Elodia Leyva Bautista

Expediente 654/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 29 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
654/2016
Año
2016
Actuaciones
29
Última actuación
27/12/2016

Partes del expediente

  • Elodia Leyva Bautista
  • Esteban Ramírez Rosales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita, previa conservación de la demanda de amparo y sentencia definitiva; en relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción III, del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido, por lo que se ordena glosar ambos cuadernos al expediente principal. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, tomando en consideración que al presente asunto el Magistrado Presidente de la Segunda Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, con motivo de su informe justificado remitió copias certificadas del toca penal 537-V/2015 así como de la causa penal 64/2014-I, que constituyen los tomos de pruebas I, II, III, IV, V y VI devuélvanse a la referida autoridad, dado que resulta innecesario su permanencia en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 654/2016, promovido por Elodia Leyva Bautista, por su propio derecho, y R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Por escrito recibido el nueve de junio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados de Circuito en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido al día siguiente por razón de turno al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de dicho Circuito, Elodia Leyva Bautista, por su propio derecho, presentó demanda de garantías contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. 2.- Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. ACTOS RECLAMADOS: "De la ordenadora. La ejecutoria emitida en el toca penal número VI-537/2015, de fecha 21 de abril del 2016, al confirmar la negativa de la orden de aprehensión de la que se derivan las siguientes violaciones: a).- violación manifiesta de la ley, a la nula aplicación de la Ley de Adultos Mayores, en el presente caso, por la falta de certeza jurídica y de legalidad, que no me fue concedido. b).- La falta de argumentación jurídica en el contenido de la resolución, pues carecen de sustento legal, el criterio que sostiene la Sala responsable. c).- Violación al principio de igualdad procesal. Todo ello por cuanto hace a la reparación del daño, puesto ante la falta de exhaustividad y objetividad, de la responsable en su resolución, me deja en estado de indefensión a los derechos de la víctima De la ejecutora.- El cumplimiento de la ejecutoria y además.". SEGUNDO.- Por acuerdo de veinte de junio de dos mil dieciséis, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Elodia Leyva Bautista, por lo que ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta Ciudad, para que procediera al conocimiento de la demanda de garantías en comento. TERCERO.- El veintidós junio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, se recibió la demanda de amparo remitida por incompetencia por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, enviada a este Juzgado el mismo día por razón de turno, registrándose en el libro de gobierno con el número 654/2016, y se previno a la quejosa a efecto de que ajustara su escrito de demanda a los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, al haberla presentado en la vía de amparo directo. CUARTO.- Una vez desahogada la prevención antes mencionada, por acuerdo de cinco de julio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo radicada en el libro de gobierno respectivo con el número 654/2016; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diversos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama la resolución emitida por un tribunal de segunda instancia con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, dentro de un toca penal formado con motivo del recurso de apelación instado por el ministerio público y la agraviada, quejosa en este juicio de amparo; lo que puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, debe resolverse en primer lugar el incidente de falsedad de huella dactilar planteado por la tercero interesada Juana Reyes Larrea, respecto de la que calza el escrito de demanda de amparo, por considerar que no corresponde a la de la quejosa Elodia Leyva Bautista. Esto es así, pues la decisión de considerar que la huella dactilar que calza el escrito de presentación de la demanda de amparo resulta falsa, traería como resultado que el juicio de amparo indirecto intentado resultara improcedente. Ahora, debe destacarse que para efectos de la substanciación del incidente, de conformidad con el artículo 140 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tuvo como base el cuestionario propuesto por la tercero interesado, y como huella dactilar base de cotejo (indubitada): la que obra en la credencial para votar expedida por Instituto Federal Electoral, a favor de Elodia Leyva Bautista, y las estampadas por la quejosa en diligencia de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, ante este Juzgado. Asimismo, debe apuntarse que para acreditar que la huella dactilar impugnada es falsa, la incidentista ofreció la prueba pericial técnica en dactiloscopía, la cual, en su oportunidad fue preparada y desahogada, y, este Juzgador solicitó a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, nombrara a un perito en materia de dactiloscopía, con fundamento en el artículo 120 de la Ley de Amparo. Conforme a este precepto legal, la prueba pericial en el juicio constitucional se desahoga con el dictamen que rinda el perito designado por el órgano jurisdiccional, con base en el cuestionario exhibido al efecto por la parte oferente; ello sin perjuicio de que cada parte tenga la facultad de designar un especialista para que se asocie al nombrado, o rinda dictamen por separado. Establecido lo anterior, se procede al análisis de los dictámenes periciales ofrecidos y desahogados en el presente juicio de amparo. El perito Gonzalo Barrera Abarca, experto en criminalística (dactiloscopía), nombrado por la parte tercero interesada en el juicio de amparo, emitió su dictamen en los siguientes términos: Tras citar el método y equipo a utilizar, así como las bases y principios de la dactiloscopía, realizó el análisis de los elementos constitutivos de las huellas dactilares indubitables en relación con la demanda en donde se encuentra la huella cuestionada llegando al siguiente convencimiento: ".CONCLUSIONES: Que se emiten como resultado técnico pericial practicado. PRIMERA.- Por NO encontrarse puntos característicos coincidentes entre las huellas dactilares base de comparación que se encuentra en los documentos que se describen a continuación: El original de la credencial para votar con fotografía, a nombre de la quejosa Elodia Leyva Bautista, con número de folio 0000017370935, con clave de elector LYBTEL33071312M400, con año de registro 1991 02, con fecha de emisión 2013 y vigencia hasta 2023, huella dactilar impresa con tinta color negra. Así como las huellas dactilares impresas por la quejosa Elodia Leyva Bautista, ante la presencia del personal de ese H. Tribunal Federal, en la diligencia original, realizada siendo las diez (10:32) horas con treinta y dos minutos del día (16) dieciséis de agosto del año en curso (2016), fecha y hora señalada por ese H. Juzgado para que compareciera la quejosa antes mencionada a realizar la muestra de las huellas dactilares que presentan cada uno de los dedos de sus manos derecha e izquierda, las que fueron realizadas por duplicado ante la presencia del personal de ese H. Tribunal, base de comparación y cotejo para el presente estudio: Con relación a la huella dactilar dubitada o impugnada, realizada en el documento siguiente: El escrito original de la demanda de garantías, de fecha uno (01) de julio del año dos mil dieciséis (2016), que consta de doce (12) fojas útiles tamaño oficio con texto únicamente en su anverso, el cual corre agregado a los autos del proceso en que se actúa a fojas de la treinta y siete (37) a la cuarenta y ocho (48), huella dactilar que se encuentra impresa o estampada en tinta color azul a base de agua, al calce inferior izquierdo de la última hoja sobre línea por debajo del texto preimpreso "Por no saber firmar, Estampo mi huella digital", y a la derecha el texto "firma a ruego el señor Mónica Elizabeth Armijo Pastrana", sobre línea por debajo del texto, una firma ilegible manuscrita con bolígrafo en tinta color negra; se concluye que la huella dactilar dubitada, NO fue estampada o impresa por la yema de ninguno de los dedos pulgares, índices, medios, anulares o meñiques de las manos derecha o izquierda de la quejosa Elodia Leyva Bautista, sino por la yema de algunos de los dedos pulgares, índices, medios, anulares o meñiques de las manos derecha o izquierda de otra persona distinta. SEGUNDA.