Elizabeth Valencia Hernández
Expediente 1698/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1698/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Elizabeth Valencia Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA 9.-se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1698/2022-9, promovido por ***********, contra los actos que reclama del Fiscal del Ministerio Público adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Macuspana, y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido el uno de octubre de dos mil veintidós, por el Secretario de Guardia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, Francisco Javier Estrada Sánchez, en favor de (1) Malú Hernández Félix (2) Elizabeth Valencia Hernández (3) María Elena Valencia Hernández, (4) Elvira Cristel Hernández Hernández (5) Francisco Pérez Gómez, (6) Patricio Notario Martínez, (7) Samuel Antonio Pérez Hernández, (8) Candelario Valencia Hernández, (9) José Juan Mayo Pérez y (10) José Domingo Suárez López, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "La ilegal detención, incomunicación, golpes, malos tratos, confinamiento, que se están cometiendo en contra de los quejosos (1) Malú Hernández Félix (2) Elizabeth Valencia Hernández (3) María Elena Valencia Hernández, (4) Elvira Cristel Hernández Hernández (5) Francisco Pérez Gómez, (6) Patricio Notario Martínez, (7) Samuel Antonio Pérez Hernández, (8) Candelario Valencia Hernández, (9) José Juan Mayo Pérez y (10) José Domingo Suárez López, ya que sin ningún motivo ni tampoco habiéndose encontrado en la fragrante comisión de un delito, que sin ningún motivo ni tampoco habiéndosele encontrado en la fragrante comisión de un delito, fueron detenidos injustamente por los elementos de la Policía de Investigación y Policías Municipales, mismos elementos que lo tienen retenidos, sin que lo dejen comunicarse con personas de su confianza además que se presume por la incomunicación en que se le tiene de que está siendo víctima de tratos inhumanos como tortura y golpes, todo ello derivado de una detención ilegal la cual no reúne los requisitos de los artículos 14,16,19,20 y 22 Constitucionales, ya que la misma fue hecha fuera de todo procedimiento judicial y como se dijo sin que se hubiese cometido algún delito y fuera detenido en flagrancia. 2.- Los actos de las responsables de denigrar la dignidad humana de Francisco Javier Estrada Sánchez, en favor de (1) Malú Hernández Félix (2) Elizabeth Valencia Hernández (3) María Elena Valencia Hernández, (4) Elvira Cristel Hernández Hernández (5) Francisco Pérez Gómez, (6) Patricio Notario Martínez, (7) Samuel Antonio Pérez Hernández, (8) Candelario Valencia Hernández, (9) José Juan Mayo Pérez y (10) José Domingo Suárez López, privándolo de todos sus derechos, así como los insultos, agresivos verbales y la violencia moral y psicológica, así como el tormento de la cual están siendo objeto el directo quejoso por parte de las responsables" (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES Sentido del Informe justificado Foja (s) 1 Director de Seguridad Pública Municipal de Macuspana, Tabasco, por sí, y como Elementos de Seguridad Pública Municipal. Niega acto reclamado 35 2 Encargado de la Mesa de Guardia de la Policía de Investigación del Centro de Procuración de Justicia de Macuspana, Tabasco. Acepta el acto reclamado 152 3 Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación del Centro de Procuración de Justicia de Macuspana, Tabasco. Niega el acto reclamado. Se desvirtúa 156 4 Fiscal del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía General de la República Subsede Macuspana, Tabasco. Inexistente Acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintidós SEGUNDO. RADICACIÓN DE LA DEMANDA El uno de octubre de dos mil veintidós, se radicó el asunto y se registró bajo el expediente 1698/2022-9; se otorgó la suspensión de plano y de oficio de los actos reclamados por los impetrantes, consistentes en la detención, incomunicación, golpes, malos tratos y confinamiento; se comisionó al actuario judicial de la adscripción para que notificase personalmente a la parte quejosa en el domicilio de la autoridad responsable; se requirió a la parte impetrante para que ratificase la demanda, con el apercibimiento que de no atender lo anterior, se tendría como no presentada la demanda. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Tras la diligencia de notificación personal, de donde se desprende que los quejosos ratificaron su demanda de amparo, mediante proveído de uno de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite el presente asunto, por lo que se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, toda vez que ya se había efectuado el pronunciamiento respectivo en la suspensión de plano decretada con antelación; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. En proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós (foja 172), se declaró la inexistencia de la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público de la Federación del a Fiscalía General del República Subsede Macuspana, Tabasco, por lo que en la presente sentencia no se pronunciará respecto de los actos atribuidos a esta autoridad. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados: La detención, incomunicación, privación ilegal de la libertad, golpes, malos tratos y confinamiento. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS. De los artículos 63, fracción IV y 74, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de amparo, apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Por lo anterior, se determina que no son ciertos los actos reclamados al Director de Seguridad Pública Municipal, por sí, y como Elementos de Seguridad Pública municipal y Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación del Centro de Procuración de Justicia, todos con sede en Macuspana, Tabasco, consistente en la orden incomunicación, privación ilegal de la libertad, golpes, malos tratos y confinamiento; no obstante que al rendir informe justificado en general admiten parcialmente la existencia de los mismos, y refieren que los quejosos a las veintiún horas con treinta y cinco minutos del treinta de septiembre de la presente anualidad fueron puestos a disposición de esa representación social; en donde no se le coarto ningún derecho en su calidad de imputados ya que se les hiso saber a cada uno su derecho a elegir libremente su defensor particular o la designación de algún defensor público brindado por el estado, comunicación con sus familiares, además de que en cualquier momento tuvieron acceso a alimentos que sus familiares les hizo llegar. Aunado lo anterior, la inexistencia de los referidos actos se corrobora con las constancias que obran el presente juicio de amparo, se advierte que la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado en proveído de uno de octubre de dos mil veintidós, se constituyó ante el Centro de Procuración de Justicia de Macuspana, Tabasco, entrevistándose con los quejosos (1) Malú Hernández Félix (2) Elizabeth Valencia Hernández (3) María Elena Valencia Hernández, (4) Elvira Cristel Hernández Hernández (5) Francisco Pérez Gómez, (6) Patricio Notario Martínez, (7) Samuel Antonio Pérez Hernández, (8) Candelario Valencia Hernández, (9) José Juan Mayo Pérez y (10) José Domingo Suárez López, de quienes dio fe del estado físico y de las condiciones en que se encuentra la parte quejosa, haciendo constar al respecto lo siguiente: ".Seguidamente, le(s) pregunto al (los) quejoso(s) si ha(n) sido objeto de malos tratos o tortura física o psicológica por parte de la autoridad responsable a lo que manifiesta(n) que no, ante ello a través de mis sentidos, doy fe del estado físico y condiciones en que se encuentre (n) y advierto que: Doy fe de tener a la vista a los quejosos de mérito, quienes a simple vista puedo visualizar que no presentan lesiones físicas, ni hematomas en su cuerpo. Asimismo en uso de la voz, son coincidentes al manifestar que fueron a preguntar por un familiar detenido en seguridad Pública Municipal de Macuspana, y que los elementos de seguridad fueron groseros con ellos, que no le quisieron dar informe y fueron galoneados de sus ropas, pero que por parte de ellos no hubo agresión los groseros fueron los elementos de seguridad ya que son prepotentes en su cargo, que donde están actualmente detenidos los han tratado muy bien, les han permitido que sus familiares los visten y les lleven sus alimentos, que es todo lo que desean manifestar."(Sic.) De lo anterior, se desprende que la fedataria de la adscripción hizo constar que tuvo comunicación con los quejosos, sin que estos manifestaran que se encontraran incomunicados. Inspección judicial que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 161, 163, 197 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2º, pues fue desahogada con las formalidades de ley y por el funcionario facultado para ello dentro del ámbito de sus funciones. Sirve de apoyo la tesis con registro 235930, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, Segunda Parte, Volumen 63, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "INSPECCION JUDICIAL PRACTICADA POR ACTUARIO DE JUZGADO DE DISTRITO. VALIDEZ.- Las diligencias de inspección judicial practicadas por los actuarios de los Juzgados de Distrito tienen plena validez, ya que los actuarios tienen la capacidad legal para practicarlas y el resultado de éstas tiene el valor de prueba plena, pues el actuario está investido por disposición de la ley de fe pública". En esa medida, por un parte, -contrario a lo alegado por los quejosos de mérito en su libelo de amparo- de la diligencia realizada por la fedataria de la adscripción se desprende que no han estado incomunicados; por lo que, resulta evidente que el citado acto atribuido a las autoridades responsables no existe. Aunado a lo anterior, los promoventes no aportaron prueba alguna apta que desvirtuara el contenido de las documentales descritas, por lo que es patente la inexistencia de los actos reclamados en comento y que sustentó con las constancias que remitió la autoridad a su informe justificado. Justifica lo anterior, la tesis aislada con registro 2018533, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publica en la página 256, Tomo I, de Diciembre de 2018, Libro 61, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO.- Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores". En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los mismos. Ello tiene sustento en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". De igual forma es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS. El Director de Seguridad Pública Municipal, por sí, y como Elementos de Seguridad Pública municipal, el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación del Centro de Procuración de Justicia y el Encargado de la Mesa de Guardia de la Policía de Investigación del Centro de Procuración de Justicia de Macuspana, Tabasco, al rendir su informe justificado negaron el acto que se le atribuye; sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada con las documentales que acompañó a su informe de ley, de las que se desprende que los quejosos fueron detenidos pero refiere que en ningún momento de manera ilegal y que no estuvieron incomunicados o sufriendo tormentos; como se verá más adelante. Documentales que gozan de pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su artículo 2o., al ser emitida por una autoridad en uso de las facultades que le confiere la ley, y de la que se desprende el acto reclamado. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, materia común, del rubro y texto que a continuación se trascriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. IMPROCEDENCIA. De acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia II.1o. J/5, Sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): Común, Octava Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto, cobra vigencia el motivo de improcedencia señalado en la fracción XXI del normativo 61 de la ley de la materia, la cual textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Ahora, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo emite sea porque advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable emita, deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En efecto, si se toma en consideración, que la parte quejosa reclamó la detención, incomunicación, privación ilegal de la libertad, golpes, malos tratos y confinamiento; de las constancias remitidas por el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación del Centro de Procuración de Justicia de Macuspana, Tabasco, se pone de manifiesto que mediante acuerdo de dos de octubre de dos mil veintidós, emitido en la carpeta de investigación CI-MA_I-1727/2022, los quejosos (1) Malú Hernández Félix (2) Elizabeth Valencia Hernández (3) María Elena Valencia Hernández, (4) Elvira Cristel Hernández Hernández (5) Francisco Pérez Gómez, (6) Patricio Notario Martínez, (7) Samuel Antonio Pérez Hernández, (8) Candelario Valencia Hernández, (9) José Juan Mayo Pérez y (10) José Domingo Suárez López, fueron puestos en libertad; por tanto, los efectos de los actos impugnados, han cesado. Esto es, los quejosos (1) Malú Hernández Félix (2) Elizabeth Valencia Hernández (3) María Elena Valencia Hernández, (4) Elvira Cristel Hernández Hernández (5) Francisco Pérez Gómez, (6) Patricio Notario Martínez, (7) Samuel Antonio Pérez Hernández, (8) Candelario Valencia Hernández, (9) José Juan Mayo Pérez y (10) José Domingo Suárez López, fueron puestos en libertad el dos de octubre de dos mil veintidós, como se acredita con el informe rendido por la autoridad responsable, por lo que al haber cesado los efectos del acto reclamado, se restituyó al inconforme en el goce de sus derechos violados, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró infringidas. En esas condiciones, con fundamento en la fracción XXI, del normativo 61 y de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 210 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, febrero de 1998, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." No obsta a lo anterior que por acuerdo de uno de octubre de dos mil veintidós (fojas 24 a 28), se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues la causa de improcedencia sobrevino posteriormente, como se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de uno de octubre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación que antecede, se advierte que por proveído de tres de octubre de dos mil veintidós, se le concedió a la parte quejosa el término de cinco días, para que aclarara la denominación de la autoridad que señaló como Fiscal del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía General de la República Subsede Macuspana, Tabasco, lapso que ya aconteció, sin que a la fecha haya realizado manifestación al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado; esto es, se tiene por inexistente a la autoridad responsable antes citada y por ende sus actos, por lo tanto, suspéndase toda comunicación con ésta. Notifíquese.
- Principal
mesa 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede se advierte que mediante oficio 32358/2022 de doce de septiembre pasado, se requirió el cumplimiento del fallo protector a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, mismo que recibió el diecinueve siguiente, sin que a la fecha lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase por ÚLTIMA OCASIÓN a dicha autoridad responsable para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la resolución incidental dictada en la controversia 485/2006-B de su índice. Apercibido que, de no cumplir, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de amparo, se le impondrá a Jorge Méndez González, multa de 200 (doscientas) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos), la que se deduce de multiplicar por doscientos la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año, al tenor de la parte conducente de los artículos 192, 193, 195, 197 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Finalmente, glósese a los autos el escrito signado por Rafael López Cruz, autorizado en términos amplios de la parte quejosa; en atención a su contenido, deberá estarse a lo acordado en el presente auto. Notifíquese.
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