Elodia Mendoza Ambrosio

Expediente 858/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
858/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Elodia Mendoza Ambrosio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Superior jerárquico informa trámites. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que por vía telegráfica y postal remite el Director del Contencioso en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual remite informa que en términos de lo dispuesto por los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo y en cuanto superior jerárquico, requirió a la autoridad responsable para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que suscribe el Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, a través del cual atiende el requerimiento que se le hizo mediante acuerdo de cinco de octubre del año en curso, y al efecto informa que dio respuesta a la solicitud de la quejosa 16220019965 e inscribió la Transmisión de Derechos de Uso Común de Ejidatarios por lista de sucesión depositada ante el Registro Agrario Nacional en favor de ********************y para acreditarlo remite copia del citado registro. Asimismo, indica que la quejosa debe presentarse ante esa Delegación, para hacerle entrega de su certificado de uso común. SE DA VISTA A LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con la información que se recibe del Registro Agrario Nacional, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.ROVECon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; con fecha de veintiocho de agosto del año en curso, en la que por un lado se SOBRESEYÓ el juicio de garantías, y por el otro se CONCEDE el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informen sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del tiempo señalado, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la obligación que les fue impuesta en la ejecutoria de amparo consistente en: Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución, el Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, no ha emitido la respuesta respectiva, en ese sentido, siguiendo los lineamientos establecidos, de manera fundada y motivada, realice la contestación a la solicitud 16220019965 presentada el diez de noviembre de dos mil veintidós; y, correlativamente, notifique de ello al peticionario de amparo. SE RESERVA REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO. Sin que de momento proceda actuar en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, hasta en tanto sea evidente la omisión de las autoridades responsables de cumplir con el fallo protector dictado en el presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE V-858/2023, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo V-858/2023, promovido por Elodia Mendoza Ambrosio, por conducto de su apoderado Octavio Rojas García contra actos del Jefe del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México y otra autoridad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Director de lo Contencioso y Encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en representación del Director en Jefe de dicha institución. Ahora, no pasa inadvertido que no ha transcurrido el plazo de ocho días que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la vista del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues en el caso no existe fin práctico que pudiera desfavorecer a la parte quejosa, ya que no se advierte que la presente resolución, una vez transcurrido el mismo le genere perjuicio, ya que en esta fecha o en aquélla el contenido del informe justificado permite establecer que el sentido sería el mismo. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó documentales al libelo constitucional; medios de convicción que se tienen por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional formuló manifestaciones mediante escrito de alegatos 544/2023 recibido por este juzgado el diez de julio de la presente anualidad. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo V-858/2023, promovido por Elodia Mendoza Ambrosio, por conducto de su apoderado Octavio Rojas García, contra actos del Jefe del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el cuatro de julio de la presente anualidad en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno, a este Juzgado Federal, Elodia Mendoza Ambrosio, por conducto de su apoderado Octavio Rojas García, promovió demanda de amparo indirecto contra el Jefe del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México y otra autoridad. La quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante proveído cinco de julio de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente V-858/2023; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación, previo diferimiento; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto formal y materialmente administrativo cuya ejecución acontece dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal con competencia mixta ejerce su jurisdicción. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La omisión de dar respuesta a la solicitud 16220019965 presentada el diez de noviembre de dos mil veintidós, ante el Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad, en la que solicitó la transmisión de derechos por sucesión y entrega de un certificado parcelario. CUARTO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable Director de lo Contencioso y Encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en representación del Director en Jefe de dicha institución, se advierte que niega el acto a ella reclamado. Pese a lo manifestado por la autoridad responsable de referencia, la parte quejosa no aportó prueba idónea alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, ni objetó la autenticidad del informe mencionado. Por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: "Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Máxime, que ante la negativa de la autoridad responsable, a la parte quejosa le correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia del acto reclamado; sin embargo, no satisfizo tal extremo con prueba certera y eficiente. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor siguiente: "Tesis: VI.2o.A.4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. QUINTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, negó el acto a ella reclamado, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, pues en autos del expediente de marras se acreditó su existencia. La certeza del acto reclamado se constata con la confesión de la responsable, concatenada con el acuse de solicitud de trámite, presentada por la parte quejosa en la demanda de amparo, además por las manifestaciones de la responsable en el sentido de que la solicitud realizada por la parte quejosa, se encuentra actualmente en la etapa de emitir calificación registral correspondiente. Lo que resulta suficiente para acreditar la negativa de la autoridad responsable para continuar con la gestión respectiva derivada de la solicitud formulada por la quejosa. Además, la certeza de que se habla se corrobora con la documental aportada por la quejosa, consistente en el acuse de recibo de la solicitud 16220019964 presentada ante la autoridad responsable el diez de noviembre de dos mil veintidós. Documental pública que se valora en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2. De modo que la parte quejosa acreditó fehacientemente la presentación de la solicitud mencionada ante la autoridad responsable, sin que ésta hubiere allegado alguna documental con la que acreditada que efectivamente dio contestación y la notificó. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". SEXTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin". Sin embargo, de autos no se obtiene que se actualice alguna causa de improcedencia prevista por la ley de la materia, ni las partes alegaron lo anterior; por lo que se impone, es abordar el estudio del fondo del asunto. SÉPTIMO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como concepto de violación el que se encuentra contenido en su escrito inicial de demanda, mismo que se tiene por reproducido sin necesidad de transcribirlo pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente tenor: "Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 164618 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Página 830 Jurisprudencia (Común) "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. " OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. La quejosa medularmente argumenta la transgresión al artículo 8° Constitucional, pues al margen de que la Delegación responsable no le ha dado contestación a su solicitud 16220019965 presentada el diez de noviembre de dos mil veintidós, ante el Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad, en la que solicitó la transmisión de derechos por sucesión y un certificado parcelario. Dicho planteamiento es esencialmente fundado. De inicio es necesario tener en cuenta lo que establece el numeral 8° del Pacto Federal, en el cual se advierte que, por imperativo constitucional, toda autoridad está obligada a respetar el ejercicio del derecho de petición de los gobernados, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, que la constriñe acordarlo también por escrito y hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término. Esa prerrogativa del particular y la correlativa obligación de la autoridad de emitir una respuesta, se caracterizan por lo siguiente: La petición debe: 1. Formularse de manera pacífica y respetuosa, 2. Dirigirse a una autoridad; y, 3. Proporcionar un domicilio para recibir respuesta. La contestación debe: a. Emitirse en breve término, b. Ser congruente con la petición, c. Estar fundada y motivada; y, d. Ser notificada en el domicilio señalado para ese efecto. Apoya lo anterior, la tesis número XXI.1o.P.A.36 A, publicada en la página 1897, en el tomo Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." Ahora bien, cabe precisar que cuando se reclama una violación al derecho de petición, existe una carga procesal compartida: por un lado, la parte justiciable deberá demostrar que formuló y presentó ante la autoridad responsable su solicitud o petición en forma respetuosa y pacífica, así como que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y, por otro lado, la responsable deberá acreditar que dio respuesta a la petición que le fue formulada en los términos referidos y que la notificó al solicitante. En el caso, la parte quejosa satisfizo su carga procesal con la documental que exhibió concerniente al cotejo notarial del acuse de recepción del pliego petitorio, con la cual acredita que elevó su solicitud por escrito, de manera pacífica y respetuosa, en la que a su vez señaló un domicilio para recibir la respuesta. Correlativamente, tal como lo manifiesta en su demanda, en el sumario no se advierte que la Delegación ante la cual se presentó, haya dado contestación a la solicitud de mérito, no obstante haber tenido el tiempo suficiente para hacerlo. Pues como se precisó, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 8º Constitucional, la responsable está obligada a acreditar que dio respuesta por escrito a la petición que le fue formulada y que ésta le fue notificada al solicitante en el domicilio proporcionado, sin que se haya acreditado durante la tramitación de este juicio esa respuesta se efectúo con anterioridad a la presentación de la demanda. Así las cosas, en resarcimiento del derecho fundamental vulnerado, lo que se impone es conceder el amparo y protección constitucional solicitada. NOVENO. EFECTOS DE CONCESIÓN. En esas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación examinados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para los siguientes efectos: I. Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución, el Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, no ha emitido la respuesta respectiva, en ese sentido, siguiendo los lineamientos establecidos, de manera fundada y motivada, realice la contestación a la solicitud 16220019965 presentada el diez de noviembre de dos mil veintidós; y, correlativamente, notifique de ello al peticionario de amparo. En la inteligencia de que tal concesión no vincula a la autoridad a emitir alguna respuesta en determinado sentido, sino únicamente a dar contestación a la solicitud planteada -sea que ésta sea procedente, improcedente, o bien, el estatus que actualmente guarda-, debiendo notificar oportunamente dicha respuesta. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 126, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "Semanario Judicial de la Federación Sexta Época Número de identificación 802744 Segunda Sala Volumen CXXXII Tercera Parte Página 138 Jurisprudencia (Administrativa) "PETICION, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE SE DICTO LA RESOLUCION A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, le corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva, y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación." De igual forma orienta el anterior criterio la tesis pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: Semanario Judicial de la Federación Sexta Época Número de identificación 802384 Segunda Sala Volumen XXIV Tercera Parte Página 27 Tesis Aislada (Constitucional) "PETICION. PRUEBA DE LA NOTIFICACION. El artículo 8o. constitucional establece que las autoridades están obligadas a dictar acuerdo escrito a toda petición que se les hubiera dirigido en términos pacíficos y respetuosos y que, además, están obligadas a hacer conocer en breve término al peticionario, el acuerdo citado, así que, es necesario que las autoridades demuestren en autos que el acuerdo que hubieren dictado se hizo del conocimiento del solicitante. Si en el juicio de garantías las responsables afirman que ya se hizo una notificación, deben probarlo, atento el principio general de derecho en el sentido de que quien afirma está obligado a probar la certeza de su aseveración.". Lo anterior, sin perjuicio de que el quejoso, pueda acudir personalmente a la oficina de la autoridad responsable, a fin de que se le notifique la respuesta a su solicitud. Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Elodia Mendoza Ambrosio, por conducto de su apoderado Octavio Rojas García, respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el cuarto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Elodia Mendoza Ambrosio, por conducto de su apoderado Octavio Rojas García contra el acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos expuestos en el considerando octavo y para los efectos indicados del último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.

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