Elizabeth Perez Sanchez
Expediente 1494/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1494/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Elizabeth Perez Sanchez
- Presidente de la Junta Especial Numero dos de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Yucatan
Actuaciones
- Principal
MESA III.- Mérida, Yucatán, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por este Juzgado, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". Notifíquese.
- Principal
MESA III.- Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, SE ACUERDA: agréguese para que obre como legalmente corresponda el oficio vía informe justificado que remite el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, ambos con sede en esta ciudad, con anexo consistente en las copias certificadas conducentes del expediente laboral de origen 500/2013. INTRODUCCIÓN Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que en la especie la parte quejosa se duele en esencia, la denegación de justicia de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al no proveer la ejecución del auto de requerimiento de pago y embargo en el expediente laboral de origen 500/2013, solicitado por escrito de ocho de julio del año en curso. HECHOS Del informe justificado de la autoridad responsable y anexo que se recibió en copia certificada, la cual tiene valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la demanda de amparo, en relación al acto aquí reclamado, se advierte lo siguiente: mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral de origen 500/2013, dio contestación al memorial de la quejosa de ocho de julio del año en curso, dictando el auto de Requerimiento de Pago y Embargo respectivo, el cual le fue notificado a la parte actora el veintitrés de septiembre citado. CONTEXTO LEGAL En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, párrafo primero, dice: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: I. . . "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado."...." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ANÁLISIS Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, este Tribunal estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto reclamado. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la denegación de justicia de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al no proveer la ejecución del auto de requerimiento de pago y embargo en el expediente laboral de origen 500/2013, solicitado por escrito de ocho de julio del año en curso. Sin embargo, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral de origen 500/2013, acordó el memorial de la quejosa de ocho de julio del año en curso, dictando el auto de Requerimiento de Pago y Embargo respectivo, el cual le fue notificado a la parte actora el veintitrés de septiembre citado. En consecuencia, resulta incuestionable que han cesado los efectos del citado acto reclamado que la aquí parte quejosa atribuye a la responsable, pues mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral de origen 500/2013, dio contestación al memorial de la quejosa de ocho de julio del año en curso, dictando el auto de Requerimiento de Pago y Embargo respectivo, el cual le fue notificado a la parte actora el veintitrés de septiembre citado, con lo que las cosas se restablecieron a la situación anterior que se tenía antes de los actos que dieron origen a la promoción del juicio constitucional, de modo total, que produjo el resultado de una sentencia concesora, pues le han sido restituidos a la parte quejosa el goce de sus derechos violados, en virtud de que han cesado los efectos de la denegación de justicia reclamada, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada. Cabe agregar que el no sobreseer respecto de la emisión de la resolución, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, Tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de amparo, sin necesidad de esperar la fecha cual está fijada para el día cinco de octubre del año en curso, a las diez horas con diez minutos; por tanto, déjese sin efectos la misma. Lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA I R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a ****, contra la resolución dictada por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado, en el expedientillo ***, en la que confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal.Notifíquese personalmente; publíquese esta sentencia con supresión de datos, captúrese el día de su publicación con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro....
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