Elizabeth Rodríguez Alcocer

Expediente 498/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
498/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
28/01/2021

Partes del expediente

  • Elizabeth Rodríguez Alcocer

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los cuales se advierte que por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa, por el término de tres días a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del contenido del oficio 256, remitido por la Juez de Primera Instancia en Materia Penal de esta Ciudad, con el cual informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, término que transcurrió del once al trece de febrero siguiente, sin que lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Federal procede, de oficio, a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, lo cual consiste en examinar si la ejecutoria de amparo se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos; es decir, que el cumplimiento dado por la autoridad responsable sea en la forma, términos y con el alcance que se hubiese determinado en la sentencia concesoria de amparo; por tanto, no es suficiente que la autoridad argumente haber dado cumplimiento a lo ordenado por el juez de amparo, sino que acredite dicha circunstancia con las constancias y datos suficientes e idóneos para ello. Lo anterior es así, pues el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su cumplimiento. ACTO RECLAMADO Cabe recordar que Elizabeth Rodríguez Alcocer, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad, y otras autoridades, que hizo consistir en: 1).- La orden de aprehensión dictada en su contra el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en el proceso penal 11/2018, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de robo calificado en grado de participación, cometido en agravio de Caja de Ahorro y Préstamo Nahuatzen, Sociedad Civil. 2).- La ejecución que se pretende llevar a cabo de dicha orden de aprehensión. EFECTO DE LA CONCESIÓN DE AMPARO En sentencia pronunciada el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, la cual quedó firme por resolución dictada el nueve de enero de dos mil veinte, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, en el amparo en revisión 147/2019, este juzgado concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa para el efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad, realice lo siguiente: ". deje insubsistente el mandato de captura reclamado, y Siguiendo los lineamientos planteados en esta resolución, con plenitud de jurisdicción dicte otra, la que podrá ser en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales de que aquella adolece, o en sentido diverso, según proceda. Concesión que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados, al no reclamarse por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de lo reclamado a la autoridad judicial." DOCUMENTOS QUE APORTÓ LA RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO Mediante oficio número 256, la Juez de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución de treinta de enero de dos mil veinte, emitida en en el proceso penal 11/2018, de su índice, en la que dejó insubsistente la orden de aprehensión de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, y dictó una nueva resolución en la que subsanando los vicios formales que adolecía aquella, nuevamente dictó orden de aprehensión en contra de la quejosa Elizabeth Rodríguez Alcocer. Ahora bien, en relación a los vicios formales que adolecía la orden de aprehensión recamada, en la sentencia se dijo: a. Si bien respecto al primero de los elementos -una conducta de apoderamiento-, señaló que la acción recayó en "peculio", dicha autoridad fue omisa en especificar la cantidad exacta materia del apoderamiento. Además, omitió precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que aconteció el apoderamiento. Es decir, si bien dicha responsable adujo que el apoderamiento tuvo lugar a través de créditos, préstamos y disposiciones, no indicó las cantidades que fueron materia del robo por cada uno de los medios indicados y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ello aconteció. Asimismo, dicha responsable refirió que "los empleados", realizaron o hicieron entrega del dinero en efectivo o de cheques para su cobro; sin especificar cuáles de las