Elizabeth Reymundo Domínguez

Expediente 1136/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1136/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • Elizabeth Reymundo Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. JUICIO DE AMPARO 1136/2021-VI. Puebla, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que la parte quejosa no recurrió el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Hágase del conocimiento de la parte quejosa que quedan a su disposición los documentos que exhibió al momento de presentar la demanda de amparo, los cuales deberá recoger dentro del plazo de noventa días, contados a partir de día siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo. Dichos documentos serán devueltos a la parte promovente, previa copia simple que se deje de los mismos en autos, para constancia. Para ello, deberá presentarse con credencial oficial vigente con fotografía en original y una copia simple de la misma, así como dejar razón de recibo en autos para constancia. Apercíbasele que en caso de no comparecer en el plazo ya señalado, las mencionadas documentales serán destruidas, sin ulterior acuerdo. Se hace de su conocimiento que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 20/2021), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de este expediente de manera física y la recepción del instrumento antes precisado será mediante previa cita, misma que deberá agendarse por la propia parte quejosa en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1136/2021-VI. Puebla, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que la parte quejosa no recurrió el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Hágase del conocimiento de la parte quejosa que quedan a su disposición los documentos que exhibió al momento de presentar la demanda de amparo, los cuales deberá recoger dentro del plazo de noventa días, contados a partir de día siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo. Dichos documentos serán devueltos a la parte promovente, previa copia simple que se deje de los mismos en autos, para constancia. Para ello, deberá presentarse con credencial oficial vigente con fotografía en original y una copia simple de la misma, así como dejar razón de recibo en autos para constancia. Apercíbasele que en caso de no comparecer en el plazo ya señalado, las mencionadas documentales serán destruidas, sin ulterior acuerdo. Se hace de su conocimiento que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 20/2021), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de este expediente de manera física y la recepción del instrumento antes precisado será mediante previa cita, misma que deberá agendarse por la propia parte quejosa en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1136/2021-VI. Puebla, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente el oficio de Ceuta remitido por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, advertido del Sistema Integral de Seguimientos de Expediente (SISE) que lleva anexo el expediente del juicio de amparo indirecto 1726/2021 de su índice, que -a su vez- trae agregada la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género, Mesa de Trámite Tres y otra autoridad. Esto, porque dicho juzgado federal declinó competencia legal en razón de materia para conocer sobre dicha demanda (de la que se formó el diverso juicio de amparo 1726/2021 de su índice), por estimar que atendiendo al acto reclamado de conformidad con los artículos 48 de la Ley de Amparo, y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo se surte a favor de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal este circuito. En consecuencia, se ordena acusar de recibo. Radicación. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno.....El artículo 113 de la Ley de Amparo2, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano.Cierto, el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, determina que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Omisión de proveer y notificar sobre el escrito presentado el doce de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación de número * Acto reclamado en el que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V (en sentido contrario) del mismo ordenamiento. Dichos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "."Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.; (.)". De lo que se colige que, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Además, las disposiciones previamente citadas, recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. Para mayor ilustración: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)"....En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación; esto es, aquél que produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya ejecución sea de imposible reparación. Así, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama una omisión de dar contestación (proveer y notificar) un escrito. Luego, se estima que dicho acto no encuadra en los de imposible reparación que, como ya se precisó, por regla general marcan la pauta para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues el solo hecho de que a la presente fecha todavía no se emita el acuerdo respectivo no afecta de manera directa los derechos sustantivos de la aquí quejosa, porque lo anterior puede subsanarse aún durante la substanciación del respectivo procedimiento e incluso al resolver el mismo (si no tuviera trascendencia al fallo). Cabe destacar, además, que ello no vulnera los derechos fundamentales, incluido el de defensa, de la parte quejosa, pues tiene la posibilidad de insistir en lo que haya solicitado en la promoción acordada ante el representante social y, en su caso, éste aún puede subsanar tal omisión, Aunado a que esa omisión no conlleva la paralización en sí misma del procedimiento de origen, ni su obstaculización. De tal manera que aun cuando