Elizabeth Parra Castillo
Expediente 2117/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2117/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Elizabeth Parra Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de febrero de dos mil dieciséis. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la quejosa ***, hubiese recurrido el auto de trece de enero de dos mil dieciséis, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a trece de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Tercer Arbitro, así como la Secretaría General, ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado por auto de diecisiete de diciembre de dos mil quince. Ahora bien, de acuerdo con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se desprende que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese orden de ideas, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto reclamado al Presidente y Tercer Arbitro, así como la Secretaría General, ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que hizo consistir en la omisión de dictar laudo, en el expediente laboral 01/322/15 y notificar a las partes. De las constancias remitidas por la Junta responsable, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que el treinta de noviembre de dos mil quince, dictó el laudo respectivo y notificó a las partes. Luego entonces, si el peticionario de amparo reclama la omisión de dictar laudo, en el expediente laboral 01/322/15 y notificar a las partes, y éste ya se dictó y se notificó; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Cabe precisar que no es el caso en que se pudiera llegar a conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en el presente asunto, para el efecto de que se obligue a la autoridad responsable a ejecutar el laudo dictado dentro del juicio de donde deriva el acto reclamado, ya que este Juzgado Federal considera que ello no es procedente, pues si bien es cierto, corresponde a los Presidentes de los Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje, vigilar que los laudos se ejecuten en los términos establecidos en la ley, también lo es que, el actuar de dichos funcionarios está condicionado a que la parte que obtuvo una resolución favorable, sea quien impulse las etapas correspondientes al procedimiento de ejecución; por lo que, la prosecución de tal estadio procesal no es oficiosa, para la autoridad responsable, según lo establece el artículo 950 del código obrero. Lo anterior se estima así, ya que de lo contrario no tendría razón que en la propia Ley Federal de Trabajo se estableciera la figura jurídica de la prescripción de la acción de ejecución de los laudos cuando no exista impulso procesal de las partes, pues tal sanción procesal se impone a quien obtuvo un laudo favorable y no ha instado el procedimiento de ejecución dentro del término de dos años siguientes al en que se notificó de la resolución condenatoria, según lo establece el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. De tal manera que corresponde a ella, en su carácter de parte trabajadora dar seguimiento a la ejecución del laudo e impulsar dicha etapa, realizando las peticiones que considere oportunas al tribunal obrero, para que el fallo laboral sea acatado. Lo anterior encuentra sustento legal en la jurisprudencia 2ª. /J. 16/2011 (10ª) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil once, cuyo rubro es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA." Máxime que el cumplimiento del laudo o convenio corresponde al presidente del tribunal correspondiente a petición de la parte interesada, según lo establece el citado artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo; de otra forma, oficiosamente se estaría direccionando el procedimiento natural en la ejecución del laudo o convenio, lo que no es autorizado por la ley obrera, ya que la carga procesal en la etapa de ejecución corresponde a las partes. Asimismo, no pasa desapercibido para este juzgador el hecho de que no se le haya dado vista a la parte quejosa, en términos del artículo 111 de la ley de la materia, al efecto de que si era su deseo ampliar la demanda de garantías con la contestación de las solicitudes realizadas ante la responsable; esto es así, ya que esto sólo encaminaría a dar un trámite ocioso, pues dicho acto no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Ello, en atención a que el concepto "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, contra la cual procede el amparo indirecto en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se identifica con aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento "total" de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; lo que traería consigo que la ampliación de demanda resultara improcedente. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Por otra parte, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual informa el estado procesal del juicio laboral de origen **, informando que el treinta de noviembre del año en curso, se dictó el laudo correspondiente a dicho juicio. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad en cita, se desprende que ordenó se notificara el laudo de mérito a las partes dentro del juicio de origen; por tanto, con fundamento en al artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias de notificación a las partes del laudo referido dentro del juicio de origen **; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así en el lapso que se le concede, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por **, en su carácter de Tesorera del ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por medio del cual hace diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo e interpone incidente de cumplimiento sustituto. En consecuencia, se desecha por notoriamente improcedente el incidente de cumplimiento sustituto interpuesto por la dicha autoridad responsable, ello en atención a las siguientes consideraciones: Atendiendo a la naturaleza del incidente de cumplimiento sustituto, éste tiene como finalidad que la ejecutoria de amparo se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso, no así como lo pretende dicha autoridad. Por su parte, el artículo 205 de la Ley de Amparo, dispone: "". Del artículo transcrito se advierten dos formas de iniciar el procedimiento incidental de cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo de oficio o a petición de parte, e inclusive por convenio entre las partes interesadas. Ahora