Elmer Alejandro Herrera Carrillo
Expediente 994/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 994/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Elmer Alejandro Herrera Carrillo
- Junta Especial Numero Tres de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído dictado en este juicio el treinta de mayo de dos mil veintidós, transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo por el que se SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente asunto, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: intégrese en autos para los efectos legales condignos, el oficio remitido vía electrónica mediante el uso de la FIREL, por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que acusa recibo del legajo de copias certificadas remitido por la autoridad responsable como justificación del acto reclamado. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFIC A ALA PARTE TERCERO INTERESADA POR MEDIOD E LISTA DE CONFOMRIDAD CO OS ARITULCOS 27 Y 29 D ELA LEY DE AMPARO Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a este expediente el oficio que remite el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, así como el anexo que al mismo acompaña, mediante el cual informa que el trece de mayo del año en curso dictó el acuerdo sobre admisión y desechamiento de pruebas, en el expediente laboral 432/2019 de su índice. Lo que acredita dicha autoridad con las constancias conducentes que acompañó en copia certificada a su oficio de cuenta; mismas documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Por tanto, de las constancias que remitió la autoridad oficiante que hoy se agregan a los autos, se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del Tomo VII, febrero de 1998, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, desde el auto de admisión, se estableció que la parte quejosa reclamó del Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán y actuario adscrito: La omisión de dictar el acuerdo sobre admisión y desechamiento de pruebas, en el expediente laboral 432/2019 del índice de la autoridad responsable. Ahora bien, de las constancias que anexó el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, a su misiva de cuenta, se advierte que en fecha trece de mayo de dos mil veintidós dictó un proveído en el cual acordó sobre la admisión y desechamiento de pruebas que ofrecieron las partes, en el expediente laboral 432/2019, de su índice. Lo que aconteció durante la sustanciación del presente juicio, ya que la demanda de amparo fue presentada el once de abril de dos mil veintidós. De lo anterior, indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario del amparo en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio, fuera de audiencia, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuatro minutos del quince de junio de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar y por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese; personalmente a las partes y cúmplase.
- Principal
NOT. ELECT Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio número PCP03947.22 signado por la Directora General de la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en la Ciudad de México, que remite en relación a una solicitud de restitución internacional de las menores de edad de identidad reservada I.M.B.L. y A.K.B.L. presentada por la autoridad central canadiense ante dicha Dirección, mediante el cual solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente juicio. Al efecto, mediante oficio que al efecto se gire, hágase nuevamente la precisión a la oficiante, que el procedimiento de restitución internacional a que alude, se está tramitando ante el Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con el número de expediente 681/2019 de su índice; y no ante este juzgado federal, por tanto, de considerarlo necesario, es ante dicha autoridad a la que debe dirigirse para solicitar la información relativa al mismo. No obstante lo anterior, hágase de su conocimiento que el presente asunto se encuentra en etapa de dictado de sentencia, en virtud de que el mismo está debidamente integrado para su emisión; sin embargo, la resolución relativa no se ha dictado en atención a las siguientes consideraciones: 1. El seis de agosto del dos mil veinte se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Nathan Alexander Boersma, en contra del acto que reclama de la Sala Colegiada en Materia Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, la cual fue registrada bajo el número de juicio de amparo 636/2020-V-B. 2. Mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil veinte se tuvo por rendido el informe justificado del Presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se dio vista a las partes con el mismo y se relacionó a la audiencia constitucional. 3. Por acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veinte se tuvo por interpuesto el recurso de queja del quejoso Nathan Alexander Boersma en contra del auto de diez de septiembre de la citada anualidad y, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo, se suspendió en lo principal el procedimiento y se reservó señalar nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto se resolviera el mismo. 4. En acuerdo de uno de octubre de dos mil veinte, al estar debidamente integrado el recurso de mérito, se remitió el mismo al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el cual fue admitido a trámite y registrado con el número de toca 131/2020. 5. Por resolución de once de noviembre de dos mil veinte, la Superioridad resolvió el recurso de queja interpuesto y, en atención a su contenido, se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento decretada en el presente asunto, y se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 6. El día veinte de diciembre de dos mil veinte, con motivo de la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal emitió la Circular CAP/3/2020, en la que adoptó diversas medidas preventivas, entre ellas, la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, determinando el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales. Por lo que fue que durante dicho periodo que el citado juicio estuvo suspendido, siendo hasta el doce de enero de dos mil veintiuno, que de conformidad a lo establecido en la Circular CAP/3/2020 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se reanudaron los términos en el presente procedimiento y se fijó nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, a realizarse el nueve de febrero del actual. 7. En atención a las diversas solicitudes efectuadas por la parte quejosa, mediante proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó la realización de una audiencia informativa en el idioma inglés, a efecto de aclarar cualquier duda que pudiese tener el quejoso en relación al presente juicio; asimismo, se solicitó un perito traductor en el idioma inglés para que fuera designado como traductor oficial en este asunto. 8. Mediante acuerdo de quince de febrero de dos mil veintiuno, se decretó la suspensión del procedimiento en lo principal, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, en virtud del incidente de acumulación de autos entre este asunto y con el diverso juicio de amparo 1218/2020-VI-A, por lo que, se dejó sin efecto la audiencia constitucional señalada. 9. Por resolución de dos de junio de dos mil veintiuno dictada en autos del juicio de amparo 1218/2020-VI-A del índice de este Juzgado Federal, se resolvió lo conducente en relación al incidente de acumulación de autos y, por ende, se levantó la suspensión del procedimiento decretada y se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 10. Posteriormente, después de la realización de diversas gestiones para la designación del perito oficial en el presente asunto, por auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, Mónica Marrufo Medina, perito intérprete en idioma inglés, aceptó el cargo propuesto en materia de traducción e interpretación del idioma inglés, a fin de desahogar la audiencia informativa en el idioma inglés ordenada en autos. 11. Por proveído de tres de febrero de dos mil veintidós, una vez concluidos los trámites necesarios para estar en aptitud de desahogar la audiencia informativa ordenada, se ordenaron la realización de las diversas gestiones para la celebración de la audiencia informativa mediante el uso de videoconferencia. 12. El día once de marzo de dos mil veintidós tuvo verificativo la audiencia informativa en su idioma (inglés) ordenada en proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno y se dio trámite a la diligencia establecida. 13. Por lo que, al encontrarse debidamente integrado el presente asunto, el día siete de abril de dos mil veintidós tuvo verificativo la audiencia constitucional y se declara levantada la misma. En atención a lo expuesto con anterioridad, se desprende que el presente juicio constitucional ha seguido su tramitación procesal en tiempo y forma, y de acuerdo a los esquemas de trabajo y suspensión de labores, que con motivo de la pandemia el Consejo de la Judicatura Federal ha implementado; y si bien a la fecha no se ha resuelto, es con motivo de las diversas actuaciones efectuadas con autos para su debida integración. Notifíquese y cúmplase.
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