la ahora quejosa se duele de una afectación cometida dentro del ámbito jurisdiccional, y alegue (entre otras) violaciones a los artículos 8º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto omisivo aquí reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo. Esto es así, pues no se trata de una omisión autónoma que paralice por sí misma el procedimiento, ya que es evidente que la omisión en acordar tal escrito se presenta justamente dentro del mismo, y se traduce sólo en la falta de respuesta y notificación de ésta, relativa a una petición de mero trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. De ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente, lo que en la especie no ocurre. De tal suerte que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, pues constituye simplemente un acto que no rebasa lo puramente procesal, de ahí que se actualice la causal de improcedencia invocada, con relación a ese acto. Orden de presentación y su ejecución. Respecto a la orden de presentación y su ejecución reclamada atribuida a la autoridad ministerial ordenadora (agente del ministerio público) responsable, debe precisarse que también es improcedente el presente juicio de amparo acorde con lo que se expone a continuación: Debe tenerse en cuenta que la orden de presentación, como la que reclama la quejosa, no puede ser emitida por la autoridad ministerial (agente del ministerio público) que señala en la demanda de amparo, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, porque dicha autoridad no tiene facultades jurídicas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio para emitir tales órdenes. Es cierto que del artículo 47 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, se desprende que el ministerio público podrá ordenar la presentación a través de la policía judicial de las personas que debidamente citadas a declarar en relación con los hechos que se investigan no comparezcan sin justificación. Empero, lo cierto es que en el diverso artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el ministerio público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el juez de control, a solicitud del ministerio público, podrá ordenar, entre otras cuestiones, orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y orden de aprehensión en contra de una persona cuando el ministerio público advierta que existe la necesidad de cautela. Como se ve, la orden de presentación que la quejosa reclama de la agente del ministerio público señalada como responsable, no está prevista en el cúmulo de competencia y facultades legales de la misma conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual se estima aplicable en la especie, dada la denominación de la autoridad responsable ordenadora y porque de la integridad de la demanda se desprende que los actos derivan de una carpeta de investigación, a saber: del índice de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género, mesa 3.". Entonces, el acto atribuido a la representante social señalada como responsable (autoridad de la fiscalía) implica la actualización de la improcedencia de esta vía de amparo intentada en su contra; pues que como se dijo, en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial los agentes del ministerio público (de la fiscalía) no están facultados para librar órdenes de presentación. En esa virtud, cabe agregar que la restricción de la libertad de la quejosa ante una eventual detención o presentación únicamente (en su caso) se daría con motivo de la orden de aprehensión de una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, y que constituyen sucesos distintos a los actos reclamados de la autoridad ministerial en mención. Habida cuenta que las autoridades ministeriales carecen de facultades jurídicas para emitir órdenes de búsqueda, aprehensión, detención, presentación y comparecencia contra un gobernado. Esto, porque esos mandamientos de molestia corresponden y competen a la autoridad judicial con motivo del sistema penal acusatorio adversarial. De ahí que se actualice en la especie la causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, que resulta de relación la fracción XXIII del numeral 61 con el primer párrafo del artículo 20 y el diverso 16 de la constitución federal, y con las fracciones IV y V del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Es así, pues como se ha visto, en el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio orden de presentación o comparecencia a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar a retención por el plazo de constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar a la agente del Ministerio Público señalado como autoridad responsable, la orden de presentación reclamada, porque como se explicó en párrafos precedentes, carece de facultades legales y constitucionales para ello, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 1414 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra los actos anteriormente precisados, reclamada de las autoridades responsables ordenadoras mencionadas. Resulta aplicable la tesis de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. ASUME EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, POR LO QUE SUS ACTOS U OMISIONES SON IMPUGNABLES POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES" ..Además, como se dijo, debe destacarse que constituye una actuación de la representante social tendente a la integración de la carpeta de investigación aparentemente incoada contra la promovente o en la que ésta forma parte de las personas involucradas con tal indagatoria; contra lo cual es improcedente el juicio de amparo. Se invoca al respecto la tesis XXVII.3o.47 P, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Bajo ese contexto, el citatorio dirigido a la quejosa no transgrede derecho humano alguno, que permita la procedencia del amparo indirecto en su contra, pues de