Elma Danitza Tapia Lopez

Expediente 1127/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1127/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
  • Elma Danitza Tapia Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria.

  2. Principal

    Audiencia y resolución Constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con veintisiete minutos del dos de octubre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio ********************, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informes con justificación rendidos por las responsables. Igualmente, se hace constar que transcurrió el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impusieran de los informes justificados y que en el caso, en el auto inicial se consideró que no existe parte tercero interesada. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias para los efectos legales conducentes; y, en relación con la inexistencia de parte tercera interesada, se estima que en el caso, no se actualiza ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales, instrumental de actuaciones, presuncional (legal y humana) ofertadas por la parte quejosa; asimismo, la documental, confesional expresa, presuncional e instrumental de actuaciones ofertadas por la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora al rendir su informe justificado. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar la parte quejosa formuló alegatos mediante escritos recibidos el treinta de agosto y uno de septiembre, ambos del año en curso. El juez acuerda: se tienen por reproducidas las manifestaciones realizadas por la citada parte, mismas que serán atendidas en el momento procesal oportuno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por perdido el derecho de las demás partes para expresarlos. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Elma Danitza Tapia López, contra actos atribuidos al Congreso del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el veinticinco de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, el mismo día a este Juzgado de Distrito, Elma Danitza Tapia López solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán con posterioridad. Mediante acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, este juzgado radicó y admitió a trámite la demanda con el número de juicio de amparo ******************** A-II; se pidió a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe justificado; se dio a la representación social la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes Considerandos: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de derechos, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugnan actos de cuya ejecución se verifica dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, circunstancia que lo dota de competencia. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: Del Congreso, gobernador, y Boletín Oficial y Archivo, todos del Estado de Sonora, en el ámbito de sus respectivas competencias: La discusión, aprobación, expedición, promulgación, orden de publicación y publicación, del Decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el 31 de diciembre del 1962, mediante el cual se expide la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en específico los artículo 24, fracción I, párrafo segundo, fracción V, que se tilda de inconstitucional. Del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del referido Instituto, ambos con residencia en esta ciudad: El primer acto de aplicación de los preceptos reclamados, a través del oficio DAVD-1421-2023, de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, en el que se negó la inscripción o afiliación de José Luis Cera Valdez, cónyuge de la quejosa, como derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; ello, en contestación a la petición presentada el doce de julio de dos mil veintitrés. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de esta ciudad, pues así lo manifestó el jefe de la Unidad Jurídica de dicho instituto al rendir el informe justificado, en el sentido de que la afiliación de derechohabientes no es atribuible directamente al Instituto, sino al Departamento de Afiliación y Vigencias de Derechos. Ahora, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, en relación con la existencia del acto atribuido al director general del Instituto de salud mencionado, ni desvirtuó la negativa formulada por dicha institución; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia del acto reclamado al Instituto en comento. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados al Boletín Oficial y Archivo, gobernador, y al Congreso, todos del Estado de Sonora, pues así lo manifestaron en sus informes justificados respectivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, la existencia de la norma legal reclamada es un hecho notorio que no está sujeto a prueba, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por encontrarse publicadas en el órgano de información local, desprendiéndose la participación de las autoridades en el proceso de creación de la norma. Lo expuesto encuentra apoyo en la tesis 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." (No. de Registro: 191452, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260). Igualmente, sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." También es cierto el acto atribuido al Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, no obstante que niegue el reclamo efectuado y su inconstitucionalidad; ello, en razón de que de los propios argumentos que opone en su informe, se desprende la existencia del reclamo constitucional a dicha dependencia. Es ilustrativa la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Además, la veracidad del acto que se les reclama se corrobora con la documental exhibida por la propia parte quejosa y el oficio DAVD-1421-2023, de diecinueve de julio del año en curso, emitido por la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos, dirigido a la hoy quejosa Elma Danitza Tapia López, en el que, en respuesta a la petición de esta, le negaron la inscripción y/o afiliación de su cónyuge José Luis Cera Valdez, como beneficiario-derechohabiente y