- La impresión dactilar o huella dactilar impugnada o dubitada, que obra al calce izquierdo de la última hoja, del escrito original de la demanda de garantías de fecha uno (01) de julio del año dos mil dieciséis (2016), que consta de doce (12) fojas útiles tamaño oficio con texto únicamente en su anverso, el cual corre agregado a los autos del proceso en que se actúa a fojas de la treinta y siete (37) a la cuarenta y ocho (48), huella dactilar que se encuentra impresa o estampada en tinta color azul a base de agua, al calce inferior izquierdo de la última hoja sobre línea por debajo del texto preimpreso "Por no saber firmar, Estampo mi huella digital", y a la derecha el texto "firma a ruego el señor Mónica Elizabeth Armijo Pastrana", sobre línea por debajo del texto, una firma ilegible manuscrita con bolígrafo en tinta color negra; con relación a las huellas dactilares de la quejosa Elodia Leyva Bautista, estampo en los siguientes documentos. El original de la credencial para votar con fotografía, a nombre de la quejosa Elodia Leyva Bautista, con número de folio 0000017370935, con clave de elector LYBTEL33071312M400, con año de registro 1991 02, con fecha de emisión 2013 y vigencia hasta 2023, huella dactilar impresa con tinta color negra. Así como las huellas dactilares impresas por la quejosa Elodia Leyva Bautista, ante la presencia del personal de ese H. Tribunal Federal, en la diligencia original, realizada siendo las diez (10:32) horas con treinta y dos minutos del día (16) dieciséis de agosto del año en curso (2016), fecha y hora señalada por ese H. Juzgado para que compareciera la quejosa antes mencionada a realizar la muestra de las huellas dactilares que presentan cada uno de los dedos de sus manos derecha e izquierda, las que fueron realizadas por duplicado ante la presencia del personal de ese H. Tribunal, base de comparación y cotejo para el presente estudio: Por no presentar puntos característicos coincidentes, se concluye que la huella dactilar dubitada, NO fue estampada o impresa por la yema de ninguno de los dedos pulgares, índices, medios, anulares o meñiques de las manos derecha o izquierda de la quejosa Elodia Leyva Bautista, sino por la yema de algunos de los dedos pulgares, índices, medios, anulares o meñiques de las manos derecha o izquierda de otra persona distinta.". Ahora bien, en el trámite del incidente planteado por la tercero interesada, este Juzgado Federal, previa solicitud que en ese sentido dirigió a la Coordinación General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, designó como perito en materia de dactiloscopía, a Sandra Trujillo Ortiz. Dicha persona, al comparecer a aceptar y protestar el cargo (foja 129) se identificó con la credencial que en su favor expidió la aludida fiscalía, misma que la acredita como "perito profesional" de la Fiscalía General del Estado de Guerrero; mismo documento que exhibió al momento de ratificar su dictamen (foja 130). Lo anterior genera certeza para este Juzgador, de que dicha persona tiene los conocimientos suficientes que le permiten emitir una opinión técnica en la materia de su intervención, por tanto, se encuentra en aptitud de valorarla. Así, en principio, se procede a valorar el dictamen de la perito Sandra Trujillo Ortiz, designada por la Coordinación General de los Servicios Periciales dependiente de la Fiscalía General del Estado con sede en Chilpancingo, a solicitud de este Juzgador (glosado a fojas 182 a 190), respecto del cual debe decirse que la experta precisó el objeto de estudio, los puntos sobre los que iba a versar el peritaje, el fundamento técnico, la metodología y técnicas utilizadas, consistiendo en el "método de comparación formal en virtud del 'principio de correspondencia de características' donde la similitud es ante todo de orden cualitativo y se halla en la base de la búsqueda o investigación esencial, en donde la observación constituye el antecedente fundamental de todo cotejo, de manera selectiva e interpretativa"; emitiendo las conclusiones respectivas, con base en sus características, obtuvo los siguientes razonamientos: "ÚNICA.- Al realizar el correspondiente estudio y cotejo dactiloscópico entre la huella dactilar dubitada estampada en la parte in fine de lado izquierdo de la demanda de amparo de fecha 01 de julio del año 2016, con las huellas dactilares indubitables, estampadas ante este H. Juzgado la C. ELODIA LEYVA BAUTISTA. Observando que la huella dactilar dubitada la cual está estampada en la demanda inicial, sólo tiene características idénticas en su figura y dibujo papilar como son los relieves y hundimientos, con la huella dactilar del dedo pulgar de la mano derecha de la C. ELODIA LEYBA BAUTISTA. Lo que significa que la huella dactilar dubitada estampada en la parte in fine de lado izquierdo de la demanda inicial de fecha 01 de julio del 2016. SI FUE ESTAMPADA por la quejosa la C. ELODIA LEYVA BAUTISTA.". En este sentido, para resolver el incidente de falsedad de firma, es necesaria la valoración de los dictámenes pericial emitidos, tanto por el perito designado por la tercero interesada, así como el emitido por la perito oficial, el cual obra en autos y para ello se atiende a las reglas de la lógica y experiencia con el fin de comprobar la huella del documento cuestionado, lo que se realiza conforme a la prudente apreciación de este Juzgador, en términos del artículo 211 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2° de esta Ley, que establece: "Artículo 211. El valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del tribunal." Conforme esta porción normativa, en materia de valoración de la pericial, no rige un sistema tasado, sino el de libre apreciación, en el que tiene una gran importancia la facultad discrecional del juzgador, claro está, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso en particular, bajo la condicionante de que se funde y motive adecuadamente la decisión. De ahí que debe analizarse si los dictámenes aportados contienen los razonamientos que sustentan la opinión de los expertos, así como los exámenes, estudios o experimentos propios de su arte u oficio, que los llevaron a emitirla. Lo que es acorde con lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 90/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, tomo XXII, septiembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "DICTÁMENES PERICIALES NO OBJETADOS. SU VALORACIÓN. En relación con la facultad de los Jueces para apreciar las pruebas, la legislación mexicana adopta un sistema mixto de valoración, pues si bien concede arbitrio judicial al juzgador para apreciar ciertos medios probatorios (testimoniales, periciales o presuntivos), dicho arbitrio no es absoluto, sino restringido por determinadas reglas. En tal virtud, el hecho de que no se objete algún dictamen pericial exhibido en autos, no implica que éste necesariamente tenga valor probatorio pleno, pues conforme al principio de valoración de las pruebas, el juzgador debe analizar