su contenido no se advierte la existencia de un apercibimiento o amenaza por parte de la autoridad responsable de hacerla acreedora a una sanción ante su inasistencia; más bien, se advierte corresponde a un citatorio emitido dentro de un expediente de investigación en la etapa inicial, sin apercibimiento de por medio; de ahí que, en dicha etapa incluso no es posible concluir si se va a constituir un acto privativo de la libertad o no. En ese orden de ideas, la orden de citación emitida dentro de la integración de la carpeta de investigación, no afecta el interés jurídico de la quejosa, pues dicha representación legal está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, regulada ahora por el nuevo sistema penal, al atender que el Ministerio Público, en ejercicio de su facultad de investigación estatuida en el numeral 21 constitucional, está en posibilidad de emitir citatorios a cualquier persona, de conformidad con lo previsto en los artículos 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con las salvedades que los mismos preceptos establecen, siendo éstos del tenor siguiente: "Artículo 90. Citación. Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. Cuando haya que examinar a los servidores públicos o a las personas señaladas en el párrafo anterior, el Órgano jurisdiccional dispondrá que dicho testimonio sea desahogado en el juicio por sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o cualquier otro medio que permita su trasmisión, en sesión privada. La citación a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, distintos a los señalados en este artículo, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos que para garantizar el éxito de la comparecencia se requiera que la citación se realice en forma distinta. En el caso de cualquier persona que se haya desempeñado como servidor público y no sea posible su localización, el Órgano jurisdiccional solicitará a la institución donde haya prestado sus servicios la información del domicilio, número telefónico, y en su caso, los datos necesarios para su localización, a efecto de que comparezca a la audiencia respectiva." "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones. Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo. En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día y hora señalados, salvo que soliciten al Órgano jurisdiccional que por su conducto sea citado en virtud de que se encuentran imposibilitados para su comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias. En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos o peritos, no cumplan con dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba, a menos que justifiquen la imposibilidad que se tuvo para presentarlos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha fijada para la comparecencia de sus testigos o peritos. La citación deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la misma; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena, y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento. (.)" Así, debe destacarse en este punto que una vez terminada la diligencia, la persona citada podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas, ya que ésta no es sino una actuación más para integrar el material probatorio del cual el representante social se debe allegar para poder judicializar la carpeta de investigación, y que de no lograrse, no constituye un impedimento para que, en su caso, la fiscal ejerza la acción penal de estimar actualizados los presupuestos para tal efecto. En ese sentido, la citación para el desahogo de una diligencia en una integración de carpeta de investigación, por sí misma, -se considera- no afecta a la libertad personal de la parte citada, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial. Entonces, se reitera, que contra los actos y diligencias llevados a cabo por el Ministerio Público tendentes a la integración de una carpeta de investigación por regla general, el amparo es improcedente, salvo que se afecten derechos sustantivos de los gobernados, entendiéndose como tales los inherentes al ser humano, verbigracia, la vida, la libertad, las posesiones, la defensa adecuada y la exclusión de prueba ilícita, tal como lo ha sostenido reiteradamente el más Alto Tribunal del País. A lo anterior, sirve de sustento por similitud jurídica la jurisprudencia .., cuyo rubro es: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. " Tesis jurisprudencial que se estima aplicable por analogía jurídica y por cuanto a los principios rectores que recoge en cuanto a la etapa de investigación a cargo de la institución del Ministerio Público; pues si bien se refiere al anterior sistema penal procesal o también llamado tradicional, no menos lo es que la averiguación previa en ese sistema guarda similitud con la integración de la carpeta de investigación, en su etapa inicial de investigación o desformalizada, donde el Ministerio Público tiene a cargo la investigación y persecución de un hecho que la ley señala como delito (artículo 21 constitucional), así como la obligación de recabar los datos que lo acrediten, con la finalidad de en su momento judicializar la carpeta mediante el ejercicio de la acción penal ante el órgano jurisdiccional. Por otra parte, cabe precisar que la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, en una nueva reflexión sobre los efectos de la citación a audiencia inicial, determinó que dicha notificación, en sí misma, no afecta la libertad personal del citado, pues es una mera comunicación que dirige la autoridad al imputado, mediante la cual se le informa que debe comparecer para llevar a cabo un acto jurídico. En dicha ejecutoria sostuvo: ".La citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de esa ley.." En ese sentido, la citación, tratándose de aquélla emitida en la etapa de investigación, con base en los numerales 92 y 127 de dicho ordenamiento, por