cónyuge de la aquí quejosa; documental a la que se le asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Causales de improcedencia En este apartado debe examinarse si existe alguna causa que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Causa de improcedencia desestimada En el particular, el jefe de la Unidad Jurídica, refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de amparo; sin embargo, debe desestimarse, en virtud de que, no expuso las razones o motivos por los cuales considera que en el caso tal supuesto de improcedencia se actualiza. En atención a lo anterior, este juzgador no abordará el estudio de la improcedencia propuesta por la citada autoridad, en atención a que no señala en forma concreta los motivos por los cuales considera que se actualiza dicha causa; por tanto, sus aseveraciones son insuficientes para que este órgano jurisdiccional verifique si se actualiza la referida hipótesis de inejercitabilidad debido a que no es de obvia y objetiva constatación. Lo anterior es así, pues resulta insuficiente la simple cita de la fracción en que se contiene la causa de improcedencia aducida, para proceder a su estudio, cuando no se ha expuesto algún argumento tendente a acreditar la actualización de tal supuesto; máxime, que este operador jurídico no puede suplir la deficiencia de la autoridad responsable, quien en su informe justificado tiene la obligación de exponer las razones por las cuales considera que se actualiza determinada causa de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio con registro digital 174086, jurisprudencia 2a./J. 137/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." (No. de Registro: 174086, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 365). Resulta aplicable la jurisprudencia I.5o.A. J/5, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Registro digital: 175921, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1680, con rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL SE AVOQUE A SU ESTUDIO NO BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA SEÑALE DE MANERA DOGMÁTICA, SINO QUE DEBE EXPONER LAS RAZONES O MOTIVOS POR LOS CUALES CONSIDERA SU ACTUALIZACIÓN. No basta que la autoridad responsable señale de manera dogmática que se actualizan ciertas causas de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo para que el órgano jurisdiccional se avoque a su estudio, sino que es necesario que aquélla exponga las razones o motivos por los cuales considera que en el caso tales supuestos se actualizan. Lo anterior es así, toda vez que, considerando la amplia gama de supuestos que pueden contenerse en una sola de las fracciones del numeral antes invocado, no se sabría con exactitud cuál de ellas pretende invocar la responsable y, además, de considerar que es suficiente la simple cita de la fracción en que se contiene alguna de las causas de improcedencia aducidas, para proceder a su estudio, cuando no se ha expuesto algún argumento tendente a acreditar la actualización de tal supuesto, sería tanto como suplir la deficiencia de la autoridad, quien en su informe justificado tiene la obligación de exponer las razones por las cuales considera que se actualiza determinada causa de improcedencia, además de acreditarla con los medios de prueba correspondientes." (No. de Registro: 175921, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1680). En conclusión, al no advertir quien esto resuelve que la causa de improcedencia contenida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de amparo en cita, sea obvia y de objetiva constatación en el presente asunto, la misma se desestima. Falta de interés jurídico y legítimo Por otro lado, este juzgador advierte de oficio que en cuanto al artículo 24, fracción I, de la Ley del ISSSTESON, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción I, inciso d), interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en los cuales se dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley;.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: [.] d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;" Conforme a dichos numerales el amparo indirecto, respecto de normas generales con motivo de su primer acto de aplicación, solo procede cuando cause perjuicio a la parte quejosa. Es decir, para la ejercitabilidad de la acción constitucional con motivo del primer acto de aplicación de la norma, debe existir como presupuesto que haya irrumpido en la individualidad del gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada, pues de no ser así, la ley reclamada no le causa perjuicio y el amparo resulta improcedente. Asimismo, para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, es necesario que se demuestre la existencia del acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, sino que solo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia del perjuicio. Ahora, el numeral 24, fracciones I y V, de la Ley del ISSSTESON, establece lo siguiente: "Artículo 24. También tendrán derecho a los servicios que señala la fracción I del artículo 23 de esta Ley en caso de enfermedad, siempre y cuando reúnan los requisitos y condiciones que establece la misma y el Reglamento para los Servicios Médicos del Instituto, los familiares del trabajador y del pensionista que enseguida se señalan: I. La cónyuge o, en su caso, la persona con quien ha vivido como si lo fuera durante los cinco años anteriores a la enfermedad o aún durante un término menor si con ella tuviese hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el trabajador o pensionista tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir las mencionadas prestaciones. En caso de fallecimiento de la trabajadora o pensionista, únicamente continuará recibiendo el servicio médico el esposo o concubinario que esté incapacitado física o psíquicamente y haya dependido económicamente de ella; [.] V. El esposo o concubinario de la trabajadora o pensionista, siempre que esté incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ella." En el caso, la parte quejosa combate los artículos mencionados en virtud de que se negó la afiliación de José Luis Cera Valdez para recibir los servicios médicos