Elmer Francisco Almendarez Hernández
Expediente 987/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 987/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Elmer Francisco Almendarez Hernández
- Delegado de la Oficina de Respresentación del Instituto Nacional de Migración en el Albergue Migratorio del Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, Ciudad
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, y el contenido de la certificación de cuenta, en el sentido que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de seis de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por David Antonio Nartínez -cervantes y Hugo Daniel Cuéllar Gómez, en representación de Elmer Francisco Almendarez Hernández y otros, sin que lo hicieran. En tal virtud, con fundamento en lo establecido por los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero, y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales correspondientes. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno respectivo, archívense las actuaciones como asunto concluido, lo que tiene apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, seis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta; agréguense a los autos para que obre como correspondan los oficios INM/ORTAM/DAJ/0534/2021 y INM/ORTAM/DAJ/ 0535/2021, signados por el Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, de esta ciudad, mediante el cual, informa a este Tribunal que los ahora quejosos fueron trasladados el día veintinueve de junio de dos mil veintiuno, con destino a la ciudad de Tapachula, Chiapas. Aunado a lo anterior, se cuenta con la razón actuarial signada por el Actuario adscrito a este Juzgado, de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, donde asienta que en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, le fue informado que Elmer Francisco Almendarez Hernández, Ruth Dixiana Amador Meza y las menores Valery Fernanda Lanza Amador y Leah Ximena Almendarez Amador, estuvieron en dicho lugar, pero que en el transcurso de ese día, se les regresó a su país de origen. Por lo que, resulta evidente la imposibilidad jurídica y material del auto que concede suspensión de plano de veintinueve de julio de dos mil veintiuno. En consecuencia, se ordena dar vista promovente David Antonio Martínez Cervantes, para que dentro del término de tres días, manifieste si es de su interés la continuación del presente asunto. En la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargada del despacho por vacaciones del Juez, en términos del oficio CCJ/ST/1709/2021, de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo presentada por David Antonio Martínez Cervantes y Hugo Daniel Cuellar Gómez María Guadalupe, en representación de Elmer Francisco Almendarez Hernández, Ruth Dixiana Amador Meza y lAs menores Valery Fernanda Lanza Amador y Leah Ximena Almendarez Amador, contra actos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 987/2021-3, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Ahora bien, este órgano jurisdiccional no soslaya lo que prevé el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2013, que refiere: "A) Reglas de Actuación para Atender a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional en Detención 1. Excepcionalidad de la detención La despenalización de la irregularidad en el ingreso migratorio es una decisión legislativa que conlleva un cambio sustancial en su tratamiento. Esta irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. En el caso de personas solicitantes de asilo y refugiadas, la no sanción por ingreso irregular está prevista en el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y constituye una excepción a las disposiciones migratorias del país. Para quienes se ubican en este supuesto, la detención administrativa es una medida altamente indeseable. La privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger". El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes ha recomendado abolir progresivamente la detención de personas migrantes y sujetas de protección internacional por razones administrativas. Sin embargo, hasta en tanto este objetivo se logre, la detención administrativa sólo estará justificada por motivos excepcionales, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por otra parte, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como término máximo de la privación de la libertad personal, como sanción administrativa, el de treinta y seis horas. Diversos precedentes lo adoptan también como término máximo para las medidas de apremio. En consecuencia, la tutela judicial debe considerar la especial relevancia de la libertad personal a efecto de garantizar la eficaz protección a los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Sería un contrasentido que la despenalización fuera sustituida por una intervención judicial que tuviera resultados más lesivos para la libertad de esta población, o bien, que colocara a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en condiciones de mayor vulnerabilidad en la defensa de sus derechos frente a cualquier persona procesada en un juicio penal. Además, siempre se debe garantizar el derecho al debido proceso, incluida la revisión judicial de la legalidad y oportunidad de la medida. 2. Proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la privación de la libertad La privación de la libertad no debe tener una finalidad punitiva. Por ello, debe realizarse únicamente cuando fuere necesaria, en apego al principio de proporcionalidad y de persecución de un fin legítimo e idóneo, así como asegurar que sea realizada durante el menor tiempo posible. Existe jurisprudencia sobre las restricciones a los derechos humanos que se encuentra acorde con la normativa de origen internacional, estableciendo que deben cumplirse los siguientes requisitos: i) ser admisibles bajo el ámbito constitucional; ii) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos humanos; iii) ser proporcionales, esto es, que la persecución de un objetivo constitucional no se haga a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. En el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte IDH en el caso Vélez Loor contra Panamá, en donde se especifica que, de incumplir con estas características, se está frente a una detención arbitraria. Lo anterior se complementa con la normativa de origen internacional aplicable en México, en la que se encuentra la prohibición de la detención arbitraria, así como el principio de excepcionalidad en la detención, por lo que resulta necesario recurrir a medidas alternativas. 3. Verificación de las condiciones de la detención Por otro lado, las personas detenidas ("alojadas") en las estaciones migratorias deben ser tratadas con respeto a la dignidad inherente del ser humano. Se debe supervisar que se cumpla con lo previsto en las Normas para el Funcionamiento de Estaciones Migratorias así como con el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas. Esto quiere decir que se debe proporcionar condiciones dignas de detención como evitar el hacinamiento, asegurar que la población se encuentre dividida en hombres y mujeres, garantizar los derechos a la alimentación y a la salud, y propiciar actividades de recreación. 4. Utilización de medidas cautelares en los procedimientos migratorios fuera de la estación migratoria Las medidas cautelares surgen para evitar que la intervención judicial tenga resultados más lesivos o coloque a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente cuando están privadas de su libertad. Ahora bien, por la naturaleza de los actos que motivan a las personas migrantes y sujetas de protección internacional a acudir a tribunales, la medida jurídica más utilizada es la suspensión del acto con el amparo. Cuando el acto reclamado es la deportación -acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar del territorio nacional a la persona extranjera que no reúna los requisitos migratorios para su permanencia en el país- el Pleno de la SCJN ha emitido jurisprudencia confirmando la procedencia de la suspensión de oficio. La suspensión también puede solicitarse para el acto consistente en la privación ilegal de la libertad de personas migrantes y sujetas de protección internacional en estaciones migratorias. Al ser ésta una detención hecha por autoridades administrativas, el otorgamiento de la suspensión debe darse para efectos de que la persona quede en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento correspondientes. En este sentido se han pronunciado Tribunales Colegiados de Circuito, que reconocen que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional y quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez o Jueza de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Por otro lado, quienes juzgan pueden también adoptar medidas cautelares en los términos de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos y con apego a la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir violaciones de derechos humanos. Se pueden dictar este tipo de medidas para evitar mayores daños a las personas migrantes o sujetas de protección internacional. Para su emisión y supervisión, se debe tomar en consideración la opinión de las personas, los posibles daños a terceras personas, así como los elementos que puedan determinar su éxito." Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además, que la propia ley establece que la situación migratoria irregular, en ningún caso, configura por sí misma, la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Por lo anterior, y como lo estipulan los artículos 15, 125, 126 y 154, se concede la suspensión de plano, al quejoso directo, para el efecto de que la autoridad responsable Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad no ejecute en agravio de los quejosos, deportación, rechazo, expulsión o devolución a su país de origen, asimismo, para el efecto de que, de no existir causa legal diversa que lo impida, instruya la inmediata libertad de Elmer Francisco Almendarez Hernández, Ruth Dixiana Amador Meza y las menores Valery Fernanda Lanza Amador y Leah Ximena Almendarez Amador, esto sin perjuicio del trámite migratorio al que se encuentren sujetos; asimismo, para que cesen y se abstengan de llevar cualquiera de los actos prohibidos por el citado numeral de nuestra Carta Magna. Requiérase a los quejosos Elmer Francisco Almendarez Hernández y Ruth Dixiana Amador Meza para que al momento de la notificación del presente auto colmen los supuestos ante la autoridad migratoria que son: a) Proporcionar ante al fedatario adscrito y ante la autoridad migratoria el domicilio o lugar en el que permanecerán y no se ausentarán sin autorización, así como también señalar medios alternos donde puedan ser notificados, como correo electrónico y número telefónico. b) Acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del término de tres días para fijar las obligaciones adquiridas. c) Deberán presentarse ante este Juzgado de Distrito, a firmar cada quince días, para el efecto de su registro en el libro correspondiente y estampar sus primeras firmas o, en su caso, su huella digital; obligación a la que deberá ajustarse a partir de que se le haga de su conocimiento personalmente, en razón de que actualmente se encuentra restringido el acceso a este Juzgado, con motivo del fenómeno de salud pública a causa del virus denominado Covid-19, y en términos