Elodia Angélica Cuandón González
Expediente 124/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 25 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 124/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 20/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Elodia Angélica Cuandón González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Principal 124/2021-IV El veinte de junio de dos mil veintidós, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA: 1. Que ya feneció el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa recurriera la sentencia de diez de mayo de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio, toda vez que le transcurrió del trece al veintiséis de mayo de la presente anualidad, sin que lo haya hecho. 2. No se ordenó la apertura del incidente de suspensión; y 3. No obra agregado documento original con firma autógrafa e insustituible. Lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Doy fe. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López CUENTA. En la misma fecha, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los autos. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; veinte de junio de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de diez de mayo de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que sea óbice a la anterior determinación, el hecho de BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 que aún no obren en autos los acuses de recibo de los oficios 13379/2022 y 13380/2022, dirigidos a las autoridades foráneas Congreso; y Gobernadora, ambos del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, por el cual se les notificó la sentencia emitida en el sumario en que se actúa, pues dada la conclusión alcanzada, es a la parte quejosa a quien puede afectar el sentido de la determinación tomada y, por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así a las aludidas autoridades responsables, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía jurídica la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO POR CONDUCTO DE SU DELEGADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE SOBRESEE EN EL JUICIO RESPECTO DE LA LEY CUYA CONSTITUCIONALIDAD DEFIENDE." Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo se destruirán. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 WordSISE ??????????????? transcurrido el plazo de conservación, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
... ... ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; A DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. VISTO; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 124/2021, promovido por Elodia Angélica Cuandón González, contra de actos del Congreso del Estado de Guerrero, y de otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el nueve de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, validado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, en esta demarcación, y turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito, Elodia Angélica Cuandon González, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "[.] III. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 2. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 3. Dirección de Ingresos del Municipio de Acapulco de Juárez. Por cuanto hace al Gobernador y al Congreso del Estado, se señalan a estas dos autoridades únicamente, en virtud de que no se combaten por vicios propios, tanto el refrendo de la Ley, como, de su publicación. Además, en caso de concesión del amparo, se afectará a todos los actos de formación de la ley y se escuchará en su defensa a la autoridad expedidora, incluyendo al Gobernador, quien es el encargado de promulgarla. Resulta aplicable al asunto, la jurisprudencia VIII.3°. J/14, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, localizable en la página 1386, tomo XX, agosto 2004, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su texto y rubro dispone: [se cita jurisprudencia .] Robustece lo anterior, el artículo 108, fracción 111, de la Ley de Amparo que establece: [se cita artículo .] IV. LEY O ACTO DE CADA AUTORIDAD QUE SE RECLAMA: 1. Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero se reclama: a) Se reclama la aprobación y expedición de los artículos 9, 28, 31. 32, 107, 108 y 111 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018, así como los artículos GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 2 18, 60, 61, 62, 63, 77 y 78 de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero. b) Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero se reclama la aprobación y expedición de los artículos 17, 20 y 101 de la LEY NUMERO 172 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019; 21, 24 y 105 de LEY NÚMERO 437 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 así cómo los artículos 18, 60, 61, 62, 77 y 78 de LA LEY NUMERO 492 DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO. c) La aprobación y expedición de los artículos 102 Y SEXTO TRANSITORIO DE la LEY NUMERO 638 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; así como el DECRETO NÚMERO 640 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE USO DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN QUE SERVIRÁN DE BASE AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021, los artículos 18, 60, 77 y 78 de la LEY NÚMERO 492 DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 2. Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero se reclama la promulgación y publicación de los ordenamientos impugnados. 