del ISSSTESON, no obstante que la inconforme -cónyuge- es derechohabiente de ese instituto. Luego, durante el trámite del juicio, la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del ISSSTESON informó que se encontraba imposibilitada para afiliar al cónyuge de la quejosa, ya que no colmó los requisitos y condiciones a que se refiere la fracción V del artículo 24 de la Ley del ISSSTESON. Por su parte, la normativa referida establece los requisitos para que los familiares de los trabajadores y pensionistas puedan acceder a los servicios de salud; sin embargo, la fracción I, se dirige a aquellas personas que cuando solicitan ese derecho tienen el carácter de cónyuge -mujer- del trabajador o pensionista, o la persona con quien ha vivido como si lo fuera durante los cinco años anteriores a la enfermedad o aún durante un término menor si con ella tuviese hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Asimismo, en el párrafo segundo hace alusión a cuando el que solicita el beneficio es el esposo o concubinario -hombre- de la trabajadora o pensionista fallecida, únicamente continuará recibiendo el servicio siempre y cuando esté incapacitado física o psíquicamente y haya dependido económicamente de ella. Sin embargo, en el caso dicha hipótesis normativa no fue aplicada, ya que quien quiere acceder a la afiliación es el cónyuge -varón- de la derechohabiente, y no en sentido inverso, es decir, no existe aplicación de la disposición legal en virtud de que no va dirigida hacia quien, en este asunto, pretende obtener los beneficios de la institución de seguridad social; máxime que tampoco se está en el supuesto relativo al fallecimiento de la trabajadora, sino que la negativa combatida tiene sustento en la diversa fracción V, del ordinal indicado, tal como lo afirmó la autoridad responsable. Es importante dejar patente que la impetrante tampoco cuenta con interés legitimo para combatir el segundo párrafo de la fracción I del numeral citado, y por tanto no resulta aplicable al caso concreto la tesis de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. PERMITE IMPUGNAR LA PARTE VALORATIVA DE LAS NORMAS JURÍDICAS SIN NECESIDAD DE UN ACTO DE APLICACIÓN, CUANDO AQUÉLLAS RESULTEN ESTIGMATIZADORAS." Por las razones que a continuación se exponen. Es menester recordar que el interés legítimo es aquél interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Es decir, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no está dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica de la persona, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. En este sentido, bien cabría hablar de un agravio actual, personal e indirecto -en oposición al agravio actual, personal y directo exigido por el interés jurídico-. En efecto la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver el amparo en revisión 152/2013 -que dio origen a la tesis arriba citada- estimó que el interés legitimo exigía una afectación personal, colectiva, real, cualificada, actual y jurídicamente relevante, que no exige la titularidad de un derecho subjetivo, y al efecto, abordó el concepto de individualización incondicionada proyectado en el espacio de afectación del interés legitimo, para concluir que las normas autoaplicativas en el contexto del interés legítimo también necesitaban una afectación a la esfera jurídica del justiciable. La Sala definió que dicha afectación se actualizaba cuando en la norma se verificara cualquiera de las siguientes hipótesis: La ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, que impacte al quejoso en un grado suficiente y que reúna las características de jurídicamente relevante, cualificado, actual y real. La ley establezca hipótesis normativas que no tiene a los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los hace resentir algunos efectos de las consecuencias asociadas a dicha hipótesis normativa en grado suficiente para ser personal o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. La ley regule algún ámbito material y su contenido genere de manera inmediata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa. De lo anterior, se advierte que la parte quejosa no cuenta con interés legitimo para reclamar el segundo párrafo de la fracción I del artículo 24 de la Ley del ISSSTESON en virtud de que dicha norma no produce una individualización incondicionada desde el ámbito de protección del interés legitimo en su esfera jurídica al no verificarse en su totalidad los requisitos estipulados en las hipótesis enunciadas. En efecto, no se acredita que la afectación que refiere la parte quejosa se actualice de manera actual y real en su esfera jurídica, pues es inconcuso que ello acontecería únicamente al verificarse las siguientes hipótesis: Una vez que acaezca el fallecimiento del cónyuge pensionista; y El diverso consorte tenga la calidad de cónyuge supérstite. Con independencia de lo anterior, es importante precisar, que en todo caso, el interés legítimo para combatir la norma lógicamente recaería en el cónyuge supérstite, quien resentiría la afectación actual y real en su esfera jurídica, traducida en una individualización incondicionada. En ese orden de ideas, al no contar la quejosa con interés legítimo como se especificó en párrafos precedentes, ni tampoco interés jurídico para combatir el artículo 24, fracción I, de la Ley del ISSSTESON, pues no sirvió de sustento para negar la afiliación a la institución de seguridad social y, por ende, no fue aplicado a la parte inconforme, se concluye que, la negativa combatida como acto de aplicación de la norma debatida, no tiene el alcance para impugnar el artículo 24, fracción I, de la Ley del ISSSTESON. En consecuencia, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I, inciso d), y con el numeral 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio por lo que hace al referido precepto. Sirve de apoyo a las consideraciones vertidas, la jurisprudencia 2a./J. 12/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Marzo de 1998, página 323, de rubro y texto siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia." (No. de Registro: 196641, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 