Elizabeth Valencia Velasco

Expediente 519/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
519/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
20/09/2019

Partes del expediente

  • Elizabeth Valencia Velasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve (foja 88), acusa recibo del diverso 12578 del índice de este Juzgado, por el cual se le devolvió copia certificada del juicio laboral *****, en un tomo, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que las partes se inconformaran en contra del proveído de veintitrés de julio de dos mil diecinueve (fojas 74 a 77), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se tiene POR CONSENTIDO DICHO AUTO. Con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido.

  3. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa desahogó la vista ordenada en el presente juicio con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este Juzgado Federal se pronuncia sobre el acatamiento del fallo protector. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL. En resolución constitucional de catorce de junio de dos mil diecinueve (fojas 30 a 42), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Elizabeth Valencia Velasco para el efecto de que la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial Estado, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente:  Dejara insubsistente el acto reclamado, consistente en la en la (sic) resolución interlocutoria de doce de marzo de dos mil diecinueve, emitida en el expediente laboral 521/E/2013;  Reiterara lo que no fue materia de concesión; y,  Con libertad de jurisdicción, dictara otro en el que, de manera exhaustiva y congruente, cuantificara el monto líquido del laudo mediante los cálculos respectivos por lo que hace al bono de productividad y vacaciones de la compensación garantizada.  Por último, atendiera y diera respuesta a lo solicitado por la parte actora en el inciso a), de su escrito de trece de marzo de dos mil dieciocho, a través del cual interpuso el incidente de liquidación de laudo, lo que desde luego no amerita necesariamente una respuesta favorable, sino que debia atender todos los puntos propuestos en atención a los principios de congruencia y exhaustividad que en toda resolución debe prevalecer; con lo cual quedará cumplido el presente fallo. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO. El tres de julio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento (fojas 47 y 48). En atención a ello, la autoridad responsable, remitió copia certificada de la nueva resolución interlocutoria de cinco de julio del año en curso, dictada en el juicio laboral 521/E/2013, de su índice (fojas 53 a 64). Así, en auto de diez de julio del año que transcurre, se dio vista a las partes con la constancia de referencia, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera (foja 65), sin que lo hayan hecho. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. De la constancia aludida, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se advierte que la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial Estado, con residencia en esta ciudad, acató sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada en el presente asunto. Ello, en atención a que, dejó insubsistente el acto reclamado, consistente en la resolución interlocutoria de doce de marzo de dos mil diecinueve, emitida en el expediente laboral 521/E/2013 (foja 63). Además, con libertad de jurisdicción, dictó otra en la que, de manera exhaustiva y congruente, cuantificó el monto líquido del laudo mediante los cálculos respectivos por lo que hace al bono de productividad y vacaciones de la compensación garantizada (fojas 59 vuelta a 61). Lo anterior es así, pues al calcular la compensación garantizada de los años dos mil trece al dos mil diecisiete, relativa al pago de vacaciones, tomó como base el salario de cada anualidad generada, arrojando la cantidad de $66,215.63 [sesenta y seis mil doscientos quince pesos 63/100, moneda nacional] (foja 60). Asimismo, referente al bono de productividad, tomando en consideración el cálculo efectuado por la patronal al dar contestación a su planilla, el cual obedece un total de treinta días, reflejó el monto de $84,284.10 [ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y cuatro pesos 10/100, moneda nacional] (foja 61). Por último, la autoridad responsable brindó respuesta a lo solicitado por la parte actora en el inciso a), de su escrito de trece de marzo de dos mil dieciocho, a través del cual interpuso el incidente de liquidación de laudo, en el que esencialmente la actora incidentista solicitó que se le siguiera pagando en los términos y condiciones en que se le venía cubriendo la compensación garantizada o especial, en virtud que la Secretaría de Educación no acreditó que haya tenido cambio de funciones, por lo que debía continuar el pago por todo el tiempo que dure la relación laboral, y como consecuencia, darle de alta en la nómina de pagos por dicho concepto (foja 62). Es así, pues en la nueva resolución interlocutoria, la autoridad responsable estableció, que no obstante que la petición de la aquí quejosa, atiende a la circunstancia de que no ha tenido cambio de funciones, que por ello, le asiste el derecho a que se pague la compensación garantizada, tal cuestión fue estudiada en el considerando tercero del laudo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete. En el que le hizo saber que dicha compensación no puede tomarse como parte integrante del salario, debido a que corresponde a un partida adicional asignada a los burócratas que desarrollan un cargo adicional a las funciones que les son encomendadas, por lo cual declaró improcedente