Elizabeth Tapia Ramírez
Expediente 83/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Elizabeth Tapia Ramírez
Actuaciones
- Principal
Se agrega oficio por el que el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, comunica que aceptó la competencia declinada respecto de la demanda de amparo promovida por la aquí quejosa, registrándola con el número 178/2021. En tales condiciones, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. El presente expediente, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años.
- Principal
CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese al expediente el escrito signado por el promovente, por medio del cual desahoga la prevención que se le formuló por auto de cuatro de marzo del año en curso. En tales condiciones, analizado el escrito de referencia, téngase a la quejosa cumpliendo con los requerimientos formulados; por tanto, acuérdese lo legalmente conducente respecto al trámite legal que se le dará a la demanda de amparo que nos ocupa. INCOMPETENCIA LEGAL. Ahora bien, toda vez que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser examinada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen en el juicio de amparo, se procede al estudio correspondiente. Del análisis de la demanda y su escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa acude en esta vía, señalando como acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, el siguiente El acuerdo de siete de octubre de dos mil veinte (notificado a la peticionaria el veinticinco de enero de dos mil veintiuno), mediante el cual el agente del Ministerio Publico de la Unidad de Investigación de Tramitación Común número 1 de la ciudad de Silao Guanajuato, negó a la quejosa la devolución del vehículo, bajo el argumento de que debía subsistir el aseguramiento decretado el cuatro de mayo de dos mil veinte, en la carpeta de investigación; dicho vehículo se encuentra a disposición de la autoridad responsable en el corralón ubicado en carretera Silao-San Felipe. Lo anterior pone de manifiesto que el acto reclamado es de carácter negativo con efectos positivos, pues aun cuando la autoridad responsable se rehusó a devolver a la quejosa el vehículo de su propiedad, lo cierto es que esa determinación implica la subsistencia del aseguramiento previamente decretado en la indagatoria de origen. En consecuencia, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la presente demanda, junto con sus copias y anexos, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, en quien se estima recae la competencia.
- Principal
Se recibe oficio de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que la Agente del Ministerio Público Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, dentro de la carpeta de Investigación número 101163/2020 iniciada con motivo de la búsqueda y localización de los quejosos, dictó acuerdo de no ejercicio de la acción penal, en atención a que las progenitoras de las personas ausentes en todo momento han manifestado que sus hijos no están desaparecidos, que se encuentran viviendo fuera del Estado de Guanajuato por voluntad propia y que no han sido víctimas de delito alguno. En consecuencia, toda vez que se han agotado las medidas necesarias para lograr la comparecencia de los agraviados, relativas a los requerimientos formulados al provente sobre su ubicación, las comunicaciones oficiales tendentes a su localización, así como las líneas de investigación por parte de la Fiscalía en cuestión, donde se obtuvo que estos no se encuentran desaparecidos; en términos de lo dispuesto por el ordinal 15 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión del procedimiento por el plazo de un año, a efecto de que comparezcan los directos impetrantes. En el entendido que una vez transcurrido ese plazo sin que nadie se apersone a juicio, se tendrá por no presentada la demanda.
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