cantidades fueron entregadas en efectivo y cuáles en cheque, cuáles fueron éstos últimos; a quién se entregaron y las circunstancias en que ocurrió lo señalado. Lo expuesto resulta necesario a fin de estar en condiciones de conocer las circunstancias precisas de modo, tiempo y lugar en que tuvo verificativo el "apoderamiento" materia del delito; máxime que dicha autoridad también precisó que el robo fue cometido mediante "la realización de trámites en apariencia sin ningún problema, que fueron verificados por la contadora "quien llevaba a cabo el llenado de folios para realizar retiros, por préstamos o créditos o retiro de ahorros". Además, pese a que la responsable indicó que el apoderamiento de que se trata se demostró con las declaraciones de la denunciante y con lo señalado por Edgar Equihua Díaz y Tarsicio Irepan Jiménez, omitió indicar qué fue lo que en concreto advirtió de cada una de dichas pruebas para tener por acreditado el apoderamiento en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dicha autoridad indica. En relación a lo anterior, la autoridad responsable al emitir el nuevo mandato de captura describió la denuncia y testimonios, así como sus ampliaciones a las que concedió valor probatorio para enseguida señalar lo siguiente: "Testimonios que analizados en lo individual y luego en su conjunto, nos ponen de manifiesto que los atestes tienen conocimiento de que existió una disposición del dinero de la caja de ahorro, hechos de los cuales dan cuenta, pues uno era el apoderado jurídico de la caja de ahorro y el otro tiene la calidad de socio, por lo que conocían a la perfección los movimientos de la caja, tuvieron contacto directo con el resultado de la auditoria o arqueo contable, que arrojó un faltante y puso en evidencia las ilícitas disposiciones realizadas por los empleados de la caja de ahorros, entre ellas, las conductas desplegadas por la imputada, quien en varias ocasiones dispuso del dinero como si fuera de ella. [.] Tenemos que de lo expuesto por Ma. de los Ángeles Flores Servín y corroborado por Edgar Equihua Diaz y Tarsicio Irepan Jiménez, se obtiene que la caja de ahorros, fue requerida a través de la institución recaudadora de impuestos para realizar las declaraciones pendientes quienes fueron acordes en señalar, que al momento de que la gerente general de la caja de ahorro, fue requerida por la institución recaudadora de impuestos, para rendir las declaraciones faltantes, y en ese momento fue cuando se descubrió que mediante movimientos internos, se dispuso de varías cantidades de dinero, conducta desplegada por los propios empleados de la sociedad civil, lo anterior pues el auditor contratado para regularizar la situación fiscal de la caja de ahorro, tuvo a su alcance los folios y estados de cuenta de la persona moral agraviada, estableciendo que se realizaron movimientos contables y al interior de la institución, para efecto de disponer de distintas cantidades, y en caso concreto de la inculpada por la que ahora se resuelve se pone de manifiesto que ella como encargada de la custodia del efectivo, del resguardo de los cheques, y conociendo la forma del manejo de los créditos y/o prestamos, permitió sin ningún obstáculo la disposición del efectivo -circunstancias de modo- lo cual fue sin contar con el consentimiento de su propietario o la persona autorizada para ello. Acción de disposición de la que en los hechos atribuidos a la inculpada puede establecerse precisamente en los folios: 1.- Folio 51007, de fecha 5 cinco de noviembre de 2011 dos mil once, valioso por la suma de $2,548.00 dos mil quinientos cuarenta y ocho. 2.- Folio 51005, de fecha 5 cinco de noviembre de 2011 dos mil once, valioso por $127,271.94 ciento veintisiete mil doscientos setenta y un pesos con noventa y cuatro centavos. 3.- Folio 45468, de fecha 18 dieciocho de agosto de 2010 dos mil diez, valioso por la suma de $300,000.00 trescientos mil pesos. 4.- Folio 10331, de fecha 2 dos de febrero de 2009 dos mil nueve, valioso por la suma de $200,000 doscientos mil pesos. 5.- Cheque número 245, de fecha 31 treinta y uno de agosto de 2009 dos mil nueve valioso por la suma de $700,000.00 setecientos mil pesos. 6.- Folio número 17562, de fecha 24 veinticuatro dos mil nueve, por la suma de $1,000.00 mil pesos. 7.- Folio 22593, de fecha 29 veintinueve de septiembre de 2009 dos mil nueve, por la suma de $2,000.00 dos mil pesos. 