1998, página 323). Causal de improcedencia relativa a la autoridad encargada de la publicación de la Norma Combatida. En relación con el acto reclamado al director del Boletín Oficial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, consistente substancialmente en la publicación de la Ley del Instituto del Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, que contiene la porción normativa que se impugna a través del presente juicio, quien resuelve advierte de manera oficiosa actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece la obligación de quien promueve el juicio de derechos, para que en el escrito inicial de demanda señale a la autoridad responsable a quien atribuya el acto reclamado; además, precisa que cuando se impugnen normas generales, la parte quejosa deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación; finalmente, dispone que tratándose de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, la parte impetrante deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. Además, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de derechos es improcedente en casos diversos a los previstos en las distintas fracciones de dicho numeral, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de dicha ley. Como se advierte, cuando la parte quejosa reclame el refrendo o la publicación de alguna norma general, deberá señalar a la autoridad o autoridades que realicen dichos actos únicamente cuando sean impugnados por vicios propios, pues de lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente. En el particular, de la lectura a la demanda de amparo no se desprende que la quejosa haya formulado algún concepto de violación en contra de la publicación de la norma reclamada, a saber, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en específico del numeral 24, fracción V; por tanto, es evidente y queda de manifiesto que respecto al acto reclamado a la autoridad que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, de la Ley de Amparo, al no haberse cumplido con el requisito previsto en el numeral invocado en último término. En consecuencia, al advertirse actualizada la causa de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio por lo que hace a la publicación de la norma reclamada, atribuida al director del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. En esa medida, como las partes no hicieron valer otra causal de improcedencia, ni que se advierta de manera oficiosa la existencia de alguna, por tanto, este juzgador procede enseguida a analizar el fondo del asunto, en cuanto a la constitucionalidad del artículo 24, fracción V, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, cuya aplicación se efectuó mediante oficio DAVD-1421-2023, de diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Por otro lado, en virtud de que ninguna otra parte hizo valer diversa causa de sobreseimiento o improcedencia, y este juzgado no advierte de oficio que se actualice alguna de las previstas en el numeral 61 y 63 de la Ley de Amparo, resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que este órgano jurisdiccional tenga la obligación de analizar todas las causas de inejercitabilidad que hipotéticamente prevén tales preceptos. Sobre dicha cuestión, es aplicable la jurisprudencia P./J. 22/91 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento" (No. de Registro: 205800, Octava Época, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Junio de 1991, Tomo VII, página: 60). Estudio de fondo En lo que interesa destacar para su análisis, de la lectura de la demanda se advierte que la quejosa aduce al exponer sus conceptos de violación, en esencia, que las autoridades por las que se resuelve en este apartado, infringen los derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 4° y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que a su consideración la porción normativa resulta discriminatoria y transgrede el derecho de igualdad de género, en razón de que no existe justificación que ante una misma situación jurídica se le aplique un trato diferente. Dicho motivo de disenso es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, en la forma que habrá de exponerse enseguida. Ciertamente, en el presente asunto, se aplicó a la parte quejosa el contenido del artículo 24, fracción V, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y el artículo 15 de su Reglamento, por medio del oficio DAVD-1421-2023, de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, en el que la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del instituto responsable le negó a la quejosa su petición de afiliar a su cónyuge ante ese instituto de seguridad social, bajo el argumento de que dicha la ley no contempla la afiliación del consorte, cuando no se está en los supuestos de que este se encuentre incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de la derechohabiente. Del análisis de dicho numeral, como sostiene la quejosa, es cierto que su contenido vulnera el principio de igualdad previsto en los artículos 1, 4 y 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución Federal, ya que no existe una justificación racional para exigir mayores requisitos al cónyuge de una trabajadora (que al de un trabajador) para acceder a la prestación de los servicios médicos que proporciona el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. A fin de justificar tal aserto, se toma en cuenta el contenido del artículo 1 de la Carta Magna, que señala: "Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." El artículo en cita impone a todas las autoridades jurisdiccionales del país el deber de efectuar un control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos sobre las disposiciones jurídicas que apliquen en sus decisiones, lo que se traduce en el deber de examinarlas e interpretarlas conforme a los derechos humanos reconocidos tanto en la Carta Magna como en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano y, en caso de que no sea posible realizar una labor hermenéutica que las ajuste al texto constitucional o internacional (interpretación conforme), deben inaplicarse. En ese sentido, la interpretación de las normas relativas a derechos humanos debe armonizarse de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, y debe favorecerse en todo tiempo la protección más amplia al individuo (pro persona). Asimismo, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, se encuentran constreñidas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la legislación respectiva. A su vez, el artículo 4 de la Carta Magna, que en el caso particular se determina transgredido, en lo que interesa, señala: "Artículo 4°. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. [.]" Se invoca por ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 30/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. Al disponer el citado precepto constitucional, el derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, esto es, frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, busca garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona; y también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades. En ese sentido, la pretensión de elevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el varón, estuvo precedida por el trato discriminatorio que a aquélla se le daba en las legislaciones secundarias, federales y locales, que le impedían participar activamente en las dimensiones anotadas y asumir, al igual que el varón, tareas de responsabilidad social pública. Así, la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da la pauta para modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían modos sutiles de discriminación. Por otro lado, el marco jurídico relativo a este derecho humano desde la perspectiva convencional del sistema universal, comprende los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y desde el sistema convencional interamericano destacan el preámbulo y el artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." (No. de Registro: 2014099, Décima Época, Instancia: Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, página 789). Como se aprecia de dicho ordinal, en él se contiene el derecho humano de igualdad entre el hombre y la mujer, el cual, de manera complementaria con lo que disponen otros dispositivos constitucionales, debe estar libre de cualquier influencia discriminatoria que pueda generar la raza, el estado social, la condición económica, la creencia religiosa, y por supuesto, el género. Es decir, desde el punto de vista jurídico, la igualdad se traduce en que varias personas que se encuentren en una situación particular frente a la ley, tengan la capacidad y posibilidad de ser titulares de los mismos derechos, o bien de contraer las mismas obligaciones que otra persona que se encuentre en el mismo plano, esto es, que guarden el mismo estatus jurídico ante la norma legal en cuestión. En tal perspectiva, debe entenderse que cada persona es susceptible de colocarse en tantas situaciones jurídicas como relaciones o actos pueda efectuar, por lo que existen una serie de legislaciones que pretenden regular esos escenarios, cuyo contenido debe respetar siempre los derechos humanos protegidos en la Constitución y, entre otros, el principio de igualdad. Esa prerrogativa elevada a rango constitucional forma parte de la concepción de que todo atributo que imponga una distinción a grupos humanos con la finalidad de discriminarlos o darles un trato preferente frente a otros debe ser eliminado -en caso de que dicha diferenciación no atienda a una justificación razonable-; máxime si se basa en alguna categoría sospechosa como raza, religión, condición económica, género, preferencia sexual u otra característica similar. Precisados los lineamientos del derecho humano de igualdad que debe ser respetado por el Estado, se tiene que cualquier individuo tiene el derecho de reclamarla, y exigir a sus autoridades que se abstengan de otorgar trato diferente si se colocan en una misma situación que no amerite esa distinción. Así, el espíritu del principio de igualdad no consiste en que a todos los individuos se les dé el mismo trato en toda hipótesis, pues en caso de que cierto grupo se sitúe en situaciones diversas, tal perspectiva equivaldría a tratarlas injustamente, sin atender a sus circunstancias particulares en relación con el conglomerado al que pertenecen. Por ende, la igualdad ante la ley consiste en dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, porque ello permite regular estados jurídicos específicos en los que puede estar colocado un grupo de personas, a las que debe tratarse en la misma forma en cualquier situación o acontecimiento. Por su parte, el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo. 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. [...] B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: [.] XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: [.] d). Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley. [.]" Como se aprecia, el citado precepto constitucional contiene el principio de previsión social, sin hacer distinciones de trato, pues al referirse a los "familiares de los trabajadores", se determina en un sentido abstracto, que incluye a aquellos familiares -in génere- de trabajadoras y trabajadores, que tienen derecho a la asistencia médica. Asimismo, establece las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, dentro de las que destaca el derecho de los familiares de acceder a asistencia médica y medicinas, prerrogativa que se genera durante la vida del trabajador o trabajadora con las aportaciones efectuadas por determinado número de años de su empleo y con la finalidad de que con tales aportaciones se garanticen los servicios médicos requeridos. Establecido el marco constitucional aplicable al presente asunto, es conveniente citar el dispositivo que regula la prestación de los servicios que brinda el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para con los cónyuges de las trabajadoras o pensionistas derechohabientes y que aquí interesa como es el artículo 24 de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, los cuales establecen: "Artículo 24. También tendrán derecho a los servicios que señala la fracción I del artículo 23 de esta Ley en caso de enfermedad, siempre y cuando