dicha probanza para establecer si contiene los razonamientos en los cuales el perito basó su opinión, así como las operaciones, estudios o experimentos propios de su arte que lo llevaron a emitir su dictamen, apreciándolo conjuntamente con los medios de convicción aportados, admitidos y desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión. Por tanto, la falta de impugnación de un dictamen pericial no impide al Juez de la causa estudiar los razonamientos técnicos propuestos en él, para estar en posibilidad de establecer cuál peritaje merece mayor credibilidad y pronunciarse respecto de la cuestión debatida, determinando según su particular apreciación, la eficacia probatoria del aludido dictamen." Así, en principio se procede a valorar el dictamen del perito ofrecido por la parte tercera interesada, del que se advierte que especificó tanto los métodos y técnicas utilizados para la elaboración de su dictamen, estableciendo las desemejanzas generales e individuales observadas en la huella dactilar cuestionada con las indubitables, de lo cual destaca las diferencias que existen entre tales firmas o rúbricas, en la dubitable no presenta el sistema basilar e incompleto el sistemas nuclear y el marginal se tiene a la vista borroso, mientras que la indubitada presentó borrosos los tres sistemas basilar, nuclear y marginal, ligeramente en el núcleo las características del sistema que se aprecia características a un verticilo sinuoso, con centro ligeramente ovalado y ligeramente inclinado a la izquierda, resultando que las mismas provienen de personas diferentes. Ahora, si bien el perito designado por la tercero interesada, describió las técnicas y métodos utilizados en su dictamen, lo cierto es que, en el estudio comparativo de los elementos analizados de las huellas dactilares peritadas, para establecer que las huellas indubitables corresponden con las huellas cuestionadas, estableció que en relación a los sistemas basilar, nuclear y marginal se presentaron borrosos, esto es, en forma generalizada describe las disimilitudes que observó, lo que no es fácil advertir en las fotografías que al efecto anexó a su dictamen para ilustrar ello, por lo que no pueden crear mayor convicción que lo establecido en el dictamen presentado por la perito oficial designada por este Juzgador, que a juicio del mismo, sí aporta elementos de convicción, y por lo que se le otorga valor probatorio pleno, como a continuación se expone: La perito oficial Sandra Trujillo Ortiz, quien después de detallar los métodos y técnicas de análisis, observó que las huellas indubitable y dubitable, presentan características idénticas en su dibujo papilar, lo que sustentó con las fotografías en que señaló y comparó una a una las características similares visibles en ambas huellas (foja 187 y 188); apoyándose en los métodos, instrumentos y material técnico que asentó en dicho dictamen. Ahora, considerando que, además de que la perito acreditó ser apta para emitir su dictamen en materia de dactiloscopía, y que en su estudio expuso el método empleado, las técnicas utilizadas, las características o generalidades con base en las cuales realizó su estudio comparativo entre las huellas dactilares indubitada y la dubitada; así como que existe claridad expositiva y correspondencia entre los argumentos comparativos y las conclusiones, reforzadas y corroboradas con las impresiones fotográficas que obran en el expediente, a juicio de este Juzgador Federal, sí aporta elementos de convicción, por lo que se le otorga valor probatorio pleno. En consecuencia, en términos del ya mencionado numeral 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se considera que por estar sustentado en estudios técnicos y científicos, merece credibilidad lo establecido por la perito oficial en el sentido de que Elodia Leyva Bautista, SÍ estampó su huella dactilar en la demanda de amparo indirecto, lo que se evidencia con la explicación de la perito atinente a que del análisis comparativo realizado a la huella dactilar dubitada de la quejosa, que se presenta estampada en el escrito de demanda de amparo y la huella dactilar que se ofreció como indubitada base de cotejo, las cuales fueron analizadas de forma minuciosa y comparadas, se aprecia que presentan características similares visibles, por lo que corresponde a la huella dactilar de Elodia Leyva Bautista; además, la circunstancia de que las partes ejerzan o no el derecho que les otorga la ley no beneficia o afecta el desahogo de la prueba, pues la formalidad que la rige es que se desahogue solamente con una sola opinión, la del perito que designe el tribunal federal. En ese sentido, nuestro Alto Tribunal estableció que la prueba pericial en el juicio de amparo no tiene una naturaleza colegiada, lo cual se refleja en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 81/2011, emitida por la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, Página: 300, de rubro y texto siguientes: "PERICIAL EN AMPARO. ANTE LA DIVERGENCIA DE LAS CONCLUSIONES EN LOS DICTÁMENES, ES INDEBIDO NOMBRAR A UN PERITO TERCERO. Conforme al tercer párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo, una vez anunciada la prueba pericial, el Juez de Distrito debe designar al o a los peritos que estime necesarios para la práctica de la diligencia, independientemente de que cada parte pueda nombrar a un perito para que se asocie al oficial o rinda su dictamen por separado. De lo anterior se sigue que la naturaleza de la pericial en el amparo no es colegiada, porque el único peritaje cuyo dictamen es indispensable para su debida integración y desahogo es el del perito nombrado por el juzgador. En este tenor, la Ley de Amparo es expresa al señalar la manera como debe rendirse la prueba pericial, que no es la fijada por el Código Federal de Procedimientos Civiles, ni cabe aplicar dicho código adjetivo a fin de que el Juez esté obligado, necesariamente, a nombrar a un tercer perito cuando exista discordancia entre el dictamen oficial y el de los demás, pues de hacerlo se desconocería la naturaleza de la prueba pericial en amparo, al convertirla en colegiada, siendo incongruente con los principios y bases que rigen este medio de control constitucional." Así como la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 27, Volumen 199-204, Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "PRUEBA PERICIAL, ANÁLISIS DE LA. Los criterios de los peritos sirven al órgano jurisdiccional para interpretar aspectos del debate respecto de los cuales no tiene los conocimientos técnicos o científicos suficientes para resolverlos atendiendo solamente a su cultura general; más los peritajes no son verdades que deba aceptar como autómata sin considerar las experiencias y las inferencias lógicas, que se traducen en reglas de sana crítica y de prudente arbitrio que deben normar los actos del propio juzgador en cuanto a la convicción que le produzca un elemento de prueba aportado por cualquiera de las partes como pretensión de demostrar la veracidad de un hecho; en otras palabras, a la autoridad corresponde deducir, de entre varios que le sean propuestos, cuáles dictámenes periciales, que por su fidelidad en la exposición de los hechos cuestionados y su demostración; por los estudios en que están respaldados y por las conclusiones que arrojen, más apegadas al sentido común y a la lógica de los acontecimientos, son los que le producen la convicción de que reflejan con certeza lo que ocurrió." Y la diversa, sustentada por esa misma Tercera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, página 238, volumen 181-186, cuarta parte, séptima época, intitulada: "PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA. Al valorar el juzgador la prueba pericial debe tomar en consideración las razones que los peritos emiten para sustentar sus opiniones, apreciando todos los matices del caso y atendiendo a todas sus circunstancias, sin más límite que el impuesto por las normas de la sana crítica, de la lógica y de la experiencia, para formarse una convicción respecto del dictamen que tenga más fuerza probatoria." En esas condiciones, lo que procede es declarar infundado el incidente de objeción de falsedad, interpuesto por la tercero interesada y resolver el juicio de amparo indirecto. TERCERO.