8.- Folio 34230, de fecha 30 treinta de abril de 2020 dos mil diez, por la suma de $430.00 cuatrocientos treinta pesos. 9.- Folio 39845, de fecha de fecha 28 veintiocho de julio de 2010 dos mil diez, por Ia suma de $1,000.00 mil pesos. 10.- Folio mismo que no cuenta con fecha de elaboración, que fue cambiado por dinero en efectivo por la cantidad de $10,000.00 diez mil pesos que se encuentra firmado por Verónica Huerta Onohi. 11.- Folio 11201, de fecha 17 diecisiete de febrero de 2009 dos mil nueve, que no contaba con a autorización de la gerente, entregando una cantidad de $15,000.00 quince mil pesos en la cual aparece la firma de Verónica Huerta Onchi. 12.- Folio 18627 de fecha 9 nueve de junio o julio de 2009 dos mil nueve, donde se hizo entrega de la cantidad en efectivo de $2,000.00 dos mil pesos. 13,- Folio 19738, de fecha 2 dos de agosto de 2009 dos mil nueve, donde se hizo entrega de la cantidad de 16,000,00 dieciséis mil pesos. 14.- Folio 20476, de fecha 30 treinta de septiembre de 2009 dos mil nueve, donde se hila entrega de la cantidad en efectivo de 20,000,00 veinte mil pesos. 15.- Folio 22764, donde se hizo entrega de la cantidad de $207,741,00 doscientos siete mi setecientos cuarenta y un pesos. 16.- Folio 22775" de fecha 30 treinta de septiembre de 2009 dos mil nueve, entregando la cantidad en efectivo por $607,741 seiscientos siete mil setecientos cuarenta y un pesos. Lo anterior permite establecer las circunstancias de tiempo, puesto que en esos folios y conforme a lo narrado en la denuncia puede advertirse que la inculpada desplegó un conducta tendiente a colaborar con la acción de apoderamiento, dado que de la denuncia y los testimonios de cargo, se obtiene que la auditoria permitió advertir que el apoderamiento tuvo lugar a través precisamente de esa forma, conociendo través de los folios descritos la temporalidad en que la conducta de apoderamiento se ejecutó; sustracción que se llevó a cabo en las propias oficinas de la persona moral ubicadas en la esquina formada por Morelos y Amado Nervo, centro de la población de Nahuatzen, Michoacán, -circunstancias de lugar-". Asimismo, en la sentencia de amparo, se señaló como vicio de formalidad: b. En torno al tercero de los elementos -que la cosa sea ajena-, aquella autoridad omitió señalar por qué se dice que el "peculio" materia de apoderamiento era ajeno al activo, cómo se demostró y qué fue lo que en esencia advirtió de cada prueba para colegirlo así, pues como quedó asentado, la responsable se limitó a señalar: [.] Sin embargo, lo anterior no evidencia por qué la autoridad judicial responsable arribó a la determinación de que el dinero que se dice fue materia de robo, era ajeno a la parte activa,ni tampoco lo que en esencia, advirtió de cada una de las pruebas en que se apoyó para colegirlo de esa manera. c. Por lo que ve al último de los elementos del cuerpo del delito -que dicho apoderamiento sea realizado sin consentimiento de la persona que legítimamente podía disponer de la cosa-, la responsable precisó [.]; empero, dicha autoridad no señaló a cuáles de las declaraciones que obran en la indagatoria se refiere ni a cuál de las auditorías, aunado a que tampoco indicó qué fue lo que en concretó advirtió de cada una de dichas pruebas para arribar a dicha determinación. En relación a los puntos b. y c. la autoridad responsable señaló: "De ahí, que concluyendo que existió el apoderamiento, sin consentimiento de quien se encontraba facultado para otorgarlo, pues la caja de ahorro, captaba el dinero de los socios, y su disposición obedecía, a un procedimiento interno, una vez que el socio ahorrador garantizaba el crédito, para disponer del mismo a través de cheque o dinero en efectivo, previa autorización de la gerente general, de ahí que si los empleados de la moral sabían cuál era el trámite que debía de verificarse para el retiro o autorización de entrega de dinero ya fuera en efectivo o mediante cheques, y aun con ese conocimiento hicieron la entrega de dinero sin contar con autorización, es evidente que colaboraron en la disposición en detrimento de la moral afectada. De la misma manera, se encuentra justificado que el dinero materia del hurto, le era ajeno a la agente del delito, pues era propiedad de los ahorradores, cuyo apoderamiento se verificó sin el