Elizabeth Salinas LeòN
Expediente 145/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 145/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/02/2022
Partes del expediente
- Elizabeth Salinas LeòN
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. I. Remisión constancias. Agréguese a los autos únicamente como constancia el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, a través del cual remite las constancias que le fueron solicitadas, toda vez que mediante auto anterior, se desechó la demanda que dio origen al presente asunto. II. Formación de Tomo. Debido a su voluminosidad se ordena formar un tomo por separado identificado como TOMO I el cual queda en la Secretaría de este Juzgado, a disposición de las partes, para su consulta. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que, el oficio por el que se remitió las citadas constancias será debidamente digitalizado para su consulta a través del expediente electrónico; sin embargo, de conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al tratarse de una excepción, debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, estas quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado, para su consulta. Notifíquese.
- Principal
Querétaro, Querétaro, veintidós de febrero de dos mil veintidós. I. Cumple prevención. Agréguense a los autos los escritos signados por la quejosa ..., a través de los cuales en cumplimiento a la prevención realizada en autos, desahoga los puntos que le fueron solicitados. II. Cuestiones previas. Del estudio integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que se reclaman los siguientes actos: "IV.- NORMA GENERAL Y ACTO RECLAMADO: 1. SE RECLAMA DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO, LA PROMULGACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DEL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EL CUAL, SE CONSIDERA ES INCONSTITUCIONAL AL ESTABLECER COMO REQUISITO CONDICIONANTE Y/O INELUDIBLE, QUE PARA QUE LA SUSCRITA PUEDA CONTRATAR Y ACCEDER AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA MI SERVICIO DOMÉSTICO, DEBO ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE EN EL QUE LA PRETENDA INSTALAR, PESE AL SER EL VITAL LIQUIDO DE PRIMER NECESIDAD PARA CUALQUIER SER HUMANO, CASO CONCRETO, LA SUSBSITENCIA MÍA Y DE MI FAMILIA. (sic) SE RECLAMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO, LA RATIFICACIÓN DE LA FIRMA DE LA PROMULGACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR REALIZADA POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUERÉTARO RESPECTO DEL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EL CUAL, SE CONSIDERA QUE ES INCONSTITUCIONAL AL ESTABLECER COMO REQUISITO CONDICIONANTE Y/O INELUDIBLE, QUE PARA QUE LA SUSCRITA PUEDA CONTRATAR Y ACCEDER AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA MI SERVICIO DOMESTICO, DEBO ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE EN EL QUE LA PRETENDA INSTALAR, PESE AL SER, EL VITAL LIQUIDO DE PRIMER NECESIDAD PARA CUALQUIER SER HUMANO, CASO CONCRETO, LA SUSBSITENCIA MÍA Y DE MI FAMILIA. 2. SE RECLAMA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, LA RATIFICACIÓN DE LA FIRMA DE LA PROMULGACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR, REALIZADA POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUERÉTARO RESPECTO DEL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO EL CUAL, SE CONSIDERA ES INCONSTITUCIONAL AL ESTABLECER COMO REQUISITO CONDICIONANTE Y/O INELUDIBLE, QUE PARA QUE LA SUSCRITA PUEDA CONTRATAR Y ACCEDER AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA MI SERVICIO DOMÉSTICO, DEBO ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE EN EL QUE LA PRETENDA INSTALAR, PESE AL SER EL VITAL LIQUIDO DE PRIMER NECESIDAD PARA CUALQUIER SER HUMANO, CASO CONCRETO, LA SUSBSITENCIA MÍA Y DE MI FAMILIA. 3. SE RECLAMA DE LA XV LEGISLATURA DEL CONGRESO LOCAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, LA VOTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ARTICULO 446 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EL CUAL, SE CONSIDERA ES INCONSTITUCIONAL AL ESTABLECER COMO REQUISITO NTE Y/O INELUDIBLE, QUE PARA QUE LA SUSCRITA CONDICIONANTE PUEDA Y ACCEDER AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA MI SERVICIO DOMÉSTICO, DEBO ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE EN EL QUE LA PRETENDA INSTALAR, PESE AL SER EL VITAL LIQUIDO DE PRIMER NECESIDAD PARA CUALQUIER SER HUMANO, CASO CONCRETO, LA SUSBSITENCIA MIA Y DE MI FAMILIA. 