Elizabeth Román López

Expediente 1036/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1036/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
26/12/2018

Partes del expediente

  • Elizabeth Román López

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto; se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el proveído de siete de diciembre de dos mil dieciocho, en que se desechó de plano la demanda de amparo planteada; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción. Por lo anterior, de conformidad con el artículo vigésimo cuarto del Acuerdo General antes referido, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de José María Pliego Moreno, secretario que da fe.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; siete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Elizabeth Román López y Raquel Lucero Sánchez, ambas por propio derecho, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, y otra autoridad responsable; se provee: Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 1036/2018, y fórmese expediente. Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. En ese orden, en el caso en estudio, el juicio de amparo que se intenta resulta improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (...)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)". Conviene destacar que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley de Amparo abrogada, estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del amparo contra actos dentro del juicio de ejecución irreparable: a) cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Ahora, de conformidad con la fracción V del numeral 107 transcrito, el amparo biinstancial sólo procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, que son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sin que haya posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior a que se refería el criterio de nuestro máximo tribunal antes mencionado. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio respecto de aquellos actos de imposible reparación, se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En el caso en estudio, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de doce de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en el toca civil 480/2018, del índice de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero señalada como responsable, que confirmó el auto de tres de mayo de dos mil dieciocho, por el cual el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Galeana, con residencia en Tecpan de Galeana, Guerrero, en el expediente 16/2017-I de su índice, admitió a trámite la demanda reconvencional de los demandados en lo principal María Filemón, Julián Sotelo Sánchez y Alicia Romero Sánchez, en contra de la actora, aquí quejosa. De ahí, que resulta evidente que contra ese acto no procede el juicio de amparo, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, porque una determinación de esa clase no afecta de modo material los derechos sustantivos de la parte quejosa y, por ende, no es de imposible reparación, puesto que únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a su esfera jurídica, más allá de constituir en su caso sólo una afectación procesal. Brinda sustento a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 4/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NO LO CONSTITUYE LA DETERMINACIÓN QUE ADMITE A TRÁMITE UNA DEMANDA DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. La admisión de una demanda de nulidad de juicio concluido, no constituye un acto que afecte en grado predominante o superior a los demandados, puesto que únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a su esfera jurídica. No pasa inadvertido que la institución procesal que está en juego con la admisión a trámite de este tipo de procedimientos, es la de la "cosa juzgada" del juicio concluido; sin embargo, ello no constituye un elemento válido para establecer la procedencia del amparo indirecto pues, en todo caso, será la sentencia que recaiga a dicho procedimiento, la que pudiera repercutir en la cosa juzgada del juicio que concluyó" . También orienta lo determinado la tesis aislada de los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA RECONVENCIONAL. SU ADMISIÓN Y EL HECHO QUE SE TENGA POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO NO IMPLICA UN ACTO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS INDIRECTO. Si se parte de la base de que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República estatuye que procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ..." y que, a su vez, la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, dispone que procede el amparo ante el Juez de Distrito "Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", entendiéndose que los actos procesales tienen esa ejecución irreparable si afectan de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del gobernado, no reparable en el laudo o sentencia definitiva, es indudable que los actos reclamados, consistentes en el acuerdo que admitió la demanda reconvencional y la tuvo por contestada en sentido afirmativo, no surten los requisitos de irreparabilidad que hagan procedente el amparo biinstancial en términos de los preceptos de mérito, dado que con ello no se impide la continuación del procedimiento en el expediente laboral, y tampoco se causa un daño que no pudiera ser reparado al dictarse el laudo, el cual podrá impugnarse, de serle desfavorable, a través del juicio de amparo directo y, en esa oportunidad, también tal acto como violación procesal; motivo por el cual resulta patente y manifiesto que el juicio de garantías resulta improcedente de conformidad con lo que previene la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el citado 114, fracción IV, de la ley de la materia" . En consecuencia, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia que refiere el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción V del diverso 107, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación ordinaria citada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo; asimismo, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a Servando Galeana Rivera, Emigdio Flores Secundino y Néstor Pérez Cordero, ya que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y solo para imponerse de los autos a José Luis Galeana Reyes y Luis Enrique López Abarca, dado que no tienen ese registro. De las notificaciones de las partes. Debido a la carga de trabajo de este juzgado, en miras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 constitucional; con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21, de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio. Asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberá hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. Notifíquese personalmente. Lo proveyó Carlos Alberto Larumbe Ramírez, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de la licencia académica de la titular de este órgano jurisdiccional; autorizada mediante oficio SECJ/STB/1217/2018, de dos de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; asistido de Edgar Herrera Borja, secretario quien da fe.

