Elizabeth Padilla Pérez
Expediente 474/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 474/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2016
Partes del expediente
- Elizabeth Padilla Pérez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve ****, por propio derecho, contra actos de la siguiente autoridad: Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número de juicio de amparo 474/2016-V-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, la suscrita juzgadora se encuentra facultada para desechar de plano una demanda de garantías, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El citado precepto legal antes señalado impone la facultad de desechar la demanda de amparo en el caso de que aún y cuando se admitiera la misma, fuera imposible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento, por su evidente y plena notoriedad. En la especie, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En efecto, la parte quejosa manifiesta como acto reclamado el siguiente: De la Autoridad que señalo como responsable, le reclamo los siguientes actos de Autoridad, por Violar en mi perjuicio mis garantías individuales previstas en los Artículos 14 y 17, y los Artículos 827 y 829 de la Ley Federal del Trabajo, consistente en el desechamiento de la prueba de Inspección, acto que realiza la Autoridad demanda, en fecha Seis de Octubre del presente año, en la Audiencia celebrada para Ofrecimiento y Admisión de Pruebas del Expediente Laboral radicado bajo Número 481/2016, en donde la Hoy Quejosa tiene su carácter como parte Atora (sic). Situación que me causa agravio a la Suscrita en Virtud de que la Autoridad Responsable al momento que procede a resolver respecto a la calificación y admisión de Pruebas, por lo que sin motivo y fundamento Legal alguno, desecha la Prueba de inspección marcada con el numeral Siete (7). Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en primer término, como regla general, que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Así, el Máximo Tribunal, al emitir la contradicción de tesis 377/2013, precisó que en la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y la segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [...] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Con base en estas disposiciones, se precisó que el legislador determinó que los actos de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente y dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no puede seguir aplicándose la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya vigencia motivó la contradicción de tesis, y por ello, no resulta procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece. Ahora bien, en la especie, la quejosa en esencia señaló como acto reclamado el acuerdo pronunciado el seis de octubre de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio laboral 481/2016, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, a través del cual desechó la prueba de inspección, determinación que no es de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues con su pronunciamiento no se afectan los derechos sustantivos del quejoso, como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito, o la propiedad, sino que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal que no afecta derechos fundamentales, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto en su contra, dado que si la peticionaria del amparo obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si no lo fuera, esto aún no ocasionaría una situación de imposible reparación, porque podría impugnarla en amparo directo, en términos del artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo. Es aplicable la siguiente jurisprudencia: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE ADMITE SU ACLARACIÓN NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Conforme a la fracción II del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, es en la fase de demanda y excepciones cuando el actor expone su demanda, ratificándola, modificándola o, en su caso, aclarándola, ante lo cual, la Junta debe tener por "expuesta la demanda por el actor" en términos de la fracción III del citado precepto para dar intervención al demandado para que, a su vez, pueda producir su contestación. Ahora bien, el auto que tiene por aclarada la demanda en estos términos no constituye una afectación exorbitante, superior o predominante en la esfera jurídica del demandado, pues puede controvertir lo aclarado por el actor al contestar la demanda y obtener un laudo favorable, que torne intrascendentes las violaciones que pudieran derivarse del acuerdo reclamado, dado que la Junta debe examinar si los hechos tenidos por ciertos justifican la acción ejercida y si el actor tiene derecho a las prestaciones reclamadas. En consecuencia, se requiere llegar a la emisión del laudo para corroborar si esa violación trascendió al resultado del fallo, por lo que el auto que admite la aclaración de la demanda laboral debe impugnarse a través del juicio de amparo directo y no del indirecto, pues es en el estudio de fondo del laudo donde puede advertirse esa afectación. Décima época, jurisprudencia 2a./J.24/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Libro IV, tomo 4, enero de 2012, página 3397. Por tanto, como las consecuencias del acto reclamado son de carácter intraprocesal y no tienen una ejecución de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma material e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución a través de las garantías individuales o bien en los tratados internacionales suscritos por México; es de concluirse que la determinación en estudio, no cumple los requisitos necesarios para poder ser atacada por esta vía constitucional, porque sólo afectan los derechos adjetivos o procesales, que se traducen en violaciones que podrían no trascender al sentido de la resolución que ponga fin al juicio; y los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable, y en el supuesto de que no lo fuera, estarían en aptitud de promover en su contra el juicio de amparo directo donde podría delatar las violaciones procesales; por lo que no existe duda de que no se está en presencia de un acto en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y, por tanto, en su contra no procede el amparo indirecto. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del artículo 112 de la Ley de la materia. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Décima época, jurisprudencia P./J.37/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en avenida Miramar, número 582, Zona Centro de esta ciudad. Así también, se tienen por autorizados con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a José Luis León Medina y Antonio Salvador Peña Santiago, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Por otra parte, dígasele a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
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