Elizandro Yee Venegas
Expediente 225/2018 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 31 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 225/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 10/06/2021
Partes del expediente
- Elizandro Yee Venegas
- Congreso del Estado de Baja California, Con Sede En Mexicali
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Visto el estado de autos, de los que se advierte que indebidamente se agregó a los autos del presente juicio de amparo la promoción 6118, de fecha dos de junio del año en curso, sin embargo, el citado oficio se encuentra dirigido al expediente 255/2018; en consecuencia, desglósese el mismo, dejando copia de esté, y acuérdese lo conducente en el juicio de amparo 255/2018. Cúmplase.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que conforme a las Circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021, ambas de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se dieron a conocer las medidas adoptadas, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables y las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, entre las cuales fue regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, así como del doce al dieciocho de enero del presente año. Mientras que en la circular SECNO/4/2021, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, entre aspectos, se determinó la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante a contingencia, conforme al acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura federal, cuya vigencia fue ampliada por los diversos acuerdos generales 25/2020 y 37/2020. Atento a lo anterior, se ordena levantar la suspensión de plazos y términos procesales en el presente juicio de amparo en el punto en que quedó pausado. En ese orden de ideas, procede analizar si efectivamente las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, en razón que mediante proveído de siete de diciembre del año próximo pasado, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la referida sentencia. De acuerdo a lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En ese sentido, por sentencia de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, resolvió: "[.]PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Elizandro Yee Venegas, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, los cuales quedaron establecidos en el punto considerativo quinto de este fallo, por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a Elizandro Yee Venegas, contra actos del Congreso del Estado de Baja California y Gobernador del Estado de Baja California, ambas con residencia en Mexicali, en términos del sexto punto considerativo de esta resolución, para los efectos indicados en el séptimo considerativo de esta sentencia. TERCERO. En cumplimiento a lo establecido en el octavo punto considerativo de esta resolución, procédase a la captura de la misma en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente. [.]" Inconforme con la sentencia, Adrián Guillermo Ocampo Romero, autorizado de la parte quejosa, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, quien mediante ejecutoria dictada dentro del recurso de revisión civil 348/2019, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. QUEDA FIRME la concesión del amparo precisada en los considerandos sexto y séptimo de la sentencia que se revisa. SEGUNDO. En lo que fue materia de la revisión se CONFIRMA la resolución impugnada. TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ELIZANDRO YEE VENEGAS, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, conforme a lo resuelto en el considerando quinto de la resolución que se revisa. (.)". Con fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, se proveyó sobre la ejecutoria recibida, y requirió al Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que en el plazo de tres días; remitiera las copias certificadas con las que acreditara haber dado cumplimiento a la sentencia dictada dentro del juicio de amparo en que se actúa; en el entendido de que el amparo y la protección de la Justicia Federal concedido a los quejosos, lo fue para: "[.]SÉPTIMO. Efectos del amparo. En términos del numeral 74, fracción V, en relación con el precepto 77, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien la protección federal se concede contra los actos reclamados a las autoridades que señaló como responsables Congreso y Gobernador del Estado de Baja California, debe decirse que el cumplimiento del presente juicio recaerá, por lo pronto, en la autoridad que recaudó los impuestos, pues respecto de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la norma, no es de exigirse cumplimiento especial alguno, ya que la concesión otorgada no tiene los alcances de ordenar a aquellas la formulación de una norma precisa para la parte quejosa, pues dicha facultad es propia de las mismas autoridades y no del Poder Judicial de la Federación. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, del Tomo VI, Octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." En consecuencia, la concesión del amparo se traduce en los siguientes efectos: El Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, deberá devolver las cantidades pagadas por los conceptos de impuestos para el fomento deportivo y educacional, para el fomento turístico, desarrollo integral de la Familia y promoción de la cultura, previstos en los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Ingresos del Municipio de Playas de Rosarito, para el ejercicio fiscal del dos mil dieciocho; cantidades contenidas en los recibos de pago 03-3968, 05-4252, 05-4261, 05-4254, 05-4223, 05-4262, 05-4235, 054234 y 05-4243, relativos al pago del impuesto predial de los inmuebles identificados con las claves catastrales números RX-910-005, RX-910-040, RZ-066-003, RZ-040-005, BJ-032-001, RZ-066-004, DR-003-168, DR-003-158 y RX-141-015. Es aplicable al caso la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido." Lo anterior, porque al ser