Elizabeth Ruiz Hernández

Expediente 1040/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 22 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1040/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
20/01/2023

Partes del expediente

  • Elizabeth Ruiz Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Incidental

    Mexicali, Baja California, a veinte de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, se ordenó su archivo, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto, lo conducente es, de igual manera enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No se exhibió. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original y el duplicado del presente incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, conforme a los artículos 21, inciso c), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; lo anterior, dado que se negó la suspensión provisional y definitiva en el presente asunto, respecto a los actos establecidos en el escrito inicial de demanda, así como los relativos al escrito de ampliación. Certificación de carátula. Se ordena a la Secretaria certifique que las carátulas de los expedientes original y duplicado del presente incidente, contienen impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Anotaciones y archivo. En tal virtud, dado que se advierte que no existe trámite pendiente; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno relativo y archívese este asunto como totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinte de enero de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Visto lo de cuenta, y dado que transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin haberse recurrido la sentencia recaída en este juicio, lo conducente en el caso, de acuerdo con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, es declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No fueron exhibidos. Constancias o actuaciones. No obran constancias originales. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Se ordena a la Secretaria certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1040/2022; y, RESULTANDOS PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y turnado al mismo día a este órgano jurisdiccional, (1) ********************, por su propio derecho, señaló como autoridades responsables y como actos reclamados los siguientes: (.) III.- AUTORIDAD ORDENADORA: Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California (.) Director de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California (.) IV.- AUTORIDAD EJECUTORA C. Director de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California (.) V.- ACTO RECLAMADO: De la Autoridad Ordenadora: Reclamo el descuento vía nomina que se me hace en mi pago catorcenal el cual se identifica con la clave H-3 ETESA, por la cantidad de 1,950.00 pesos moneda nacional. De la misma autoridad ejecutora reclamo la ejecución de los actos que se reclaman de las ordenadoras y en especial el embargo y retención de mi salario de forma por demás arbitraria y con ello ilegal, causando con ello un menoscabo muy importante en mis ingresos y con ello no permitiendo satisfacer los conceptos básicos para los cuales se encuentra destinado el salario tal y como lo prevé la ley aplicable, afectando de una forma importante mi patrimonio y el de mi familia. Todo esto a pesar de haber realizado escritos rogatorios para revocar la autorización que hubiera hecho a las empresas financieras para que se cobraran de mi salario integral, a las cuales la autoridad ejecutora del acto reclamado ha hecho caso omiso, tal y como lo acredito con el anexo a la presente demanda, con ello excediendo en demasía y de una forma considerable el porcentaje permitido por la ley. (.) SEGUNDO. Trámite. Los antecedentes más relevantes que integran el presente juicio de amparo indirecto son: El cinco de julio de dos mil veintidós, la demanda se turnó a este órgano jurisdiccional. El seis de julio del año en curso, se recibió la demanda en este Juzgado. Por los motivos expuestos en acuerdo de ocho de julio del año en curso, se radicó el presente juicio bajo el número de expediente 1040/2022 y se admitió a trámite. El veintiuno de septiembre dos mil veintidós, se acordó la ampliación de la demanda de amparo, en contra de: (.) me permito señalar como autoridad responsable a la denominada DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE OFICIALIA MAYOR, como autoridad ordenadora y a la denominada JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE OFICIALÍA MAYOR (.) (.) A la autoridades señaladas como responsables en su calidad de autoridad ordenadora y ejecutora, reclamo la ejecución de los actos que se reclaman de en especial el embargo y retención de mi salario de forma por demás arbitraria y con ello ilegal, causando con ello un menoscabo muy importante en mis ingresos y con ello no permitiendo satisfacer los conceptos básicos para los cuales se encuentra destinado el salario tal y como lo prevé la ley aplicable, afectando de una forma importante mi patrimonio y el de mi familia. Todo esto a pesar de haber realizado escritos rogatorios para revocar la autorización que hubiera hecho a las empresas financieras para que se cobraran de mi salario integral, a las cuales la autoridades señaladas como responsables han hecho caso omiso, tal y como lo acredito con el anexo de la demanda inicial, con ello excediendo en demasía y de una forma considerable el porcentaje permitido por la ley. (.) Luego, substanciado el juicio en términos de ley, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Del examen integral de la demanda de amparo y de la totalidad de las constancias que integran este juicio, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa expuso sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía, podemos concluir que la parte quejosa reclama lo siguiente: Demanda inicial. Autoridades responsables: 1) Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, y 2) Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California. Actos reclamados: De la autoridad 1) la aplicación de los descuentos al salario vía nómina de la parte quejosa. De la autoridad responsable número 2) la ejecución descuentos al salario, embargo y retención vía nómina de la parte quejosa. Ampliación de demanda. Autoridades responsables: 3) Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, y 4) Jefatura de Departamento de Administración de Personal de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California. Actos reclamados: La ejecución descuentos al salario, embargo y retención vía nómina de la parte quejosa. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado, procede verificar la existencia del acto precisado, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, se invoca el criterio de jurisprudencia siguiente, cuyos datos de identificación y rubro son: "Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990. Página: 95. SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Resultan ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, ya que si bien al rendir su respectivo informe justificado negaron categóricamente la existencia de los actos que la parte quejosa les reclama; sin embargo, dichas negativas quedan desvirtuadas, dado que realizan diversas manifestaciones que involucran el fondo del asunto, además de existir pruebas allegadas al presente juicio que acreditan la existencia de los descuentos vía nómina aplicados a la parte quejosa, cuya realización reclama la quejosa. Lo anterior, ya que si bien la quejosa adjuntó a su demanda de amparo copia a color de solicitud de dejar sin efectos la autorización dada por dicha agraviada para la autorización de descuentos a su sueldo, del oficio con número 07979 y de dos recibos de nómina; sin embargo, dichas documentales se encuentran adminiculadas con las manifestaciones de las autoridades responsables -con excepción del Jefe del Departamento de Administración de Personal de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado- al rendir su informe justificado, e incluso con la diversa copia simple exhibida por el Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California; pruebas que se encuentran relacionadas con las deducciones al salario que hoy se reclaman. En efecto, de la copia del oficio apuntado puede advertirse fue expedido por la Jefatura de Departamento de Administración de Personal de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, así como también puede apreciarse una leyenda que dice: "Secretaría de Hacienda", a la cual pertenecen las autoridades que hoy se señalan como responsables. Anudado a lo anterior, el (iii) Jefe del Departamento de Administración de Personal de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, en representación del (iv) Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, exhibió la copia simple del formato único de autorización de pago vía nómina de catorce de agosto de dos mil catorce, donde se autorizó los descuentos que la parte quejosa (1) ********************, que en la vía de amparo se reclaman. Constancias que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 197, 203 y 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, al margen que las documentales apuntadas hayan sido presentadas en copia simple, como ya se precisó una de ellas fue exhibida por una dependencia pública del Gobierno del Estado, sin que hubiera sido objetada ni negada su autenticidad; por ende, tal documento cuenta con valor probatorio en los términos antes precisados. Es aplicable la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 72 Sexta Parte, en la página ciento cuarenta y tres, de rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTATICAS. VALOR PROBATORIO. Debe darse valor probatorio a las copias fotostáticas de oficios de las autoridades o de escritos dirigidos a ellas, con sello de recibo, si las autoridades que intervinieron en hacer o recibir dichos oficios o escritos, no niegan clara y explícitamente su autenticidad, pues el documento o el sello proveniente de dichas autoridades, prueban a favor del particular que los exhibe, cuando las autoridades no los objetan, conforme al principio valorativo contenido en el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles." CUARTO. Causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo prevé que el estudio de las causas de improcedencia alegadas por las partes o advertidas de oficio, es de orden público y preferente. En el caso, respecto los actos consistentes en los descuentos o deducciones a su nómina como trabajadora; opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, pues los actos de trato derivan de la relación de coordinación establecida entre un trabajador -quejosa- con la patronal -autoridades señaladas como responsables- del Gobierno del Estado de Baja California. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]." De los numerales transcritos se deprende que el juicio de amparo, tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por leyes o actos de la autoridad que violen los derechos humanos. Asimismo, se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para que se considere a una autoridad como responsable para efectos del juicio de amparo, debe ponderarse: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior está contenido en la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página: 1089, con el rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por ello, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto, tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame. Así, la autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En efecto, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas. De ahí que, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino sólo aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad que suponga el ejercicio de facultades sustentados en el orden público e interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Pero también los entes de la administración pública pueden actuar como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios, conocidos comúnmente como relaciones de coordinación que son entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, al estar ambas en el mismo nivel y existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Establecido en anterior marco jurídico, en el caso que nos ocupa, puede colegirse que la naturaleza jurídica de la relación entre el quejosa y las autoridades señaladas como responsables, es de coordinación, dado que el acto que les reclama son los descuentos que le realizan a su salario como trabajadora al servicio del Gobierno del Estado de Baja California, comisionada a la Fiscalía General de Justifica del Estado, tal y como se advierte de las constancias valoradas en el considerando que precede, expedidas por la Oficialía Mayor de Gobierno, deducciones que le son efectuadas por la Secretaría de Hacienda, según se