Elizabeth Sanchez Leyva
Expediente 855/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 855/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Elizabeth Sanchez Leyva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa acerca del cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y además en términos del artículo 66, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, queda el contenido del oficio en mención, así como el diverso registrado con folio 22678 y anexos de los mismos, en la secretaría de este juzgado, a la vista de la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga, bajo el apercibimiento que de no desahogar la vista respectiva, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el juicio de amparo en que se actúa y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio signado por la junta responsable, a través del cual informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada del laudo de dos de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral ******, pero no así las constancias de notificación que se hayan realizado por medio de boletín laboral a la parte demandada Administración con Valor, sociedad anónima de capital variable y Fernando Cuenca Alarcón, tal y como se ordenó en el laudo antes referido. En atención a lo anterior y considerando que en el sistema jurídico mexicano la ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público e interés social, se requiere al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo remita diversas constancias relativas al juicio laboral de origen
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la Justicia de la Unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a Marco Antonio Magadan Ocampo, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el plazo de treinta y cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento al fallo protector y remita: Copia certificada del laudo que emita en el juicio laboral ********************; y, Las constancias de notificación personal realizadas a las partes, respecto del laudo pronunciado. Conviene señalar que el plazo concedido a la autoridad responsable, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal y atiende a los plazos establecidos en los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. Además, a que es un hecho notorio para el suscrito las condiciones en que labora dicha autoridad, como lo es la falta de presupuesto, de personal y, desde luego, las altas cargas laborales. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia I.3o.C. J/7 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 2005325, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE." No obstante lo anterior, se apercibe a Marco Antonio Magadan Ocampo, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que de incumplir con la ejecutoria de amparo en el plazo otorgado, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable para que le ordene cumplir con la ejecutoria de mérito, puesto que al tratarse de un organismo jurisdiccional autónomo en el ámbito jurídico, no tiene superior jerárquico a quien requerirle que la conmine. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 2ª./J.36/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 2000099, del rubro siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de junio de dos mil dieciocho. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con cuarenta minutos del veintidós de junio de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria con quien legalmente actúa, procede a dar inició a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 855/2018, promovido por Elizabeth Sánchez Leyva, por su propio derecho, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado rendido por la autoridad responsable; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas. Enseguida el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se determina que pese a que el informe justificado rendido por la autoridad responsable no se rindió con ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, no ha lugar a diferir esta actuación, puesto que implicaría retardar el procedimiento en perjuicio del quejoso, en virtud de que tiene pleno conocimiento de la omisión en que ha incurrido la autoridad responsable; además de que el impetrante de garantías reclama de la autoridad responsable la violación al artículo 17 constitucional ante la falta de administración de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes y al diferir la presente audiencia se estarían prolongando los efectos del acto reclamado. Por ende, se abre el periodo probatorio en la presente audiencia. Acto continuo, con fundamento en el artículos 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la documental que como anexo remitió la autoridad responsable, mismas que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda. Luego, sin más pruebas que desahogar, el Juez declara abierto el período de alegatos, por lo que la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó pedimento alguno. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos de esta audiencia y al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se ordena dictar el fallo que conforme a derecho corresponda. SENTENCIA Este Juzgado Primero de Distrito del Decimoctavo Circuito tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 855/2018, de su índice. R E S U L T A N D O 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, Elizabeth Sánchez Leyva, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra las autoridades y actos siguientes: "III.- LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos." "IV. ACTO RECLAMADO. La paralización del procedimiento laboral, lo que ha impedido continuar con el desarrollo normal para cerrar la instrucción y en su oportunidad elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo." Acto que estimó violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Federal. 2. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, este juzgado admitió la demanda de amparo pidió a la autoridad responsable su informe justificado, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación y fijó día y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdo generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia laboral llevado a cabo por una autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La paralización del procedimiento y en consecuencia la omisión de dictar laudo y notificárselo, en el juicio laboral 01/990/13-III, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. III. Actos reclamados existentes. Se tiene por cierto el acto reclamado a la Junta responsable, puesto que así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 11 del juicio de amparo), remitiendo para acreditarlo diversas copias certificadas, entre ellas el proveído de cuatro de agosto de dos mil diecisiete dictado en el juicio de origen, en el que la responsable declaró cerrada la instrucción, documento al cual se le confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; aseveraciones y documental que se estiman suficientes para acreditar su existencia. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. Como el quejoso impugnó en su demanda de amparo un acto de tracto sucesivo consistente en la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 01/990/13-III y notificarlo, no son aplicables los plazos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, de ahí que la demanda se considere presentada en tiempo. V. Procedencia del juicio de amparo. El presente juicio es procedente en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, relativo a la procedencia del juicio de amparo contra actos de imposible reparación, pues en el caso se reclama la omisión de dictar y notificar el laudo dentro de un juicio laboral. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 8/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 182160, de rubro y texto siguientes: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo." Así, como las partes no hacen valer ninguna causal de improcedencia, ni este juzgado las advierte de oficio, tal y como lo marca el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a estudiar el fondo del asunto. VI. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. El único concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justifica federal solicitado, para los efectos que se precisarán en el considerando último de esta sentencia. El quejoso aduce que la responsable ha violado en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 constitucional, por cuanto hace a los plazos y términos en los que los tribunales deben administrar justicia, en virtud de que hasta la fecha de la presentación de su escrito de demanda, no había dictado el laudo correspondiente al expediente laboral 01/990/13-III, aun cuando ya había transcurrido el término establecido en la Ley Federal del Trabajo para ello. Y tiene razón, pues la autoridad responsable ha excedido los términos establecidos en dicha Ley laboral para el dictado del laudo respectivo, lo cual, constituye en sí mismo una violación al derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de pronta impartición. En efecto, los artículos 8.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Constitución Federal, estipulan, en lo que interesa, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, quienes deberán sustanciar y resolver los procedimientos jurisdiccionales respectivos de manera pronta, completa e imparcial. Aunado a lo anterior, los artículos 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, establecen que una vez cerrada la etapa de instrucción, el auxiliar, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá entregarse copia del mismo a cada miembro de la Junta, quienes dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que lo hubieran recibido podrán solicitar que se practiquen las diligencias que juzguen convenientes, las que deberán llevarse a cabo en los ocho días subsecuentes y, que transcurrido dicho término, en un plazo no mayor de diez días el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación del proyecto, el que en caso de ser aprobado sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y firmará de inmediato. Contexto jurídico del que se desprende que el legislador ordinario consideró razonable que una vez cerrado el periodo de instrucción, el plazo máximo para el dictado del laudo correspondiente sería de veinticinco días si los miembros de la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva consideraban que no era necesario realizar ninguna diligencia adicional a las ya llevadas a cabo al momento de que se les entregó la copia del proyecto de laudo y de treinta y tres si así fuera. Así, sobre la base de tales fundamentos normativos, es dable concluir que si alguna Junta de Conciliación y Arbitraje se excede de dichos plazos -los cuales gozan de la presunción de ser razonables- para dictar el laudo correspondiente una vez que decretó el cierre de instrucción en el proceso laboral de que se trate, tal actuación constituiría por sí misma una denegación de justicia y, por consiguiente, una violación al derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de pronta impartición, en la medida en la que prolongaría la indeterminación de los derechos laborales en disputa. De modo tal que, si en el caso, al día de hoy, la autoridad responsable no ha dictado el laudo correspondiente y han transcurrido, desde el cierre de instrucción -el cual se llevó a cabo el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, según se desprende del informe justificado de la autoridad y de las constancias que lo apoyan (fojas 14 a 15 del juicio de amparo)- hasta la fecha, mas diez meses, entonces, es claro que ha violado el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa, en su vertiente de pronta impartición y, por ende, que debe de concedérsele la protección constitucional solicitada para subsanar dicha afectación. Y aunque no pasa inadvertido que la autoridad responsable en su informe justificado argumentó que no ha procedido a la emisión del laudo correspondiente dentro del juicio natural, dada la excesiva carga de trabajo que le impide dar cumplimiento con los términos y plazos que establece la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, por más plausibles que son esos argumentos, el quejoso ha venido al amparo alegando un derecho que le debe ser reparado. Por lo anteriormente expuesto, ante lo fundado del concepto de violación, lo procedente es conceder el amparo solicitado. VII. Efectos de la protección de la justicia de la Unión. Acorde al artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se especifica que el efecto de la concesión consiste en que una vez que cause ejecutoria este fallo, dentro de los términos que marca la Ley Federal del Trabajo aquí descritos, la responsable dicte el laudo correspondiente al expediente laboral 01/990/13-III y lo notifique a las partes. VIII. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así con fundamento, además, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Elizabeth Sánchez Leyva, en términos del considerando VI, para los efectos del diverso VII, de esta sentencia. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ante Rosa María Luna Mercado, Secretaria que autoriza y da fe.
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