Elizabeth Sánchez Quiahua

Expediente 940/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
940/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
03/02/2021

Partes del expediente

  • Elizabeth Sánchez Quiahua

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guarda el juicio en que se actúa, se advierte que feneció el plazo que establece el artículo 98 en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de tres de diciembre de dos mil veinte; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el auto que desechó la demanda de amparo promovida por Elizabeth Sánchez Quiahua. En este contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Notifíquese...MESA 0

  2. Principal

    CITATORIO. Se notifica por medio de lista a Elizabeth Sánchez Quiahua, el auto que dice..Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guarda el juicio en que se actúa, se advierte que feneció el plazo que establece el artículo 98 en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de tres de diciembre de dos mil veinte; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el auto que desechó la demanda de amparo promovida por Elizabeth Sánchez Quiahua. En este contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Notifíquese

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de diciembre de dos mil veinte. Recepción de las demandas. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Elizabeth Sánchez Quiahua, por propio derecho, contra actos que reclaman del Agente del Ministerio Público Adsrito a la Mesa Octava de Trámite del Sistema Acusatorio, Adversarial y Oral de la Fiscalía regional de Tlalnepantla, Estado de México. Registro de las Demandas. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 940/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva acabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, se debe tener en cuenta que de acuerdo, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar los escritos de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.1o.4. A. J/ 4, Novena Época, con registro electrónico 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, materia común, página 890, que a la letra indica: En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Estudio de las demandas De conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Es así que del estudio integral de la demanda presentada por la quejosa, se desprende que reclaman la citación que se le hizo por parte del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa Octava de Trámite del Sistema Acusatorio, Adversarial y Oral de la Fiscalía regional de Tlalnepantla, Estado de México, para comparecer el siete de diciembre de dos mil veinte a las catorce horas a efecto de rendir ampliación de su entrevista, por hechos que se investigan con relación al delito abuso de confianza; asimismo, para que presente el vehículo automotor Ford Econoline con placas de circulación NXH2964 (antes MPM6128), color vino, modelo 1996, de origen estadounidense, así como la documentación con la cual acredite su propiedad. En ese tenor, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción I, constitucional y 5º, fracción I, del citado ordenamiento legal, estos últimos en sentido contrario, mismos que disponen lo siguiente: Constitución Federal. "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los preceptos invocados se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no causa un agravio personal y directo en la esfera jurídica del quejoso, es decir, tal y como lo establece el principio del juicio de amparo de "instancia de parte agraviada", éste solo puede iniciarse a petición de parte y por quien resienta el agravio directo por la ley o acto reclamado. Ahora bien, el acto que la quejosa combate es la citación emitida de una autoridad ministerial en la primera etapa del procedimiento penal acusatorio (investigación inicial1), cuyo fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 21 Constitucional, primer párrafo, el cual establece:"Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función...". Del artículo constitucional citado, se advierte que la persecución de los delitos es de interés público y que corresponde al Ministerio Público investigar los hechos probablemente delictuosos, para determinar en su caso si ha lugar o no a ejercer la acción penal cuando encuentre que se reúnen los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Con base en ello, es dable concluir que si, por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica de los gobernados, pues no les irroga un perjuicio. Estimar lo contrario, implicaría paralizar el procedimiento penal, particularmente la etapa de investigación (primera etapa del procedimiento penal), pues el Ministerio Público quedaría imposibilitado para llevar a cabo los actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos, con lo que se trastocaría el orden público y el interés social, ya que por mandato constitucional, se impone al Ministerio Público la obligación de investigar los hechos constitutivos de delitos; de ahí que, los actos inherentes a dicha investigación, no son susceptibles de impugnación por la vía de amparo indirecto, pues no constituyen actos de imposible reparación. Por tanto, el acto aquí reclamado consistente en la citación para la ampliación de la entrevista que se hizo a la quejosa, y para que presente el vehículo automotor citado en párrafos que anteceden, no constituye una acción que invada o vulnere su esfera jurídica, ya que encuentran su justificación, en el artículo 21 Constitucional, además de que sus consecuencias quedarán supeditadas a la decisión del Juez de Control que llegue a conocer de la carpeta de investigación. De manera que, como se ha establecido, tal acto no le causa un daño o perjuicio, al ser el inicio de una carpeta de investigación, cuyo resultado no implica la privación de alguno de sus derechos. Ello, porque se insiste, los actos tendentes a la investigación de los delitos, son de orden público e interés social, por lo que no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico o del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis consultable en la página 2601, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, misma que a la letra dice: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Luego, si no existe agravio personal y directo a la esfera jurídica de la quejosa, es evidente que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente. Desechamiento de la demanda. Bajo este contexto, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desechan de plano por notoriamente improcedentes la demanda de amparo promovida por Elizabeth Sánchez Quiahua, por propio derecho. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito y por autorizadas en términos del artículo 24 de la ley de Amparo, únicamente para tales efectos, a las personas que señala, por así solicitarlo expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Exhorto a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Ho me/Ayuda Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese...MESA 0

