Elizandra Alves Fonseca y Otros.

Expediente 202/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
202/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • Elizandra Alves Fonseca y Otros.
  • Elizandra Alves Fonseca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria, se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de destrucción y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado actual de autos, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio remitido por el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, en representación del Comisionado, del Director General de Control y Verificación Migratoria y Director de Resoluciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa en relación con la suspensión de plano; lo anterior, tomando en consideración que en veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se decretó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado actual de autos, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio que carece de firma que remite el Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad; lo anterior, tomando en consideración que en veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se decretó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISO C), Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEIDO DE VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que se concedió a las quejosas Elizandra Alves Fonseca y Bruna Lorena Rodrigues, permiso para realizar actividades remuneradas, por lo que abandonaron las instalaciones de la estación migratoria en completa libertad, remitiendo para tal efecto copia certificada de dicho permiso. Sobreseimiento fuera de audiencia Del análisis de las referidas constancias, se colige que la referida autoridad responsable concedió permiso para realizar actividades remuneradas, por lo que abandonaron las instalaciones de la estación migratoria en completa libertad, remitiendo para tal efecto copia certificada de dicho permiso. En tales condiciones, se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo cual hace imposible la prosecución del presente juicio de amparo, ya que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse; por ende, no existe necesidad de pronunciar la presente determinación hasta la audiencia constitucional, a fin de no incurrir en el retardo en la impartición de la justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , cuyos rubro y texto, son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". 1 Visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable bajo el registro electrónico 184572. Analizado el texto normativo invocado, permite arribar a la convicción que, la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, únicamente se actualiza cuando se reúnen los siguientes supuestos: a) Cuando todos los efectos del acto reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional; b) Las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. En efecto, se considera que se actualiza la causa de improcedencia en comento, cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto que el gobernado considera le causa perjuicio o cuando constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental vulnerado, en atención a la imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la parte promovente. En el caso, de un análisis integral al escrito de demanda y las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: a) La ilegal detención y privación de su libertad, por más de treinta y seis horas. b) La omisión de acceso al servicio de salud y de tomar las medidas sanitarias correspondientes para evitar contagiarse del virus que ocasiona la enfermedad denominada COVID-19. c) Incomunicación. d) La deportación o expulsión del país. e) La omisión de proporcionarles información sobre su derecho a solicitar su condición de refugiados. f) La omisión de proporcionar información en relación con su derecho "al otorgamiento de protección complementaria", consistente en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida se vería amenazada o se encontrarían en peligro de ser sometidos a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, mediante oficio DL/MXLI/DCMAJ/0356/2023, remitido por la autoridad responsable Sub representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, comunicó que otorgó a las quejosas de referencia documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, por lo que abandonaron las instalaciones de la estación migratoria en completa libertad. Por tanto, se considera que dichos actos han cesado sus efectos, porque las posibles consecuencias que pudieran derivar de los mismos han quedado sin efectos, dado que al ya no estar detenida la parte quejosa en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Mexicali, Baja California, es evidente que actualmente no existe alguna afectación en su contra. Ciertamente, al haber otorgado a la parte accionante del amparo el documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, es evidente que la posible retención o alojamiento que pudo acontecer en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en Mexicali, Baja California, dejó de prevalecer, así como su consecuencia consistente en la deportación. En ese sentido, el beneficio antes señalado fue emitido con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo; por lo cual, se insiste, que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, pues como ya se dijo, cesaron los efectos de los actos reclamados. Es aplicable, en la especie, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." No se soslaya no se cuenta con los informes justificados de las autoridades responsables, pues en nada variaría el sobreseimiento en el juicio de amparo que se ha determinado; dada la causal de improcedencia actualizada por lo cual, este órgano jurisdiccional llegaría a la misma conclusión de improcedencia, lo que provocaría la tramitación innecesaria del proceso, con la consecuente dilación en la resolución del asunto, en detrimento del derecho a la justicia pronta y expedita reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 151/2015 (10a.), Registro digital: 2010513, Materias(s): Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, página 1293, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PESAR DE QUE ÉSTAS SE HAYAN COMETIDO, SI SE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DECRETADA POR EL JUEZ DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el procedimiento de amparo debe reponerse sólo cuando la violación cometida trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues lo contrario provocaría llegar al extremo de retardar la resolución del juicio sin resultado práctico. Asimismo, ha subrayado la trascendencia de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, al tratarse de cuestiones de orden público que ha lugar a analizar de oficio y, por tanto, son de estudio preferente. Sobre esa base, si en la revisión el ad quem examina la improcedencia decretada por el Juez de Distrito y advierte la existencia de elementos suficientes que conducen a confirmar su existencia, ello provoca que la reposición del procedimiento por violaciones procesales sea innecesaria, pues a pesar de que el Juez de Distrito subsane la violación cometida, llegará a la misma conclusión de improcedencia, lo que provocaría la tramitación innecesaria del proceso, con la consecuente dilación en la resolución del asunto, en detrimento del derecho a la justicia pronta y expedita reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, ello opera bajo la lógica de que la violación procesal cometida no se relacione con el supuesto de improcedencia que tenga por actualizado el Juez de Distrito pues, en ese caso, deberá privilegiarse el estudio de las violaciones procesales y ordenarse la reposición del procedimiento." En relatadas condiciones al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio sumario. En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, misma que se encuentra señalada para las diez horas con cincuenta y ocho minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Por último, en vista de lo determinado en líneas que preceden, se ordena integrar a los autos sin emitir mayor pronunciamiento en relación con el telegrama suscrito por el Director General de Procedimientos Constitucionales, en representación del Secretario de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa en relación con la suspensión de plano; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Asimismo, se tiene por señalado el domicilio que indica la referida autoridad para oír y recibir notificaciones, así como los delegados a las personas que citan en su oficio. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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