- De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama la resolución de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, pronunciada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en el toca penal VI-537/2015, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares y la quejosa, contra la diversa resolución de veintiuno de mayo de dos mil catorce, por la que se negó la orden de aprehensión solicitada dentro de la causa penal 64/2014-I, instruida en contra de Juana Reyes Larrea y Esteban Ramírez Rosales, por el delito de despojo en agravio de Elodia Leyva Bautista, a virtud de la cual se confirmó la determinación apelada. CUARTO. El Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, residente en esta ciudad, al rendir sus informes con justificación aceptó el acto que le fue reclamado. Certeza que se corrobora además, con las copias certificadas de las constancias que integran el toca y la causa penales números VI-537/2015 y 64/2014-I (tomos I-VI de pruebas), que acompañó dicha responsable como apoyo a su informe justificado, las cuales dada su naturaleza adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. La autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe con justificación, no obstante de habérsele solicitado con toda oportunidad, como se advierte del acuse de recibo del oficio número 18513/2016, (recibido el seis de julio de dos mil dieciséis) por medio del cual se le solicitó y que obran agregados al sumario; por tanto, es presumirle cierto el acto reclamado, dado el carácter de ejecutora con el que fue señalado. QUINTO. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Aduce la tercero interesada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que la quejosa no acredita su interés jurídico, pues aduce que la huella dactilar que calza la demanda de amparo, no corresponde. En el caso, no se actualiza la hipótesis de improcedencia que aduce la tercero interesada, pues como se estableció en el considerando segundo de la presente ejecutoria, la huella dactilar sí corresponde a la quejosa Eloisa Leyva Bautista, por lo que se encuentra acreditado el interés jurídico de la promovente del amparo. SEXTO.- Al no advertirse que se actualice alguna otra causal de improcedencia; se procede al análisis del asunto. I. Narración del hecho circunstanciado. Para mejor comprensión de la presente sentencia, se considera necesario narrar los hechos que han sido objeto del debate. Así, de las actuaciones que integran la causa penal 64/2014-I y toca penal VI-537/2015, cuyo valor probatorio quedó señalado en el considerando que antecede, se obtiene lo siguiente: 1. De forma precisa la quejosa Elodia Leyva Bautista, mediante escrito de once de junio de dos mil once, presentó querella en contra de Juana Reyes Larrea y Esteban Ramírez Rosales, por el delito de despojo atento los siguientes hechos: 1.1. Que los inculpados habitan sin derecho, en el domicilio ubicado en el lote de terreno marcado con el número seis, de la manzana noventa y uno guion A, Sección B, de la colonia Jardín Mangos de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, propiedad de Elodia Leyva Bautista; que Juana Reyes Larrea y Esteban Ramírez Rosales ordenaron golpear a Andrés Vera Leyva; para acreditar lo anterior exhibió entre otros documentos los originales de los siguientes documentos: 1.2. Que la quejosa adquirió el inmueble por medio de la cancelación de la sustitución de poder que otorgaron los señores Manuel Monroy Cabrera y Elodia Leyva Bautista, y la sustitución total del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio limitado con carácter de irrevocable otorgado por el Manuel Monroy Cabrera a favor de la quejosa. 1.3. Que a pesar de haber requerido a los inculpados la entrega del inmueble materia de la litis, se han negado a la misma. Ofreció como pruebas: a).- Escritura pública número setenta y dos mil setecientos cincuenta y ocho, pasado ante la fe del Notario Público Número 7, que contiene la cancelación de la sustitución de poder otorgado por los señores Manuel Monroy Cabrera y Elodia Leyva Bautista y la sustitución total del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio limitado con carácter de irrevocable que otorgó Manuel Monroy Cabrera. b) Contrato de compraventa celebrado por el Fideicomiso Acapulco en su carácter de vendedor y Andrés Vera Leyva, como vendedor, respecto del inmueble ubicado en el lote número seis de la manzana noventa y uno guión A, Sección B, Colonia Jardín. 2. Para robustecer su narrativa de hechos y propiedad ofreció como pruebas los testimonios de Inocencia Galeana Santiago y Salvador Vera Montes, quienes ante el órgano consignador el trece de agosto de dos mil doce, sustancialmente manifestaron lo siguiente: Salvador Vera Montes 2.1. Que conoce a la agraviada Elodia Leyva Bautista, por ser su esposa. 2.2. Que le consta que el dieciocho de agosto de dos mil once, compro una propiedad mediante la cancelación de la sustitución de poder que le otorgaron los señores Manuel Monroy Cabrera y Elodia Leyva Bautista, lote de terreno con dos locales comerciales y en la parte de arriba una casa habitación, ubicada en la manzana 91-A, Sección B, Lote Número 6, de la Colonia Jardín Mangos de esta ciudad. 2.3. Que en el inmueble materia de la litis se encuentra viviendo Juana Reyes Larrea con Esteban Ramírez Rosales. 2.4. Que el veinte de agosto de dos mil once, junto con Elodia Leyva Bautista e Inocencia Galeana Santiago, se presentaron en el inmueble que adquirió su esposa (quejosa), y le manifestaron a la indiciada que la Elodia Leyva Bautista era la nueva dueña de esa propiedad y les pidió que se salieran; que la indiciada Juana Reyes Larrea los corrió y les dio que ya había escriturado el inmueble a su favor, por lo que continuaron en posesión del inmueble en litigio. Inocencia Galeana Santiago 2.5. Que conoce a la agraviada Elodia Leyva Bautista, por ser amiga de la familia. 2.6. Que le consta que el dieciocho de agosto de dos mil once, compro una propiedad mediante la cancelación de la sustitución de poder que le otorgaron los señores Manuel Monroy Cabrera y Elodia Leyva Bautista, lote de terreno con dos locales comerciales y en la parte de arriba una casa habitación, ubicada en la manzana 91-A, Sección B, Lote Número 6, de la Colonia Jardín Mangos de esta ciudad. 2.7. Que en el inmueble materia de la litis se encuentra viviendo Juana Reyes Larrea con Esteban Ramírez Rosales. 2.8. Que el veinte de agosto de dos mil once, junto con Elodia Leyva Bautista e Inocencia Galeana Santiago, se presentaron en el inmueble que adquirió su esposa (quejosa), y le manifestaron a la indiciada que la Elodia Leyva Bautista era la nueva dueña de esa propiedad y les pidió que se salieran; que la indiciada Juana Reyes Larrea los corrió y les dio que ya había escriturado el inmueble a su favor, por lo que continuaron en posesión del inmueble en litigio. 3. En su defensa, los inculpados el cinco de diciembre de dos mil doce, se reservaron el derecho de declarar ante el órgano investigador; por lo que mediante escrito de dieciocho de diciembre de dos mil doce, expusieron en esencia que: Juana Reyes Larrea 3.1. Es falso que haga vida marital con el indiciado Esteban Ramírez Rosales; que es falso que Elodia Leyva Bautista sea propietaria del inmueble ubicado en ubicada en la manzana 91-A, Sección B, Lote Número 6, de la Colonia Jardín Mangos de esta ciudad. 3.2. Que el inmueble lo adquirió de manera conjunta con Andrés Vera Leyva, del Fideicomiso Acapulco, con fecha cinco de marzo de dos mil uno, inmueble que ya ocupaban desde junio de mil novecientos ochenta y nueve, que su derecho nació del concubinato que tuvo con Andrés Vera Leyva. 