3. De la Dirección de Ingresos del Municipio de Acapulco de Juárez, se reclama la indebida y excesiva determinación, cobro y recepción de pago del impuesto predial y otros tributos que se tildan de inconstitucionales." SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados y narración de antecedentes. La parte quejosa invocó como derechos transgredidos los contenidos en los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transcribió los antecedentes de los actos reclamados que estimó conducentes. TERCERO. Tramitación del juicio. Mediante proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, fue radicada la demanda de amparo bajo el número de expediente 124/2021; y se formuló prevención a la promovente del amparo, con el objeto de que en términos de lo dispuesto en las fracciones I y V del artículo 108 de la Ley de Amparo, manifestara el nombre de todas y cada una de las personas que figuran como copropietarios del inmueble a que hace referencia la factura 2100273923; siendo que por ocurso aclaratorio de veintidós de marzo siguiente, Elodia Angélica Cuandón González, precisó: "[.] Bajo protesta de decir verdad, manifiesto en vía de antecedentes de la demanda de amparo, que dio origen al presente expediente, lo siguiente: GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 124/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 3 ??????? ?? I. El nombre de los copropietarios de la casa 275 del fraccionamiento Joyas Diamante, Municipio de Acapulco de Juárez, somos únicamente: a) Eligio Cuandón Rivera, con domicilio en Albatros número 49, Fraccionamiento Arboledas, Atizapan Estado de México, c.p. 42950. b) Elodia Angélica Cuandón González, con domicilio en Cerrada de Moctezuma, sin número, Tepojaco, Tizayuca, Hidalgo, C.P 43823 II. Exhibo copia certificada de la escritura correspondiente a dicho inmueble de la que se advierte que únicamente somos copropietarios los nombres ya citados." Así, por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional tuvo por desahogada en sus términos la prevención formulada y admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; ordenó dar a la Fiscal Federal adscrita la intervención que legalmente le compete; y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; instruyéndose el emplazamiento a juicio del copropietario Eligio Cuandón Rivera, lo cual se llevó a cabo vía exhorto y, previo aviso, por lista del veintiuno de abril de dos mil veintiuno, por parte de la Actuario Judicial del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional. Finalmente, por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes el cambio de adscripción del Juez Juan Manuel Acevedo Mejía, y como nueva titular de este órgano jurisdiccional la suscrita Jueza Laura Elizabeth Miranda Torres, sin que a la fecha en que se resuelve hayan planteado alguna causa de recusación en términos de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, que impida el dictado de la sentencia correspondiente; así, una vez integrados los autos, tuvo verificativo la audiencia de ley, con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 36/2016, que reformó al diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 4 jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, en virtud de que se reclaman normas de carácter general emitidas por el Congreso local cuyo primer acto de aplicación tuvo verificativo dentro del límite territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio1. TERCERO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza de los actos reclamados, es necesario fijarlos claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda y sus anexos, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis número P.VI/2004, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SUFIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."2; de ahí que, de conformidad con el análisis contextual señalado, se obtiene que la quejosa reclama: I. De las autoridades del Estado de Guerrero: Congreso, y Gobernadora, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación, de los siguientes ordenamientos: i. Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2018, específicamente sus artículos 9, 28, 31, 32, 107, 108 y 111. ii. Ley Número 172 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2019, específicamente sus artículos 17, 20 y 101. 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 2 Tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 124/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 5 ??????? ?? iii. Ley Número 437 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2020, específicamente sus artículos 21, 24 y 105. iv. Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, específicamente los artículos 102 y SEXTO TRANSITORIO v. Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021 vi. Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 18, 60, 61, 62, 63, 77 y 78. II. Del Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. i) La determinación e incremento de la base gravable efectuada respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 040-001-006-0275, como consecuencia de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales; así como el cobro del impuesto predial, y que originó la emisión de la factura con folio 22100273923. CUARTO. Oportunidad en la demanda. La demanda es oportuna ponderando que la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que el ocho de febrero de dos mil veintiuno, pagó la contribución respectiva que originó la emisión de la factura 22100273923. En ese contexto, resulta oportuno señalar que mediante Circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, y SECNO/12/2021, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la suspensión de plazos y términos procesales durante el periodo del uno de febrero al uno de marzo de dos mil veintiuno, y que acorde a la diversa Circular SECNO/13/2021, de veintisiete de febrero del año en curso, la aludida Comisión hizo del conocimiento púbico que en relación con este circuito judicial se determinó que a partir del cuatro de marzo de dos mil veintiuno se reanudan los términos y plazos procesales. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 6 De ahí que, el plazo de quince días para la presentación del amparo quedó comprendido a partir del cuatro al veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, sin considerar en dicho cómputo los días sábados y domingos al ser inhábiles en términos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, y el 15 de marzo de dos mil veintiuno, en conmemoración del Natalicio de Benito Juárez (tercer lunes de marzo en mención del 21 de marzo). De manera que, si la demanda de amparo se presentó el nueve de marzo de dos mil veintiuno, se debe estimar oportuna al interponerse dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Falta de legitimación de la parte quejosa. El estudio de los presupuestos procesales es previo al estudio de fondo de la cuestión planteada, por lo que antes de emitir un pronunciamiento en torno a la existencia de los actos reclamados, se analizará el aspecto relativo a la legitimación de la parte quejosa para promover el juicio de amparo. En el caso se demuestra la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos ordinales 1, fracción I, 5 y 6, párrafo primero, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 124/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 7 ??????? ?? distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;..". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley...". De lo antes transcrito es preciso puntualizar que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, deberá acreditar el "interés jurídico" al tratarse de un acto consistente en la inconstitucionalidad de leyes municipales, en relación con el pago del impuesto predial, que indica le causa perjuicio. Cabe destacar que el interés jurídico requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el cual emane de la afectación a la esfera jurídica de la persona física o jurídica, de manera directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Así, el órgano de control constitucional del conocimiento debe examinar, en cada caso, la naturaleza de los actos que se reclamen y la afectación que aduzca la parte quejosa, toma lugar en su esfera jurídica, ya sea como titular de un derecho o en virtud de su situación frente al orden jurídico; identificando de esa manera si le es exigible acreditar el "interés jurídico" o simplemente demostrar un interés legítimo. Trasciende mencionar que al acudir al juicio de amparo la parte quejosa debe situarse en alguna de las referidas hipótesis jurídicas, esto es, como afectada de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aducir contar con un interés legítimo individual o colectivo, en razón de su situación frente al orden jurídico. Sin embargo, al tratarse en el caso concreto de actos que inciden en la inconstitucionalidad de leyes, en relación con el pago del impuesto predial, respecto de la cual la parte quejosa aduce ser perjudicada, únicamente se puede alegar un interés jurídico. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 8 De lo hasta aquí explicado, se advierten dos supuestos que generan el interés jurídico: 1. La titularidad de un derecho legalmente tutelado por una norma jurídica. 2. EI resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. El interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de dicha afectación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de la materia toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo. Consideraciones que encuentran sustento en la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Registro digital: 2019456, página 1598, que a la letra impone: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 124/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 9 ??????? ?? que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Aunado a lo anterior, uno de los principios fundamentales que rigen el juicio constitucional se encuentra en el artículo 6 de la Ley de Amparo: la existencia del agravio personal y directo, entendiendo por agravio todo menoscabo u ofensa a la persona, sea física o moral. De lo que, se reitera, el interés jurídico en el juicio de amparo no es otra cosa que la titularidad de un derecho en favor del gobernado, y su afectación debe ser susceptible de apreciarse en forma objetiva, para poder considerarlo un perjuicio; además, dicho interés debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones, de forma tal que sólo el gobernado que sufrió el menoscabo en su esfera jurídica podrá acudir al juicio constitucional, conforme al artículo 6 de la Ley de la materia. Argumentos que encuentran apoyo en la Jurisprudencia emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, tomo 72, Séptima Parte, Registro digital: 245886, página 55, que a la letra dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 10 Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial". En este contexto, para determinar la procedencia del juicio de amparo, lo que constituye una cuestión de orden público, se tiene que verificar si la parte quejosa es titular del derecho que trata de proteger y si los actos que reclama en el juicio le pueden ocasionar un perjuicio en su esfera jurídica, en primer término, se debe realizar un análisis de las pruebas que obran en autos, para así determinar la existencia -o inexistencia- del interés jurídico, ya que no se puede partir de la sola afirmación de que se tiene un derecho, sino que tal aserto debe ser probado plenamente en el juicio de amparo, por recaer en la parte quejosa la carga de la prueba para acreditar su interés, porque el particular no puede considerarse liberado de dicha obligación con la sola existencia del acto reclamado. Por tanto, en segundo término, y en caso de que dicho interés se acredite, procede el análisis en cuanto a la verificación de que los actos reclamados efectivamente le ocasionen un perjuicio en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, Tomo XV, febrero de 2202, registro digital 187777, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". En suma, la causa de improcedencia en estudio