identidad jurídica, en cuanto a los alcances de su emisión, no afecta la libertad personal de la persona citada, dado que la diligencia de entrevista en relación con los hechos investigados, no implica un acto sobre su persona, puesto que es optativo para el imputado, acudir o no a la cita, sin que pese sobre la quejosa apercibimiento alguno que lo constriña a asistir. Por ende, si con relación a la citación a audiencia inicial girada por una autoridad judicial es notoriamente improcedente el juicio de amparo; con mayor razón lo es si dicha citación o citatorio fue librado por una autoridad ministerial en la integración de una carpeta de investigación. Por ello, si a la parte quejosa se le citó únicamente con la finalidad de que declare en relación a hechos que se investigan dentro de la carpeta de investigación *; se estima que el citatorio no afecta derechos sustantivos, pues se traduce en una mera comunicación que la responsable realizó en cumplimiento de las obligaciones y las facultades que constitucional y legalmente tiene encomendadas, con base en la facultad que le otorga el artículo 21 constitucional. Lo anterior, sin que sea óbice que el ministerio público podrá imponerle alguna medida de apremio en caso de no comparecer, o a realizar las gestiones que considere necesarias para la integración de la indagatoria respectiva, ya que ello es un acto de realización futura e incierta, por la cual en todo caso, de actualizarse alguna medida, tendrá expedito su derecho de acción para promover el juicio de amparo contra la misma....De tal forma que el acto reclamado que refiere la peticionaria de amparo, de ninguna manera puede constituir una violación a sus derechos sustantivos. En ese tenor, resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una investigación a través de la cual el fiscal trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez con el fin de que éste tenga posibilidades de éxito; es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. Asimismo, el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, consiste en la obligación que constitucionalmente se impone a la fiscalía de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada etapa preliminar o de investigación, los elementos de prueba suficientes a partir de los cuales pueda determinarse si se somete o no a una persona a juicio. En esta etapa, una vez que el fiscal formaliza la investigación mediante la intervención judicial, el juez de control adquiere primordialmente atribuciones de garantía y resguardo de los derechos fundamentales del imputado, particularmente aquellos ligados con el debido proceso y la libertad personal. Ahora bien, al cierre de la investigación no le sigue inmediatamente la realización del juicio, sino una etapa intermedia que también se realiza ante el juez de control y que tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijándose de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes y las pruebas que deberán ser examinadas. Una vez superada la etapa intermedia, se procederá a la realización del juicio oral. Así, será a través del desahogo de las pruebas que el juez o tribunal del juicio se haga de toda la información necesaria para resolver sobre la responsabilidad del acusado; sin embargo, un principio básico del sistema acusatorio, vinculado a los principios de inmediación y a la idea del juicio previo, es que la información que se puede utilizar para llegar a la convicción final sólo puede ser aquella que ha ingresado válidamente al debate principal a través del auto de apertura a juicio -salvo por la excepciones que expresamente establezca la ley-, y es desahogada conforme a los principios de inmediación y contradicción, precisamente en la etapa de juicio. Lo antes destacado resulta importante debido a que, a diferencia del sistema de justicia tradicional, en el sistema penal acusatorio, el ministerio público no recaba durante su investigación pruebas que puedan valorarse directamente en el juicio y que en su caso puedan ser usadas para dictar una condena a un imputado, pues los datos de prueba solamente constituyen información que recaba para determinar si debe llevarse a una persona ante el juez para iniciar una investigación complementaria con pretensión ir a juicio; por tanto, su investigación que por disposición constitucional debe ser en sigilo, no debe interrumpirse. En efecto el apartado B del artículo 20 constitucional, establece lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] Apartado B. De los derechos de toda persona imputada: VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; [.]". Del análisis en sentido contrario de la anterior disposición, se desprende que mientras una persona que ha sido señalada o denunciada en una carpeta, no ha sido detenida, no ha sido citada para comparecer ante el juez de control, ni se le ha pretendido recibir su declaración, no tiene, por disposición de la constitución federal, el derecho a que se le faciliten los datos que integran esa carpeta de investigación inicial; por lo que los datos que pudiera contener la carpeta de investigación derivados de los actos de investigación como los que ahora se duele no son susceptibles de afectar materialmente los derechos de la parte quejosa, pues no puede determinarse siquiera si se desembocará un juicio en su contra. Conforme a la explicación anterior, es dable concluir que tales actos, como lo es el citatorio girado y ahora reclamado, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irroga un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se podría materializar hasta que la autoridad judicial determine, en un momento dado, si resulta procedente o no la continuación de las etapas del proceso penal; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren a la autoridad ministerial señalada como responsable, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad....Por