Elizabeth Rodríguez González

Expediente 1612/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1612/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
08/01/2018

Partes del expediente

  • Elizabeth Rodríguez González

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que las partes NO INTERPUSIERON RECURSO DE REVISIÓN, dentro del término legal, contra el auto de doce de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio constitucional; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del secretario encargado, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de DESTRUCCIÓN, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. Finalmente, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO, DEL AUTO DE DOCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Colima. Al efecto, de la constancia que adjuntó la referida autoridad a su informe justificado, la cual merece valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se desprende, que el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable declaró cerrado el periodo de instrucción y ordenó turnar los autos del expediente 472/2013, para el dictado del laudo. Ahora bien, de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado por la impetrante de amparo, consiste esencialmente, en la omisión de declarar cerrado el periodo de instrucción y turnar los autos para el dictado del laudo, dentro de las actuaciones del expediente laboral ordinario 472/2013. Por su parte, de la constancia original que adjunta al informe justificado la responsable, se aprecia que el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos del expediente 472/2013, para el dictado del laudo. De lo destacado en el párrafo que precede, se colige que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (cinco de diciembre de dos mil diecisiete), no existía la omisión reclamada a la responsable de declarar cerrado el periodo de instrucción en el juicio laboral 472/2013, habida consideración que el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable se pronunció al respecto y determinó cerrar el periodo de instrucción en el juicio laboral de origen. En esas condiciones, ante la inexistencia de lo cuestionado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio. Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia en el País, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo 79, Julio de 1994, página 15, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En consecuencia, es innecesario abordar el examen del concepto de violación expresado por la quejosa, tal como lo establece la jurisprudencia 58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se lee: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." En vista de lo anterior, se deja insubsistente la fecha señalada a las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 107, 108, 112, 115 y, 117, de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de garantías que promueve ELIZABETH RODRÍGUEZ GONZÁLEZ; contra actos de la JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE COLIMA. Fórmese expediente; asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1612/2017-II-MO. Sin que se ordene la apertura del incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 128, fracción I, de la ley en cita. Audiencia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 del ordenamiento en consulta, se señalan para que tenga verificativo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Requerimiento a Autoridades. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la propia ley en comento vigente, PÍDASE A LA AUTORIDAD, RINDA SU INFORME CON JUSTIFICACIÓN, dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; acompañando copias certificadas COMPLETAS Y LEGIBLES, en su caso, de todas y cada una de las constancias del expediente de donde deriva el acto reclamado, incluyendo los documentos fundatorios y las pruebas que hubieren sido tomadas en consideración para la emisión del acto impugnado; apercibida que en caso de que no rinda el informe con justificación, o admitida la certeza del acto, lo haga sin remitir las constancias que se le solicitan, se hará acreedora a una multa prevista en el artículo 260, fracción II, del propio cuerpo legal. Cabe precisar que el acotamiento del plazo para la rendición del informe requerido, obedece a la naturaleza del acto reclamado -dilación procesal-, a fin de no transgredir en perjuicio del quejoso la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional; máxime que los numerales 115 y 117 de la Ley de Amparo, en su orden, establecen que la audiencia constitucional se celebrará dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda de garantías, y que las responsables tiene el deber de rendir su informe de ley dentro del plazo de quince días, respectivamente, entendidos como el tiempo máximo para cumplir tales formalidades, empero ello sin perjuicio de que se procure otorgar mayor efectividad en la integración del procedimiento en beneficio de la tutela de los derechos humanos de los gobernados, sin que con ello se violen las reglas del procedimiento. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento a las autoridades en su carácter de responsables que en este juicio únicamente se les notificará, por medio de oficio, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban notificar por medio de oficio), y las restantes se le notificarán por medio de lista. De acuerdo con lo previsto en el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, hágase saber a las partes y autoridad responsable, el deber de informar a este juzgado, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna causal de improcedencia del juicio; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se harán acreedoras a la multa prevista en el artículo 251 del cuerpo normativo en comento. Por ser parte en el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV, y 26 fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el trámite del presente juicio, en el entendido que la copia de la demanda, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado; asimismo se hace del conocimiento de dicha representante federal que sin promoción alguna podrá solicitar las copias que estime pertinentes, salvo las que solicite certificadas. Lo anterior, por no tratarse de un amparo indirecto promovido contra normas generales. Desde este momento, toda vez que este Juzgador tiene la obligación de vigilar que los juicios no queden paralizados, en atención al principio de celeridad procesal que contiene el artículo 17 de la Carta Magna, dígase al personal autorizado de la sección de actuaría de este juzgado, que se encuentra facultado para realizar las notificaciones que deriven de este juicio, aun en días y horas inhábiles con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la ley de la materia. Autorizados y Domicilio. Se tiene como autorizados de la parte quejosa, con las limitantes que establece el numeral 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en su escrito de demadna, debido a que su cédula profesional no se encuentra inscrita en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que hace referencia el acuerdo general 24/05 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la misma se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda. Por otra parte, se instruye al Secretario y al Oficial de trámite respectivos, para que se efectúe y corrobore el envío inmediato de los oficios relativos. En el entendido de que la responsabilidad tanto del envío efectivo del comunicado de referencia, la veracidad de los datos que se publiquen en la lista de acuerdos, así como la correcta y oportuna notificación de este proveído y del resto de las determinaciones que se emitan en el presente asunto, recae en el Actuario de la adscripción. Finalmente, con fundamento en lo estipulado en los artículos 1, 3°, 5, y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 26, fracción I, 30, 34 y 47 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 2°, fracciones VIII, IX, XII, XIV, XV, XXI y XXII, 3°, 5° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Acuerdo General 11/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma diversos Acuerdos Generales del propio consejo, con el objeto de actualizar atribuciones y procedimientos en materia de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, se hace del conocimiento de las partes que al dictarse la ejecutoria correspondiente se elaborará en versión pública a fin de proteger sus datos personales; sin que ello implique la supresión de sus nombres, al tratarse de un amparo en materia laboral que no encuadra en los supuestos de datos sensibles a los que alude el Acuerdo General 11/2017 de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación.

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