se configura cuando el acto de autoridad que se impugna en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica de la parte promovente, ya sea porque no le impone obligación alguna, porque no tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 124/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 11 ??????? ?? o, en todo caso, porque no queda demostrada de manera fehaciente tal afectación. En el caso, Elodia Angélica Cuandón González, por derecho propio, promovió el juicio de amparo y, los actos reclamados, como ya se asentó, tienen que ver con la inconstitucionalidad de las Leyes de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020 y 2021, así como del Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, y de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, con motivo del que se considera su primer acto de aplicación acecido a través de la determinación e incremento de la base gravable efectuada respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 040-001-006-0275, y que originó la emisión de la factura con folio 22100273923. Sin embargo, del análisis del escrito inicial, se obtiene que la nombrada Elodia Angélica Cuandón González, promovió el juicio de amparo, por propio derecho, en contra de los referidos actos y atribuyó al Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, el primer acto de aplicación de las normas que controvierte; no obstante, para acreditar el interés jurídico que le asiste, exhibió la multicitada factura folio 22100273923, de ocho de febrero de dos mil veintiuno (que constituye el acto reclamado en esta instancia), y del que se evidencia, que el impuesto predial lo enteraron "CUANDÓN RIVERO ELIGIO Y COPT", en su carácter de propietarios del inmueble ubicado e identificado como: "VIVIENDA 275, SECC. 9, COND. JOYAS DIAMANTE, GRANJA 18, COLONIA GRANJAS DEL MARQUÉS" como enseguida se inserta para mayor referencia: " CUANDÓN RIVERA ELIGIO Y COPT . DOMICILIO: CALLE ALBATROS 49 ATIZAPAN DE ZARAGOZA, Num. Ext. S/N, Num Int. SN, Col. ARBOLEADAS, C.P. 39750, ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, MÉXICO DATOS DE LA CUENTA CUENTA CATASTRAL: 040-001-006-0275, SUP. TERRENO: 27303.80M2., SUP. CONSTRUCCIÓN: 86.28M2, TIPO PREDIO: URBANO CONSTRUIDO, Calle: VIVIENDA 275, SECC 9, COND JOYAS DIAMANTE GRANJA 16, No. Ext.: SN, Colonia: GRANJAS DEL MARQUEZ, ACAPULCO DE JUÁREZ, BASE GRAVABLE: $498,905.44 ." GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 12 En ese orden de ideas, es patente que si el juicio en que se actúa, lo promovió sólo una de los dos propietarios del antedicho inmueble, el mismo es improcedente, dado que si el acto de aplicación consta en un documento oficial que se expidió a "CUANDÓN RIVERO ELIGIO Y COPT", el interés jurídico para reclamarlo es de todos los propietarios y no solo de Elodia Angélica Cuandón González, pues a ambos afectan las normas reclamadas conforme al artículo 6° de la Ley de Amparo; luego, no basta que la promovente del amparo acredite que pagó la contribución de mérito, pues en este evento, faltaría probar que el diverso copropietario Eligio Cuandón Rivera, le facultó para que lo representara en el juicio de amparo y, al omitir hacerlo, no acredita el interés que tiene para reclamar ese gravamen, ya que el pago del impuesto antes precisado realizado por los propietarios, únicamente puede ser controvertido por ellos, es decir, la erogación repercutió en la totalidad de los propietarios. Máxime que no debe perderse de vista que al no aparecer el nombre de los copropietarios en la factura folio 2100273923, este juzgado requirió a la quejosa Elodia Angélica Cuandón González, para que manifestara el nombre y domicilio de la totalidad de los copropietarios, a fin de estar en condiciones de resolver si efectivamente basta que el amparo lo pida uno de los copropietarios o en su defecto se tornara indispensable que la solicitud fuera signada por todos; sin embargo, pese al emplazamiento practicado a Eligio Cuandón Rivera, éste fue omisos en mostrar interés de hacer suya la demanda de amparo, siendo que la copia certificada del instrumento notarial cuarenta y cuatro mil doscientos veintitrés, que se acompañó al escrito inicial de demanda, resulta insuficiente para constatar que bastaba que el amparo lo pidiera uno de los copropietarios, puesto que de su análisis no se advierte que tal prerrogativa haya sido discernida en lo individual.... Bajo esa perspectiva, la promovente Elodia Angélica Cuandón González, por derecho propio, carece de legitimación en la causa para instar el presente juicio de amparo; por tanto, el juicio de amparo es improcedente en términos de la fracción 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, 5, fracción I y 6 todos de la Ley de Amparo y, por lo tanto, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la invocada ley. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 124/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 13 ??????? ?? Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.15o.A.31 A, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Registro digital: 178727, Novena Época, Materias(s): Administrativa, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Abril de 2005, página 1412, del tenor siguiente: "IMPUESTO PREDIAL DE INMUEBLES EN COPROPIEDAD QUE SE OTORGAN EN USO O GOCE TEMPORAL. LA DEMOSTRACIÓN DE LA COPROPIEDAD Y DEL PAGO DEL TRIBUTO POR UNO DE LOS CODUEÑOS, NO LEGITIMA A TODOS A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. De lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracción V, 114, fracción I, de la Ley de Amparo en relación con lo establecido en los artículos 148 y 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal, vigentes a partir del primero de enero de dos mil dos, se desprende que el ejercicio de la acción de amparo contra el primer acto de aplicación de estos últimos dos artículos que establecen el impuesto predial