lo tanto, como se advirtió resulta de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por consiguiente, al actualizarse los motivos de improcedencia en estudio, de manera notoria y manifiesta, respecto de todos los actos reclamados en la demanda, lo procedente es desecharla de plano, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizado para recibir y oír notificaciones. Se tiene como domicilio físico para efectos de oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de cuenta. No pasa por alto para esta autoridad que la quejosa también señala como medios para recibir notificaciones un correo electrónico y número telefónico; empero, dicha vía electrónica no se encuentra establecida como herramienta para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo en relación con el diverso 3 de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. También, queda autorizado sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Héctor Rosendo López Jiménez señalado en la demanda, porque carece de registro de su cédula profesional en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal....Notificación del presente proveído. El presente auto deberá notificarse personalmente en el domicilio físico proporcionado en la demanda de amparo. Notifíquese; de manera personal a la quejosa, y cúmplase.

  4. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. JUICIO DE AMPARO 1136/2021-VI. Puebla, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente el oficio de Ceuta remitido por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, advertido del Sistema Integral de Seguimientos de Expediente (SISE) que lleva anexo el expediente del juicio de amparo indirecto 1726/2021 de su índice, que -a su vez- trae agregada la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género, Mesa de Trámite Tres y otra autoridad. Esto, porque dicho juzgado federal declinó competencia legal en razón de materia para conocer sobre dicha demanda (de la que se formó el diverso juicio de amparo 1726/2021 de su índice), por estimar que atendiendo al acto reclamado de conformidad con los artículos 48 de la Ley de Amparo, y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo se surte a favor de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal este circuito. En consecuencia, se ordena acusar de recibo. Radicación. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno.....El artículo 113 de la Ley de Amparo2, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano.Cierto, el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, determina que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Omisión de proveer y notificar sobre el escrito presentado el doce de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación de número * Acto reclamado en el que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V (en sentido contrario) del mismo ordenamiento. Dichos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "."Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.; (.)". De lo que se colige que, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Además, las disposiciones previamente citadas, recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. Para mayor ilustración: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)"....En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación; esto es, aquél que produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya ejecución sea de imposible reparación. Así, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama una omisión de dar contestación (proveer y notificar) un escrito. Luego, se estima que dicho acto no encuadra en los de imposible reparación que, como ya se precisó, por regla general marcan la pauta para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues el solo hecho de que a la presente fecha todavía no se emita el acuerdo respectivo no afecta de manera directa los derechos sustantivos de la aquí quejosa, porque lo anterior puede subsanarse aún durante la substanciación del respectivo procedimiento e incluso al resolver el mismo (si no tuviera trascendencia al fallo). Cabe destacar, además, que ello no vulnera los derechos fundamentales, incluido el de defensa, de la parte quejosa, pues tiene la posibilidad de insistir en lo que haya solicitado en la promoción acordada ante el representante social y, en su caso, éste aún puede subsanar tal omisión, Aunado a que esa omisión no conlleva la paralización en sí misma del procedimiento de origen, ni su obstaculización. De tal manera que aun cuando la ahora quejosa se duele de una afectación cometida dentro del ámbito jurisdiccional, y alegue (entre otras) violaciones a los artículos 8º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto omisivo aquí reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo. Esto es así, pues no se trata de una omisión autónoma que paralice por sí misma el procedimiento, ya que es evidente que la omisión en acordar tal escrito se presenta justamente dentro del mismo, y se traduce sólo en la falta de respuesta y notificación de ésta, relativa a una petición de mero trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. De ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente, lo que en la especie no ocurre. De tal suerte que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, pues constituye simplemente un acto que no rebasa lo puramente procesal, de ahí que se actualice la causal de improcedencia invocada, con relación a ese acto. Orden de presentación y su ejecución. Respecto a la orden de presentación y su ejecución reclamada atribuida a la autoridad ministerial ordenadora (agente del ministerio público) responsable, debe precisarse que también es improcedente el presente juicio de amparo acorde con lo que se expone a continuación: Debe tenerse en cuenta que la orden de presentación, como la que reclama la quejosa, no puede ser emitida por la autoridad