consentimiento de quien legalmente podía disponer del mismo, pues como se advierte de la denuncia y de los testimonios, incluso de la misma auditoría, el robo, fue cometido mediante la realización de trámites, en apariencia sin ningún problema, donde refiere la denunciante existió intervención de varios empleados, quienes llevaban a cabo el llenado de folios para realizar retiros, por préstamos o créditos, o retiro de ahorros, no obstante que los ahorros no eran suficientes para ello, o bien, realizaban entrega de dinero en efectivo o cheques en favor de terceras personas, aun cuando conocían a la perfección el trámite interno que debía realizarse para poder disponer de dinero. Y es así, pues de la denuncia y declaraciones que obran en autos, se conoce que al momento de ingresar como socio a la caja de ahorro, la persona depositaba sus ahorros y podía disponer de los mismos o acceder a un crédito una vez que se garantizaba su monto, sin embargo, el auditor concluyó que el 90 noventa por ciento de los folios que le fueron entregados para realizar su experticia se habían expedido a una sola persona, quien dispuso entonces de varias cantidades de dinero, siendo responsabilidad de los empleados, el manejo que se dio al dinero de la caja; lo cual se realizó sin contar con la anuencia o consentimiento de la gerente general, quien entre sus facultades, debía autorizar los créditos una vez que se acreditaba la solvencia, por lo que se advierte que el denunciante en ningún momento dio su anuencia para que el dinero fuera sustraído. [.]" Por otro lado, en la sentencia concesoria se señaló como vicio de formalidad: d. Además, si bien la responsable refirió que el delito de robo por el que emitió el mandato de captura que se reclama, se encuentra sancionado por el artículo 300, fracción III, del Código Penal del Estado vigente en la época de los hechos, pues dijo que el monto total de lo robado asciende a la cantidad de $16,374,343.90 (dieciséis millones trescientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y tres pesos 90/100 moneda nacional), como se advirtió del dictamen pericial contable; sin embargo, dicha autoridad fue omisa en precisar, cómo arribó a dicha determinación, pues fue omisa en indicar cuál fue el importe del salario que tomó en consideración para colegir que el valor de lo robado excede del importe de quinientos días de salario a que alude la hipótesis invocada. [.] En relación a lo anterior, la autoridad responsable señaló: "Por otra parte, para los efectos de la penalidad aplicable, y en una nueva revisión y análisis de las denuncias y los documentos que fueron presentados por la gerente de la caja de ahorro, se advierte que no puede establecerse de manera preliminar el monto al que asciende el hurto, puesto que en su denuncia inicial se señaló que el desfalco a su representada es por la cantidad de $15,805,289.90 quince millones ochocientos cinco mil doscientos ochenta y nueve pesos con noventa centavos, manifestación que realiza tomando como base el contable o auditoría que se realizó por el contador José Luis Linares Méndez; sin embargo, analizado dicho documento privado, advertimos que no emitió una conclusión que permita cuantificar el monto del hurto que denunciaron, contrario a ello, señaló que "la forma correcta de establecer, la real situación económica y financiera de la Caja de Ahorro y Préstamo Nahuatzen S.C., de' los periodos revisados 2010 y 2011, seria reestructurando la contabilidad de dichos periodos, por un profesional contable colegiado competente siempre que se cuente con la documentación correspondiente"; es decir, el mismo contador, asume que no contó con la documentación necesaria y suficiente para emitir una conclusión; por lo que a dicho ejercicio contable no le podemos otorgar valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 302, y 303 del Código de Procedimientos Penales del Estado. [.] Por tanto, se determina que en el presente caso el delito de robo atribuido a la inculpada, debe sancionarse en términos del artículo 302 del Código Penal del Estado". Finalmente, en otro apartado de la sentencia concesoria se señaló como vicio formal, en relación a la probable responsabilidad de la hoy quejosa, lo siguiente: "Por otro lado, en el apartado relativo a la probable responsabilidad de la hoy quejosa, [.] omitió asentar lo que en esencia advirtió de cada uno de ellos en torno a la participación de la quejosa en la "ejecución" del delito de mérito y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tuvo lugar la ejecución de que se habla, y por qué se dice que éstos son aptos y suficientes para tener por demostrada la probable responsabilidad de la quejosa en la comisión del delito que se le atribuye y cuál es el valor probatorio que en base a lo anterior, merece cada uno de dichos medios de prueba.