Elizabeth Ramírez Ochoa
Expediente 684/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 684/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Elizabeth Ramírez Ochoa
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, tres de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el oficio y anexo remitido por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual trae adjunto copia de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 221/2022, de la que se advierte que declaró infundado el medio de impugnación interpuesto por la quejosa Elizabeth Ramírez Ochoa, quedando su resolutivo, en los siguientes términos: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja a que este toca se contrae." En tal razón, acúsese el recibo respectivo, realícense las anotaciones correspondientes y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el tres de octubre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de agosto de dos mil veintidós.Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio firmado electrónicamente por el Secretario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con domicilio en esta ciudad, a través del cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la promovente Elizabeth Ramírez Ochoa en contra del acuerdo de veintinueve de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda, el cual radicó con el número de toca 221/2022, de lo que el suscrito toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 29-07-2022, POR NO ATENDER AL AVISO DE 01-08-2022: .. Boca del Río, Veracruz, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por Elizabeth Ramírez Ochoa, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 684/2022-2 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sustenta lo anterior, la tesis P.VI/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, Tomo XI, página 32, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo destacado es propio). De lo anterior, se evidencia que si bien se refiere a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en la sentencia, también lo es que resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, de la cual se advierte que el promovente expuso hechos o antecedentes, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, de acuerdo al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2007, Tomo XXVI, página 2613, con número de registro 171389, del tenor siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." (Lo destacado es propio). En este sentido, la promovente señala como acto reclamado el consistente en: De lo anterior, se pone de manifiesto que lo que medularmente reclama la quejosa, lo es la resolución de siete de julio del año en curso, emitida en los autos del proceso penal 296/2020, emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimientos Penal Oral del XVII Distrito Judicial, Sala B, en Veracruz, Veracruz, en el que se declaró procedente la suspensión condicional del proceso. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." La fracción en cita reglamenta uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de "definitividad del acto reclamado," que se traduce en la improcedencia del juicio de amparo, contra actos respecto de los cuales proceda recurso en su contra, y no se haya agotado el mismo, previo a promover el juicio de amparo, salvo los casos excepcionales establecidos en el mismo precepto y en la jurisprudencia. Del texto de la fracción invocada se desprende el reconocimiento de que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, de manera que previamente a la interposición del juicio de amparo, la quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución reclamada, que le cause perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige, salvo los casos de excepción que se establecen en la fracción invocada. Cabe apuntar, que el principio de definitividad de actos que provengan de tribunales, material y formalmente jurisdiccionales, establece excepciones que atienden a la naturaleza del acto y la magnitud o relevancia de la infracción constitucional (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal y cuando se trate de persona extraña al procedimiento). En la especie, es de indicar que la aquí promovente debió agotar, antes de acudir a esta instancia, el recurso de apelación que prevé el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A fin de corroborar lo anterior, es necesario transcribir lo dispuesto en el precepto legal citado el cual establece: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: . VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; ..." Del artículo invocado establece que son apelables aquellas resoluciones emitidas por el Juez de control en las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, en esencia, señala como acto reclamado la resolución emitida el siete de julio del año en curso, en los autos del proceso penal 296/2020, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimientos Penal Oral del XVII Distrito Judicial, Sala B, en Veracruz, Veracruz, relacionada con la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/FESP4/626/2020, en la que el juez responsable determinó procedente la suspensión condicional del proceso otorgada a la imputada Claudia Iveth Ramírez Ochoa. En ese sentido, este juzgado estima que el acto reclamado consistente en la resolución emitida por la autoridad responsable el siete de julio del año en curso, pudo ser impugnada a través del recurso de apelación que debió ser planteado ante el mismo Juzgado, para impugnar la resolución que menciona, el cual la quejosa estaba obligado a agotar previamente al juicio constitucional, habida cuenta que con tal medio de defensa el acto reclamado puede ser confirmado, revocado o modificado, a más de que la resolución reclamada que señala en su escrito de demanda, no encuadran en alguna de las hipótesis que exceptúan el artículo 61 de la ley que rige la materia, por lo que se concluye que la promovente no agotó el medio de impugnación ordinario, esto es, el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no obstante que se encontraba obligada a ello, al ser parte en el proceso penal, como se dijo en el apartado que antecede. Sirve de sustento, la tesis jurisprudencial I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos, tomo XV, Mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." De tal modo que, resulta evidente que la promovente no agotó el medio de defensa ordinario que contempla la legislación que regula el juicio de origen, soslayando el principio de definitividad que rige en la materia de amparo, actualizándose la causal de improcedencia a que se hizo referencia en el cuerpo de esta resolución, prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En abundamiento, en el supuesto no concedido que la determinación que a través de esta vía se combate cause un daño irreparable a la quejosa, tampoco tornaría procedente este medio extraordinario de defensa, sin previamente agotar el recurso ordinario procedente, al caso, el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que la irreparabilidad del acto no torna por ser procedente el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios respectivos. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, atendiendo a las razones que han quedado expuestas en los párrafos que anteceden, deviene inconcuso que, en la especie, sí se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por ende, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA. DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Téngase como autorizado, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Javier Soriano Domínguez, ya que acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para imponerse de autos a la restante persona, por así haberlo solicitado expresamente la quejosa. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. REQUERIMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirva proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde pueda ser localizada, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, conforme al artículo 28, párrafo segundo, del citado Acuerdo General 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se exhorta a las partes que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la promovente....
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,101 expedientes
- Elizabeth Montero Hernandez216/2019
- Elizabeth Morales Cordoba824/2014
- Elizabeth Morales Romero984/2016
- Elizabeth Morales Romero849/2016
- Elizabeth Ramírez Ochoa320/2021
- Elizabeth Ramírez Ochoa960/2022
- Elizabeth Ramírez Ochoa226/2021
- Elizabeth Ramírez Ochoa225/2021
- Elizabeth Ramírez Salazar1166/2015
- Elizabeth Ramírez Tenorio1004/2022
- Elizabeth Rodríguez Baltasar61/2021
- Elizabeth Rodriguez Rosales283/2015