Elma Guadalupe Velarde Osuna
Expediente 1094/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 33 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1094/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 15/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Elma Guadalupe Velarde Osuna
- Dirección General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Ciudad de México.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Agréguese únicamente a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez Mixto de Primera Instancia por Ministerio de Ley, con residencia en Compostela, Nayarit, toda vez que, el tres de agosto del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo y se ordenó el archivo del presente expediente como totalmente concluido.
- Principal
Se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. ARCHIVO Por otra parte, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente, como totalmente concluido. DOCUMENTO Además, de la certificación de cuenta, se advierte que obran documentos exhibidos por la parte quejosa a su escrito inicial de demanda; por tanto, REQUIÉRASELE para que dentro del término de SEIS MESES, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este Juzgado de Distrito a recogerlo, APERCIBIDA que de ser omisa, se procederá a su destrucción junto con el mencionado expediente.
- Principal
EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la resolución de dieciocho de marzo del año en curso, en la que, por una parte, se sobreseyó el presente juicio de amparo, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otra parte, visto el estado de autos se advierte que por proveído de seis de abril del año en curso, se tuvieron por hechas las manifestaciones realizadas por Juan Carlos Medrano Alvarado, apoderado de Elma Guadalupe Velarde Osuna, respecto a proveer la solicitud de aclaración de sentencia relativo a la concesión del amparo deriva del juicio sumario civil especial hipotecario 506/2013, que corresponde al Juzgado Mixto del municipio de Compostela Nayarit, quien es la autoridad responsable señalada en la ampliación del escrito inicial de demanda, y no el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, hasta en tanto causara ejecutoria el presente juicio; lo que acontece en el caso. En consecuencia, si en la resolución dictada en el presente juicio, se señaló en el considerando octavo lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, para restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal peticionado, para efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Culiacán, con residencia en esta ciudad, una vez que le sea notificado del proveído mediante el cual cause ejecutoria esta resolución, realice lo siguiente: - Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario civil especial hipotecario 506/2013, desde el llamamiento a juicio de la quejosa, que se efectuó de manera ilegal y se regresen las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión. En la inteligencia que, al tratarse de un asunto en materia civil, a partir de ese momento de restitución, la continuación y conclusión de la contienda quedarán sujetas al principio de derecho rogado que rige ese tipo de procedimientos, por lo que será la instancia de las partes la que defina la conclusión de la controversia. En virtud de lo anterior, el efecto de esta sentencia de amparo no puede abarcar la orden de que se convoque adecuadamente al tercero extraño equiparado en su calidad de demandado como parte que es en aquél proceso a fin de entablarse así la relación procesal pertinente; sino únicamente ordenar la nulidad en los términos apuntados. La concesión de amparo deberá hacerse extensiva a todo lo actuado en el juicio de origen, así como la orden futura e inminente de desposeer a la quejosa de la al descrita casa habitación, al ser consecuencias que se hicieron depender del emplazamiento reclamado cuya ilegalidad quedó evidenciada. (.) En la inteligencia que la concesión de amparo no tiene el alcance de dejar insubsistente el llamamiento a juicio de los diverso demandados en el juicio de origen para que éstos se verifiquen de nueva cuenta, atento que no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera." (.) Sin embargo, la concesión del amparo aduce a los actos que se reclaman de la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Compostela, Nayarit, precisados en el considerando segundo de dicho fallo. Por tanto, con fundamento en el artículo 74, último párrafo, de la Ley de Amparo, se procede aclarar la mencionada resolución, toda vez que dicha aclaración no altera la sustancia de lo decidido en la sentencia en comento, sino únicamente tiene como finalidad la de precisar que el acto reclamado es contra el proceder de la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Compostela, Nayarit. Lo anterior hágase del conocimiento a las partes para los efectos correspondientes. REQUIERE POR CUMPLIMIENTO En consecuencia, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, REQUIÉRASE al Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Compostela, Nayarit, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de que se encuentre notificada del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito, el acatamiento que dé a la ejecutoria y remita las constancias con las que lo acredite; APERCIBIDA que de no hacerlo se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, con fundamento en el numeral señalado en primer término. Por último, conviene precisar que respecto a lo establecido en el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, el Acuerdo General 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que para el desarrollo del procedimiento de ejecución de una sentencia, en debido cumplimiento a lo establecido en el numeral antes mencionado, además de requerir a las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, debe requerirse al superior jerárquico inmediato de la autoridad directamente obligada. Sin embargo, este Juzgado Federal, estima que los Jueces de Primera Instancia del Ramo Civil carecen de superior jerárquico, de modo que los requerimientos de cumplimiento de sentencias de amparo debe hacerse directamente a dicho órgano jurisdiccional.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el apoderado de ******, mediante el cual solicita se le tenga señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional; por tanto, se le tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ya precisado. Aunado a lo anterior, pide se aclare la sentencia emitida por este juzgado de distrito el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, toda vez que, sustancialmente, manifiesta en la parte conducente que: "OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, para restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, procede conceder el amparo y protección de la justicia Federal peticionado, para efectos de que el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, con residencia en esta ciudad, una vez que sea notificado del proveído mediante el cual cause ejecutoria esta resolución, realice lo siguiente: " (pág. 51 de la sentencia)". Como se podrá colegir de las constancias de autos -el juicio de donde emana el acto reclamado "el juicio sumario civil especial hipotecario 506/2013- corresponde al JUZGADO MIXTO DE COMPOSTELA NAYARIT, quien es la autoridad responsable señalada en la ampliación del escrito inicial de demanda, por lo que en dicho párrafo debe de precisarse que es el JUZGADO MIXTO DE COMPOSTELA NAYARIT y NO el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, con residencia en eta ciudad, POR LO QUE SOLICITO TENGA A BIEN HACER ESA ACLARACIÓN PERTINENTE para evitar subterfugios y trampas procesales en el acatamiento y ejecución de la sentencia". En virtud de lo expuesto se tienen por hechas las manifestaciones del autorizado del hoy solicitante del amparo, las cuales, de ser el caso, serán consideradas una vez que la resolución emitida por este juzgado de distrito se encuentre ejecutoriada, lo cual, como se aprecia de la certificación de cuenta, aún no se suscita y, en términos del último párrafo del artículo 74 de la Ley de Amparo, es un requisito indispensable para que este órgano jurisdiccional, de así estimarlo necesario, realice dicha aclaración de sentencia. Son aplicables las jurisprudencias 94/97 y 2/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo." "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO PROCEDA DE OFICIO, NO IMPIDE QUE PUEDAN PROPONERLA LAS PARTES. Conforme al párrafo último del artículo 74 de la Ley de Amparo, la aclaración de sentencias sólo procede de oficio y respecto de ejecutorias, ya que no constituye un recurso o medio de defensa a través del cual se pueda modificar, revocar o anular la decisión correspondiente, sino que es un mecanismo para aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión, o corregir el error o defecto material de la ejecutoria, para hacerla coincidente como acto jurídico y como documento. Sin embargo, esa circunstancia no impide que las partes puedan proponerla, pues si bien es cierto que no están legitimadas para ello, también lo es que el órgano jurisdiccional emisor puede hacer suya la petición respectiva cuando lo estime procedente; esto es, la posibilidad de que las partes propongan una aclaración de sentencia permite al órgano jurisdiccional conocer los posibles errores o imprecisiones materiales cometidos en aquélla para, en su caso, aclararla oficiosamente, a fin de lograr su debida ejecución y garantizar el derecho fundamental a una impartición de justicia completa, sin que ello implique que necesariamente deba pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la aclaración, pues el Presidente del órgano jurisdiccional válidamente puede desechar la solicitud por falta de legitimación del promovente si, una vez que el secretario de acuerdos dio cuenta con ella ante el órgano, ninguno de sus integrantes estima pertinente hacerla suya."
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