su petición. Precisando, que la finalidad del incidente de liquidación es cuantificar las prestaciones económicas que no fueron concretas en el fallo final, pero no para introducir aspectos novedosos o reiterativos que ya fueron analizados en el juicio principal (fojas 62 vuelta y 63). Además reiteró lo que no fue materia de concesión. De ahí que, es evidente que atendió todos los puntos propuestos en atención a los principios de congruencia y exhaustividad que en toda resolución debe prevalecer. En razón de lo expuesto, se advierte que la junta responsable dio cumplimiento en su totalidad a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo al seguir los lineamientos establecidos en ésta; de ahí que, debe tenerse por CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. No es óbice a lo anterior, las manifestaciones realizadas por la parte quejosa (fojas 71 y 72), en las que solicita que no se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, ya que a su criterio, la responsable no acató con los aspectos de fundamentación y motivación, bajo el argumento que los incidentes no sólo son para cuantificar prestaciones económicas, sino también las accesorias, que tienen estrecha relación con el juicio principal; como lo es, lo peticionado en el inciso a) de su escrito de trece de marzo de dos mil dieciocho, a través del cual interpuso el incidente de liquidación de laudo. Al respecto, es de señalar que en esta etapa no se pueden analizar circunstancias que no fueron materia de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, cuyos lineamientos fueron transcritos en párrafos que anteceden. Es decir, la autoridad responsable únicamente debía con libertad de jurisdicción, dictar una nueva resolución en la que, en lo que interesa atendiera y diera respuesta a lo solicitado por la parte actora en el inciso a), de su escrito de trece de marzo de dos mil dieciocho, a través del cual interpuso el incidente de liquidación de laudo, sin que dicha respuesta ameritará necesariamente ser favorable, sino que debía atender todos los puntos propuestos en atención a los principios de congruencia y exhaustividad que en toda resolución debe prevalecer, lo cual aconteció, pues brindó atención a su petición. Consecuentemente, se estima acatada la ejecutoria de mérito, en tanto que las cuestiones atinentes a que las prestaciones a que alude son accesorias y tienen estrecha relación con el juicio principal, por lo que es procedente que sea analizada en la liquidación en comento, no fueron materia de la ejecutoria dictada en el presente asunto, por tanto, no se puede hacer mayor pronunciamiento al respecto. Máxime que, en la sentencia constitucional se atendieron aspectos formales de la resolución que constituyó el acto reclamado, esto es, no se entró al análisis de fondo de las prestaciones ahí cuantificadas. Fundamenta dicho aserto la jurisprudencia 2ª./J. 14/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, tomo I, Febrero de dos mil dieciséis, página 717, que dispone: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." Finalmente, en el momento procesal oportuno, provéase el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA QUEJOSO.- Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa desahogó la vista ordenada en el presente juicio con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este Juzgado Federal se pronuncia sobre el acatamiento del fallo protector. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL. En resolución constitucional de catorce de junio de dos mil diecinueve (fojas 30 a 42), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Elizabeth Valencia Velasco para el efecto de que la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial Estado, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente:  Dejara insubsistente el acto reclamado, consistente en la en la (sic) resolución interlocutoria de doce de marzo de dos mil diecinueve, emitida en el expediente laboral 521/E/2013;  Reiterara lo que no fue materia de concesión; y,  Con libertad de jurisdicción, dictara otro en el que, de manera exhaustiva y congruente, cuantificara el monto líquido del laudo mediante los cálculos respectivos por lo que hace al bono de productividad y vacaciones de la compensación garantizada.  Por último, atendiera y diera respuesta a lo solicitado por la parte actora en el inciso a), de su escrito de trece de marzo de dos mil dieciocho, a través del cual interpuso el incidente de liquidación de laudo, lo que desde luego no amerita necesariamente una respuesta favorable, sino que debia atender todos los puntos propuestos en atención a los principios de congruencia y exhaustividad que en toda resolución debe prevalecer; con lo cual quedará cumplido el presente fallo. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO. El tres de julio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento (fojas 47 y 48). En atención a ello, la autoridad responsable, remitió copia certificada de la nueva resolución interlocutoria de cinco de julio del año en curso, dictada en el juicio laboral 521/E/2013, de su índice (fojas 53 a 64). Así, en auto de diez de julio del año que transcurre, se dio vista a las partes con la constancia de referencia, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera (foja 65), sin que lo hayan hecho. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. De la constancia aludida, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se advierte que la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial Estado, con residencia en esta ciudad, acató sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada en el presente asunto. Ello, en atención a que, dejó insubsistente el acto reclamado, consistente en la resolución interlocutoria de doce de marzo de dos mil diecinueve, emitida en el expediente laboral 521/E/2013 (foja 63). Además, con libertad de jurisdicción, dictó otra en la que, de manera exhaustiva y congruente, cuantificó el monto líquido del laudo mediante los cálculos respectivos por lo que hace al bono de productividad y vacaciones de la compensación garantizada (fojas 59 vuelta a 61). Lo anterior es así, pues al calcular la compensación garantizada de los años dos mil trece al dos mil diecisiete, relativa al pago de vacaciones, tomó como base el salario de cada anualidad generada, arrojando la cantidad de $66,215.63 [sesenta y seis mil doscientos quince pesos 63/100, moneda nacional] (foja 60). Asimismo, referente al bono de productividad, tomando en consideración el cálculo efectuado por la patronal al dar contestación a su planilla, el cual obedece un total de treinta días, reflejó el monto de $84,284.10 [ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y cuatro pesos 10/100, moneda nacional] (foja 61). Por último, la autoridad responsable brindó respuesta a lo solicitado por la parte actora en el inciso a), de su escrito de trece de marzo de dos mil dieciocho, a través del cual interpuso el incidente de liquidación de laudo, en el que esencialmente la actora incidentista solicitó que se le siguiera pagando en los términos y condiciones en que se le venía cubriendo la compensación garantizada o especial, en virtud que la Secretaría de Educación no acreditó que haya tenido cambio de funciones, por lo que debía continuar el pago por todo el tiempo que dure la relación laboral, y como consecuencia, darle de alta en la nómina de pagos por dicho concepto (foja 62). Es así, pues en la nueva resolución interlocutoria, la autoridad responsable estableció, que no obstante que la petición de la aquí quejosa, atiende a la circunstancia de que no ha tenido cambio de funciones, que por ello, le asiste el derecho a que se pague la compensación garantizada, tal cuestión fue estudiada en el considerando tercero del laudo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete. En el que le hizo saber que dicha compensación no puede tomarse como parte integrante del salario, debido a que corresponde a un partida adicional asignada a los burócratas que desarrollan un cargo adicional a las funciones que les son encomendadas, por lo cual declaró improcedente su petición. Precisando, que la finalidad del incidente de liquidación es cuantificar las prestaciones económicas que no fueron concretas en el fallo final, pero no para introducir aspectos novedosos o reiterativos que ya fueron analizados en el juicio principal (fojas 62 vuelta y 63). Además reiteró lo que no fue materia de concesión. De ahí que, es evidente que atendió todos los puntos propuestos en atención a los principios de congruencia y exhaustividad que en toda resolución debe prevalecer. En razón de lo expuesto, se advierte que la junta responsable dio cumplimiento en su totalidad a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo al seguir los lineamientos establecidos en ésta; de ahí que, debe tenerse por CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. No es óbice a lo anterior, las manifestaciones realizadas por la parte quejosa (fojas 71 y 72), en las que solicita que no se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, ya que a su criterio, la responsable no acató con los aspectos de fundamentación y motivación, bajo el argumento que los incidentes no sólo son para cuantificar prestaciones económicas, sino también las accesorias, que tienen estrecha relación con el juicio principal; como lo es, lo peticionado en el inciso a) de su escrito de trece de marzo de dos mil dieciocho, a través del cual interpuso el incidente de liquidación de laudo. Al respecto, es de señalar que en esta etapa no se pueden analizar circunstancias que no fueron materia de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, cuyos lineamientos fueron transcritos en párrafos que anteceden. Es decir, la autoridad responsable únicamente debía con libertad de jurisdicción, dictar una nueva resolución en la que, en lo que interesa atendiera y diera respuesta a lo solicitado por la parte actora en el inciso a), de su escrito de trece de marzo de dos mil dieciocho, a través del cual interpuso el incidente de liquidación de laudo, sin que dicha respuesta ameritará necesariamente ser favorable, sino que debía atender todos los puntos propuestos en atención a los principios de congruencia y exhaustividad que en toda resolución debe prevalecer, lo cual aconteció, pues brindó atención a su petición. Consecuentemente, se estima acatada la ejecutoria de mérito, en tanto que las cuestiones atinentes a que las prestaciones a que alude son accesorias y tienen estrecha relación con el juicio principal, por lo que es procedente que sea analizada en la liquidación en comento, no fueron materia de la ejecutoria dictada en el presente asunto, por tanto, no se puede hacer mayor pronunciamiento al respecto. Máxime que, en la sentencia constitucional se atendieron aspectos formales de la resolución que constituyó el acto reclamado, esto es, no se entró al análisis de fondo de las prestaciones ahí cuantificadas. Fundamenta dicho aserto la jurisprudencia 2ª./J. 14/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, tomo I, Febrero de dos mil dieciséis, página 717, que dispone: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." Finalmente, en el momento procesal oportuno, provéase el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido.

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