4. SE RECLAMA DEL DIRECTOR GENERAL DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, "LA SOMBRA DE ARTEAGA" y/o DIRECTOR O ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, LA PUBLICACIÓN (EN DICHO PERIODICO) DEL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EL CUAL SE CONSIDERA, ES INCONSTITUCIONAL AL ESTABLECER COMO REQUISITO CONDICIONANTE Y/O INELUDIBLE, QUE PARA QUE LA SUSCRITA PUEDA CONTRATAR Y ACCEDER AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA MI SERVICIO DOMESTICO, DEBO ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE EN EL QUE LA PRETENDA INSTALAR, PESE AL SER EL VITAL LIQUIDO DE PRIMER NECESIDAD PARA CUALQUIER SER HUMANO, CASO CONCRETO, LA SUSBSITENCIA MÍA Y DE MI FAMILIA. 5. SE RECLAMA DE LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA COMERCIAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; LA APLICACIÓN EN MI PERJUICIO DEL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EL CUAL, SE CONSIDERA ES INCONSTITUCIONAL AL ESTABLECER COMO REQUISITO CONDICIONANTE Y/O INELUDIBLE, QUE PARA QUE LA SUSCRITA PUEDA CONTRATAR Y ACCEDER AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA MI SERVICIO DOMESTICO, DEBO ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE EN EL QUE LA PRETENDA INSTALAR, PESE AL SER EL VITAL LIQUIDO DE PRIMER NECESIDAD PARA CUALQUIER SER HUMANO, CASO CONCRETO, LA SUSBSITENCIA MÍA Y DE MI FAMILIA, RECLAMANDOLE ADEMÁS A LA MISMA, LA NEGATIVA Y/O OMISIÓN DE AUTORIZARME LA CONTRATACIÓN E INSTALACIÓN DE LA TOMA DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE MI DOMICILIO UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SIN NUMERO, EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, EMITIDA CON FECHAS 30 DE NOVIEMBRE Y 27 DE DICIEMBRE, AMBOS DE 2021. 6. SE RECLAMA DE LA DIRECTORA DIVISIONAL DE ADMINISTRACIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; LA APLICACIÓN EN MI PERJUICIO DEL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EL CUAL, SE CONSIDERA ES INCONSTITUCIONAL AL ESTABLECER QUE PARA COMO REQUISITO CONDICIONANTE Y/O INELUDIBLE, QUE QUE LA SUSCRITA PUEDA AGUA POTABLE PARA MONTRATAR Y ACCEDER AL SERVICIO DE TABLE PARA MI SERVICIO DOMÉSTICO, DEBO ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL EN EL QUE LA PRETENDA INSTALAR, PESE AL SER EL VITAL LIQUIDO DE PRIMER NECESIDAD PARA INMUEBLE EN CUALQUIER SER HUMANO, CASO CONCRETO, LA SUSBSITENCIA MÍA Y OF MAAR DE MI FAMILIA, RECLAMANDOLE ADEMÁS A LA MISMA, LA NEGATIVA Y/O OMISIÓN DE AUTORIZARME LA CONTRATACIÓN E INSTALACIÓN DE LA TOMA DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE MI DOMICILIO UBICADO EN CALLE ... EMITIDA CON FECHAS 30 DE NOVIEMBRE Y 27 DE DICIEMBRE, AMBOS DE 2021. 7. DEL ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS EN LA DELEGACIÓN, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EL CUAL, SE CONSIDERA ES INCONSTITUCIONAL AL ESTABLECER COMO REQUISITO CONDICIONANTE Y/O INELUDIBLE, QUE PARA QUE LA SUSCRITA PUEDA CONTRATAR Y ACCEDER AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA MI SERVICIO DOMÉSTICO, DEBO ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE EN EL QUE LA PRETENDA INSTALAR, PESE AL SER EL VITAL LIQUIDO DE PRIMER NECESIDAD PARA CUALQUIER SER HUMANO, CASO CONCRETO, LA SUSBSITENCIA MÍA Y DE MI FAMILIA; RECLAMANDOLE ADEMÁS AL MISMO, LA NEGATIVA Y/O OMISIÓN DE AUTORIZARME LA CONTRATACIÓN E INSTALACIÓN DE LA TOMA DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE MI DOMICILIO UBICADO EN CALLE ..., EMITIDA CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. 8. DEL ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y JEFE DE ÁREA ADMINISTRATIVA SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, (De la Comisión Estatal de Aguas), LA APLICACIÓN DEL ARTÍCUL 446 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EL GUAL, SE CONSIDERA ES INCONSTITUCIONAL AL ESTABLECER COMO REQUISITO CONDICIONANTE Y/O INELUDIBLE, QUE PARA QUE LA SUSCRITA PUEDA CONTRATAR Y ACCEDER AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA MI SERVICIO DOMESTICO, DEBO ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE EN EL QUE LA PRETENDA INSTALAR. PESE AL SER EL VITAL LIQUIDO DE PRIMER NECESIDAD PARA CUALQUIER SER HUMANO, CASO CONCRETO, LA SUSBSITENCIA MIA Y DE MI FAMILIA; RECLAMANDOLE ADEMÁS AL MISMO, LA NEGATIVA Y/O OMISIÓN DE AUTORIZARME LA CONTRATACIÓN E INSTALACIÓN DE LA TOMA DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE MI DOMICILIO UBICADO EN CALLE ..., EMITIDA A MANERA DE ACLARACIÓN, YA MÁS CONCRETA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2021." De esa forma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, en virtud de que, en la especie, se actualiza causa manifiesta e indudable de improcedencia, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Registro Núm. 186605., es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Por tanto, se hace patente la actualización de una causa de improcedencia del juicio de amparo, tal como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. III. Desechamiento de demanda En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte manifiesta e indudablemente la actualización de la causa de improcedencia estipulada en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, siendo su texto el siguiente: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley en cita, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (..) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" Es decir, el juicio de amparo es improcedente, contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El primer párrafo del numeral transcrito en primer término, precisa como regla general que el juicio de amparo debe interponerse dentro del plazo de quince días, excepto cuando se reclame: Una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición (treinta días); La sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión (hasta ocho años); Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (siete años); y, Impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (cualquier tiempo). Por otra parte, el segundo de los numerales, establece la forma de computar los plazos anteriores, a saber, al día siguiente de: Al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; Que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, Se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora, la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando éste no se promueve dentro del plazo de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de garantías, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia que se invoca es de citar la Jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." De igual modo, se precisa como marco teórico referencial relacionado con la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie, que la misma es de estudio preferente a las demás causales de improcedencia; ello es así, en razón de que de los múltiples aspectos que como presupuestos procesales se pueden observar con motivo del cumplimiento de las causas de improcedencia, el relativo a la oportunidad es básico frente a los restantes porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, los restantes problemas procesales ya no tendría utilidad analizarlos. Al respecto es aplicable por su espíritu, la tesis I.3°.A.135 K, del Tercero tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, visible en la página 619 del tomo XIV, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMÁS CAUSALES. Si bien es cierto que el artículo 73 de la Ley de Amparo prevé diversas causales de improcedencia que conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio sin analizar el fondo del asunto, ello no significa que todas esas causales de improcedencia que pueden surtirse en el juicio constitucional sean de la misma preferencia en su análisis para su actualización, pues existen algunas de estudio preferente a otras. Así la fracción XVIII del precepto antes citado, permite la actualización de aquellas causales de improcedencia que si bien no están establecidas expresamente en las 17 fracciones anteriores que contiene el propio artículo, pueden derivarse de alguna otra disposición de la propia ley. De esta manera, relacionando el artículo 21 de la ley de la materia, con la fracción XVIII del multicitado artículo 73, se da la posibilidad jurídica de que se cuestione la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo ante el órgano judicial, para que éste determine si la presentación de la demanda de garantías está dentro del término que establece el artículo 21 o 22 de la Ley de Amparo, según sea el caso, y poder admitir a trámite la demanda respectiva, o bien, examinar, si no se actualiza otra diversa causal de improcedencia, el fondo del asunto. Esta causal de improcedencia que se contiene en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, es de análisis preferente a las restantes porque si la demanda no se presentó en tiempo, el juzgador ya no podrá actualizar ninguna otra diversa, en virtud de que la acción en sí misma es improcedente por extemporánea. En cambio, si la acción se ejercitó dentro del término legal que establece la ley de la materia entonces el juzgador está en posibilidad legal de determinar si la acción intentada cumple o no con los requisitos necesarios que se requieren por la ley para que proceda el estudio del fondo del asunto o de la controversia planteada, como es la legitimación del promovente, el interés jurídico, que no exista recurso ordinario pendiente de agotar, que el acto reclamado no está consentido, etc." Aunado a lo anterior, debe precisarse que el juicio de amparo que ahora se intenta no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En la especie, el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, pues se trata de la inconstitucionalidad de una norma general particularmente el artículo 446 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en su carácter de heteroaplicativa, pues como acto de aplicación se reclama, la respuesta que se dio a la petición para la contratación del servicio de agua potable, en donde se negó