advierte de los recibos de pago adjuntos a la demanda de amparo. Entonces, se estima que en el caso no estamos en presencia de un acto de autoridad, en razón de que las autoridades señaladas como responsables, actuaron en su carácter de ente patronal, por lo que el acto reclamado consistente en los descuentos que se le realizan vía nómina a la impetrante de amparo; por consiguiente, no deben ser considerados como acto de autoridad, porque actúan en su calidad de patrones desprovistos de imperio y en una relación de coordinación, pues generalmente este tipo de descuentos derivan de relaciones contractuales de igualdad en el que ambas partes se pactan recíprocamente derechos y obligaciones, entre ellos, que el trabajador, para cubrir su adeudo, autoriza los descuentos sobre el ingreso básico que percibe. Por ende, podemos afirmar que los actos que ahora se reclaman, son propios de una relación entre trabajador y patrón, por lo que no existe una relación de supra a subordinación, al no estar investidas las autoridades señaladas como responsables, de facultades o poderes de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales de manera imperativa, en razón de que no pueden hacer cumplir sus determinaciones en forma coercitiva, pues en la especie, se trata de una decisión particular como parte patronal. Por tanto, se concluye que los actos reclamados que vincula a las autoridades señaladas como responsables con la quejosa, derivan de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito siguiente: "Registro 2011343 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tesis I.6o.T. J/28 Décima Época Tomo III, Abril de 2016, página 1956 AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra- subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Asimismo, es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito que dice: "Registro digital: 2011298 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: III.4o.T. J/3 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1639 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. De ahí que no hay duda que entre la quejosa -trabajadora- y las autoridades responsables -del Gobierno del Estado de Baja California-, en torno a los actos reclamados consistentes en los descuentos a su salario, por los conceptos y los motivos que refiere existe una relación de coordinación y no de supra a subordinación; de modo que la presente instancia constitucional resulta improcedente y, por ende, el conflicto que entre ambas partes se suscite con relación a las deducciones al pago del sueldo que alude, de estimarlo pertinente el impetrante y de no encontrarse prescrito su derecho, debe resolverse por el tribunal ordinario de esta entidad federativa, establecido para esos efectos, concretamente, ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, en la vía laboral burocrática, esto último, conforme lo establecido en el numeral 46 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, antes invocado, y demás dispositivos aplicables. Precedente vertical. Orienta a estas consideraciones, lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado de este Decimoquinto Circuito, en el amparo en revisión 599/2019, en el sentido de confirmar el sobreseimiento determinado en el juicio de amparo 472/2017, por el Juzgado Séptimo de Distrito en Ensenada, Baja California, por actualizarse la misma causal de improcedencia sobrevenida en este fallo; asunto en el que justamente el acto consistió en el descuento de percepciones de una Agente de la Policía Ministerial, que laboraba en la Procuraduría General de Justicia del Estado, perteneciente al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California. En las relatadas condiciones, resulta evidente que en cuanto al acto reclamado de estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el normativo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Determinación que se hace extensiva a los demás actos reclamados consistentes en la ejecución descuentos al salario, embargo y retención vía nómina de la parte quejosa, pues además de que dichos actos son consecuencia de los descuentos al salario de los cuales se actualiza la causa de improcedencia analizada, también debe decirse que no quedó acreditado en autos la existencia del embargo del salario reclamado. Decisión. En congruencia con lo anterior, lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto el acto de estudio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia; lo que imposibilita a este juzgador a abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, se invocan los criterios sustentados por la entonces integración del Tribunal Pleno y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguientes datos de localización y contenidos: "Registro digital: 232302 Instancia: Pleno Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 187-192, Primera Parte, página 88 Tipo: Aislada SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." "Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En este orden, dado el sentido de la presente determinación resulta innecesario el estudio de las demás causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por (1) ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos respectivamente precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notificación de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Así, lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", virtud que, el Juez Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, disfruta de su período vacacional, correspondiente al segundo semestre de dos mil veintidós, aprobado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informado mediante oficio CCJ/ST/5553/2022 de veintidós de noviembre del año en curso, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura de la Federación, asistido de Dulce Asunción Galindo Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a trece de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación que antecede, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, ya que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan a las constancias agregadas en autos mediante proveído de dos de diciembre del año en curso. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procédase a diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las trece horas con diez minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese..

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