Elmer Eduardo Gonzakez Medina

Expediente 618/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
618/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • Elmer Eduardo Gonzakez Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Elmer Eduardo González Medina; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Recepción Se tiene por recibido el oficio 15503/2021, firmado por la Actuaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al que adjunta el juicio de amparo 840/202 de su índice, formado con motivo de la demanda promovida por Elmer Eduardo González Medina, registrada en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 618/2021 y en el de correspondencia con el diverso 10203. Lo anterior, al haberse declarado incompetente legalmente para conocer del referido juicio de amparo, declinando la competencia en favor del Juez de Distrito con residencia en esta ciudad en turno, correspondiéndole a este Juzgado su recepción. Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgador comparte las razones expuestas por la autoridad declinante; en ese tenor, se acepta la competencia planteada y se avoca este Juzgador al conocimiento del asunto; comuníquese lo anterior a la autoridad declinante para su conocimiento. Háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno relativo a los juicios de amparo con el número 618/2021-3B; y, atento al contenido de la demanda y anexo, se provee: Desechamiento En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio.". Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo facultan al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.". En la especie, se tiene que el impetrante, promueve este amparo contra el acto del Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, que señaló en los términos siguientes: "LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- Se reclama toralmente el acuerdo de fecha 06 de septiembre de 2021 dentro del expediente de ejecución de penas número 291/2021-F SE 54/2021 en el que la responsable se declara incompetente para conocer del incidente de beneficios preliberacionales que fue promovido y turnado a la ya citada autoridad responsable". De lo anterior, así como del contenido íntegro de la demanda y anexo, se advierte que el promovente en esencia reclama de la autoridad responsable Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, la determinación emitida el seis de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente de ejecución de penas número 291/2021-F SE 54/2021 en el que declina la competencia para conocer de su solicitud de beneficio de libertad anticipada en favor del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa. Asimismo, del contenido del libelo constitucional y anexo, se advierten como antecedentes relevantes de tal acto reclamado, los siguientes: El aquí quejoso fue procesado y sentenciado por delitos de conspiración y posesión con intento de distribución de mentanfetamina dentro del Proceso Criminal CR 08-1477 DSF-1 instruido ante la Corte del Distrito Central de California en los Estados Unidos de América, encontrándose privado de su libertad desde el veinticinco de noviembre de dos mil ocho; En la sentencia correspondiente, del siete de marzo de dos mil once, se le condenó a la pena de 188 ciento ochenta y ocho meses de prisión (15 quince años, 08 ocho meses) y libertad supervisada de por vida. Una vez ocurrido lo anterior, el quejoso solicitó ser trasladado a su país de origen -México- para dar cumplimiento a la sentencia que le fue impuesta; como consecuencia, una vez cumplidos los trámites respectivos, el traslado internacional resultó procedente y llevado a cabo el día once de septiembre dedos mil diecinueve, por lo que actualmente se encuentra compurgando la pena que se le impuso en el CEFERESO No. 8 "Nor-Poniente" en Guasave, Sinaloa. De igual forma, conforme al artículo V numeral 3 del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y Los Estados Unidos de América, sobre la Ejecución de Sentencias Penales, las autoridades Estadounidenses informaron que el aquí quejoso cuenta con un abono de 540 quinientos cuarenta días por concepto del tiempo de reclusión, días de trabajo y buena conducta; y con respecto a la libertad supervisada de por vida, informaron dichas autoridades norteamericanas que una vez cumplida la pena, su vigilancia quedaría a cargo de la Dirección General de Instituciones Abiertas de Prevención y Readaptación Social. El aquí peticionario de amparo solicitó un beneficio preliberacional, correspondiéndole recibir la solicitud respectiva al Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, dando lugar a la formación del expediente de ejecución de penas 291/2021-F SE 54/2021 de la estadística de ese órgano judicial, cuyo titular, por auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, declinó la competencia para conocer del asunto en favor Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. Tal determinación, de declinatoria de competencia, es lo que constituye el acto reclamado por el quejoso en este amparo. Ahora, del análisis de lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa fracción VIII, del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es uno de aquellos que produzca al agraviado una ejecución de imposible reparación. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso precepto 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, prevé que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.". De los preceptos transcritos, se infiere que el juicio de amparo indirecto procede contra actos que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. En este sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho de mayo de dos mil quince, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que la decisión del órgano que se declara incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no puede considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto, sino hasta que aquellas se tornen definitivas, esto es, cuando el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria) o cuando acepta inhibirse en el conocimiento del asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto. Es aplicable la Jurisprudencia número Tesis P./J. 17/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 5 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2015, Libro 21, Materia Común, Décima Época, Registro digital 2009721, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas.". Precisado lo anterior, es incuestionable, que el juicio de amparo resulta improcedente respecto del acto reclamado que se analiza, pues la declinatoria de incompetencia a que se refiere el acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el dentro del expediente de ejecución de penas número 291/2021-F SE 54/2021, no se ha tornado definitivo; en virtud de que, el Juzgado Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México del conocimiento únicamente se encuentra declinando la competencia para conocer del asunto; por lo que, será hasta que el Juez en cuyo favor declinó la competencia se pronuncie sobre la declinatoria de mérito, cuando se producirán las consecuencias del acto. Es así, pues los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), porque es en ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada; y, si en la especie, esta circunstancia no ha ocurrido, entonces, se reitera, la resolución de referencia no se ha tornado definitiva. Luego, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA. Domicilio y autorizados Ahora, toda vez que la parte quejosa señalo domicilio en la Ciudad de México, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, así como los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto en línea a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal y por comisión de las labores de este juzgado, se sirva ordenar, a quien corresponda, la notificación personal a cualesquiera de los autorizados del quejoso, del presente acuerdo, y los requiera a efecto de que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, las subsecuentes se le realizarán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado de distrito, aún las de carácter personal, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ivonne Alejandra Ramos Sandoval, Juan Carlos Alejandro Robles Rodríguez y Jorge Alfonso Espino Santillán. Habilitación de días y horas inhábiles Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Exhortación a las partes Por otra parte, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Protección de datos personales. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento del promovente de amparo que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos. En ese contexto, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo y considerando que el amparista se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Norponiente", con sede en Guasave, Sinaloa, lo cual deberá llevar a cabo en cuanto a sus labores lo permitan, en el entendido de que deberá identificar plenamente al mismo, y en caso de que carezca de la documentación idónea deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario en que se encuentra interno el quejoso, para que proceda a su plena identificación; por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal.

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