reúnan los requisitos y condiciones que establece la misma y el Reglamento para los Servicios Médicos del Instituto, los familiares del trabajador y del pensionista que enseguida se señalan: I. La cónyuge o, en su caso, la persona con quien ha vivido como si lo fuera durante los cinco años anteriores a la enfermedad o aún durante un término menor si con ella tuviese hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el trabajador o pensionista tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir las mencionadas prestaciones. En caso de fallecimiento de la trabajadora o pensionista, únicamente continuará recibiendo el servicio médico el esposo o concubinario que esté incapacitado física o psíquicamente y haya dependido económicamente de ella; II. Los hijos menores de 18 años. Los familiares que se mencionan en esta fracción y la precedente, tendrán el derecho antes establecido cuando el trabajador o el pensionista tengan derecho a las prestaciones señaladas en la fracción I del artículo 23 de esta Ley y cuando dichos familiares no tengan por sí mismos derechos propios a las prestaciones otorgadas por esta Ley o por la Ley del Seguro Social o la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dependientes de la Federación. III. Los hijos mayores de 18 años y hasta 25 años. Los familiares que se mencionan en esta fracción, tendrán el derecho establecido si reúnen además de los requisitos que se señalan en la fracción anterior, los siguientes: A). Que esté cursando estudios a nivel medio superior o subsecuentes. B). Que a satisfacción del Instituto compruebe periódicamente tanto la inscripción como el promedio de la calificación aprobatoria IV. Los hijos mayores de 18 años, incapacitados física o psíquicamente, que no puedan trabajar para obtener su subsistencia, lo que se comprobará mediante certificado médico expedido por el Instituto y por los medio legales procedentes. V. El esposo o concubinario de la trabajadora o pensionista, siempre que esté incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ella. VI. Los padres del trabajador. (.)" De lo transcrito, y en lo que aquí interesa destacar, se advierte que tienen derecho a servicios médicos, entre otros, la cónyuge del trabajador o pensionista sin ningún requisito, mientras que el cónyuge de la trabajadora o pensionada será beneficiario siempre y cuando esté incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ella. Luego, el hecho de solicitar requisitos al esposo de la trabajadora, mientras que a la cónyuge del trabajador no se le exige ninguno, constituye una diferencia de trato, que involucra una categoría sospechosa, como lo es el género; situación que obliga a estudiar si dicha medida resulta razonable y proporcional y, por ende, si transgrede los principios de igualdad y no discriminación contenidos en los artículos 1 y 4 constitucionales. En ese tenor, se advierte que la ley cuestionada hace una clara distinción del beneficio del servicio médico, al concederlo con base a distintas exigencias, otorgando un trato preferente, sin justificación, a la persona cónyuge del trabajador o pensionista varón, por ser mujer, pues cuando el cónyuge o concubino se trata de un hombre, se establecen una serie de requisitos que a la cónyuge mujer no se le exigen, esto es, el cónyuge de la trabajadora o pensionada deberá acreditar tener incapacidad física o psíquica y depender económicamente de su esposa o concubina trabajadora, lo cual constituye una distinción injustificada y discriminatoria, en la medida de que en términos del artículo 4 de la Constitución Federal, el hombre y la mujer son iguales ante la ley y ambos deben tener iguales derechos de acceso a servicios médicos, en relación con los que deriven del respectivo cónyuge trabajador o pensionista, siendo de esta manera la tutela más amplia que la Constitución otorgue a los cónyuges de derechohabientes. Bajo esos razonamientos, los principios de igualdad y no discriminación reconocidos en los numerales 1 y 4 constitucionales, relacionadas con las relativas a la seguridad social y el principio de previsión social de referencia, permiten concluir que el otorgamiento de asistencia médica y medicinas, es un derecho fundamental de los beneficiarios de un trabajador o trabajadora, en los supuestos y en la forma que determinen las leyes, empero, sin distinción de género. Ahora, en la redacción del precepto cuestionado, si el trabajador en activo asegurado, pretende tener como beneficiario a su cónyuge (mujer), de acuerdo con el artículo 24, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, únicamente tendrá que acreditar tal hecho (ser cónyuge o persona que hubiere vivido como tal con el derechohabiente trabajador o pensionista). Sin embargo, si es la trabajadora o pensionista asegurada quien pretende afiliar a su cónyuge (hombre), como aquí ocurre, se exige que se acredite que este se encuentra en los supuestos señalados en la fracción V del numeral 24 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; es decir, que esté incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ella; lo que denota un trato desigual entre un trabajador y una trabajadora. Lo cual, analizado desde una perspectiva general de violación al derecho de igualdad y no discriminación, constituye una situación que priva injustificadamente al varón de obtener el derecho de acceder a la prestación de servicios médicos, cuando no se ubica en las hipótesis señaladas en el precepto referido. En efecto, no existe una justificación racional para limitar la prestación de los servicios médicos al cónyuge de una trabajadora asegurada por el organismo referido y, por tanto, el acceso a dichos servicios, pues el hombre se ubica en las mismas circunstancias que la mujer, por tener y compartir el mismo estado civil, de modo que, ambos deben ser tratados en forma idéntica. Por tanto, al otorgar el carácter de beneficiario de los asegurados de la prestación de servicios médicos, a la cónyuge y al cónyuge, pero estableciendo para este último requisitos que la primera no tiene que acreditar, hace que los individuos sean tratados en forma distinta por la norma, y evidencia una trasgresión