Elizabeth Pineda Carnalla

Expediente 59/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
59/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/04/2022

Partes del expediente

  • Elizabeth Pineda Carnalla

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; ocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; ocho de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por ************, por el que subsana la demanda de amparo. Causa de improcedencia. En seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 Constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte inequívocamente que el sobre sobreseimiento será el resultado del fallo. Para cumplir con lo anterior, se habrán de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable que se tenga certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/61, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Del numeral transcrito se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente tratándose de actos que provengan de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre y cuando proceda en su contra un recurso o medio de defensa por el cual tales actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Con base en lo anterior, se estima que se actualiza la causal de improcedencia antes invocada, ya que si la parte quejosa reclama del Cabildo del Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, la negativa a otorgar pensión por jubilación por cesantía en edad avanzada, es necesario que acuda ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, tal y como se expondrá a continuación. Para un mejor entendimiento del presente asunto, debe destacarse que en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se establece la prerrogativa e favor de los trabajadores burocráticos a obtener una pensión por jubilación, por vejez y por muerte del trabajador, supuestos en los que el patrón debe cubrir las prestaciones que permitan la subsistencia y desarrollo personal del trabajador o de sus beneficiarios. En el Estado de Morelos, esa prerrogativa también se encuentra reglamentada en los artículos 54, fracción VII, 57, 58, 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que disponen que los empleados públicos, en materia de seguridad social, tendrán derecho a gozar de una pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada y por viudez, entre otras, siempre que se cumplan con ciertos requisitos y formalidades. Bajo ese contexto, de la lectura integral al escrito de demanda, se desprende que la quejosa es trabajadora del Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, y que presentó su solicitud de pensión por jubilación ante el Cabildo de dicho Ayuntamiento, al tener la facultad de conocer y dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores a su servicio. Precisado lo anterior, conviene destacar que el artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (.)B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria.". En concordancia con dicho precepto constitucional, el diverso artículo 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, señala: "Artículo 114. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores; para conocer de los conflictos respectivos que surjan entre el sindicato y un Poder Estatal o Municipio, incluido el procedimiento de huelga; para conocer de los conflictos que surjan entre os diversos sindicatos y para llevar a cabo el registro y cancelación de los sindicatos de trabajadores al servicio de los tres Poderes del Estado o de los Municipios." Como puede observase, los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio y sus trabajadores deben ser resueltos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Bajo ese contexto, a juicio de quien esto resuelve, se estima que existe un conflicto laboral pues la quejosa presentó su solicitud de pensión por jubilación ante el Cabildo del Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, quien mediante resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, negó la aprobación del dictamen respecto del trámite de pensión por cesantía en edad avanzada de la quejosa, lo que evidentemente configura un conflicto entre el trabajador y la autoridad señalada como responsable actualizándose, por ende, el supuesto que otorga competencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir dicha contienda, conforme al numeral 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Se afirma lo anterior, puesto que el Cabildo del Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, cuenta con facultades para otorgar o negar las pensiones que le solicitan concomitante con los requisitos legales que el trabajador o sus beneficiarios deben cumplir para poder acceder a dicha prerrogativa. Del mismo modo, la autoridad municipal se encuentra obligada a cumplir con ciertas formalidades establecidas en la norma legal aplicable como es, entre otras, emitir la determinación cuando recibe una solicitud de pensión, dado que se ubica en un plano de coordinación entre el patrón y el empleado. En efecto, la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir los conflictos relacionados con dichas pensiones obedece al mandato constitucional y legal de resolver las controversias laborales entre los patrones y sus trabajadores, y tiene por objeto el análisis de los mencionados requisitos, a fin de establecer si las determinaciones de los Ayuntamientos se ajustan o no a las normas legales aplicables o, incluso, si una omisión o retardo se encuentran debidamente justificados. Por tanto, es evidente que el tribunal burocrático tiene competencia para dirimir los conflictos que surjan con motivo de esa solicitud y la omisión de acordarla o el acuerdo denegatorio que recaiga a ésta; de ahí que la quejosa debe acudir de manera previa al órgano laboral a efecto de plantear su pretensión atendiendo a la naturaleza del acto reclamado. Lo anterior encuentra sustento, en la jurisprudencia PC.XVIII.L. J/3 L (10a.), emitida por el Pleno de este Decimoctavo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo II, Página 1426, misma que resulta obligatoria en términos del artículos 217 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS. Acorde con los artículos 123 apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los Ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir tanto el trabajador o sus beneficiarios como el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI, indicado, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual está facultado para prevenir a la parte actora para que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en ésta se advierte que la solicitud no se presentó conforme al artículo 57 invocado." De igual forma, el criterio aquí sostenido es acorde con la ejecutoria emitida en el recurso de queja 164/2021, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo de este Decimoctavo Circuito, donde se abordó el mismo tema. Por tanto, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por *************, contra actos del Cabildo municipal de Mazatepec, Morelos. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 59/2022 y fórmese expediente. Prevención. Del estudio integral de la demanda que se provee, se advierte una irregularidad que requiere ser subsanada, previo a su admisión, por lo que con fundamento en el artículo 112, en relación con los ordinales 108 fracción IV y 114 fracciones I y IV de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que, en el término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad, con copias suficientes para cada una de las partes de hacerse en la vía física, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Manifieste la fecha en que le fue notificada o tuvo conocimiento de la resolución que por esta vía combate. Lo anterior a efecto de estar en posibilidad de proveer lo conducente en relación a su escrito de demanda, así como para establecer claramente la litis constitucional y la autoridad responsable esté en aptitud de rendir su informe justificado en relación a los actos que en particular se le atribuyen. Apercibimiento. Con el apercibimiento, fundado en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, para el caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos antes establecidos; que SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Domicilio y autorizados. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la ley de la materia, se tiene por señalada la lista de los estrados que se fija en este tribunal federal para oír y recibir notificaciones, por autorizados para los mismos efectos a las personas que señala y, de conformidad con en el artículo 12 de la Ley de Amparo por autorizados con los términos amplios de dicho numeral, a los profesionistas que menciona, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Autorización de medios electrónicos. Se le autoriza la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, a través de cámaras digitales o diversos medios electrónicos; en el entendido que tal eventualidad será conforme a los horarios y lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno. En la inteligencia de que, el uso de las constancias que se obtengan, quedará bajo la más estricta responsabilidad de las partes. Se exhorta a las partes para llevar el trámite en línea. Por otro lado, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, así como para presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Habilitación días y horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de Transparencia. Por último, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Precisiones sobre las notificaciones personales. Por otra parte, vista la cuenta del secretario, en el sentido de que solamente un actuario adscrito a este Juzgado se encuentra realizando las notificaciones personales; se instruye al personal de Actuaría, a efecto de que lleve a cabo las diligencias encomendadas, en la medida que lo permitan las labores, en el entendido que de tratarse de un asunto urgente, deberá hacerse con la prioridad e inmediatez correspondiente. Notifíquese personalmente.

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