de forma temporal autorizar el contrato de ese recurso. Por lo que si el consentimiento tácito implica la falta de impugnación de un acto determinado, dentro de los términos prejudiciales establecidos por el numeral 17 de la propia ley, que es el aplicable al caso concreto, pues dada la naturaleza del acto reclamado, el plazo prejudicial aplicable es el genérico, de quince días, el que se contará desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, En la especie, como se dijo, la parte quejosa acude en reclamo del artículo 446 del Código Urbano del Estado de Querétaro, con motivo de su acto de aplicación, es decir, dicha norma se reclama como heteroaplicativa, por lo que se debe estar al plazo general de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora bien, resulta relevante precisar que la procedencia del amparo contra normas generales impugnadas con motivo de su aplicación, está condicionada a la procedencia del referido juicio contra dicho acto de aplicación, por lo que el juzgador de amparo podrá pronunciarse válidamente sobre la constitucionalidad de las normas generales impugnadas, siempre y cuando no se actualice una causa que afecte la procedencia del juicio respectivo contra el acto de aplicación de aquéllas. Ante ello, al analizar la procedencia del amparo contra normas generales impugnadas con motivo de su aplicación, es importante distinguir entre los aspectos de procedencia de ese juicio en contra del acto en el que se sostiene se concretó lo previsto en la norma controvertida y los diversos aspectos de procedencia relacionados con la impugnación de esta última. En ese orden de ideas, cuando se impugnan en amparo normas generales con motivo de su acto de aplicación, el primer aspecto que debe abordarse por orden lógico es el relativo a la procedencia del juicio de amparo contra el acto que se señala como aquél en el que se concretaron las normas generales cuya constitucionalidad se impugna, pues aun cuando en el referido acto sí se concrete en perjuicio de la quejosa lo previsto en las normas impugnadas e, incluso, se trate del primer acto de aplicación, si la demanda respectiva se presenta en forma extemporánea, esto es, fuera del plazo de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente a aquél en que tuvo lugar el acto de aplicación, el juicio será improcedente respecto de éste y, en consecuencia, en relación con las normas concretadas por primera vez en dicho acto. En el caso la parte quejosa refiere en su escrito aclaratorio "[.] 4. Respecto al momento en que la suscrita tuve conocimiento del acto de aplicación de la norma impugnada esto es la fecha en que la autoridad responsable me notificó la respuesta que combato del, oficio ..., este me fue notificado el 01 de diciembre de 2021, teniendo que en razón de que no fue concreta la respuesta que emitió la autoridad responsable, el Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales del Estado de Querétaro, dentro del juicio de amparo ..., mediante acuerdo del 21 de diciembre de 2021, requirió a dicha autoridad para que dentro de los tres días siguientes contestara de manera cabal la petición que le había realizado. [Se adjunta copia del oficio que firme al recibido). Es por ello que el 27 de diciembre de 2021, aproximadamente las 14:00 horas, se me entregó el oficio ..., signado por ...y de esta manera. es como tengo conocimiento de dicho acto reclamado. [.]" De lo anterior se desprende que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, fecha que la propia quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó en su escrito aclaratorio, particularmente en el capítulo 4 antes transcrito. Dichas manifestaciones, vertidas bajo protesta de decir verdad por la promovente, hacen prueba plena, en términos del artículo 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se obtiene que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados en la citada fecha. Entonces, en función a la fecha en que se presentó la demanda, resulta que el término de quince días con el que se contaba para la promoción del juicio de amparo en contra de los actos reclamados, ha fenecido. En la especie, el plazo de quince días comenzó a partir del día siguiente en que la quejosa tuvo conocimiento de los actos que pretende reclamar, es decir, a partir de la fecha en que la quejosa conoció de la existencia de los actos que reclama esto es el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, como así lo manifestó. Por ende, si la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, se depositó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, el cuatro de febrero de dos mil veintidós, según se advierte del sello del buzón judicial plasmado en el acuse que la parte quejosa remitió a este juzgado el catorce de febrero de dos mil veintiuno y que obra en la demanda original que dio inicio a este expediente, es evidente, que en esa fecha, había transcurrido en exceso el término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por ende, tácitamente consintió el acto reclamado, al presentar en forma extemporánea su escrito de demanda. Para una mejor comprensión del plazo se ilustra la siguiente tabla:... Fecha del acto reclamado Fecha de materialización del acto reclamado Surte efectos 15 Días transcurridos Días inhábiles Fenece plazo de 15 días 27. diciembre.2021 27/.diciembre.2021 28.diciembre.2021 29, 30 y 31 de Diciembre de 2021; 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17 y 18 de enero de 2022. 1,2,8,9,15,16 de enero de 2022 19.enero.2022 Por tanto, si la demanda se depositó hasta el día cuatro de febrero del año en curso, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, es evidente que se presentó con posterioridad al plazo precitado ya que, como ya dijo, la parte quejosa refiere bajo protesta de decir verdad tener conocimiento del acto reclamado desde el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, fecha en que la autoridad responsable le hizo del conocimiento el oficio reclamado como acto de aplicación en la presente instancia constitucional, por ende, operó el consentimiento tácito, de manera que se actualiza la improcedencia estipulada por el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, todos de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/96, con número de registro 200094, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, Tomo III, Junio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Sin que para ello obste la manifestación de la promovente, en el sentido de que el oficio que contiene la respuesta que aquí se impugna -acto de aplicación- y que fue emitido por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria del diverso juicio de amparo ...del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, adquirió fuerza definitiva hasta el catorce de enero de dos mil veintidós, al ser éste el día que se declaró cumplida la sentencia de amparo del citado juicio, y que es desde esta fecha que debe computarse la presentación de la demanda, pues respecto a dicha circunstancia, el Pleno del más alto tribunal de este país se pronunció en la jurisprudencia P./J. 40/2015 en la que establece que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo. El referido criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 40/2015, con número de registro digital 2010666, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I , del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." Por tanto, si las notificaciones son el medio legal por el que se comunican a las partes o particulares determinaciones respectivas, siendo inexacto que para computar el plazo para la presentación de una demanda de amparo no proceda tener en cuenta la notificación respectiva, ya que, precisamente, del artículo 18 de la Ley de Amparo se desprende que para contar dicho término se debe atender preferentemente a la notificación, siendo a falta de ésta, o si la ley no la prevé, cuando cabe acudir ya sea al conocimiento de hecho del acto reclamado, o a la fecha en que el quejoso se ostentó sabedor del mismo. Por ende, si, como en el caso, la autoridad responsable en una fecha determinada notificó al quejoso la determinación reclamada, es tal fecha la que debe tomarse en cuenta para computar el plazo para la interposición de la demanda, sin que para el propio efecto pueda atenderse a la fecha en que se emitió el auto de cumplimiento en un juicio de amparo diverso. En consecuencia, al haberse actualizado de forma patente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO el acto reclamado identificado en el inciso a), en términos del artículo 113 de la citada ley. Asimismo, la causa de improcedencia por la que se desecha la demanda, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1 de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos ochenta y siete, Libro 3, febrero de dos mil catorce, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." IV. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento que la mecánica de habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 08:00 a 15:00 Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas. Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas. Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Así mismo, se informa que, de conformidad con la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. En ese sentido, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. V. Autorizado. Asimismo, téngase a la parte quejosa proporcionando el número de cédula profesional de ...y atendiendo a que se encuentra registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, por tanto se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. VI. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. VII. Se autoriza devolución Finalmente se autoriza la devolución del documento que remite en copia certificada, autorizando para recibirlo a la persona que refiere en su escrito. fíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de febrero de dos mil veintidós. Remite acuse de escrito inicial Agréguese a los autos el escrito signado por ............., mediante el cual remiten el acuse del escrito inicial de demanda de la que se advierte el sello del reloj checador del buzón judicial, resérvese proveer lo que en derecho corresponda en tanto se cumpla la prevención realizada a la parte quejosa en el auto de once de febrero del año en curso o bien transcurra el plazo otorgado para ello. Notifíquese.
