Elizabeth Sehenden Martínez Carrasco

Expediente 1126/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1126/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Elizabeth Sehenden Martínez Carrasco

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de cuenta que suscribe la quejosa Elizabeth Sehenden Martínez Carrasco; en atención a su contenido, y como lo solicita, se autoriza la devolución de los documentos que solicita y que anexó a su demanda de amparo, para lo cual deberá comparecer en horas y días hábiles a este Juzgado, debidamente identificada a recogerlos, teniéndose por autorizadas para recibirlos a las personas que menciona. Asimismo, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra concluido, no ha lugar a dejar copia de dichos documentos, por lo que al comparecer la promovente o sus autorizados a recogerlos, deberá levantarse la certificación de desglose respectiva, en la que se asienten las fojas que comprendían los mismos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; este juzgador determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se desechó la demanda), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; d) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y e) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros respectivos. Finalmente, téngase al Secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Cuestiones previas al pronunciamiento sobre la demanda de amparo. 1.- Identidad de menores Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1° y 4°, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 3.1. y 19.1. de la Convención sobre los Derechos del Niño; 5, primer párrafo, 7, 13, fracción XVII, 76, párrafos primero y segundo, 79 y 86, fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; debe tomarse en consideración que la quejosa afirma que sus hijas son menores de edad, por lo que, para proteger su intimidad y la reserva de sus datos personales, se hace referencia como menor de edad o por las iniciales de su nombre y apellidos, sin perjuicio de que, en adelante, se le cite como "el menor de edad de identidad reservada", "niño" o "infante". 2.- Personeria. Previo al pronunciamiento sobre la demanda de amparo, cabe precisar que la promovente de amparo, Elizabeth Sehenden Martínez Carrasco, acude a este juicio constitucional con doble carácter, a saber: a) por propio derecho y, b) En representación de las menores de edad con iniciales N.E.M. y D.C.E.M., como madre de éstas, personalidad que acredita con las actas de nacimiento, respectivas. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Elizabeth Sehenden Martínez Carrasco, por propio derecho y en representación de las menores N.E.M. y D.C.E.M., con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 1126/2022. Desechamiento. Por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda debe desecharse de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado este en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Articulo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; .." El artículo antes transcrito prevé que el juicio de amparo procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, no precisa si dicho medio de control constitucional procede contra actos intermedios dictados dentro de un procedimiento después de concluido el juicio. En otras palabras, el párrafo primero del referido numeral no establece si pueden atacarse de manera inmediata los actos intermedios de ese procedimiento incoado después de concluido el juicio, o si debe esperarse hasta la resolución definitiva, en la cual, podrán reclamarse vía amparo indirecto las violaciones cometidas durante tal proceso. Ahora, por lo que hace a los párrafos segundo y tercero del numeral en comento, el legislador introdujo una regla específica con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la última resolución, entendiéndose por ésta, la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega de los bienes rematados. Esto es, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de ejecución de sentencia pero sólo respecto de la última resolución de ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las violaciones atribuidas tanto a dicha determinación final, como las imputadas a los demás actos del procedimiento de ejecución respectivo y, respecto a los actos pertenecientes a un procedimiento de remate, sólo resulta reclamable, cuando se dicta la resolución que adjudica los bienes rematados, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, esto es, hasta ese momento reclamar las violaciones procesales de dicho procedimiento de remate. Bajo esa tesitura, en atención al contexto legal que impera en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, a la hermenéutica jurídica, y sobre todo respetar la intención del creador de la norma, es dable concluir que respecto de los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio (que no se traten de ejecución de sentencia o la resolución definitiva del remate), que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden reclamarse vía amparo cuando éste se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo reclamarse en la demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable bajo el registro digital 2001059, que dice: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. Precisado lo anterior, se tiene que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que dentro de los autos del juicio de divorcio por mutuo consentimiento 223/2015, del índice del juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por sentencia de ocho de julio de dos mil catorce, se disolvió el vínculo matrimonial entre la hoy quejosa y su entonces cónyuge, aprobándose el convenio celebrado al efecto. Que mediante escrito de diez de enero de dos mil veinte, la aquí quejosa promovió en la vía de apremio, el cumplimiento del referido convenio, por lo que hace al pago de la pensión alimenticia de las menores de edad. Durante el plazo probatorio del referido incidente, la quejosa ofreció la prueba confesional a cargo del demandado incidentista; a lo cual, el juez natural mediante acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, no la admitió. Inconforme con ello, la actora incidentista interpuso recurso de apelación, mismo que no fue admitió por el juez instructor mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Ante ello, acudió a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, interponiendo recurso de queja por denegada apelación, radicándose al efecto el toca familiar 146/2022, en el cual, mediante resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se declaró improcedente dicho recurso. Constituyendo tal determinación el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Conforme a lo expuesto, se tiene que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, si bien no es de aquellos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, ni se trata de la resolución con que culmina el procedimiento de remate, cierto es también, que el mismo fue dictado fuera de juicio (vía incidental), y de forma intermedia a la solución de la incidencia planteada por la hoy quejosa, por lo que, atendiendo a la intención del creador de la norma, en el sentido de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de protección de los derechos fundamentales, el mismo debe reclamarse junto con la resolución que ponga fin a la incidencia planteada, es decir, la que declare procedente o no la misma, y en la que deberán reclamarse las violaciones cometidas durante su substanciación, como lo es la hoy reclamada. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia, en términos del 113 de la invocada ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Palmeras, número seiscientos ocho, Colonia Reforma, de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Asimismo, téngasele por autorizados en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Horacio David Cruz Hernández, toda vez que su cédula profesional se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, conforme a la certificación de cuenta. Y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Jorge Rodolfo Osorio Martínez, Efraím García Cruz, Ximena Marisol Llaguno Hernández y Kenia Yeyetzi Ángel Roque, por así solicitarlo expresamente. Datos de contacto. Ahora, en atención al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, publicado el 31 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del 3 de agosto de 2020; se exhorta a las partes para que en la siguiente promoción que realicen deberán proporcionar número celular de contacto a efecto de entablar comunicación con este órgano jurisdiccional, así como un correo electrónico. Tramitación de juicio en línea. En relación a la autorización que solicita de la consulta electrónica de los autos, y toda vez que la parte quejosa, proporciona el nombre de usuario HoracioDavidCH; por consiguiente, con fundamento en los artículos 34 a 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se le autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se exhorta a la parte quejosa, dada la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19, para que, solicite además del acceso al expediente electrónico, la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que, si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en los artículos 21 a 25 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Engrose de constancias. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino (siete horas con cuarenta y cinco minutos a catorce horas con cuarenta y cinco minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

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