  4. Principal

    CITATORIO. Se notifica por medio de lista el auto que dice... Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de diciembre de dos mil veinte. Recepción de las demandas. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Elizabeth Sánchez Quiahua, por propio derecho, contra actos que reclaman del Agente del Ministerio Público Adsrito a la Mesa Octava de Trámite del Sistema Acusatorio, Adversarial y Oral de la Fiscalía regional de Tlalnepantla, Estado de México. Registro de las Demandas. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 940/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva acabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, se debe tener en cuenta que de acuerdo, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar los escritos de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.1o.4. A. J/ 4, Novena Época, con registro electrónico 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, materia común, página 890, que a la letra indica: En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Estudio de las demandas De conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Es así que del estudio integral de la demanda presentada por la quejosa, se desprende que reclaman la citación que se le hizo por parte del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa Octava de Trámite del Sistema Acusatorio, Adversarial y Oral de la Fiscalía regional de Tlalnepantla, Estado de México, para comparecer el siete de diciembre de dos mil veinte a las catorce horas a efecto de rendir ampliación de su entrevista, por hechos que se investigan con relación al delito abuso de confianza; asimismo, para que presente el vehículo automotor Ford Econoline con placas de circulación NXH2964 (antes MPM6128), color vino, modelo 1996, de origen estadounidense, así como la documentación con la cual acredite su propiedad. En ese tenor, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción I, constitucional y 5º, fracción I, del citado ordenamiento legal, estos últimos en sentido contrario, mismos que disponen lo siguiente: Constitución Federal. "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los preceptos invocados se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no causa un agravio personal y directo en la esfera jurídica del quejoso, es decir, tal y como lo establece el principio del juicio de amparo de "instancia de parte agraviada", éste solo puede iniciarse a petición de parte y por quien resienta el agravio directo por la ley o acto reclamado. Ahora bien, el acto que la quejosa combate es la citación emitida de una autoridad ministerial en la primera etapa del procedimiento penal acusatorio (investigación inicial1), cuyo fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 21 Constitucional, primer párrafo, el cual establece:"Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función...". Del artículo constitucional citado, se advierte que la persecución de los delitos es de interés público y que corresponde al Ministerio Público investigar los hechos probablemente delictuosos, para determinar en su caso si ha lugar o no a ejercer la acción penal cuando encuentre que se reúnen los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Con base en ello, es dable concluir que si, por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica de los gobernados, pues no les irroga un perjuicio. Estimar lo contrario, implicaría paralizar el procedimiento penal, particularmente la etapa de investigación (primera etapa del procedimiento penal), pues el Ministerio Público quedaría imposibilitado para llevar a cabo los actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos, con lo que se trastocaría el orden público y el interés social, ya que por mandato constitucional, se impone al Ministerio Público la obligación de investigar los hechos constitutivos de delitos; de ahí que, los actos inherentes a dicha investigación, no son susceptibles de impugnación por la vía de amparo indirecto, pues no constituyen actos de imposible reparación. Por tanto, el acto aquí reclamado consistente en la citación para la ampliación de la entrevista que se hizo a la quejosa, y para que presente el vehículo automotor citado en párrafos que anteceden, no constituye una acción que invada o vulnere su esfera jurídica, ya que encuentran su justificación, en el artículo 21 Constitucional, además de que sus consecuencias quedarán supeditadas a la decisión del Juez de Control que llegue a conocer de la carpeta de investigación. De manera que, como se ha establecido, tal acto no le causa un daño o perjuicio, al ser el inicio de una carpeta de investigación, cuyo resultado no implica la privación de alguno de sus derechos. Ello, porque se insiste, los actos tendentes a la investigación de los delitos, son de orden público e interés social, por lo que no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico o del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis consultable en la página 2601, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, misma que a la letra dice: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Luego, si no existe agravio personal y directo a la esfera jurídica de la quejosa, es evidente que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente. Desechamiento de la demanda. Bajo este contexto, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desechan de plano por notoriamente improcedentes la demanda de amparo promovida por Elizabeth Sánchez Quiahua, por propio derecho. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito y por autorizadas en términos del artículo 24 de la ley de Amparo, únicamente para tales efectos, a las personas que señala, por así solicitarlo expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Exhorto a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Ho me/Ayuda Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese...MESA 0

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