la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, la autoridad administrativa encargada de la recaudación de dicho impuesto, es claro que le es exigible el cumplimiento a la ejecutoria que se emite, pues ello atiende al derecho fundamental inmerso en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes aplicables, y con el objeto de evitar dilaciones innecesarias, y considerando además los términos en que la sentencia de aquella debe ser cumplida, es claro incide en el ámbito de sus funciones, es decir, si tiene o debe tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria dentro de los límites de su competencia realizando todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia. Lo anterior encuentra sustento por identidad de argumentos en la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De igual forma, presta apoyo a las consideraciones antes apuntadas, la tesis sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, que a la letra reza: "SENTENCIAS DE AMPARO. ESTÁN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. TODAS LAS AUTORIDADES QUE DEBAN INTERVENIR EN SU EJECUCIÓN, AÚN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. El hecho de que alguna autoridad no haya sido señalada como parte en el juicio de amparo, no implica que no esté obligada a cumplir con el fallo protector, por el contrario, a su cumplimiento se obligan todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución." Igualmente sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 137 (Octava Parte, compilación de 1985), que literalmente expresa: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO.- Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 10 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." [.]" Seguido el cauce procesal el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, mediante proveído de siete de diciembre pasado, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto remitió diversas constancias con las que acreditó su dicho. Razón por la cual, en el mencionado acuerdo se ordenó dar vista y correr traslado con copia certificada del oficio y anexos que remitió la responsable, a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; sin que la parte quejosa haya realizado manifestación alguna al respecto. En ese orden de ideas, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto, sin que este órgano jurisdiccional advierta, excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada; debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables. Por tanto, con fundamento en el artículo 202, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que en caso de no hacerlo, se deberá estar a lo acordado en párrafos precedentes. Con fundamento en los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12, 14 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se procede a indicar la valoración correspondiente del presente este asunto. En cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo, por tanto, realícese la anotación correspondiente en la carátula respectiva. Además, se establece que el expediente principal, por haberse concedido el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso, es susceptible de depurarse, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en consecuencia, una vez que transcurra el término a que se refiere el punto Décimo Octavo del citado acuerdo, acuérdese lo conducente en relación a la transferencia que corresponda. Por último, al resultar innecesarias las constancias que en un tomo acompañó a su informe justificado la autoridad responsable Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, se ordena su devolución, al considerarse que no es necesaria su retención, por los motivos expuestos anteriormente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial Adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 225/2018; asimismo, remite testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión administrativo 348/2019; en atención a ello, acúsese recibo vía interconexión y hágase del conocimiento de las partes que el citado tribunal resolvió lo siguiente: "PRIMERO. QUEDA FIRME la concesión del amparo precisada en los considerandos sexto y séptimo de la sentencia que se revisa. SEGUNDO. En lo que fue materia de la revisión se CONFIRMA la resolución impugnada. TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ELIZANDRO YEE VENEGAS, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, conforme a lo resuelto en el considerando quinto de la resolución que se revisa. (.)". Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, agréguense a los autos, los originales del expedientillo de antecedentes; y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Asimismo, realícense las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. En atención a la ejecutoria de amparo, requiérase a la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informe y remita las constancias con las que acredite el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cien, con fundamento en los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo. ....Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que de no quedar cumplida dicha ejecutoria de amparo, sin causa justificada, en el plazo fijado, se hará pronunciamiento al respecto, se impondrá la multa procedente y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, para seguir el trámite de inejecución que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
Quedan 27 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 9,825 expedientes
- Elizabeth Pérez Urquijo72/2022
- Elizabeth Ramírez Hernández1451/2017
- Elizabeth Rodríguez Navarrete1519/2016
- Elizabeth Santana Contreras886/2015
- Elizabeth Santana Contreras O María Elizabeth Santana Contreras896/2018
- Elizabeth Valdovino Machado207/2013
- Elizandro Yee Venegas522/2017
- Elma Camacho Barrientos1059/2016
- Elma Enriqueta Cañedo García113/2016
- Elma Enriqueta Cañedo García1469/2015
- Elma Garcia Castro1108/2023
- Elmer Morales Alvarado17/2019