[.] Es decir, dicha autoridad hizo alusión a hechos que no guardan relación con los diversos que derivan de la causa penal de origen, lo cual resulta a todas luces incongruente. *** Sin embargo, dicha autoridad, se reitera, no precisó cuál fue en concreto, la conducta de ejecución que se atribuye a la hoy quejosa y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que aconteció, tomando en consideración el bien materia de apoderamiento, las circunstancias en que se llevó a cabo y las personas involucradas, además, con cuáles de las pruebas del sumario se demostró y qué fue lo que tomó en consideración de cada una para arribar a dicha determinación. Máxime que ante la intervención de varias personas, dicha autoridad omitió precisar si en la especie se actualiza el supuesto de la "coautoría", el cual se surte cuando varias personas en consenso y con codominio conjunto del hecho, dividiéndose las acciones delictivas y mediante un plan común acordado antes o durante la perpetración del suceso, concurren a la ejecución del hecho punible y, por tanto, son responsables en igualdad de condiciones; por ende, una aportación segmentada, adecuada y esencial al hecho puede bastar para ser considerada y penada como coautoría, aunque formalmente no sea parte de la acción típica, habida cuenta que aquélla se refiere no únicamente a una ejecución compartida de actos que se realizan, en sentido objetivo-formal, como porciones pertenecientes a la acción típica sino a que varios agentes reparten entre sí, el dominio del hecho en la etapa de su realización, por lo cual la doctrina ha llamado a esta intervención compartida como codominio funcional del hecho; sin embargo, esa actuación funcional para convertir al agente como coautor, debe ser necesaria y esencial para la realización del hecho delictivo. [.]" En relación a lo anterior, la autoridad responsable subsanó dicho vicio de formalidad: "Sexto, La participación de la inculpada [.] se estima que se encuentra probablemente acreditada en autos en los términos del artículo 17, fracción 1, del Código Penal del Estado, [.]. En consecuencia, se concluye que fue entre otros Elizabeth Rodríguez Alcocer, persona encargada de la custodia del efectivo, del resguardo de los cheques, de la combinación de la caja fuerte, permitió sin ningún obstáculo la disposición del efectivo, quién en contubernio con los empleados de la caja, llevaron a cabo la conducta de apoderamiento de dinero, correspondiente a los ahorros de la persona moral agraviada, mediante diversas disposiciones, efectuadas durante el periodo que la contadora Alejandra Equihua, estuvo al frente de los movimientos contables de la moral afectada y concretamente en las fechas en que se dispuso según consta en los folios: 1.- Folio 51007, de fecha 5 cinco de noviembre de 2011 dos mil once, valioso por la suma de $2,548.00 dos mil quinientos cuarenta y ocho, 2.- Folio 51005, de fecha 5 cinco de noviembre de 2011 dos mil once, valioso por $127,271.94 ciento veintisiete mil doscientos setenta y un pesos con noventa y cuatro centavos, 3.- Folio 45468, de fecha 18 dieciocho de agosto de 2010 dos mil diez, valioso por la suma de $300,000.00 trescientos mil pesos, 4.- Folio 10331, de fecha 2 dos de febrero de 2009 dos mil nueve, valioso por la suma de $200,000 doscientos mil pesos, 5.- Cheque número 245, de fecha 31 treinta y uno de agosto de 2009 dos mil nueve valioso por la suma de $700,000.00 setecientos mil pesos, 6.- Folio número 17562, de fecha 24 veinticuatro de junio de 2009 dos mil nueve, por la suma de $1,000.00 mil pesos, 7.- Folio 22593, de fecha 29 veintinueve de septiembre de 2009 dos mil nueve, por la suma de $2,000.00 dos mil pesos, 8.- Folio 34230, de fecha 30 treinta de abril de 2020 dos mil diez, por la suma de $430.00 cuatrocientos treinta pesos, 9.- Folio 39845, de fecha de fecha 28 veintiocho de julio de 2010 dos mil diez, por la suma de $1,000.00 mil pesos, 10.