al derecho de igualdad establecida en la Constitución Federal, especialmente porque existen disposiciones que claramente prohíben esa desigualdad, como es el artículo 4 de la citada Carta Magna que establece que tanto el hombre como la mujer, serán iguales ante la ley. Además, si se toma en consideración que igualmente el hombre como la mujer, en su calidad de trabajadores, pueden desempeñar la misma labor, y cotizan de igual forma para tener acceso a los derechos otorgados por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el acceso de sus beneficiarios a la prestación de servicios médicos, no es una concesión gratuita, sino que es un derecho generado durante su vida productiva tendente a garantizar la salud de su familia; por lo que, si su estado civil también es el mismo, tendrá derecho a que sus familiares disfruten de esos derechos que la institución otorga, en la misma forma que lo tiene un trabajador varón; de ahí que, negar el acceso a una prestación de esa índole, equivale a la restricción de una garantía social, consistente en el derecho humano a recibir asistencia médica y medicina. Por ende, si ante una misma situación jurídica se da un trato diferente a los beneficiarios cónyuges de las trabajadoras o pensionistas aseguradas, en tanto que se les permite el derecho a la prestación de servicios médicos, únicamente en determinados supuestos, ello sin razones válidas que lo justifiquen; por tanto, resulta inconcuso que la norma tildada de inconstitucional, otorga un trato diferenciado por razón de género. Es así, pues distinguir entre el esposo y la esposa de la trabajadora y del trabajador por razones de sexo o económicas, como lo hace el ordenamiento jurídico en trato, incuestionablemente no tiene apoyo constitucional alguno, al contrario, como se dijo, el Pacto Federal en su artículo 4 establece categóricamente que el varón y la mujer son iguales ante la ley, lo que significa que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, debe aplicarse sin consideración de sexo o por cuestiones económicas al esposo y/o a la esposa de la trabajadora o trabajador, en su caso, ya que ambos tienen el carácter de cónyuges, por lo que no debe dispensárseles un trato desigualitario. Sirve de apoyo, la tesis LIII/89, de rubro y texto siguientes: "TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTICULO 5o., FRACCION V, PARRAFO SEXTO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, VIOLA LA GARANTIA DE IGUALDAD. El artículo 4o., primer párrafo, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, lo cual significa que ésta debe aplicarse por igual a todos los destinatarios sin consideración de sexo. Por su parte, el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso D), de la misma Constitución, dispone que los familiares de los trabajadores tendrán derecho a la asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley. De los anteriores preceptos se desprende que los familiares del trabajador, como de la trabajadora, tendrán el mismo derecho a la asistencia médica y medicinas en los supuestos y en la forma que determinen las leyes, sin distinción de sexos. Ahora bien, el artículo 5o., párrafo sexto, fracción V, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, viola los preceptos constitucionales referidos al establecer un trato desigual entre el varón trabajador y la mujer trabajadora. En efecto dicho precepto dispone que el esposo o concubinario de la mujer trabajadora sólo será derechohabiente si es mayor de cincuenta y cinco años o bien si se encuentra incapacitado física o psíquicamente y depende económicamente de la trabajadora, mientras que, para que la esposa o concubina del trabajador sea derechohabiente, es suficiente con que tenga el carácter de cónyuge o concubina. Este trato desigual por razones de sexo o económicas que establece el precepto que se impugna, no tiene fundamento constitucional, máxime que el párrafo tercero del artículo 4o. de la propia Constitución establece que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud." (Énfasis propios) (No. de Registro: 205982, Octava Época, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, página 201). Bajo las consideraciones expuestas, se obtiene que la norma reclamada hace una distinción entre el varón y la mujer trabajadores, lo que conlleva a una discriminación por razón de género, al solicitar mayores requisitos y condiciones a esta última, para que su cónyuge pueda recibir los servicios de asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. Aunado a lo anterior, el estudio del presente asunto representa un análisis de violación a los principios de igualdad por razón de género y no discriminación, el cual requiere de una motivación reforzada, abordando el estudio de la norma impugnada con perspectiva de género, pues ésta afecta derechos fundamentales sujetos a protección especial dado los valores implicados. Es así, pues el trato diferenciado que existe en diversos ordenamientos legales, deriva de la asignación a la mujer del rol de ama de casa, cuyo concepto se concibe, entre otras características, para lo que el caso interesa, como la persona "no proveedora" del hogar -pues sus actividades no son remuneradas-, por el solo hecho de ser mujer; lo cual implica un estereotipo de género, esto es, la preconcepción que a la mujer es a quien le corresponde ocuparse de las actividades del hogar, sin considerar que cada familia tiene su propio proyecto y modo de vida, en virtud de lo cual las obligaciones propias de una familia pueden ser una responsabilidad compartida en la que ambos cónyuges participan en igual medida, o bien, efectuada solo por la mujer, quedando el hombre al cuidado del hogar y la familia o viceversa. Por ello, al plasmarse en el texto vigente de la ley, menos exigencias a la mujer como beneficiaria del servicio médico por ser esposa o concubina de un trabajador o pensionado, que a un hombre como esposo o concubino de una mujer; se acentúan los estereotipos de género, ya que el legislador únicamente contempla esta última posibilidad en el caso de que el cónyuge o concubinario, esté incapacitado física o psíquicamente y dependa de ella. Es