3.3. Que en dicho contrato se estipuló que el inmueble constituye patrimonio familiar, por lo que no podría ser arrendado, hipotecado, embargado, desalojado o perjudicado con alguna otra acción que afectara la institución del patrimonio familiar. 3.4. Que el documento notarial que exhibe Elodia Leyva Bautista, es un poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, que no acredita la propiedad en favor de la querellante. 3.5. Que para acreditar la relación de concubinato que le unió con Andrés Vera Leyva, exhibió las actas de nacimiento de los hijos que procreó con éste, de nombres Nathalie Vera Reyes, Jacqueline Vera Reyes, Estrella Vera Reyes y de Andrés Vera Reyes, de las que se advierte que su domicilio es el ubicado en Noche Buena, Lote 6, Manzana 91-A, Colonia Jardín Mangos; así como diversos documentos de los que se desprende que el citado domicilio corresponde al lugar en que habita la indiciada. 3.6. Que es falsa la adquisición que aduce la querellante, realizó respecto del inmueble materia de la litis, porque al constituir el patrimonio familiar, no se puede realizar ninguna acción que pueda afectarlo, en términos de la cláusula cuarta del contrato celebrado entre el Fideicomiso Acapulco y Andrés Vera Leyva. 3.7. Que es falso que Elodia Leyva Bautista, le haya requerido la entrega del inmueble. 3.8. Finalmente aduce, no se actualiza el cuerpo del delito de despojo, pues la querellante no acredita la posesión del inmueble. Esteban Ramírez Rosales 3.9. Que es falso que habite el inmueble ubicado en la manzana 91-A, Sección B, Lote Número 6, de la Colonia Jardín Mangos de esta ciudad y que haga vida marital con la indiciada Juana Reyes Larrea. 3.10. Que conoce a Juana Reyes Larrea, por trabajar como taxista de los colectivos de la Colonia Jardín y a que enfrente del domicilio de la indiciada existe un lavado de autos, donde varios taxistas, incluyéndolo a él, asisten a lavar sus carros, que ahí conoció a la indiciada y a sus hijos, quienes viven solos en el domicilio ya mencionado. 3.11. Que es falso se le haya requerido la entrega del inmueble, toda vez que no habita el mismo. 4. Mediante inspección ocular de veinticuatro de enero de dos mil trece, el personal actuante se constituyó con el perito en materia de topografía y avaluó, la agraviada Elodia Leyva Bautista y los testigos Salvador Vera Montes e Inocencia Galeana Santiago, el domicilio en que se encuentra ubicada ubicada en la manzana 91-A, Sección B, Lote Número 6, de la Colonia Jardín Mangos de esta ciudad, del que dio fe que se encontró en posesión a la probable responsable Juana Reyes Larrea en compañía de sus hijos, quien les permitió el acceso, y dio fe de que en el interior del mismo se tuvieron a la vista diversos objetos, muebles propios de una vivienda; que la Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la mesa de Tramite Número Uno de la Agencia Especializada en el Delito de Despojo del Distrito Judicial de Tabares, se trasladó al lote número 05 que colinda con el inmueble en conflicto, donde dio fe que se encontró habitando dicho inmueble a la que dijo llamarse felicitas, a quien le informó el motivo de la visita y manifestó que tiene dieciocho años que llegó a vivir en ese lote y ya "estaba viviendo la señora Juana en el lote seis". 5. El cinco de febrero de dos mil trece, comparecieron los testigos de descargo Josefina Hernández García y Germán Valbuena Albarado, quienes declararon lo siguiente: Josefina Hernández García ".conozco a la señora Juana Reyes Larrea, desde hace más de veintiún años a la fecha, al igual que a su marido Andrés Vera Leyva, ya que somos vecinos y sé que desde el mes de junio de mil novecientos ochenta y nueve, adquirieron el terreno que se ubica en la Calle Noche Buena, Lote 06, Manzana 91-A, de la Colonia Jardín Mangos, de Acapulco de Juárez, Guerrero, y sus escrituras de dicho terreno, así también conozco a sus hijos, los cuales responden a los nombres de Nathalie, Estrella, Jacqueline y Andrés de apellidos Vera Reyes, también sé que los señores Andrés Vera Leyva y la señora Juana Reyes Larrea, siempre han vivido en unión libre, por lo que sé y me consta que ellos son los propietarios de dicho bien inmueble, también conozco a la señora Elodia Leyva Bautista, pero ella no es propietaria del terreno y solo es madre del señor Andrés Vera Leyva.". Germán Valbuena Albarado ".conozco a la señora Juana Reyes Larrea, desde hace más de veintiséis años a la fecha, al igual que a su marido Andrés Vera Leyva, ya que somos vecinos y sé que desde el mes de junio de mil novecientos ochenta y nueve, adquirieron el terreno que se ubica en Calle Noche Buena, Lote 06, Manzana 91-A, de la Colonia Jardín Mangos, de Acapulco de Juárez, Guerrero, y adquirieron sus escrituras respecto a dicho terreno por parte del Fideicomiso Acapulco, inclusive también conozco a sus hijos de Nathalie, Estrella, Jacqueline y Andrés de apellidos Vera Reyes, y tengo conocimiento que los señores Andrés Vera Leyva y la señora Juana Reyes Larrea, siempre han vivido en unión libre, por lo que sé y me consta, que ellos son los propietarios de dicho inmueble, también conozco a la señora Elodia Leyva Bautista, pero ella no es propietaria del terreno y solo es madre del señor Andrés Vera Leyva, quien fue marido de la señora Juana.". 6. El veinte de marzo de dos mil trece, Andrés Vera Leyva, de manera voluntaria, que es hijo de la agraviada, exconcubino de la indiciada Juana Reyes Larrea, y por ello le consta que ésta se apropió del inmueble controvertido, que desde mil novecientos noventa y nueve vivió en unión libre con Juana Reyes Larrea en el inmueble ubicado en el lote 6, manzana 91-A, Calle Nochebuena, Sección B, de la colonia Jardín Mangos de esta ciudad; que el dieciocho de agosto de dos mil once, la pasivo le compró el Inmueble al señor Manuel Monroy Cabrera a quién él le había vendido la propiedad el siete de febrero de dos mil ocho mediante un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio limitado con el carácter de irrevocable. 7. Seguida que fue la integración de la aludida averiguación previa, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común especializada en Despojos del Distrito Judicial de Tabares, mediante pedimento penal número 019 de catorce de marzo de dos mil catorce, el Agente del Ministerio Público investigador consignó la averiguación previa TAB/DES/01/0107/2012, ejercitando acción penal y de reparación de daño en contra de Juana Reyes Larrea y Esteban Ramírez Rosales por el delito de despojo, cometido en agravio de Elodia Leyva Bautista, solicitando se librara la orden de aprehensión correspondiente. 8. Correspondió el conocimiento del pedimento de catorce de marzo de dos mil catorce, al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, quien lo radicó mediante auto de veintiocho de abril de dos mil catorce, asignándole el número de causa penal 64/2014-I, y en resolución de veintiuno de mayo de dos mil catorce, negó la orden de aprehensión en favor de los inculpados Juana Reyes Larrea y Esteban Ramírez Rosales, porque con los medios de convicción aportados en la indagatoria no se acreditan los elementos del cuerpo del delito de despojo. 9. A virtud de lo anterior, el Agente Ministerio Público de la adscripción interpuso recurso de apelación en contra de la determinación de veintiuno de mayo de dos mil catorce, del que correspondió conocer a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, registrándose con el número de toca penal VII647/2014, resuelto el dos de diciembre de esa anualidad, sentencia en la que se estimó que no obstante que la agraviada Elodia Bautista Leyva, expresó alegatos en contra del auto que negó la orden de aprehensión dictada por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en la causa penal número 64/2014-I, no daría contestación expresa a los mismos, en virtud de que no interpuso el recurso de apelación correspondiente. 