bien, como se anticipó dicha autoridad municipal pretende que la suma de dinero que, por virtud de la sentencia protectora debe entregar al quejoso, sea reemplazada por otra en igual monto, aun cuando sea por la vía de compensación de contribuciones, lo cual resulta improcedente, ya que desnaturaliza el cumplimiento expedito de las sentencia de amparo. Lo anterior debe considerarse así, dado que la vía alterna del cumplimiento sustituto posee un carácter reparador y tiene como objeto que la autoridad responsable que no pueda cumplir las obligaciones impuestas en el fallo protector, pueda sustituir dichas obligaciones por una indemnización económica que representa el valor económico de la obligación original, ello siempre que la naturaleza del acto lo permita. Lo cual, no acontece en el caso concreto, toda vez que, lo que pretende la autoridad municipal responsable es que la suma de dinero que, por virtud del fallo protector debe entregar a la parte quejosa, sea remplazada por otra de igual monto en vía de compensación de contribuciones (tal es el caso del impuesto predial), lo que deviene improcedente, ya que en esa línea de estimación, lo que se produciría es la utilización de una vía excepcional para obtener lo que es factible lograr mediante las vías generales previstas para el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, ello más aún que el cumplimiento sustituto busca la simplificación, determinando una suma de dinero que represente el valor económico de la obligación incumplida, la cual no es económica; sin embargo, en el caso de una compensación como la que prende la autoridad municipal responsable, a través del impuesto predial, conlleva complicaciones, ya que tendría que estar precedida de un procedimiento que establezca la liquidez y exigibilidad de la deuda a cargo del contribuyente para posteriormente compensarla con el cargo que posee la autoridad responsable, lo cual, como se anticipó es contrario al cumplimiento expedito de las sentencias de amparo. Sin que pase desapercibido para este juzgador de control constitucional, que en términos del último párrafo del artículo 205, de la Ley de Amparo, la autoridad municipal responsable pueda llegar a un convenio con la parte quejosa, a fin de dar cumplimiento al fallo protector, como puede ser el pago en parcialidades del monto total que con motivo de la ejecutoria tanga que entregar dicha autoridad. Ahora, respecto a las manifestaciones que realiza la autoridad responsable dígasele que si bien se advierte que indica tener una precaria situación y remite diversas constancias con las cuales pretende acreditar solicitar una ampliación de crédito presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2015, sin embargo, no lo hace ante las autoridades correspondientes las cuales tienen el deber y facultades amplias para lograr la partida presupuestal (Congreso del Estado de Morelos), pues la aducida falta de recursos, por sí sola, no puede constituirse una causa justificada de incumplimiento del fallo protector, ya que para estimar acreditar la indicada causa de justificación resulta necesario que las autoridades municipales responsables respectivas acrediten ante este Juzgado Federal la situación en la que se encuentran todas y cada una de las partidas presupuestales del referido Ayuntamiento, lo que permitirá valorar la situación que efectivamente enfrenta el Ayuntamiento, debiendo tomarse en cuenta la relevancia de cumplir con la obligación constitucional derivada de una sentencia de amparo. Asimismo, las autoridades responsables, pueden solicitar una ampliación del presupuesto para atacar dichas ejecutorias de amparo, por lo que también están obligadas a instrumentar simultáneamente para ese fin, mecanismos de trasferencias y adecuación de las partidas que lo integran. Por lo anterior, como se anticipó, no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado por la autoridad oficiante, En consecuencia y, a efecto de evitar dilaciones procesales y dar cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (**), con domicilio en ** para que dentro del término de quince días, contado a partir del momento en que reciba el oficio correspondiente de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo; es decir, deberá devolver a la parte quejosa **, la cantidad de $** por concepto de cobro de adicionales al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, cantidad debidamente actualizada Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento sin causa justificada en el término concedido, se les impondrá multa equivalente a CIEN DÍAS de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, esto en observancia a lo establecido por los ordinales 237, fracción I y 258 de la legislación en cita. Con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito en turno para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena requerir a la Presidenta Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (**), Síndico Municipal **, así como a los regidores (**), todos con domicilio en **, en su carácter de superiores jerárquicos de la Tesorera Municipal deEmiliano Zapata, Morelos (**) a fin de que obligue a la citada autoridad hacendaria, debiendo hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento. Esto es, deberán requerir a la Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (**) con domicilio en **, para que dentro del término de quince días, contado a partir del momento en que reciban el oficio correspondiente de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo; es decir, deberá devolver a la parte quejosa **, la cantidad de $** por concepto de cobro de adicionales al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, cantidad debidamente actualizada. Se apercibe a las citadas autoridades responsables, para el caso de desacato a dicho requerimiento, se les impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a cien veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo. Finalmente, téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, del cual se advierte, que requirió a la Tesorero de dicho municipio, a efecto de que devuelva a la parte quejosa el importe enterado por concepto del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y el tributo adicional, con lo cual se le tiene dando cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo de once de noviembre del presente año. Notifíquese.
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