- Folio mismo que no cuenta con fecha de elaboración, que fue cambiado por dinero en efectivo por la cantidad de $10,000.00 diez mil pesos que se encuentra firmado por Verónica Huerta Onchi, 11.- Folio 11201,de fecha 17 diecisiete de febrero de 2009 dos mil nueve, que no contaba con la autorización de la gerente, entregando una cantidad de $15,000.00 quince mil pesos en la cual aparece la firma de Verónica Huerta Onchi, 12.- Folio 18627, de fecha 9 nueve de junio o julio de 2009 dos mil nueve, donde se hizo entrega de la cantidad en efectivo de $2,000.00dos mil pesos, 13.-Folio 19733, de fecha 2 dos de agosto de 2009 dos mii nueve, donde se hizo entrega de la cantidad de 16,000.00 dieciséis mil pesos, 14.- Folio 20476, de fecha 30 treinta de septiembre de 2009 dos mil nueve, donde se hizo entrega de la cantidad en efectivo de 20,000.00 veinte mil pesos, 15.- Folio 22764, donde se hizo entrega de la cantidad de $207,741.00 doscientos siete mil setecientos cuarenta y un pesos,16.- Folio 22775, de fecha 30 treinta de septiembre de 2009 dos mil nueve, entregando la cantidad en efectivo por $607,741 seiscientos siete mil setecientos cuarenta y un pesos. Por tanto, como las funciones que tenía su cargo no le autorizaban para disponer del dinero en la forma en que lo hicieron, dado que conocían perfectamente sus funciones y las de cada uno de los empleados de la caja de ahorro, además conocía el manejo de la caja, la forma en que debían realzarse los retiros o disposiciones del dinero, que era mediante la autorización previa de persona autorizada para ello, a más de que como encargada de la custodia del efectivo y de los cheques, y cajera general, le permitía conocer los movimientos que habitualmente realizaba la contadora, haciendo caso omiso de ello le hacía entrega del efectivo o cheques para disponer del dinero como se hizo. De ahí que, pueda concluirse que Elizabeth Rodríguez Alcacer, distrajo determinada cantidad de dinero del patrimonio de la caja de ahorro y préstamo, en contubernio con Alejandra Equihua Díaz, pues claramente sabían que la gerente general encargada de la autorización de los créditos era la única persona que podía autorizar los créditos o retiros por las sumas que constaban en los folios, y no obstante que la contadora Alejandra Equihua era quien firmaba de autorización los trámites para el retiro, en su favor, las cajeras Elizabeth Rodríguez Alcocer, Verónica Janet Huerta Morales y Verónica Huerta Onchi, no frenaban o rechazaban los tramites, contrario a ello otorgaban el dinero o permitían que fuera sustraído de las arcas de la persona moral, sin cuestionar que la contadora quien era encargada de la contabilidad se autorizara retiros ni informar a la gerencia o a la asamblea, le permitían continuar con los trámites, contribuyendo así al desvío de los recursos de la persona moral agraviada, en relación con Francisco Hernández Molina, su función era la de tesorero del Consejo de Administración, resulta incuestionable que tenía conocimiento de los movimientos de la forma en que se manejaban las finanzas de la caja de ahorro; de modo que el hecho de que ni las cajeras ni el tesorero de la caja de ahorro, pusiera en conocimiento de la gerencia el desvío de los recursos que realizaba Alejandra Equihua Díaz, ni tampoco de la asamblea, antes bien, permitieran que lo hiciera, pues sabiendo que no se encontraba autorizada para autorizar retiros ni mucho menos contaba con el ahorro necesario para retirar las cantidades, le fueron entregadas las cantidades en efectivo y los cheques para que dispusiera del dinero de la caja como si fuera su dueña". Finalmente, la autoridad responsable concluyó su resolución con los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver la solicitud de orden de aprehensión que formula el fiscal consignaste. SEGUNDO. En los autos se encuentra acreditado el delito de robo calificado, cometido en agravio de Caja de Ahorro y préstamo Nahuatzen, Sociedad Civil, así como la probable responsabilidad penal de Elizabeth Rodríguez Alcocer. TERCERO. En consecuencia, se dicta orden de aprehensión en contra de Elizabeth Rodríguez Alcocer, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo calificado, cometido en agravio de Caja de Ahorro y préstamo Nahuatzen, Sociedad Civil.