Elizabeth Soto Rangel

Expediente 952/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
952/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Elizabeth Soto Rangel
  • Juzgado Tercero Oral Familiar de la Ciudad de Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 1.1. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia de amparo, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: 05/06/24 18:17:48 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0a.64 CARLOS FERNANDO CABRERA LOPEZ 1. "Deje insubsistente el auto dictado el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario oral familiar 1738/2018, en el que se le tuvo cumpliendo fuera de término con el requerimiento formulado el nueve del mes y año en cita; y, 2. En su lugar, emita otro debidamente fundado y motivado, en el que resuelva sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud efectuada por la actora a través de su escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés; lo anterior, conforme a lo actuado en el juicio natural, así como del análisis de la copia certificada del acta de defunción del demandado Juan Anguiano Pérez, que requirió desde el treinta de mayo de dos mil veintitrés, misma que le fue exhibida mediante escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil veintitrés." 1.2. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en los términos ordenados, o en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. 2. Se recibe escrito, se esté con lo acordado. Finalmente, se tiene por recibido el escrito firmado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, dígase al ocursante que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, en los que causó ejecutoria la sentencia definitiva emitida en autos y se requirió a la autoridad responsable que cumpla con la misma. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 952/2023, promovido por ********************, por alegada violación de los artículos 1o., 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Jueza Tercera de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN********************DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN******************** Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la Jueza Tercera de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: El auto dictado el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario oral familiar ********************, en el que se le tuvo cumpliendo fuera de término con el requerimiento formulado el nueve del mes y año en cita.******************** SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal.******************** TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo expresó al rendir su informe con justificación. Lo que se corrobora con la copia certificada del disco que contiene las constancias del juicio ordinario oral familiar ********************, al que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º CUARTA. Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni este órgano de control constitucional la advierte de oficio. QUINTA. Antecedentes del acto reclamado. Previo a analizar el acto reclamado, se considera necesario narrar lo siguiente:******************** En el juicio de origen, la aquí quejosa presentó escrito el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en el que de manera esencial expuso y solicitó a la autoridad responsable lo siguiente: ".desde esa perspectiva de género, en el caso que nos ocupa, se surte el supuesto contenido en 274 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, consistente en que mi cónyuge falleció antes de que se terminara el procedimiento de divorcio; y por tanto, la consecuencia es que se tenga por terminado el procedimiento, como si nunca hubiera presentado la demanda, esto es, como si nunca se hubiera disuelto el vínculo matrimonial, para que los herederos, en la especie, la suscrita, tenga los mismos derechos y obligaciones que cualquier cónyuge supérstite.********************Por lo anteriormente expuesto y fundado a usted C. Juez atentamente pido se Sirva: ÚNICO. Declarar terminado el procedimiento de divorcio incausado y de igual manera declarar que la suscrita ******************** tengo los mismos derechos y obligaciones que tendría como cónyuge supérstite si no hubiera existido el procedimiento de divorcio incausado.******************** Dicho escrito fue acordado el treinta de mayo siguiente, en la forma siguiente:******************** ".Dada cuenta con el escrito presentado por ******************** en cuanto parte actora del juicio ordinario oral familiar sobre divorcio sin expresión de causa, dígasele a la promovente que previo a acordar en cuanto a fondo la procedencia o improcedencia de su solicitud se le requiere para que dentro de los tres días siguientes a la notificación del presente auto exhiba el acta de defunción del demandado ********************." El nueve de junio del año en curso, fue acordado entre otro, el escrito presentado en cumplimiento del anterior requerimiento, en los siguientes términos: ".que el término de 3 días concedidos a la parte actora para que diera cumplimiento al requerimiento hecho en auto de fecha 30 treinta de mayo del año en curso, le empezó a