- Principal
Querétaro, Querétaro, once de febrero de dos mil veintidós. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda signada por ..............., contra actos de la Legislatura, Gobernador, Secretario de Gobierno, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Director del Periódico Oficial "La Sombra De Arteaga", todos del Estado de Querétaro; así como de la Directora General Adjunta Comercial, Directora Divisional de Administraciones, Encargado de la Administración de la Delegación Santa Rosa Jauregui, Encargado de la Administración y Jefe de Área Administrativa en Santa Rosa Jauregui, todos de la Comisión Estatal De Aguas. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 145/2022, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Protección a menores de edad. Ahora, toda vez que en el presente juicio se encuentran involucrados menores de edad, con la finalidad de brindarles la protección a su intimidad y privacidad durante la substanciación del presente, en los casos en que se tenga que hacer referencia a aquel, hágase a través de sus iniciales de nombre y apellido ................; ello con fundamento en los artículos 1 y 4 Constitucionales; 3.1 y 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 5°, párrafo primero, 7, 13, fracción XVII, 76, párrafos primero y segundo, 79 y 86, fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como punto 9 y 10 del "Capítulo III. Reglas de actuación generales" del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes (Suprema Corte de Justicia de la Nación). IV. Prevención. Ahora previo a proveer respecto a la admisión o no de la demanda de amparo de que se trata, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este auto, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Con fundamento en los requisitos que prevén los artículos 108, fracción I de la Ley de Amparo, deberá aclarar lo siguiente: a) Indicar el nombre de todos los quejosos. b) Señalar si promueven la demanda de amparo únicamente por propio derecho o también en representación de los menores que refieren en el proemio de su escrito inicial, así como de ............ En efecto, del escrito de demanda inicialmente señalan: "..............., de nacionalidad mexicana, mayor de edad, por propio derecho, refiero que soy ciudadana, esposa de .............., madre de ................. y madre de ............., quien a su vez es madre soltera al contar con dos hijos menores de edad de nombres ............., de 06 años cumplidos y ............ de 7 años cumplidos. Ante ello, la suscrita .............., como persona del género mujer, mi hija .............. al ser mujer y madre soltera, así como mis nietos .......... y ............al ser menores de edad, en términos (del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 1, fracción I y 5, fracción I de la Ley de Amparo, los numerales 4, incisos e), f) y g), y los diversos 5, 6, 7, incisos f), g), y el precepto 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. "Convención Belem Do Pará, así como lo establecido en los dispositivos 2, incisos b), c), d), 0. g), el numeral 11, inciso f). 14. 2. inciso h), de la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW), y los artículos 2, 3, 4, 6.2, 18, 24.2 inciso c), de la Convención Sobre los Derechos del Niño), solicitamos, que a todos se nos reconozca el carácter de quejosos, firmando la presente demanda (.)" Sin embargo, en el apartado relativo al nombre del quejoso y las firmas del escrito inicial, únicamente se advierten los nombres y grafías de ................, y ..............., no así de ................, sin embargo, en líneas anteriores solicita se reconozca el carácter de quejoso a todos los nombrados, por lo que a fin de brindar certeza jurídica y claridad al presente asunto, deberán aclarar si promueve el amparo por propio derecho o también en representación de los menores mencionados, así como de ................. SEGUNDO. Para el caso de que promueva la demanda en representación de ..............., con fundamento en el ordinal 114, fracción III de la Ley de Amparo, deberá acreditar la personalidad con la que comparecen al presente juicio constitucional, debiendo exhibir documento idóneo, legible y completo, en original o copia certificada, del que se advierta la representación que el promovente ostente, ello en atención a que es un presupuesto procesal de orden público, de estudio preferente y oficioso, dado que no anexó ningún documento alguno con el que se acredite dicho requisito procesal. Sirve de apoyo la Jurisprudencia P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, página 48, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." TERCERO. De conformidad con los artículos 108, fracción V y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad, deberá indicar el momento en que tuvo conocimiento del acto de aplicación de la norma impugnada (oficio de respuesta a la petición realizada a la autoridad responsable), es decir la fecha en que le fue notificado por la autoridad responsable la respuesta que combate, o bien la fecha en que tuvo conocimiento a través del diverso juicio de amparo que refiere. Ello, toda vez que del contenido integral de su escrito inicial se aprecia que el promovente reclama una norma general en su carácter heteroaplicativo y el acto de aplicación de ésta, consistente en la respuesta que se le dio a la petición para la contratación del servicio de agua potable, donde se negó de forma temporal autorizar el contrato de ese recurso, emitido por la autoridad responsable en cumplimiento a un diverso juicio de amparo. Por lo que deberá puntualizar tales aseveraciones, a fin de esclarecer los antecedentes del acto reclamado en relación con dicho conocimiento; asimismo, dígase al promovente que el escrito aclaratorio está bajo los efectos de la protesta de decir verdad que ya vertió, por lo que, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. Sobre el tema, es aplicable a lo anterior por identidad jurídica, la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 871 del Tomo del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla la parte quejosa y no los autorizados, debido a que aquél entraña expresiones bajo protesta de decir verdad, inherentes a la accionante. Ilustra la Jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página 348, tomo XXIV, julio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro siguiente. "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". CUARTO. Exhiba copias suficientes del escrito con el que dé cumplimiento a la prevención, a fin de correr traslado a las partes, en términos del artículo 110 de la ley de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." V. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que, en caso de no cumplir con el requerimiento primero y segundo, se tendrán como quejosos únicamente a las personas que signaron el escrito inicial, y para el caso de no cumplir el requerimiento tercero y cuarto, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. VI. Requiere constancias Ahora, toda vez que del escrito inicial de demanda se advierte que el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional y que también se reclama en el presente asunto fue emitido en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo 966/2021 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en tal virtud, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, solicítese atentamente al Juez de Distrito en mención, para que de no tener inconveniente legal alguno, remita copia certificada de la sentencia, ejecutoria, y la totalidad de las constancias de la ejecución del citado juicio, o en su caso, habilite el acceso electrónico de consulta del expediente relativo donde se adviertan tales actuaciones. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 319, Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, bajo el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." VII. Información vía electrónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. VIII. Atención presencial. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el diverso 37/2020 que amplió su vigencia, previa cita correspondiente. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. IX. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la mecánica de la habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Cabe precisar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. Por lo que, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. X. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones ..................; y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ..............., toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. XI. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. XII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XIII. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. XIV. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XV. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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