Elizabeth Velez Leyva
Expediente 314/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 314/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Elizabeth Velez Leyva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En atención a la certificación secretarial precedente se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de once de mayo del presente año y, se tiene por no presentado el escrito registrado con folio 7958, mediante el cual la quejosa interpuso recurso de revisión. Por otra parte, del estado procesal de los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo; por ende, se declara que dicha sentencia que niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la disconforme ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Devuélvanse al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, dos tomos de prueba.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito supuestamente signado por la quejosa. Ahora, del análisis del escrito de cuenta se evidencia que la firma de la promovente difiere notablemente de la estampada en el escrito inicial de demanda, lo cual crea incertidumbre respecto de la pretensión intentada. Por tanto, se previene a la quejosa, para que comparezca al local de este juzgado federal, debidamente identificada a ratificar el contenido y firma del escrito de mérito...
- Principal
Parte quejosa se le notifica por medio de lista publicada en estrados del juzgado el auto fecha once de mayo de dos mil dieciséis, en cumplimiento del aviso dejado en su domicilio y con fundamento en el artículo 29 de la Ley de amparo.
- Principal
En Acapulco de Juárez, Guerrero, a las diez horas con diez minutos del veintiocho de abril de dos mil dieciséis, en audiencia pública José Artemio Navarrete Sánchez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de Carlos Alberto Larumbe Ramírez, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. El secretario hace relación de las constancias que obran en los presentes autos, entre las que se encuentran, escrito inicial de demanda, auto admisorio de treinta de marzo de dos mil dieciséis, informes justificados rendidos por las autoridades responsables y, constancias de notificación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento ochenta y cinco, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede. Abierto el periodo de pruebas, el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. El Juez acuerda: En vista de lo anterior, se tiene por cerrado el periodo probatorio. Cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos, el Secretario hace constar que la parte quejosa no formuló, y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito realizó pedimento, el cual, se tomara en consideración al momento de emitirse la presente resolución. El Juez acuerda: Toda vez que las partes no formularon alegatos, se cierra este periodo. El Juez acuerda: con lo anterior, se concluye la presente diligencia y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 314/2016; promovido por Elizabeth Vélez Leyva, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero. R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito recibido el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y turnado ese día a este Juzgado Segundo de Distrito, Elizabeth Velez Leyva, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos y autoridades siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: El C. Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, . IV. ACTOS RECLAMADOS: Se hace consistir en la Omisión de la autoridad señalada como responsable para cumplir con su mandato Constitucional respecto a que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial", toda vez que la autoridad señalada como responsable, no ha emitido acuerdo alguno respecto a la DEMANDA INCIDENTAL DE NULIDAD DE ACTUACIONES DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2014, presentada por la suscrita en la oficialía de partes, mediante el cual se solicitó a ese Honorable Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, de manera respetuosa, en virtud de no haber dado cumplimiento al Tercer punto resolutivo de la Sentencia Definitiva del 3 de octubre del 2013, en donde se ordenó notificar a las partes de manera personal, además con fecha 27 de Noviembre del 2013, por medio de escrito comparecí para notificarme de manera personal de la sentencia definitiva que fuera dictada en el expediente Familiar 80/2012 seguido ante ese Juzgado, con fecha 28 del mismo mes y año, fue acordado que se tenía por notificándome legalmente de la resolución en los términos del artículo 151 fracción V 167 fracción TI del Código Procesal Civil, dentro del Juicio Especial de Alimentos anteriormente citado, tal y como se acredita con los documentos que se exhiben y adjuntan a la presente como prueba pre- constituida, sin que hasta la fecha haya obtenido una respuesta positiva o negativa al respecto por parte de la autoridad señalada como responsable; Y por éste hecho la responsable viola en mi perjuicio lo establecido en los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 143 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, dejándome en completo estado de indefensión, por el simple hecho de ser una mujer que pretende hacer valer sus derechos constitucionales, mismos que a la letra señalan lo siguiente:" SEGUNDO. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, expuso el concepto de violación que estimó pertinente y señaló como vulnerado los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Mediante auto de treinta de marzo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo que quedó registrada en el libro de gobierno bajo el expediente 314/2016, se ordenó dar la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero resulta legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 37, primer párrafo, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto primero, fracción XXI, y punto cuatro, fracción XXI, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, el diverso 12/2016 que lo modifica publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, en vigor a partir del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Para que exista coherencia entre lo solicitado y lo resuelto, se precisan los actos reclamados, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal, visible a página 255, tomo volumen XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Cabe destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención del promovente, analizando los anexos y la información allegada en esa etapa inicial por el justiciable. Apoya a lo anterior, al jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, por identidad jurídica con las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, es aplicable la diversa jurisprudencia 2a./J. 55/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Agosto de 1998, Tomo VIII, página 227, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En esa tesitura, de la lectura íntegra del libelo constitucional, se advierte que en el presente juicio de amparo, lo que la parte quejosa aduce que le ocasiona un perjuicio en su esfera jurídica de derechos es esencialmente: La dilación realizada en el juicio especial de alimentos 80/2012, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, promovido por la quejosa Elizabeth Vélez Leyva, consistente en la falta de pronunciamiento respecto del incidente de nulidad de actuaciones que promovió mediante escrito de veintiocho de enero de dos mil catorce. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. De acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca de él, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Es decir, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Resulta aplicable la jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a página 68, tomo 76, abril de 1994, Octava Época, Materia(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En efecto, uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico es la existencia del acto reclamado, habida cuenta que no es posible revisar en primer lugar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. En este sentido, siguiendo el principio general del proceso de acuerdo con el cual, incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que el acto que reclama efectivamente existe. La ley de la materia, según indica una interpretación sistemática de sus artículos 63, fracción IV y 117, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es, desde luego, la prueba directa; la segunda, la más usual, se actualiza mediante el reconocimiento que a modo de confesión hacen las autoridades responsables al justificar su proceder y la última deriva de la presunción legal que se genera ante la falta de informe justificado de las propias autoridades. A ese aspecto, es de citarse la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que con el número trescientos ocho, aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete mil novecientos noventa y cinco, octava época, tomo sexto, página setenta y siete, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." La autoridad responsable, Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, omitió rendir su informe justificado, no obstante de estar debidamente notificado del oficio 9814/2016, mismo que obra en autos a fojas veintisiete y veintiocho, por el cual se le solicitó, por ende, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reprocha. Por su aplicación, se invoca la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a página 356, del , del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. SU OMISION SOLO PRESUME LA CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO EL CONTENIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la autoridad responsable no rindió su informe justificado, ello no implica que deba tenerse como cierto el contenido de la demanda de amparo sino únicamente que se presuma cierto el acto reclamado, puesto que la Ley de Amparo, en su artículo 149, sólo establece esta última presunción, pero de ninguna manera la de las manifestaciones contenidas en la demanda. CUARTO. APARTADO RELATIVO A LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Antes de examinar la constitucionalidad del acto reclamado procede analizar la procedencia del juicio de amparo en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. Este órgano jurisdiccional advierte que no existe causal de improcedencia que analizar en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, por tanto, procede al análisis de fondo. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El motivo de disenso se tiene por reproducido en este apartado, en obvio de repeticiones innecesarias y por no exigir la ley su transcripción. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 830, tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa en su concepto de violación, en esencia, aduce que el Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, viola en su perjuicio su derecho fundamental de pronta administración de justicia, contenido en el artículo 17 constitucional. Dicho motivo de inconformidad es inoperante, con base en las consideraciones siguientes. Primeramente, es pertinente establecer que el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. ..." Dicho precepto, en la parte que nos interesa, prevé dos aspectos distintos, a saber: 1. La falta de informe justificado produce la presunción de certeza del acto reclamado, salvo prueba en contrario. 