correr el día 7 siete y le fenece el día de hoy 9 nueve ambos del mes de junio del año en curso. Morelia, Michoacán, a 9 nueve de junio de 2023 dos mil veintitrés. Vistos los dos escritos presentados por ********************, en cuanto pare actora dentro del presente juicio, se le dice que no ha lugar a tener cumpliendo con el requerimiento hecho en auto de fecha 30 treinta de mayo del año en curso, en razón de que el acta de defunción que anexa al ocurso con el que pretende dar cumplimiento al diverso citado con anterioridad, es una copia simple por lo que no es posible verificar el código QR que calza en la parte inferior de la copia del acta, por su condición de ser una copia, por lo que se le requiere para que dentro del término de 3 días exhiba copia xerográfica legible del acta de defunción del demandado ********************.". Luego, mediante escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, la parte actora exhibió la copia xerográfica solicitada.******************** No obstante, mediante auto dictado el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable determinó: ".que el término de 3 días concedidos a la parte actora para que diera cumplimiento al auto de fecha 9 nueve de los corrientes le empezó a correr el día 13 trece y le feneció el día 15 quince ambos del mes de junio del año en curso. Morelia, Michoacán, a 29 veintinueve de junio de 2023 dos mil veintitrés. Visto el escrito presentado por ********************, en cuanto pare actora dentro del presente juicio, se le tiene cumpliendo fuera de término con el requerimiento hecho en auto de fecha 9 nueve de junio de los corrientes, exhibiendo copia certificada del acta de defunción del demandado ********************, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes.". El anterior constituye el acto reclamado. SEXTA. Estudio de fondo. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo; sin embargo, para mejor compresión de lo que se resuelve, conviene sintetizarlos de la siguiente manera: La parte quejosa aduce que al requerirle la autoridad responsable la copia xerográfica del acta de defunción de su esposo ********************, cuando ya había presentado una copia de la misma y darle tres días para exhibirla, la colocó en una situación desproporcionada, porque su expedición dependió de un tercero; por lo que, contrario a ello, debió partir del hecho conocido de la muerte de su esposo a través de la copia exhibida y perfeccionar la prueba requiriéndosela al Registro Civil, para obtener su perfeccionamiento y resolver; sin embargo, en su perjuicio, le dejó la carga de la prueba, lo cual es contrario a lo que señala el artículo 868 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, que establece que en las controversias del orden familiar no serán aplicables las reglas de la carga de la prueba, citando la tesis de rubro y texto siguientes:******************** "CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA FAMILIAR. ALCANCE DEL ARTÍCULO 868 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, QUE ESTABLECE QUE EN LAS CONTROVERSIAS O JUICIOS DE ESA NATURALEZA, SON INAPLICABLES LAS REGLAS SOBRE AQUÉLLA. De la interpretación sistemática de los artículos 747, 749, 867 y 868 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, se advierte que en los procedimientos de naturaleza familiar, los órganos jurisdiccionales cuentan con amplias facultades para ordenar, oficiosamente, la práctica, desahogo o perfeccionamiento de pruebas necesarias, a fin de llegar al conocimiento de la verdad, aun cuando éstas no sean ofrecidas expresamente por las partes; dichas prerrogativas se tornan obligatorias desde que el último de los numerales releva a las partes de la carga de la prueba, al establecer que en este tipo de controversias no serán aplicables las reglas de ésta, con lo que se rebasa el principio previsto en el artículo 343 del Código de Procedimientos Civiles para dicha entidad, que dispone que el que afirma está obligado a probar. No obstante, la facultad u obligación del juzgador en materia familiar para ordenar o perfeccionar las pruebas que considere necesarias para el conocimiento de la verdad, no implica que se convierta en investigador a ultranza, sino que ello debe partir de, al menos, los datos de hechos, personas o circunstancias específicas y objetivas que deben proporcionar las partes en sus escritos de demanda y contestación o durante la secuela del juicio, que le permitan suplir la deficiencia en lo conducente, para ordenar oficiosamente el desahogo o perfeccionamiento de pruebas que estime adecuadas y necesarias para el objetivo buscado." Señala que el auto reclamado trasgrede la garantía de legalidad y certeza jurídica, porque en el acuerdo que le antecedió no se le formuló apercibimiento. Asimismo, que no se le notificó personalmente el acuerdo de requerimiento; no obstante, la responsable le aplicó como consecuencia no pronunciarse sobre su petición de fondo, en virtud de ser extemporánea.******************** La falta de respuesta afirmativa o negativa a su solicitud, le causa un estado de incertidumbre que la limita para defenderse y proseguir con la tramitación del procedimiento correspondiente, violentándose su derecho a la correcta administración de justicia, al debido proceso y a la garantía de audiencia; además, el de congruencia, al tenerle por exhibida la copia xerográfica, empero no resolver de fondo, sino señalar que se cumplió fuera de tiempo. ******************** Los conceptos de violación antes sintetizados, son esencialmente fundados, por lo siguiente: El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece -entre otras cosas-, el derecho al debido proceso legal. Esta prerrogativa se traduce en que los procesos jurisdiccionales deben substanciarse en cumplimiento de las condiciones fundamentales establecidas en la ley. Por su parte, el artículo 16 de la citada Carta Magna impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar los actos que emitan, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. La vinculación de estos dos derechos fundamentales nos permite concluir que toda resolución de carácter jurisdiccional debe cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Por tanto, las resoluciones jurisdiccionales deben emitirse de forma fundada y motivada. En ese sentido, para que un acto jurisdiccional se considere fundado y motivado, es necesario que en éste se expresen los preceptos jurídicos que establezcan la hipótesis a la cual son aplicados, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En síntesis, debe expresarse el precepto que se considere aplicable al caso, la razón por la cual se considere de esa manera y que exista una relación lógica entre esos dos razonamientos. Lo anterior, tiene como finalidad que el gobernado conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto jurisdiccional, de manera que sea evidente y claro para las partes poder controvertir -en su caso-, la decisión tomada. Luego, no basta que las resoluciones jurisdiccionales contengan una motivación meramente formal, sino se requiere además, para cumplir con la finalidad mencionada, que dichos actos sean congruentes, suficientes y precisos; exponiéndose, se reitera, los hechos relevantes, citando la norma aplicable y expresando un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la subsunción realizada. De igual manera, no es válido exigir a la autoridad una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión. Es sustento de lo argumentado, la jurisprudencia 1ª./J.139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Novena Época, diciembre de dos mil cinco, página ciento sesenta y dos, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Sentado lo anterior, del análisis de la determinación reclamada, se advierte que la autoridad responsable tuvo a ******************** cumpliendo fuera de término con el requerimiento hecho en auto de nueve de junio del año en curso. No obstante, tal como lo refiere la parte quejosa, en ese proveído que le requirió de la exhibición de la copia xerográfica, no se le formuló apercibimiento que convalide lo determinado por la autoridad responsable, tal como se advierte de la transcripción del citado auto.******************** Además, como esencialmente alega la parte quejosa, también es cierto que dicho proveído no se aprecia ordenado ni notificado personalmente, siendo que la codificación familiar dispone:******************** Artículo 748. También se harán personalmente las notificaciones de: I. Los autos en que se deseche una demanda, reconvención o solicitud de jurisdicción voluntaria; II. El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo; III. Cuando por cualquier causa se deje de actuar más de dos meses; IV. El primer auto emitido por el juez que conozca del negocio en caso de una recusación o excusa; V. Cuando el juez o magistrado lo estime necesario; y, VI. Las demás que este Código expresamente determine. Con base en lo anterior, se considera que si el auto de nueve de junio de dos mil veintitrés, contenía requerimiento para que la parte actora exhibiera la copia xerográfica, resultaba necesario que el mismo le fuera notificado personalmente. Lo anterior, para que con base en un apercibimiento y una notificación, previos, se estuviera en condiciones de aprobarse la determinación que ahora se reclama. Finalmente, también le asiste razón a la parte quejosa, al sostener una falta de congruencia en el auto reclamado, ya que cierto es, por un lado, le dice que cumple fuera de término con el requerimiento efectuado el nueve de junio de dos mil veintitrés, pero por otro, a su vez, le tiene exhibiendo copia certificada del acta de defunción del demandado ********************, misma que dice agregar para los efectos legales conducentes, sin resolver sobre el fondo del asunto. De ahí que partiendo de las circunstancias previamente destacadas, corresponde a la autoridad responsable resolver sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud efectuada por la actora a través de su escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés; lo anterior, conforme a lo actuado en el juicio natural, así como del análisis de la copia certificada del acta de defunción del demandado ********************, que requirió desde el treinta de mayo de dos mil veintitrés, misma que le fue exhibida mediante escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Ello, partiendo de que