respecto de inmuebles que se otorgan en uso o goce temporal, precisa como presupuesto de procedencia, la demostración de la afectación del interés jurídico de quien solicita la protección constitucional, mediante prueba de las siguientes premisas: a) que el promovente del amparo es el propietario o poseedor del inmueble relativo; b) que ese inmueble se otorgó en uso o goce temporal, inclusive para la instalación o fijación de anuncios o cualquier otro tipo de publicidad; y, c) que se enteró el impuesto predial respecto del bien, o en su caso, que existe una resolución o requerimiento de pago del mencionado tributo. En ese orden de ideas, es patente que cuando el juicio de garantías se promueve por los copropietarios de un inmueble, no basta que acrediten esa copropiedad y demuestren que uno de ellos pagó la contribución, pues en este evento, faltaría por probar, por una parte, que todos otorgaron en arrendamiento la parte alícuota que les corresponde del predio y, por otra, que justifiquen que ese pago se realizó en su representación, ya sea porque el bien se encuentre inscrito en el catastro a nombre de la copropiedad, o porque la persona que realizó el mencionado pago cuenta con documento suficiente para representarlos, pues de otra forma, no acreditarían su interés jurídico para impugnar ese gravamen, ya que el pago del impuesto predial realizado por alguno de los copropietarios, no puede considerarse como efectuado también por los demás participantes del bien común, dado que si bien tienen el carácter de obligados solidarios respecto de los créditos fiscales que deriven de él en términos de lo establecido en el artículo 70, fracción XV, de la citada codificación tributaria; lo cierto es que dicha obligación solidaria únicamente tiene por efecto que el deudor solidario que pagó el total de la deuda (impuesto predial), tenga derecho a exigir de los otros codeudores o copropietarios la parte que les corresponda, es decir, pueda repercutir a los copropietarios la erogación que efectúo, pero de ninguna forma implica que lo haya hecho en representación de los demás codueños." Por todo lo anterior, resulta innecesario estudiar una causal de improcedencia diversa; además, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Las manifestaciones precedentes cobran aplicación en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, publicada en la página 252 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, octubre-diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 14 "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Asimismo, se estima pertinente precisar que la admisión de la demanda de amparo, no constituye un impedimento para estudiar la causa de improcedencia analizada en esta sentencia, pues este órgano de control constitucional está obligado a ello, de acuerdo a la propia ley y la jurisprudencia. En lo conducente es aplicable la tesis publicada en la página 544 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, Registro digital: 211352, de contenido: "DEMANDA. LA ADMISION DE LA, NO IMPIDE EL ANALISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Asimismo, esta Juzgadora considera necesario precisar que si bien es cierto que la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional, doctrinalmente denominados como principio pro persona o pro homine, también es cierto que ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales, tales como los de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, etcétera, o las restricciones que prevé la GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 124/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 15 ??????? ?? norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, registro digital 2006485, página 772, que dispone: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Así como la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, registro digital: 2004748, página 906, que a la letra establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 16 homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." En mérito de lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E:. ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Elodia Angélica Cuandón González, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta hoy diez de mayo de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución, quien actúa asistida......
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SE CELEBRA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA A LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS....
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Juicio de amparo 124/2021 El trece de enero de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta al Secretario encargado del despacho con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste.- El Secretario Gustavo Vega Ascencio Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de enero de dos mil veintidós. Visto; atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, no se puede celebrar, con motivo de la licencia médica otorgada a la Jueza de Distrito de este órgano jurisdiccional, siendo que el suscrito como encargado del despacho, no cuenta con facultades para resolver el fondo del asunto, acorde a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, con el objeto de evitar reposiciones innecesarias al procedimiento, se difiere la audiencia constitucional y, en su lugar, se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese por lista, incluidas las autoridades responsables, en términos de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.1". Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por licencia médica de la Titular, autorizada por oficio 0068/2022, de seis de enero de dos mil veintidós, firmado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de Gustavo Vega Ascencio, Secretario que autoriza. Doy fe.
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