decir, se asume que el rol estereotipado del hombre, por su propio género, es incorporarse al trabajo remunerado, en tanto que la mujer al cuidado del hogar y la familia y únicamente como caso de excepción (incapacidad del varón), ella participará en actividades remuneradas. Sobre esa base, ese trato asimétrico conlleva una diferenciación estructural que subyace en la norma, asignando a la mujer un determinado papel en razón exclusivamente del género, reafirmando la visión estereotipada y situación de desventaja que permea en la norma, reduciéndola al papel del cuidado del hogar, siendo que también el hombre, por tener la misma responsabilidad en ese aspecto, está en aptitud de desarrollar tal actividad. Debe tenerse presente que juzgar con perspectiva de género, constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos discriminatorios a las personas, por condición de sexo o género, es decir, juzgar tomando en cuenta las situación de desventaja que, por cuestión de género, discriminan e impiden la igualdad. Bajo esa tesitura, este juzgador considera que por igual, la mujer y el hombre, ambos en su carácter de esposa y esposo, concubino o concubinaria, respectivamente, de un pensionista o trabajador en activo, titular derechohabiente de un instituto de seguridad social, tienen derecho a acceder al servicio médico, como beneficiarios de la persona asegurada, sin que para ello el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora les exija mayores requisitos a uno que a otro. Por tanto, se concluye que el artículo 24, fracción V, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, reclamado, colisiona con lo establecido en los preceptos 1, 4 y 123, Constitucionales, por lo que en el caso lo procedente será conceder la protección constitucional solicitada. Concesión que surge derivada de la aplicación del acto reclamado, consistente en el oficio DAVD-1421-2023, de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, emitido por la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en el cual negó la respuesta favorable a la aquí quejosa, en relación con la solicitud de la afiliación del cónyuge de dicha impetrante, al haberse sustentado en el contenido del numeral declarado inconstitucional. Finalmente son inatendibles los alegatos formulados por la parte quejosa, dado que dichas manifestaciones no forman parte de la litis Constitucional, sin que ello implique transgresión a derecho procesal alguno. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." (No. de Registro: 205449, Octava Época, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 80, Agosto de 1994, página 14). Decisión En las relatadas condiciones, al ser inexistente el acto reclamado a las autoridades responsables señalada en el apartado III, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en las fracciones IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por otro lado, al no contar la impetrante con interés jurídico ni legitimo para reclamar la fracción I del ordinal 24 de la Ley del ISSSTESON; se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en concomitancia con el diverso 107, fracción I, inciso d), todos de la Ley de Amparo; en consecuencia con fundamento en el diverso arábigo 63 fracción V de la propia ley en cita, se sobresee en el presente juicio constitucional, respecto de la aludido porción normativa. Ahora, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la ley de la materia, en relación con el acto reclamado al director del Boletín Oficial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, se sobresee en el presente juicio constitucional, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la cita legislación. Finalmente, al resultar fundado el concepto de violación enderezado contra los actos reclamados analizados en el considerando VI, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la impetrante Elma Danitza Tapia López, para los efectos siguientes: Se deje insubsistente el oficio DAVD-1421-2023, de diecinueve de julio de dos mil veintitrés y, en su lugar, emita otro en el que se abstenga de aplicar a la inconforme el artículo 24 fracción V, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y considere los mismos requisitos y condiciones necesarios para ser derechohabiente al esposo de la quejosa, al igual que el caso de una cónyuge de un trabajador o pensionista. Cabe precisar que si bien la tutela protectora alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, orden de publicación y publicación de la ley combatida, ello no implica por parte de estas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el criterio P. CXXXVII/96, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Elma Danitza Tapia López, respecto de los actos precisados en el apartado III del presente fallo, así como respecto a los actos y las autoridades precisadas en el considerando IV, por las razones expuestas en el diverso V. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa Elma Danitza Tapia López, respecto de los actos reclamados a las autoridades tratadas en el considerando IV, por los argumentos, fundamentos y motivos, expuestos en el VI apartado y para los efectos precisados en el considerando VII, de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario de juzgado Jesús Emmanuel Trejo Michel, con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Manifestaciones. Con fundamento en el artículo 124, de la ley de la materia, agréguese a los autos el escrito enviado vía electrónica presentado por el autorizado legal de la parte quejosa y en atención a su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en su ocurso y por formulados los alegatos a que hacen alusión; y tómense en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Manifestaciones. Con fundamento en el artículo 124, de la ley de la materia, agréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado legal de la parte quejosa y en atención a su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en su ocurso y por formulados los alegatos a que hacen alusión; hágase relación de estos en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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