ministerial (agente del ministerio público) que señala en la demanda de amparo, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, porque dicha autoridad no tiene facultades jurídicas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio para emitir tales órdenes. Es cierto que del artículo 47 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, se desprende que el ministerio público podrá ordenar la presentación a través de la policía judicial de las personas que debidamente citadas a declarar en relación con los hechos que se investigan no comparezcan sin justificación. Empero, lo cierto es que en el diverso artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el ministerio público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el juez de control, a solicitud del ministerio público, podrá ordenar, entre otras cuestiones, orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y orden de aprehensión en contra de una persona cuando el ministerio público advierta que existe la necesidad de cautela. Como se ve, la orden de presentación que la quejosa reclama de la agente del ministerio público señalada como responsable, no está prevista en el cúmulo de competencia y facultades legales de la misma conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual se estima aplicable en la especie, dada la denominación de la autoridad responsable ordenadora y porque de la integridad de la demanda se desprende que los actos derivan de una carpeta de investigación, a saber: del índice de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género, mesa 3.". Entonces, el acto atribuido a la representante social señalada como responsable (autoridad de la fiscalía) implica la actualización de la improcedencia de esta vía de amparo intentada en su contra; pues que como se dijo, en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial los agentes del ministerio público (de la fiscalía) no están facultados para librar órdenes de presentación. En esa virtud, cabe agregar que la restricción de la libertad de la quejosa ante una eventual detención o presentación únicamente (en su caso) se daría con motivo de la orden de aprehensión de una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, y que constituyen sucesos distintos a los actos reclamados de la autoridad ministerial en mención. Habida cuenta que las autoridades ministeriales carecen de facultades jurídicas para emitir órdenes de búsqueda, aprehensión, detención, presentación y comparecencia contra un gobernado. Esto, porque esos mandamientos de molestia corresponden y competen a la autoridad judicial con motivo del sistema penal acusatorio adversarial. De ahí que se actualice en la especie la causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, que resulta de relación la fracción XXIII del numeral 61 con el primer párrafo del artículo 20 y el diverso 16 de la constitución federal, y con las fracciones IV y V del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Es así, pues como se ha visto, en el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio orden de presentación o comparecencia a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar a retención por el plazo de constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar a la agente del Ministerio Público señalado como autoridad responsable, la orden de presentación reclamada, porque como se explicó en párrafos precedentes, carece de facultades legales y constitucionales para ello, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 1414 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra los actos anteriormente precisados, reclamada de las autoridades responsables ordenadoras mencionadas. Resulta aplicable la tesis de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. ASUME EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, POR LO QUE SUS ACTOS U OMISIONES SON IMPUGNABLES POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES" ..Además, como se dijo, debe destacarse que constituye una actuación de la representante social tendente a la integración de la carpeta de investigación aparentemente incoada contra la promovente o en la que ésta forma parte de las personas involucradas con tal indagatoria; contra lo cual es improcedente el juicio de amparo. Se invoca al respecto la tesis XXVII.3o.47 P, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Bajo ese contexto, el citatorio dirigido a la quejosa no transgrede derecho humano alguno, que permita la procedencia del amparo indirecto en su contra, pues de su contenido no se advierte la existencia de un apercibimiento o amenaza por parte de la autoridad responsable de hacerla acreedora a una sanción ante su inasistencia; más bien, se advierte corresponde a un citatorio emitido dentro de un expediente de investigación en la etapa inicial, sin apercibimiento de por medio; de ahí que, en dicha etapa incluso no es posible concluir si se va a constituir un acto privativo de la libertad o no. En ese orden de ideas, la orden de citación emitida dentro de la integración de la carpeta de investigación, no afecta el interés jurídico de la quejosa, pues dicha representación legal está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, regulada ahora por el nuevo sistema penal, al atender que el Ministerio Público, en ejercicio de su facultad de investigación estatuida en el numeral 21 constitucional, está en posibilidad de emitir citatorios a cualquier persona, de conformidad con lo previsto en los artículos 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con las salvedades que los mismos preceptos establecen, siendo éstos del tenor siguiente: "Artículo 90. Citación. Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. Cuando haya que examinar a los servidores públicos o a las personas señaladas en el párrafo anterior, el Órgano jurisdiccional dispondrá que dicho testimonio sea desahogado en el juicio por sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o cualquier otro medio que permita su trasmisión, en sesión privada. La citación a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, distintos a los señalados en este artículo, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos que para garantizar el éxito de la comparecencia se requiera que la citación se realice en forma distinta. En el caso de cualquier persona que se haya desempeñado como servidor público y no sea posible su localización, el Órgano jurisdiccional solicitará a la institución donde haya prestado sus servicios la información del domicilio, número telefónico, y en su caso, los datos necesarios para su localización, a efecto de que comparezca a la audiencia respectiva." "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones. Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo. En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día y hora señalados, salvo que soliciten al Órgano jurisdiccional que por su conducto sea citado en virtud de que se encuentran imposibilitados para su comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias. En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos o peritos, no cumplan con dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba, a menos que justifiquen la imposibilidad que se tuvo para presentarlos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha fijada para la comparecencia de sus testigos o peritos. La citación deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la misma; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena, y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento. (.)" Así, debe destacarse en este punto que una vez terminada la diligencia, la persona citada podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas, ya que ésta no es sino una actuación más para integrar el material probatorio del cual el representante social se debe allegar para poder judicializar la carpeta de investigación, y que de no lograrse, no constituye un impedimento para que, en su caso, la fiscal ejerza la acción penal de estimar actualizados los presupuestos para tal efecto. En ese sentido, la citación para el desahogo de una diligencia en una integración de carpeta de investigación, por sí misma, -se considera- no afecta a la libertad personal de la parte citada, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial. Entonces, se reitera, que contra los actos y diligencias llevados a cabo por el Ministerio Público tendentes a la integración de una carpeta de investigación por regla general, el amparo es improcedente, salvo que se afecten derechos sustantivos de los gobernados, entendiéndose como tales los inherentes al ser humano, verbigracia, la vida, la libertad, las posesiones, la defensa adecuada y la exclusión de prueba ilícita, tal como lo ha sostenido reiteradamente el más Alto Tribunal del País. A lo anterior, sirve de sustento por similitud jurídica la jurisprudencia .., cuyo rubro es: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. " Tesis jurisprudencial que se estima aplicable por analogía jurídica y por cuanto a los principios rectores que recoge en cuanto a la etapa de investigación a cargo de la institución del Ministerio Público; pues si bien se refiere al anterior sistema penal procesal o también llamado tradicional, no menos lo es que la averiguación previa en ese sistema guarda similitud con la integración de la carpeta de investigación, en su etapa inicial de investigación o desformalizada, donde el Ministerio Público tiene a cargo la investigación y persecución de un hecho que la ley señala como delito (artículo 21 constitucional), así como la obligación de recabar los datos que lo acrediten, con la finalidad de en su momento judicializar la carpeta mediante el ejercicio de la acción penal ante el órgano jurisdiccional. Por otra parte, cabe precisar que la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, en una nueva reflexión sobre los efectos de la citación a audiencia inicial, determinó que dicha notificación, en sí misma, no afecta la libertad personal del citado, pues es una mera comunicación que dirige la autoridad al imputado, mediante la cual se le informa que debe comparecer para llevar a cabo un acto jurídico. En dicha ejecutoria sostuvo: ".La citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de esa ley.." En ese sentido, la citación, tratándose de aquélla emitida en la etapa de investigación, con base en los numerales 92 y 127 de dicho ordenamiento, por identidad jurídica, en cuanto a los alcances de su emisión, no afecta la libertad personal de la persona citada, dado que la diligencia de entrevista en relación con los hechos investigados, no implica un acto sobre su persona, puesto que es optativo para el imputado, acudir o no a la cita, sin que pese sobre la quejosa apercibimiento alguno que lo constriña a asistir. Por ende, si con relación a la citación a audiencia inicial girada por una autoridad judicial es notoriamente improcedente el juicio de amparo; con mayor razón lo es si dicha citación o citatorio fue librado por una autoridad ministerial en la integración de una carpeta de investigación. Por ello, si a la parte quejosa se le citó únicamente con la finalidad de que declare en relación a hechos que se investigan dentro de la carpeta de investigación *; se estima que el citatorio no afecta derechos sustantivos, pues se traduce en una mera comunicación que la responsable realizó en cumplimiento de las obligaciones y las facultades que constitucional y legalmente tiene encomendadas, con base en la facultad que le otorga el artículo 21 constitucional. Lo anterior, sin que sea óbice que el ministerio público podrá imponerle alguna medida de apremio en caso de no comparecer, o a realizar las gestiones que considere necesarias para la integración de la indagatoria respectiva, ya que ello es