2. Cuando se da la presunción de certeza por falta de informe, corresponde al quejoso demostrar la inconstitucionalidad del acto cuando éste no sea violatorio de derechos humanos en sí mismo. A fin de estar en aptitud de conocer el contenido exacto de los citados puntos, se procede a precisar los siguientes aspectos. La presunción de certeza recae sólo sobre el acto reclamado, más no respecto de las circunstancias que lo rodean, pues el dispositivo en análisis es claro en establecer que ante la falta de informe con justificación "se presumirá cierto el acto reclamado" excluyendo, implícitamente, otro tipo de cuestiones, como son las relativas a la constitucionalidad de los actos, así como las concernientes al interés jurídico y demás presupuestos necesarios para la procedencia del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 23/94, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, visible a página 20, del Tomo 84, diciembre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. OBLIGACIÓN DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73 y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por tanto, al producirse la presunción prevista en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, lo único que el juzgador debe tener por cierto es el acto reclamado, más tal presunción no comprende los demás aspectos que lo rodean, puesto que no hay precepto que así lo establezca. Por su parte, tal dispositivo en la última parte del tercer párrafo en análisis establece, como regla general, que corresponde al quejoso demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, tal numeral prevé sólo una excepción a lo anterior, que consiste en que el peticionario de amparo queda relevado de la carga probatoria cuando el acto reclamado sea violatorio de derechos fundamentales en sí mismo. Por tanto, lo que determina si la carga probatoria recae en el quejoso, es la circunstancia de que el acto sea o no inconstitucional en sí mismo; de ahí que sea indispensable precisar este concepto. Un acto es en sí mismo violatorio de la Constitución Federal, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por dicha Carta Magna; en cambio, cuando la autoridad puede dar motivos, datos o pruebas conforme a las cuales dicho acto resultaría conforme a la Ley Fundamental, entonces no es en sí mismo violatorio. De ahí que el artículo 117 en análisis, se establezca que corresponde al quejoso probar la inconstitucionalidad de los actos que en sí mismos no son violatorios de derechos constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, visible a página 6530, del Tomo LXXII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. Según el artículo 149 de la Ley de Amparo, la falta de informe de la autoridad responsable, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad dependa de motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto, esto es, el quejoso no queda relevado de la carga de la prueba, sino cuando el acto sea en sí mismo violatorio de garantías. En consecuencia, los Jueces de Distrito nunca pueden dar por probados los conceptos de violación, cuando la inconstitucionalidad dependa de ciertos hechos susceptibles de ser acreditados en el juicio, por dicho quejoso." Es aplicable al caso la jurisprudencia 313, emanada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SÓLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA.-En términos del artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo.". Precisado lo anterior, recordemos que la parte quejosa en la presente instancia constitucional reclama la dilación realizada en el juicio especial de alimentos 80/2012, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, promovido por la quejosa Elizabeth Vélez Leyva, consistente en la falta de pronunciamiento respecto del incidente de nulidad de actuaciones que promovió mediante escrito de veintiocho de enero de dos mil catorce, acto reclamado que en términos de las consideraciones precisadas, no es inconstitucional en sí mismo, ya que de su propia naturaleza intrínseca, no deriva la contravención a la Ley Fundamental que se reclama, sino que se requiere de diversas constancias para acreditar su inconstitucionalidad, como lo es acreditar haber promovido dicho incidente a través del acuse correspondiente. Por otra parte, no es verdad que la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe justificado implique que el acto reclamado sea lisa y llanamente cierto, sino que de conformidad con el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, ello sólo da lugar a que se tenga como presuntivamente cierto, pero tal circunstancia, de ninguna manera acredita la inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que legalmente sólo se demuestra su existencia, no así su falta de constitucionalidad, la que de acuerdo con el precepto en cita, mismo párrafo, debe ser justificada por quien acude a solicitar la protección de la tutela constitucional. En esta tesitura, correspondía a la quejosa, la prueba de los hechos que determinaran la inconstitucionalidad de la dilación en la que haya incurrido el Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, al omitir pronunciarse respecto del incidente de nulidad de actuaciones que promovió la hoy quejosa dentro del juicio especial de alimentos 80/2012, ya que se advierte de la demanda de amparo, no ofreció medios de convicción para controvertir la inconstitucionalidad del acto combatido; en consecuencia, es inconcuso que debe probarse por la quejosa, acorde a la carga probatoria