del Acuerdo General 2/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 22/2020, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la contingencia por el citado virus, en relación con el periodo de vigencia. d) Asimismo, estarán obligados a comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sea requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Apoya lo anterior, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, que este tribunal comparte y reproduce: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Ello no implica que los quejosos puedan circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; luego, la medida cautelar únicamente permite al agraviado circular en esta localidad. En la inteligencia que para el sentido de este auto se toma en consideración el contenido de la resolución emitida en sesión de diez de enero de dos mil diecinueve, dentro del recurso de queja 9/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, residente en esta ciudad, en el que se abordó similar supuesto jurídico, mismo que se invoca como hecho notorio y por tratarse de decisión emitida por un órgano revisor de los fallos de este juzgado. Con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario adscrito para que se constituya en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con el objeto de que constate si en esa dependencia se encuentran detenidos Elmer Francisco Almendarez Hernández, Ruth Dixiana Amador Meza y las menores Valery Fernanda Lanza Amador y Leah Ximena Almendarez Amador y de ser así, les notifique personalmente a los dos primeros este proveído, les requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computado, manifiesten si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada y lo requiera en los términos antes precisados. Asimismo, se deberá dar fe del estado físico en el que se encuentran los quejosos. Prevéngase a las autoridades para que otorguen las facilidades necesarias al Actuario de la adscripción, y así dé cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído, apercibidos que de no hacerlo se les impondrá como medida de apremio multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, con independencia de dar vista al fiscal federal correspondiente para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir por obstaculizar la función del fedatario de la adscripción. Ahora bien, las autoridades responsables deberán informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, el cumplimiento que hayan dado o estén dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrán hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional 8jdo19cto@correo. cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 8999265163, de lo contrario, se les requerirá por conducto de su superior jerárquico. En esa medida, indíquese a las responsables, que basta con que den cumplimiento al presente requerimiento por cualquiera de las citadas vías, por ejemplo si informan lo peticionado por vía fax, resultará innecesario que lo hagan también por telegrama o por correo oficial. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expeditez de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, para que al momento de que rindan su informe justificado proporcionen a este órgano federal algún correo electrónico oficial o número de fax, para garantizar a las partes la expeditez a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto a lo principal, se reserva fijar hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y pedir informe justificado a las autoridades responsables, hasta que la demanda de mérito sea ratificada. Como lo solicita la promovente, se tiene como autorizados en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a los citados en la demanda de amparo y en virtud de señalar los estrados como domicilio para oír y recibir notificaciones, se autoriza realizar las mismas en términos del artículo 26, fracción III, y 29 de la citada ley. Por ende, mediante oficio que se gire a las autoridades responsables, por conducto de uno de los Actuarios adscritos, notifíqueseles la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. En el entendido que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo además, hacer del conocimiento de la quejosa, el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quien estime conveniente, se le permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Sobre el tema, se estima aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 170578 y publicada en la página 15, del tomo XXVI, diciembre de 2007, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Por otra parte, con apoyo en el numeral 3º de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Dígasele al promovente que de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en Ciudad de México, no hay inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. A fin de conformar litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación de las autoridades señaladas como responsables, mediante los oficios que se giren, deberán verificar si la denominación con que fueron señaladas es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es esta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a la parte quejosa y no dejarla en estado de indefensión. Por otra parte, como un hecho notorio, que la autoridad migratoria en esta localidad tiene como denominación Titular de la Estación Migratoria, de Reynosa, Tamaulipas, se ordena girar oficio a la misma. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese, sin demora a las autoridades señaladas como responsables para su inmediato cumplimiento, y personalmente al directo quejoso.
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