10. Inconforme con la determinación anterior, Elodia Leyva Bautista, promovió demanda de amparo indirecto, de la que correspondió conocer a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, registrada con el número 29/2015, resuelta en ejecutoria de veinticuatro de febrero de dos mil quince, concediéndole la protección constitucional, para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la resolución de dos de diciembre de dos mil catorce, y ordenara reponer el procedimiento a fin de que el Juez de la causa hiciera de nuevamente del conocimiento de la agraviada el contenido del auto de veintiuno de mayo de dos mil catorce, en el que se determinó negar la orden de aprehensión y le indicara el derecho a su favor para interponer el recurso de apelación. 11. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo antes mencionada, la Sala responsable dejó insubsistente la resolución de dos de diciembre de dos mil catorce y ordenó al a quo, la reposición del procedimiento para hacer del conocimiento de la agraviada el contenido del auto de veintiuno de mayo de dos mil catorce y que tiene el término de cinco días para interponer el recurso de apelación correspondiente; determinación que fue cumplimentada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, el catorce de mayo de dos mil quince. 12. Subsanado lo anterior, Elodia Leyva Bautista y el Fiscal Adscrito al Juzgado de primera instancia, interpusieron recurso de apelación, el cual se tuvo por interpuesto mediante proveído de treinta de junio de dos mil quince, resuelto el veintiuno de abril de dos mil dieciséis (lo que constituye el acto reclamado), la Sala responsable estimó que los agravios planteados por el apelante ministerial y de la agraviada devenían infundados por lo que confirmó el auto sujeto a revisión atento a las siguientes consideraciones. II. Síntesis de los argumentos que sustentan el acto reclamado. En efecto, al resolver el recurso de apelación, la Sala responsable esencialmente expuso: a) Para tener por justificada la corporeidad del antijurídico en cita, es necesaria la existencia de la ocupación de un inmueble ajeno, sin el consentimiento de quien tenga derecho para otorgarlo, engañándolo o contra su voluntad, empleando violencia, furtividad o amenazas, que el artículo 176 del Código penal tutela la posesión inmediata de inmuebles, la que se detenta en el momento de los hechos, independientemente del título con que se ejerza, pues el tipo penal no requiere necesariamente que el pasivo deba ser propietario legítimo del inmueble. b) El derecho de posesión protegido por el legislador, conlleva implícita la figura genérica de la posesión, ya sea derivada o por uso o bien por propiedad o por cualquier otro derecho real, por lo que a fin de ponderar si la conducta realizada tiene relevancia para el derecho penal es necesario determinar si al momento de los hechos denunciados la parte que se dice ofendida detentaba la posesión del inmueble. c) Que de lo narrado por Elodia Leyva Bautista en sus comparecencias ante el Ministerio Público el veintinueve de junio de dos mil doce, trece y veinticuatro de enero de dos mil catorce respectivamente, se aprecia que dice haber adquirido la propiedad del inmueble ubicado en el lote 6, manzana 91-A calle Nochebuena, Sección B de la Colonia Jardín Mangos; mediante la cancelación de la sustitución de poder que otorgó Manuel Monroy Cabrera en su favor; que en el mes de abril de abril de dos mil siete, los inculpados Juana Reyes Larrea y Esteban Ramírez Rosales, junto con otras personas se introdujeron agresivamente a su domicilio, tumbando la puerta y quitando los candados, y también golpearon a su hijo Andrés Vera Leyva, y que desde ese momento viven ahí y no se quieren salir. d) Que de lo expuesto por los testigos Salvador Vera Montes e Inocencia Galeana Santiago, el trece de agosto de dos mil doce, se advierte que saben que la pasivo compró el inmueble en conflicto el dieciocho de agosto de dos mil once y que el veinte de agosto de ese año, acompañaron a la querellante a requerirles a los inculpados que se salieran de ese lugar porque ella era la nueva dueña; asimismo que en comparecencia de trece de enero de dos mil catorce, dichos testigos manifestaron que la activo fue concubina de Andrés Vera Leyva, hijo de la agraviada, quien la llevó a vivir al predio en conflicto y tuvieron cuatro hijos, que se separaron y ella se quedó a vivir en el domicilio, que la pasivo adquirió el inmueble y requirió a los inculpados que se salieran, pero éstos se negaron a hacerlo. e) De lo manifestado por Andrés Vera Leyva, el veinte de marzo de dos mil trece, se advierte afirmó ser hijo de la agraviada y exconcubino de la indiciada, con quien vivió en el inmueble materia de la litis desde mil novecientos ochenta y nueve, pero que el diez de marzo de dos mil siete, ésta metió al inculpado Esteban Ramírez Rosales a la casa, lo golpearon junto con otro sujeto; que posteriormente inició dos procesos penales por violencia intrafamiliar e incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, para que no se acercara al domicilio, que por eso vendió el inmueble al contador Manuel Monroy Cabrera el siete de febrero de dos mil ocho, pero después, el dieciocho de agosto de dos mil once, la pasivo se lo compró a dicha persona. f) Que quedó demostrado que la inculpada Juana Larrea Reyes en todo momento ha tenido la posesión pacífica y pública del lote 6, manzana 91-A, Calle Nochebuena, Sección B, de la colonia Jardín Mangos de esta ciudad con motivo de la relación de concubinato que sostuvo con Andrés Vera Leyva. g) Que los hechos denunciados de ningún modo constituye el ilícito de despojo, pues para que éste se configure es necesario que el activo desposea al pasivo del bien inmueble, sobre el que se encontraba ejerciendo derechos reales, lo que no sucedió en el caso, ya que Juana Larrea Reyes, con anterioridad a la fecha en que la agraviada refirió adquirió el predio, el dieciocho de agosto de dos mil once, la indiciada ya se encontraba viviendo en éste, por lo que los inculpados Juana Reyes Larrea y Esteban Ramírez Rosales, no la desposeyeron del inmueble, porque en realidad nunca tuvo la posesión material e inmediata del bien jurídico tutelado. h) Que el aquo invocó los preceptos aplicables al caso y expuso las circunstancias especiales, causas inmediatas y motivos particulares que lo llevaron a dictar la resolución en el sentido en que lo hizo. i) Es correcta la determinación del a quo en el sentido de que del instrumento (poder) exhibido por la agraviada, es ineficaz para demostrar la propiedad que dice ostentar, ya que se trata de un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración de dominio con carácter de irrevocable, es decir, sólo un mandato pero no constituye un título de propiedad, además de que la propia agraviada exhibió copias certificadas del contrato de compraventa celebrado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. como funcionario del Fideicomiso Acapulco, y Andrés Vera Leyva de fecha cinco de marzo de dos mil uno, del que se advierte que el inmueble controvertido es propiedad de persona distinta a la denunciante. j) Finalmente, consideró que con la resolución recurrida, no se violaron los derechos fundamentales de la pasivo Elodia Leyva Bautista, en su calidad de adulto mayor, previstos en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. III. Conceptos de violación. En ese sentido, la parte quejosa sólo se limitó a sostener que las autoridades responsables la privan del goce y disfrute de su propiedad, ya que fue objeto de desapoderamiento por parte de los inculpados del bien inmueble que refiere, que la resolución reclamada no funda ni motiva la causa legal del mismo, dejándola en estado de indefensión. Son infundados los motivos de disenso planteados por la