Elmer Antonio Martínez Luna
Expediente 958/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 958/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/03/2023
Partes del expediente
- Elmer Antonio Martínez Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia constitucional de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, pronunciada dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad, archívense los autos como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo parágrafo del citado dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del diecisiete de marzo de dos mil veintiséis.
- Principal
Audiencia Constitucional En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las diez horas con ocho minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública el Juez Brando Arturo González Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito el Estado de Baja California, asistido de Bernadette Ballesteros Sesma, Secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy en el juicio de amparo ********************, prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la comparecencia personal de las partes. A continuación la Suscrita Secretaria doy cuenta al Juez con el estado procesal que guardan los autos, haciendo una relación de constancias, dando lectura inicialmente a la demanda de amparo, escrito de ratificación, escrito aclaratorio, constancia de notificación practicada a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita por medio de la cual con copia de la demanda se le dio la intervención que legalmente le compete y al informe justificado rendido por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Asimismo, hago constar que las autoridades responsables Delegado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y Oficiales de Migración adscritos a la Estación Migratoria la Esmeralda, ambos con residencia en esta ciudad, fueron omisas en rendir sus informes justificados, no obstante haber sido requeridas para ello con la debida oportunidad, obrando en autos los acuses de recibo de los oficios 46859 y 46860, con sello de recibido de quince de diciembre de la anualidad pasada, por los cuales que se le solicitó dicho informe, respectivamente. A lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes, de lo que se hace constar que el informe justificado en comento fue puesto a la vista de las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, para lo cual se otorga el uso de la voz a la Secretaria. La Secretaria: hago constar que obran en autos las documentales ofrecidas por la parte quejosa, en su ocurso aclaratorio de demanda, así como las diversas constancias ofrecidas por la responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, adjuntadas a su informe justificado. A lo que el Juez acuerda: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas por las partes, entre las que se observan las documentales, antes señaladas, las cuales, dada su propia y especial naturaleza, no ameritan formalidad alguna para su recepción, resultando procedente tenerlas por desahogadas en este acto. Acto seguido, sin mayores pruebas que desahogar ni diligencias por practicar, se cierra el periodo probatorio y se pasa al siguiente de alegatos. La Secretaria: hago constar que las partes no los formularon; asimismo, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado no presentó pedimento, con lo cual se da cuenta al Titular. El Juez acuerda: Con lo anterior, se cierra el periodo de alegatos, y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, en favor de ********************, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. El dos de diciembre de dos mil veintidós, fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y turnada el mismo día a este Juzgado de Distrito, la demanda de amparo promovida por ********************, en favor de ********************, en la cual se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que se hicieron consistir, medularmente, en lo siguiente: Privación de la libertad. Incomunicación. Posible orden de deportación, expulsión o repatriación asistida. La fianza, garantía o multa excesiva que pretendan solicitar las responsables al quejoso en el procedimiento administrativo. La falta de debido proceso en perjuicio del quejoso en el procedimiento administrativo. La falta de presunción de inocencia del quejoso en el procedimiento administrativo SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo de que se trata, quedando registrada con el número ********************; se pidió informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; por último, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que una vez agotados los trámites de instancia, corresponde ahora pronunciar la resolución que en derecho corresponda. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los numerales 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado fue emitido y tendrá ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano tiene jurisdicción. Así como, de conformidad con el Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Es menester precisar, en primer término, que de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Bajo la anterior premisa, en la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: Privación de la libertad. Incomunicación. Posible orden de deportación, expulsión o repatriación asistida. La fianza, garantía o multa excesiva que pretendan solicitar las responsables al quejoso en el procedimiento administrativo. La falta de debido proceso en perjuicio del quejoso en el procedimiento administrativo. La falta de presunción de inocencia del quejoso en el procedimiento administrativo TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Delegado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y Oficiales de Migración adscritos a la Estación Migratoria la Esmeralda, ambos con residencia en esta ciudad, fueron omisas en rendir sus informes justificados, no obstante haber sido requeridas para ello con la debida oportunidad, obrando en autos los acuses de recibo de los oficios 46859 y 46860, con sello de recibido de quince de diciembre de la anualidad pasada, por los cuales que se le solicitó dicho informe, respectivamente; por tanto, en términos del artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos a ellas reclamados. Seguidamente, la diversa autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado, negó los actos que se le atribuyen, lo que se desvirtúa con el contenido del mismo así como del anexo adjunto, del cual se advierte que el quejoso ********************, estuvo detenido en dicha Estación Migratoria y el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, salió en libertad al obtener su documento provisional. Documental que adquiere valor probatorio pleno, acorde a lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2, al haber sido expedida por un servidor público en ejercicio de sus funciones. En consecuencia, por lo que hace al acto que reclamado consistente en la retención y privación de la libertad personal del quejoso ********************, se tiene por existente para todos los efectos legales a que haya lugar. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Una vez acreditada la existencia del acto reclamado y, previo al estudio de fondo del asunto se debe abordar el de las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Bajo esta óptica, una vez analizadas las constancias de autos, sobreviene la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber operado una cesación de efectos de los actos que motivaron a la parte quejosa a instar la presente acción constitucional. Los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) V. Durante del juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En el mismo orden y para una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, se impone realizar ciertas precisiones en cuanto a la naturaleza y contenido de la causal de improcedencia que se invoca. En efecto, de la interpretación armónica de la causa de improcedencia detallada en párrafos precedentes, se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa tesitura, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica que no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. A esa conclusión arribó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis que al rubro y texto expresa: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Las reflexiones expuestas, llevan al convencimiento que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que de las constancias que integran el presente sumario, se desprende que han cesado los efectos del acto reclamado que se indicó al inicio de este apartado de consideraciones. En efecto, en el caso sometido a estudio, se toma en consideración la documental que la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, remitió adjunta a su informe justificado, misma que consiste en copia certificada del Documento Provisional emitido por el Instituto Nacional de Migración, a nombre del quejoso ********************, de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, signado por el representante legal del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, y por el impetrante en cita, respectivamente, en el que se ordena la liberación del referido quejoso, de dicha estación migratoria, con las prevenciones que rige la Ley de Migración. Documental que adquiere valor probatorio pleno, acorde a lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2, al haber sido expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones. Lo anterior, toda vez que al expedir y entregar al quejoso el documento provisional de que se trata, se obtiene que cesaron los efectos de los actos que en esta instancia constitucional se reclaman y que es materia de este apartado de consideraciones, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la justicia Federal, es decir, como si no se hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. Sirve de apoyo al respecto, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En tales circunstancias, al actualizarse la invocada causal de improcedencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, por lo que se refiere a los actos precisados al inicio de este considerando, en términos del artículo 61, fracción XXI en concordancia con el numeral 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. En virtud de la causa de improcedencia actualizada en el presente considerando, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado en cuanto a dicha responsable y actos a ella reclamados, en atención a la existencia de las causas que hacen improcedente el juicio constitucional por cuanto a ello corresponde, acorde con lo previsto en la jurisprudencia sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que indica lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. De igual forma, con apoyo en el numeral 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, se ordena la publicidad de la versión pública de esta sentencia. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 61, 62, 63, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en los términos del considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.Lo resolvió y firma electrónicamente el Juez Brando Arturo González Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, ante la licenciada Bernadette Ballesteros Sesma, Secretaria que autoriza y da fe. Melva/Agsl
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado remitido por la responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad; así entonces, con su contenido, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene a la responsable en cita ofreciendo como prueba de su parte, la documental que acompaña su informe de cuenta, de la que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se acordará lo relativo a su admisión y desahogo en la audiencia constitucional. De igual manera, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y designando delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a quienes para tal efecto indica.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que por auto de dieciocho de los corrientes, se requirió por medio del oficio 1542, a la responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, por conducto del Encargado del Despacho de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, para que remitiera el oficio de salida relativo al quejoso Elmer Antonio Martínez Luna, por lo que a la data en que se actúa, se encuentra en vías de diligenciación la entrega del referido comunicado. En consecuencia, a fin de dar tiempo a lo anterior, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las diez horas con ocho minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Ahora, en consideración a lo antes expuesto, se estima que en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, la presente determinación debe notificarse por medio de lista a las autoridades responsables y no por medio de oficio en términos del artículo 26, fracción II de la Ley de Amparo, toda vez que esta actuación no contiene algún requerimiento a las mismas, aunado a que no es de mayor trascendencia para su conocimiento. Lo anterior, sin perjuicio de que, cuando se encuentre debidamente integrado el presente asunto, se les notifique por medio de oficio la sentencia dictada en el expediente en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia1, que es del contenido siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."
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