reclamado no es el último acto en el período de remate. En ese sentido, la parte quejosa debe sujetarse a las reglas que regulan el procedimiento y, por ello, las violaciones que aquí reclama deberá hacerlas valer hasta que se emita el último acto en la fase de remate; es decir, la que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega del bien. Así, la procedencia de la acción constitucional está delimitada al último acto dictado en esa fase, lo que tiene por objeto evitar que, con motivo de la promoción del amparo, se entorpezca o retarde el cumplimiento de lo que constituye cosa juzgada. Es aplicable al caso, por analogía la tesis de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la jurisprudencia IX.1o. J/11, del tenor siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCION DE SENTENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, cuando se trate de actos dictados en período de ejecución de sentencia, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que la resolución reclamada sea la que ponga fin a la etapa de ejecución del juicio, sin que pueda tener ese carácter el auto mediante el cual se requiere al demandado para que cumpla voluntariamente con la condena y se le apercibe con que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución forzosa del fallo condenatorio." Con la precisión de que en el caso no opera la diversa hipótesis de procedencia, relacionada con la afectación de un derecho sustantivo diverso de la cosa juzgada, pues aunque la promovente esgrime que -entre otras cuestiones- que el avalúo considerado para el precio de remate del bien "no está ajustado a la realidad", lo cual le deja en estado de indefensión, lo cierto es que, se itera, tales aspectos podrán ser analizados de forma posterior en el amparo indirecto que se promueva en contra de la última resolución que se emita en la fase de remate, por lo que no puede estimarse que en la especie se esté ante una afectación a un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada. Como corolario, en la especie no se actualiza alguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto examinada, porque por una parte, la determinación reclamada no constituye la "última resolución" de la fase procedimental de cumplimiento de sentencia -en el caso, de convenio-, ni es de naturaleza autónoma, ni constituye una decisión que afecte un derecho sustantivo diverso de la cosa juzgada del procedimiento de origen. En consecuencia, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la materia, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que la inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la aquí analizada, esto es, que derivado de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la agraviada -lo cual crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las declaraciones respecto de su falsedad u omisión de datos-, el proveído reclamado no constituye la última resolución en la etapa de remate y tampoco afecta algún derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada. Máxime que aún y cuando se llegaren a recabar los informes y constancias del juicio de origen, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlas a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios -tanto para las partes como para el propio Estado-. Notifíquese por lista a la inconforme.

  3. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por derecho propio, contra actos del Titular, secretario de acuerdos y actuarios del Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil del Tribunal superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a las prerrogativas contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente -físico y electrónico-, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 957/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y provéase lo que en derecho corresponda. En principio, debe decirse que el artículo 108 de la ley de la materia, establece los requisitos esenciales de la demanda. Asimismo, el diverso numeral 114 de la legislación en comento, determina la facultad conferida al órgano de control constitucional de requerir a la parte promovente que aclare su escrito inicial y le haga de su conocimiento de forma precisa las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, mismas que, dicho sea de paso, de no ser subsanadas dentro del plazo de cinco días, dará lugar a tenerla por no presentada. Ahora, impuesto este juzgador del contenido de la demanda de amparo de que se trata, de su estudio integral, se advierte que el acto reclamado por la inconforme se hace consistir en el siguiente: Acuerdo de veintinueve de octubre del presente año, por el cual señaló fecha para que tenga verificativo el remate en primera almoneda y pública subasta respecto del inmueble embargado en el juicio ejecutivo mercantil, radicado ante el Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, bajo el número de expediente ******, identificado como **********. Contradictorio en el cual la solicitante del amparo figura como demandada; sin embargo, no precisa las prestaciones reclamadas, o en su caso, todas las condenas decretadas; tampoco indica la forma en cómo se ordenó la notificación del acto que reclama y si en contra de