  3. Principal

    CITATORIO. EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE ESTABLECE: Vista la demanda promovida por Elizabeth Román López y Raquel Lucero Sánchez, ambas por propio derecho, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, y otra autoridad responsable; se provee: Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 1036/2018, y fórmese expediente. Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. En ese orden, en el caso en estudio, el juicio de amparo que se intenta resulta improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (...)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)". Conviene destacar que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley de Amparo abrogada, estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del amparo contra actos dentro del juicio de ejecución irreparable: a) cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Ahora, de conformidad con la fracción V del numeral 107 transcrito, el amparo biinstancial sólo procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, que son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sin que haya posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior a que se refería el criterio de nuestro máximo tribunal antes mencionado. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio respecto de aquellos actos de imposible reparación, se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En el caso en estudio, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de doce de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en el toca civil 480/2018, del índice de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero señalada como responsable, que confirmó el auto de tres de mayo de dos mil dieciocho, por el cual el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Galeana, con residencia en Tecpan de Galeana, Guerrero, en el expediente 16/2017-I de su índice, admitió a trámite la demanda reconvencional de los demandados en lo principal María Filemón, Julián Sotelo Sánchez y Alicia Romero Sánchez, en contra de la actora, aquí quejosa. De ahí, que resulta evidente que contra ese acto no procede el juicio de amparo, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, porque una determinación de esa clase no afecta de modo material los derechos sustantivos de la parte quejosa y, por ende, no es de imposible reparación, puesto que únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a su esfera jurídica, más allá de constituir en su caso sólo una afectación procesal. Brinda sustento a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 4/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NO LO CONSTITUYE LA DETERMINACIÓN QUE ADMITE A TRÁMITE UNA DEMANDA DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. La admisión de una demanda de nulidad de juicio concluido, no constituye un acto que afecte en grado predominante o superior a los demandados, puesto que únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a su esfera jurídica. No pasa inadvertido que la institución procesal que está en juego con la admisión a trámite de este tipo de procedimientos, es la de la "cosa juzgada" del juicio concluido; sin embargo, ello no constituye un elemento válido para establecer la procedencia del amparo indirecto pues, en todo caso, será la sentencia que recaiga a dicho procedimiento, la que pudiera repercutir en la cosa juzgada del juicio que concluyó" . También orienta lo determinado la tesis aislada de los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA RECONVENCIONAL. SU ADMISIÓN Y EL HECHO QUE SE TENGA POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO NO IMPLICA UN ACTO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS INDIRECTO. Si se parte de la base de que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República estatuye que procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ..." y que, a su vez, la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, dispone que procede el amparo ante el Juez de Distrito "Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", entendiéndose que los actos procesales tienen esa ejecución irreparable si afectan de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del gobernado, no reparable en el laudo o sentencia definitiva, es indudable que los actos reclamados, consistentes en el acuerdo que admitió la demanda reconvencional y la tuvo por contestada en sentido afirmativo, no surten los requisitos de irreparabilidad que hagan procedente el amparo biinstancial en términos de los preceptos de mérito, dado que con ello no se impide la continuación del procedimiento en el expediente laboral, y tampoco se causa un daño que no pudiera ser reparado al dictarse el laudo, el cual podrá impugnarse, de serle desfavorable, a través del juicio de amparo directo y, en esa oportunidad, también tal acto como violación procesal; motivo por el cual resulta patente y manifiesto que el juicio de garantías resulta improcedente de conformidad con lo que previene la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el citado 114, fracción IV, de la ley de la materia" . En consecuencia, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia que refiere el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción V del diverso 107, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación ordinaria citada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo; asimismo, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a Servando Galeana Rivera, Emigdio Flores Secundino y Néstor Pérez Cordero, ya que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y solo para imponerse de los autos a José Luis Galeana Reyes y Luis Enrique López Abarca, dado que no tienen ese registro. De las notificaciones de las partes. Debido a la carga de trabajo de este juzgado, en miras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 constitucional; con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21, de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio. Asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberá hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información... NOTIFÍQUESE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · 9,273 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano