Elizabeth Vargas Vazquez
Expediente 1237/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1237/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Elizabeth Vargas Vazquez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal el once de septiembre de dos mil veintitrés, en el que tuvo por desechada la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en los libros electrónicos, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Sexto, artículo 20, de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; además de que no tiene relevancia documental para su conservación y carece de valor jurídico o histórico, al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General referido. Y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, once de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por ********************quien se ostenta como apoderado legal de la quejosa ********************, por medio del cual desahoga la prevención realizada el siete de septiembre de dos mil veintitrés, se provee como sigue. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En efecto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo se advierte que el legislador fue claro en establecer que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación y, mediante interpretación auténtica, explicó qué se entiende por este tipo de actos, acotándolos a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, por contrapartida, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra todos aquellos actos que impliquen alguna violación de carácter procesal, los que, en su caso, podrían reclamarse en amparo directo, principal o adhesivo. Al respecto, del contenido del precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo y su interpretación, se obtiene que para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación se requiere la presencia de dos requisitos indispensables para que puedan ser considerados como tal, a saber: 1. Que los derechos objeto de la afectación sean de naturaleza sustantiva y no únicamente de índole formal o adjetiva, por más relevantes o graves que sean y su trascendencia en el resultado de la resolución; y 2. Tratándose de derechos sustantivos, su afectación necesita producir una afectación material, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual su ejercicio, incluso, antes del dictado de la resolución definitiva. Ahora bien, tratándose de la omisión de acordar promociones o de proseguir en tiempo el juicio, por regla general el juicio de amparo es improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; tal y como lo señala la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011580 del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Establecido lo anterior, en el caso el quejoso hace consistir el acto reclamado esencialmente en: La omisión de la responsable de la solicitud de emisión de la ejecución forzosa del laudo de fecha treinta de junio de dos mil veintitrés, solicitada mediante escrito presentado ante la responsable el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, a través de la promoción registrada con folio 3935, en los autos del juicio laboral ********************. Pero ello, no afecta de manera material y actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, precisamente porque entre la fecha en que la autoridad responsable fue omisa en proveer respecto al escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, y la fecha en que fue presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, la demanda de amparo que se acuerda [cinco de septiembre siguiente] mediaron dieciséis días naturales. Por tanto, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, ese lapso -dieciséis días- no produce una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; de ahí que se actualice la causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable, y deba desecharse la demanda de amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contracción de tesis 294/2018, que originó la jurisprudencia 2a./J.33/2019 que resolvió que el juicio de amparo contra dilaciones procesales procede cuando han transcurrido cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo que tiene la autoridad responsable para proveer al respecto, lo que en el caso es, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquéllas en la que se haya recibido la promoción por escrito, con fundamento en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo; por tanto, en el presente asunto y, con base en lo manifestado por el propio quejoso, el cómputo inició a partir del veintiuno de agosto del año en curso, por lo que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, han transcurrido dieciséis días naturales, por lo que no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización. La jurisprudencia en mención es del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." Y dicha causal de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que en el caso no existe una abierta dilación en el procedimiento ni su paralización total, pero además es evidente, claro y fehaciente, en tanto que basta la lectura del escrito de demanda para percatarse de ello; de ahí que resulte innecesario substanciarse el juicio para actualizar la referida causa de improcedencia. Sn que con la anterior determinación se desatienda la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "DILACIÓN EXCESIVA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE UN AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, NO ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.", a que hace referencia la parte quejosa, toda vez que en dicha ejecutoria se determinó que corresponde al juzgador, en cada caso, ponderar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, y para lo cual, deberá considerar además de la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada; así como que un plazo razonable en la etapa de ejecución de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales. Por tanto, esta juzgadora considera que los dieciséis días naturales que han transcurrido a partir de la fecha en que feneció el plazo para que la autoridad responsable acuerde lo que en derecho proceda respecto al escrito mediante el cual la parte quejosa solicita la ejecución forzosa, así como la reinstalación a su trabajo, hasta este momento es un plazo razonable para el desahogo de dicha fase, además que con los datos aportados por la parte quejosa en la demanda de amparo, existe imposibilidad de analizar la complejidad del asunto de origen. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.
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