[.]" Por otra parte, el Agente de la Policía de Investigación Encargado del Área de Aprehensiones de la Fiscalía Regional de Uruapan, mediante oficio registrado con el consecutivo 2188, informó que el Director de la Policía de Investigación le conminó a abstenerse de ejecutar la orden de aprehensión de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, girada en contra de la quejosa, toda vez que dicho mandamiento se dejó insubsistente. CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA. Como se advierte del examen de las documentales aludidas, las que adquieren valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se desprende que la Juez de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad, cumplió con la sentencia de amparo, dado que de las determinaciones enunciadas se advierte que dejó insubsistente la orden de aprehensión en contra de la quejosa Elizabeth Rodríguez Alcocer, en en el proceso penal 11/2018, de su índice, de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en su lugar emitió otra determinación purgando los vicios formales apuntados en la sentencia de amparo y con plenitud de jurisdicción, dictó orden de aprehensión en contra de la citada quejosa, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo calificado, cometido en agravio de Caja de Ahorro y préstamo Nahuatzen, Sociedad Civil. En consecuencia, procede concluir que ya fue reparado el agravio sufrido por la quejosa; por tanto, se declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Atento a lo anterior, se ordena notificar a la parte quejosa y tercero interesado, haciéndoles saber que cuentan con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se procederá al archivo de este asunto como totalmente concluido, conforme lo dispone el numeral 196 de la citada legislación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se hace del conocimiento de las partes que en este expediente se han reanudado los términos procesales conforme a la SECNO/1/2021, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y tercero interesado.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio signado, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual transcribe el proveído de doce de julio del año en curso, emitido por el Magistrado Presidente de dicho órgano jurisdiccional, por el que hace del conocimiento que admitió a trámite el recurso revisión interpuesto por la tercera interesada Moral Caja de Ahorro y Prestamos Nahuatzen, Sociedad Civil, en contra de la sentencia dictada dentro del presente asunto; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese recibo correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que en proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, se ordenó notificar al tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, la sentencia dictada en el presente asunto, así como el auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve, mediante el cual se tuvo a Ma. de Los Ángeles Flores Servín, representante Legal de la Tercera Interesada Moral Caja de Ahorro y Préstamo Nahuatzen, Sociedad Civil, interponiendo recurso de revisión en contra de la misma, y toda vez que ya aconteció tal circunstancia, remítase el expediente original del juicio de amparo 498/2018, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoprimer Circuito, con residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacán, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 498/2018, que se remitió con motivo del recurso de revisión interpuesto, toda vez que refiere que después de una revisión del expediente se advierte que no se obran las constancias de notificación practicadas al tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito a la Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, notificaciones que son necesarias a fin de que admita el citado recurso de revisión. En tales condiciones en obvio de mayores dilaciones procesales con apoyo en el artículo 26 fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire al tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito a la Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, remítase copia certificada de la sentencia dictada en autos, del escrito de agravios y auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve, a fin de que se encuentre notificado. Notifíquese.

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