que le corresponde al tenor del numeral 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. De esa guisa, se llega a la convicción de que, la dilación realizada en el juicio especial de alimentos 80/2012, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, promovido por la quejosa Elizabeth Vélez Leyva, consistente en la falta de pronunciamiento respecto del incidente de nulidad de actuaciones que promovió, no conculca por sí mismo derechos constitucionales de la parte quejosa, ya que por cierto que resulte, no produce ninguna violación de derechos constitucionales. Aunado a lo anterior, como se adelantó, para la existencia de esa conducta negativa que reclama se requiere necesariamente, a su vez de la existencia de una promoción o escrito por parte de la ahora quejosa, para que dé impulso procesal en el juicio de origen, y para que tal autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable. Esto es, si bien es cierto, a la quejosa no le corresponde demostrar la conducta omisiva de la autoridad responsable, pero sí le corresponde, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de aquélla, lo que en la especie no aconteció, ya que el escrito por medio del cual promovió incidente de nulidad de actuaciones y que acompañó a la demanda de amparo, no cuenta con sello de recepción por parte de la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, de lo que se advierte, que no acreditó fehacientemente que haya interpuesto el referido medio de defensa. Informa a lo anterior, la tesis que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 366, tomo VI, diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Asimismo, Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 108, Tomo V, Febrero de 1997, Materia(s): Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." De igual manera, la tesis XI.2o.29 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible a página 1214, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia(s): Penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "ORDEN DE APREHENSIÓN. CUÁNDO EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSE LAS PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. El último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 17/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecen la regla general sobre el deber que tiene el Juez de Distrito de recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto, cuando la autoridad responsable acepta ser cierto el acto reclamado; sin embargo, tratándose de órdenes de aprehensión, exclusivamente, cuando las autoridades ejecutoras manifiestan ser ciertos los actos a ellas imputados pero sin remitir constancias que lo justifiquen, y la ordenadora es omisa en rendir su informe o niega el acto que por ese motivo se presume cierto, el juzgador estará obligado a requerir a aquéllas para que le proporcionen los datos y constancias del caso, con el objeto de advertir, primeramente, si la orden de captura es inconstitucional en sí misma, ya por haber sido dictada por autoridad carente de facultades para ello o por no estar ostensiblemente fundada y motivada; o bien, en la hipótesis de que cumpla con esos requisitos, recabar de la ordenadora los documentos correspondientes a la averiguación o causa suspensas para resolver el asunto; empero, esa obligación se hace patente siempre y cuando el quejoso comparezca a la audiencia constitucional a solicitar su diferimiento para tal efecto, demostrando así su interés en el asunto y el que no le precluya el derecho para recabar la prueba de mérito." Así, el referido acto reclamado no puede estimarse violatorio de derechos constitucionales en sí mismo, ya que su constitucionalidad o inconstitucionalidad, se insiste, depende de que la quejosa lo acreditara, y en el caso, la impetrante de la tutela constitucional no exhibió prueba alguna para demostrar la inconstitucionalidad del acto que reclama, por lo que, no existe prueba para determinar su inconstitucionalidad, de ahí lo inoperante del concepto de violación en estudio, sin que se advierta suplencia de la deficiencia de la queja qué hacer valer a favor de la quejosa. No pasa inadvertido que conforme al artículo 75 de la Ley de Amparo, el juez de amparo está obligado a recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto; empero, tal disposición sólo es para el caso de que la responsable haya admitido la existencia del acto reclamado y no haya remitido la totalidad de las constancias necesarias pero no cuando, como en el caso, se presumió cierto el acto reclamado, pues en este supuesto, específicamente la ley de la materia arroja a la quejosa la carga de probar la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando el mismo no es inconstitucional en sí mismo, como se explicó en líneas que anteceden. En consecuencia, como el acto reclamado en estudio no es inconstitucional en sí mismo, se insiste, la carga de probar su inconstitucionalidad correspondía al quejoso y, ante la falta de pruebas ofrecidas por éste, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA. Asimismo, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. OCTAVO. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Finalmente se hace constar que la parte quejosa en este juicio constitucional no se opuso a la publicación de sus datos personales. Independientemente de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a Elizabeth Vélez Leyva, contra el acto que reclama de la autoridad señalada como responsable precisada en el considerando segundo, y por las consideraciones expuestas en el punto considerativo sexto de este fallo. Notifíquese.
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