quejosa, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente. En efecto, con relación con el concepto de violación relativo a la falta de fundamentación y motivación que se aduce, se aprecia infundado en virtud de que este Juzgado de Distrito no advierte transgresión a esa garantía constitucional; por el contrario, la Sala responsable en primer lugar citó los argumentos torales en los que se fundó la negativa de la orden de aprehensión emitida por el Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, de veintiuno de mayo de dos mil catorce, lo que contrastó con los agravios propuestos por el Ministerio Público, para luego determinar que eran infundados en razón de que los hechos denunciados de ningún modo constituye el ilícito de despojo, pues para que éste se configure es necesario que el activo desposea al pasivo del bien inmueble, sobre el que se encontraba ejerciendo derechos reales, lo que no sucedió en el caso, ya que Juana Larrea Reyes, con anterioridad a la fecha en que la agraviada refirió adquirió el predio, el dieciocho de agosto de dos mil once, la indiciada ya se encontraba viviendo en éste, por lo que los inculpados, no la desposeyeron del inmueble, porque en realidad nunca tuvo la posesión material e inmediata del bien jurídico tutelado. Conclusión a la que arribó dado que de las constancias que integran la causa penal de origen, advirtió que de lo narrado por Elodia Leyva Bautista en sus comparecencias ante el Ministerio Público, se aprecia que dice haber adquirido la propiedad del inmueble controvertido mediante la cancelación de la sustitución de poder que otorgó Manuel Monroy Cabrera en su favor, que en el mes de abril de abril de dos mil siete, los inculpados Juana Reyes Larrea y Esteban Ramírez Rosales, junto con otras personas se introdujeron agresivamente a su domicilio, tumbando la puerta y quitando los candados, y también golpearon a su hijo Andrés Vera Leyva, y que desde ese momento viven ahí y no se quieren salir. Asimismo, advirtió que los testigos Salvador Vera Montes e Inocencia Galeana Santiago, declararon la pasivo compró el inmueble en conflicto el dieciocho de agosto de dos mil once y que el veinte de agosto de ese año, acompañaron a la querellante a requerirles a los inculpados que se salieran de ese lugar porque ella era la nueva dueña; que la activo fue concubina de Andrés Vera Leyva, hijo de la agraviada, quien la llevó a vivir al predio en conflicto, tuvieron cuatro hijos, se separaron y ella se quedó a vivir en el domicilio. También tomó en cuenta lo manifestado por Andrés Vera Leyva, en el sentido de ser exconcubino de la indiciada, con quien vivió en el inmueble materia de la litis desde mil novecientos ochenta y nueve, que tuvo problemas con la inculpada y por eso vendió el inmueble a Manuel Monroy Cabrera el siete de febrero de dos mil ocho, pero el dieciocho de agosto de dos mil once, la pasivo se lo compró a dicha persona. De lo anterior se obtiene que contrario a los sostenido por la parte quejosa, la Sala responsable sí fundó y motivó su determinación, habida cuenta que el sentido de su decisión se fundó en la convalidación de las consideraciones, razonamientos y fundamentos de la resolución de primer grado, consistentes en que de las pruebas de la causa no se derivaban datos bastantes para demostrar el cuerpo de delito de despojo relativo a que la activo Juana Reyes Larrea, desposeyera a la pasivo del bien inmueble en tanto que el mismo siempre ha sido ocupado por la indiciada. En ese tenor, la garantía de fundamentación y motivación se advierte cumplida en el acto que se reclama como destacado. Ilustra a lo anterior por las razones que la informan la jurisprudencia número 1ª.IJ. 40/97 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 224, del tomo VI, Octubre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL. De conformidad con lo dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales de las diversas entidades federativas que contengan similar disposición, ante la falta total o parcial de agravios en la apelación, cuando el recurrente sea el reo o su defensor, o siéndolo también en ese supuesto el Ministerio Público, hubieren resultado infundados los agravios alegados por este último, el tribunal revisor cumple con la obligación de suplir la deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado, al no advertir irregularidad alguna en aquella, que amerite ser suplida, lo que significa que la misma se encuentra ajustada a derecho, sin que sea necesario plasmar en su resolución el análisis reiterativo de dichos fundamentos que lo llevaron a la misma conclusión." Lo anterior, se estima acertado, porque para demostrar el cuerpo de delito de despojo inexorablemente era necesario que se demostrara que la ocupación del inmueble la detentara la pasivo, y que esta hubiera sido desposeída por los activos Juana Reyes Larrea y Esteban Ramírez Rosales de propia autoridad, mediante la violencia física o moral, el engaño o la furtividad, y en consecuencia, la controversia en torno al derecho de la ofendida respecto de los activos para poseer tal bien raíz, resulta irrelevante para el derecho penal en atención a lo siguiente. Para dar respuesta a lo anterior, se procede al estudio del juicio de tipicidad del delito de despojo, previsto y sancionado en el artículo 245, fracción I, del Código Penal de la Entidad en vigor, realizado por la responsable, en relación con el primer elemento del cuerpo del delito consistente en la ocupación de un inmueble ajeno (como primera hipótesis); habrá que estudiar lo siguiente: a) Qué conducta en concreto se imputó a los inculpados. b) Analizar si esa conducta se subsume en la descripción típica prevista en el ordinal invocado, particularmente en lo que tiene que ver con el elemento atinente a la ocupación de un inmueble. c) Demostrar que existen elementos suficientes que acrediten la ocupación del inmueble a la luz de aquella disposición penal y, d) Que el inmueble sea ajeno al inculpado. Para comprensión de la conducta que se atribuye a los inculpados, de lo expuesto por la ofendida en su escrito de querella precisado en el punto uno de los antecedentes precisados con anterioridad se obtiene los siguientes hechos fundamentales. 1. Que los inculpados habitan sin derecho, en el domicilio ubicado en el lote de terreno marcado con el número seis, de la manzana noventa y uno guion A, Sección B, de la colonia Jardín Mangos de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, propiedad de Elodia Leyva Bautista; que Juana Reyes Larrea y Esteban Ramírez Rosales ordenaron golpear a Andrés Vera Leyva; para acreditar lo anterior exhibió entre otros documentos los originales de los siguientes documentos: Escritura pública número setenta y dos mil setecientos cincuenta y ocho, de dieciocho de agosto de dos mil once, pasada ante la Fe del Notario Público Número 7, de Acapulco, Guerrero. Contrato de compraventa celebrado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. como Fiduciario del Fideicomiso Acapulco y Andrés Leyva Vera de cinco de marzo de dos mil uno. 2. Que la quejosa adquirió el inmueble por medio de la cancelación de la sustitución de poder que otorgaron los señores Manuel Monroy Cabrera y Elodia Leyva Bautista, y la sustitución total del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio limitado con carácter de irrevocable otorgado por el Manuel Monroy Cabrera a favor de la quejosa. 