dicha actuación hizo valer algún medio de defensa ordinario o extraordinario; de igual manera, no refiere la primera y última vez que compareció a dicho procedimiento, así como el motivo de dicha actuación; además no manifiesta el estado procesal exacto y actual del juicio natural. Bien, como los datos precisados en el párrafo anterior son necesarios para pronunciarse sobre la probable admisión de la demanda o su desechamiento, con fundamento en los arábigos 108, fracción V, así como 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte inconforme -dentro del plazo de cinco días- para que -bajo protesta de decir verdad- aclare su demanda respecto de los puntos que se enlistan a continuación: - Precise las prestaciones reclamadas, o en su caso, todas las condenas decretadas, lo anterior para tener elementos objetivos para, en su caso, establecer la cantidad que sirva para garantizar la suspensión, de ser esta procedente. - Transcriba íntegramente o bien, exhiba una reproducción completa de la orden de remate que impugna en la presente instancia constitucional, asimismo, 1) aclare la forma en cómo se ordenó su notificación así como la fecha en que dicha actuación tuvo verificativo; además, 2) señale si en contra de dicha actuación hizo valer algún medio de defensa ordinario o extraordinario, de ser el caso, 3) indique ante qué autoridad se tramita y el estado procesal que guarda dicho medio de impugnación, lo anterior para estar en condiciones de que quede debidamente establecido el acto reclamado y las autoridades responsables. Esto es así, pues la fracción IV del numeral 108 de la legislación de Amparo estipula que en la demanda de amparo indirecto se expresará cada acto u omisión que de cada autoridad se reclame, ya que de ello depende la correcta integración de la Litis constitucional. - Dado que no desconoce la existencia del contradictorio de origen, tan es así que afirma haber promovido un "incidente de nulidad de convenio", señale la primera y última vez que compareció a dicho procedimiento, así como el motivo de dicha actuación. Se precisa que deberá presentar su escrito aclaratorio de acuerdo con el artículo 110 de la Ley de Amparo, esto es, con las copias correspondientes para cada una de las partes -autoridades responsables, tercero interesado y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita-, así como las correspondientes para el incidente de suspensión, de ser el caso. Y, es que la finalidad de una prevención es que se satisfagan los requisitos de ley -en amparos de estricto derecho como el de la especie-, ya que no se está en los supuestos de admisión inmediata a que aluden los numerales 15 y 20 de la Ley de Amparo, sobre todo porque únicamente con base en su contenido preciso es factible verificar los presupuestos procesales de la acción constitucional y apreciar que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este sentido, las exigencias contenidas en el artículo 108 de la legislación de la materia deben ser colmadas por la parte agraviada, con independencia de la calidad que ostente -parte formal, tercero extraño en estricto sentido o en forma equiparada-, por lo que este juzgado no puede soslayar que no se satisfagan las formalidades del numeral en comento. En la inteligencia que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten, podrá ser sujeto a lo dispuesto en el numeral 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que pueden hacerse merecedores la parte quejosa, su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, incurren en las conductas anteriores. Dígase a la parte quejosa que la materia de la prevención versa sobre aspectos conformadores de la litis constitucional y exigen declaratoria bajo protesta de decir verdad, cuya fijación está reservada para la parte directamente agraviada, lo que implica además que el desahogo a esta prevención debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda, o bien, por su apoderado facultado para ello. Sirve de apoyo por las razones que la informan la 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, página 348, que cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Apercibida que de no dar cumplimiento a la prevención, su demanda se tendrá por NO PRESENTADA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la ley de la materia. Por otra parte, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la inconforme, esto es las listas de publicación de este Juzgado Federal y por autorizados para los mismos efectos, inclusive para recoger documentos a las personas que indica. Además, se faculta en términos amplios del citado arábigo 12 de la ley de la materia a *******, por tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito; no así a ********, quienes no cuenta con dicho registro, por lo que sólo se les tiene por autorizados en los términos señalados en el párrafo que antecede, sin perjuicio de que una vez que cumpla con lo anterior, y previa designación que se haga en su favor por parte del quejoso, se provea lo conducente. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se autoriza el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese por lista a la promovente.

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