el auto aquí combatido incumple con los requisitos de legalidad y seguridad jurídica, así como los de una administración de justicia pronta y expedita a la que la gobernada, aquí quejosa, tiene derecho, previstos en los artículos 14, 16 y 17 de nuestra Constitución Federal. De ahí que al no haberlo hecho de esa manera la autoridad responsable, inobservó el derecho de tutela judicial efectiva que comprende no solo el derecho a poder acceder a la justicia, al debido proceso, al pronunciamiento de fondo y a un recurso efectivo. Se cita como sustento jurídico a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), que dice: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." ********************Sin que obste, que en el concepto de violación identificado con el número 1, exponga argumentos basados en el artículo 868 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo que aduce resulta aplicable al caso, y que dicho precepto se advierta que corresponde al abrogado Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, de treinta de septiembre de dos mil quince, que dice: "Artículo 868. En las controversias del orden familiar, no serán aplicables las reglas de la carga de la prueba"; pues en el caso, fueron suficientes y esencialmente fundados los restantes conceptos de violación hechos valer; por tanto, lo procedente es conceder la protección de la Justicia de la Unión solicitada a la quejosa ********************, para los efectos que quedarán precisados en el siguiente considerando. SÉPTIMA. Efectos de la concesión. A fin de restituir a los impetrantes en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable Jueza Tercera de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto dictado el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario oral familiar ********************, en el que se le tuvo cumpliendo fuera de término con el requerimiento formulado el nueve del mes y año en cita; y, En su lugar, emita otro debidamente fundado y motivado, en el que resuelva sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud efectuada por la actora a través de su escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés; lo anterior, conforme a lo actuado en el juicio natural, así como del análisis de la copia certificada del acta de defunción del demandado ********************, que requirió desde el treinta de mayo de dos mil veintitrés, misma que le fue exhibida mediante escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil veintitrés.******************** No pasan inadvertidos los alegatos formulados por la agente del Ministerio Público Federal; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe, en el caso concreto, a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen, por lo que legalmente no se está obligado a atender dichas manifestaciones. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se******************** R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa ********************, contra el acto reclamado a la Jueza Tercera de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, que quedó precisado en el considerado primero; por las razones y fundamentos que quedaron expuestos en el diverso sexto; y para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.******************** Así lo resolvió y firma electrónicamente el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del presente fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ENGROSE DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES QUE EN SÍNTESIS DICE: Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa Elizabeth Soto Rangel, contra el acto reclamado a la Jueza Tercera de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, que quedó precisado en el considerado primero; por las razones y fundamentos que quedaron expuestos en el diverso sexto; y para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Quejosa señala nuevo domicilio para recibir notificaciones, autorizados, uso de medios electrónicos y solicita acceso al expediente electrónico. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Elizabeth Soto Rangel; en atención a su contenido, se le tiene señalando nuevo domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su ocurso, así como revocando el anteriormente señalado en autos y autorizando a Adrián Gilberto Sevilla Lizcano, en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien gozará de las facultades amplias que prevé dicho precepto legal, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la certificación que antecede. Asimismo, como lo pide la ocursante y con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se autoriza la consulta del expediente electrónico, para lo cual, el personal relativo deberá dar de alta vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), los usuarios "DANAPAOLACUIRIS" y "ADRIANSEVILLALIZCANO" que proporciona. Finalmente, por lo que ve a la diversa solicitud que realiza, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: a) solicitarlo por escrito o por comparecencia; y, b) señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos. En el entendido que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

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