3. Que a pesar de haber requerido a los inculpados la entrega del inmueble materia de la litis, se han negado a la misma. Como puede observarse de lo reseñado con antelación, el quejoso -ofendido en la causa penal de origen-, define la conducta de los inculpados a partir de la fecha en la que adquirió la propiedad del inmueble afecto, soslayando que con anterioridad a ese hecho, Juana Reyes Larrea ya ejercía un acto de posesión, es decir, antes del dieciocho de agosto de dos mil once. Lo anterior adquiere especial relevancia, porque para verificar si la conducta atribuida a los inculpados se ubica en la descripción del artículo 245, fracción I, del Código Penal del Estado de Guerrero, debe precisarse el significado del verbo rector del injusto en comento; para esto, resulta útil citar la parte conducente de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 106/2010, del tenor siguiente: "A efecto de contestar la pregunta que detona la procedencia de la presente contradicción de tesis, se estima necesario tener presente lo que al respecto disponen los artículos 191, fracción I y 192, primer párrafo, del Código Penal para el Estado de Veracruz, abrogado y el diverso numeral 222, fracción I, último párrafo, del Código Punitivo vigente en la referida entidad federativa. 'ARTÍCULO 191. Se aplicarán prisión de seis meses a siete años y multa hasta de trescientas veces el salario, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a éste: I.-Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca; (.)'. 'Artículo 192. Las sanciones se impondrán aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa. (.)'. 'Artículo 222. Se impondrán prisión de uno a ocho años y multa hasta de cuatrocientos días de salario a quien, sin consentimiento del que tenga el derecho a otorgarlo o engañando a éste: I. Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca; (.) Las sanciones se impondrán aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa. Para el caso de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado o los Municipios, bastará acreditar por éstos su calidad de propietario de los mismos para presumir su posesión'. Los artículos antes transcritos prevén que se configura el delito de despojo cuando se ocupe un inmueble ajeno, se haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, siempre que sea sin consentimiento del que tenga derecho a otorgarlo o engañando a éste. En el caso concreto, el tipo penal motivo de análisis se integra por los siguientes elementos: Conducta. Es un delito eminentemente de acción, ya que para su ejecución se requiere de la realización de movimientos corporales y materiales, consistentes en: a) La ocupación de un inmueble ajeno. b) El uso de un inmueble ajeno; o c) La utilización de un derecho real que no le corresponda. (.) El ocupar, quiere decir tomar posesión de una cosa, apoderarse, adueñarse, apropiarse, invadir, irrumpir, entrar o introducirse en el inmueble. Significa que el sujeto activo del delito, asiente o reafirme sus plantas sobre el inmueble con el fin de ejercer un poder de hecho respecto del mismo objeto que previamente tenía el sujeto pasivo, ocupación que debe hacerse con el fin de mantenerse permanentemente". (En relación con el último párrafo, se citó como nota al pie de página: "JIMÉNEZ HUERTA, Mariano, Derecho Penal Mexicano, Tomo IV, La Tutela Penal del Patrimonio, Editorial Porrúa, México, 2000, p. 321"). Los artículos que fueron motivo de análisis en esa ejecutoria, son de redacción idéntica a los que son objeto de estudio del Código Penal del Estado de Guerrero, lo que hace viable su invocación en esta sentencia. Luego, si se determinó que la acción descrita en el precepto legal de mérito, se refiere a un delito cuando la acción de ocupar implica tomar posesión de una cosa, apoderarse, adueñarse, apropiarse, invadir, irrumpir, entrar o introducirse en el inmueble, entonces la circunstancia de que Juana Reyes Larrea habitara el inmueble del que se dice despojada la ofendida, con antelación al dieciocho de agosto de dos mil once (fecha en que aduce adquirió el inmueble), ello excluye la posibilidad de que sea típica dicha ocupación, porque en esa fecha no realizaron conducta alguna para ingresar e instalarse en el inmueble, sino que la posesión del inmueble la tiene en razón de la relación de concubinato que sostuvo con Andrés Vera Leyva, desde mil novecientos noventa y nueve, como se aprecia de la declaración vertida por éste el veinte de marzo de dos mil trece, en la que también afirmó que desde ese año estuvo viviendo con la indiciada en el domicilio ubicado en del lote 6, manzana 91-A, Calle Nochebuena, Sección B, de la colonia Jardín Mangos de esta ciudad, esto es, en el inmueble materia de la litis. De manera que, los hechos narrados por la parte ofendida en su escrito de denuncia, y lo expuesto por los testigos de cargo, y los inculpados que son coincidentes con el tema, no se estiman configurativos del elemento típico: "ocupación de un inmueble" y por consiguiente, que dicha ocupación se haya materializado mediante la violencia física o moral, en forma furtiva o utilizando el engaño. Lo hasta aquí expuesto, permite concluir que no se violan los derechos de la víctima que adujo la quejosa se conculcaron en su perjuicio, en tanto que, como se dejó precisado en la presente resolución, como acertadamente lo estimó la Sala responsable, los hechos denunciados no constituyen el ilícito de despojo. Lo anterior no prejuzga sobre la veracidad de lo expuesto en la denuncia y lo declarado por los testigos de cargo, sino constituye un juicio de adecuación típica, el cual es necesario realizar antes de proceder al estudio de los medios de convicción que lo puedan acreditar. Es oportuno precisar que los argumentos expuestos en esta resolución, no tienen como finalidad prejuzgar sobre la propiedad y/o derechos de posesión que refiere tener Juana Reyes Larrea, respecto del inmueble que fue objeto material del delito de despojo; el sentido de esta sentencia, se ciñe a demostrar que los hechos denunciados no son típicos del delito de despojo, y que la solución sobre la propiedad o posesión corresponde a los tribunales civiles (entendidos en sentido amplio), no al derecho penal que es de ultima ratio. En esa tesitura, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse motivo por el cual puedan ser suplidos en su deficiencia, lo que procede es negar la protección constitucional que solicitó Elodia Leyva Bautista, en contra de la resolución de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal VI-537/2015, que confirmó la negativa de orden de aprehensión de veintiuno de mayo de dos mil catorce, emitido en la causa penal 64/2014-I, instruida en contra de los aquí terceros interesados Juana Reyes Larrea y Esteban Ramírez Rosales, por el delito de despojo, en agravio de la citada quejosa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se declara infundado el incidente de objeción de falsedad de huella dactilar, en términos del considerando segundo de la presente ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ELODIA LEYVA BAUTISTA, contra el acto y autoridades precisados en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerativo de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de María del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; quince de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el autorizado de la tercero interesada Juana Reyes Larrea; en atención a su contenido, téngasele por señalado como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso de mérito y por revocado el anteriormente designado. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA JUANA REYES LARREA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "....Acapulco, Guerrero; diez de noviembre de dos mil dieciséis.Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja penal 208/2016, formada con motivo del recurso de queja interpuesto contra el auto de veintidós de agosto del año en curso, emitido por este juzgado; agréguese al expediente el oficio de cuenta y testimonio de referencia, acúsese recibo.Hágase saber a las partes que el punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Se desecha el recurso de queja."En virtud de lo anterior, se reanuda el procedimiento en el presente asunto, y se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe...."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS...

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