un acto de realización futura e incierta, por la cual en todo caso, de actualizarse alguna medida, tendrá expedito su derecho de acción para promover el juicio de amparo contra la misma....De tal forma que el acto reclamado que refiere la peticionaria de amparo, de ninguna manera puede constituir una violación a sus derechos sustantivos. En ese tenor, resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una investigación a través de la cual el fiscal trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez con el fin de que éste tenga posibilidades de éxito; es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. Asimismo, el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, consiste en la obligación que constitucionalmente se impone a la fiscalía de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada etapa preliminar o de investigación, los elementos de prueba suficientes a partir de los cuales pueda determinarse si se somete o no a una persona a juicio. En esta etapa, una vez que el fiscal formaliza la investigación mediante la intervención judicial, el juez de control adquiere primordialmente atribuciones de garantía y resguardo de los derechos fundamentales del imputado, particularmente aquellos ligados con el debido proceso y la libertad personal. Ahora bien, al cierre de la investigación no le sigue inmediatamente la realización del juicio, sino una etapa intermedia que también se realiza ante el juez de control y que tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijándose de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes y las pruebas que deberán ser examinadas. Una vez superada la etapa intermedia, se procederá a la realización del juicio oral. Así, será a través del desahogo de las pruebas que el juez o tribunal del juicio se haga de toda la información necesaria para resolver sobre la responsabilidad del acusado; sin embargo, un principio básico del sistema acusatorio, vinculado a los principios de inmediación y a la idea del juicio previo, es que la información que se puede utilizar para llegar a la convicción final sólo puede ser aquella que ha ingresado válidamente al debate principal a través del auto de apertura a juicio -salvo por la excepciones que expresamente establezca la ley-, y es desahogada conforme a los principios de inmediación y contradicción, precisamente en la etapa de juicio. Lo antes destacado resulta importante debido a que, a diferencia del sistema de justicia tradicional, en el sistema penal acusatorio, el ministerio público no recaba durante su investigación pruebas que puedan valorarse directamente en el juicio y que en su caso puedan ser usadas para dictar una condena a un imputado, pues los datos de prueba solamente constituyen información que recaba para determinar si debe llevarse a una persona ante el juez para iniciar una investigación complementaria con pretensión ir a juicio; por tanto, su investigación que por disposición constitucional debe ser en sigilo, no debe interrumpirse. En efecto el apartado B del artículo 20 constitucional, establece lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] Apartado B. De los derechos de toda persona imputada: VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; [.]". Del análisis en sentido contrario de la anterior disposición, se desprende que mientras una persona que ha sido señalada o denunciada en una carpeta, no ha sido detenida, no ha sido citada para comparecer ante el juez de control, ni se le ha pretendido recibir su declaración, no tiene, por disposición de la constitución federal, el derecho a que se le faciliten los datos que integran esa carpeta de investigación inicial; por lo que los datos que pudiera contener la carpeta de investigación derivados de los actos de investigación como los que ahora se duele no son susceptibles de afectar materialmente los derechos de la parte quejosa, pues no puede determinarse siquiera si se desembocará un juicio en su contra. Conforme a la explicación anterior, es dable concluir que tales actos, como lo es el citatorio girado y ahora reclamado, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irroga un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se podría materializar hasta que la autoridad judicial determine, en un momento dado, si resulta procedente o no la continuación de las etapas del proceso penal; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren a la autoridad ministerial señalada como responsable, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad....Por lo tanto, como se advirtió resulta de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por consiguiente, al actualizarse los motivos de improcedencia en estudio, de manera notoria y manifiesta, respecto de todos los actos reclamados en la demanda, lo procedente es desecharla de plano, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizado para recibir y oír notificaciones. Se tiene como domicilio físico para efectos de oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de cuenta. No pasa por alto para esta autoridad que la quejosa también señala como medios para recibir notificaciones un correo electrónico y número telefónico; empero, dicha vía electrónica no se encuentra establecida como herramienta para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo en relación con el diverso 3 de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. También, queda autorizado sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Héctor Rosendo López Jiménez señalado en la demanda, porque carece de registro de su cédula profesional en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal....Notificación del presente proveído. El presente auto deberá notificarse personalmente en el domicilio físico proporcionado en la demanda de amparo. Notifíquese; de manera personal a la quejosa, y cúmplase.

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