Elizabeth Pablo Barbabosa

Expediente 1334/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1334/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
11/12/2023

Partes del expediente

  • Elizabeth Pablo Barbabosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad de México, once de diciembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito del autorizado de los quejosos por el que refiere que las autoridades responsables no han dado cabal cumplimiento a la suspensión definitiva dictada el diez de abril de dos mil veintitrés, específicamente por lo que hace a los quejosos **********************, "[.] es omisa en señalar e informar el estado que guarda el cumplimiento de la prestación acerca de los demás quejosos nombrados para dicho pago. [.]" En consecuencia, con copia del escrito de cuenta se requiere al Instituto Nacional de Cancerología, director general, directora de administración y finanzas y subdirector de administración y desarrollo de personal, todas de dicho instituto, para que en el término de veinticuatro horas, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión definitiva, remitiendo las constancias que acrediten su dicho, la cual se concedió para los siguientes efectos: "[.] se concede la suspensión definitiva, respecto de los efectos y consecuencias del oficio INCAN-DG-DA212-2020, de veintiséis de febrero de dos mil veinte, signado por el director de Administración del Instituto Nacional de Cancerología, así como el diverso DGRHODRL-SNL-1345-2020 de diecinueve de octubre de dos mil veinte, suscrito por el subdirector de Normatividad Laboral en la Secretaria de Salud, lo cual se traduce en la omisión del pago de las prestaciones o la disminución en las mismas, actos que derivan de la aplicación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, esto es, que las autoridades responsables se abstengan de eliminar, menoscabar, reducir o alterar en perjuicio de los accionantes de amparo las remuneraciones que actualmente perciben en cumplimiento a los oficios reclamados, relativas al puesto que ocupan como trabajadores del Instituto Nacional de Cancerología. Lo anterior, en el entendido que la medida cautelar que se concede surte sus efectos desde luego y hasta que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el cuaderno principal del que deriva este incidente. En la inteligencia de que dicha medida surte sus efectos de inmediato, siempre y cuando no se hayan aplicado los oficios reclamados, dado que la naturaleza de la medida suspensional mpide que sus efectos sean restitutorios e incluso que puedan retrotraerse a actos anteriores a la fecha de presentación de la demanda de amparo (o ampliación), aunado a que ello, en todo caso, será materia de la sentencia que se dicte en el cuaderno principal, respecto de la restitución de derecho que pueden verse afectados con la aplicación de los oficios controvertidos. Además, se otorga sin garantía, dada la naturaleza de los actos reclamados y al no advertirse la existencia de terceros interesados, sin omitir precisar que todas las autoridades responsables se encuentran vinculadas al cumplimiento de la medida suspensional otorgada. [.]" Bajo el apercibimiento que, de no cumplir con este requerimiento, se les impondrá a cada una, una multa de cincuenta veces el valor inicial diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, la cual constituye la sanción mínima prevista en el último numeral aludido. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, ocho de diciembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido en suplencia del director general de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por el que informa que otorgó la suficiencia presupuestal en favor del quejoso para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, la cual fue otorgada a través del oficio DGPOP************, de lo que se toma conocimiento. En atención a lo informado por la autoridad oficiante, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la directora general de Recursos Humanos y a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, expidan el título de crédito por la cantidad correspondiente. Finalmente, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y vinculadas que subsisten los apercibimientos decretados en autos. Notifíquese.

  3. Incidental

    Ciudad de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el subdirector divisional de Administración Tributaria en Parque Lira de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por el que hace del conocimiento que elaboró el dictamen ********************, el cual fue remitido a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios de la propia secretaría, para la revisión, programación y captura de la cuenta por liquidar certificada, asimismo, solicita vincular a dicha autoridad para culminar con el cumplimiento a la sentencia. En atención a lo manifestado, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en su carácter de autoridad vinculada, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, efectúe la revisión, programación y captura de la cuenta por liquidar certificada en favor de la quejosa. Por otra parte, ya que del contenido del oficio referido se advierte el estado que guarda el aviso de pago del quejoso ******************** de la cantidad propuesta por la Administración Tributaria en Parque Lira, en consecuencia, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se le requiere, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo acuda por conducto de su representante legal, al domicilio en que se ubica la Administración Tributaria en Parque Lira de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ubicado en calle ********************con el objeto de recoger el documento crediticio expedido en su favor, o bien, exponga el impedimento que le asista para ello. Lo anterior, bajo el apercibimiento que en caso de existir omisión, sin causa justificada se acordará lo que en derecho proceda en relación con el acatamiento de la ejecutoria de amparo en su perjuicio, asimismo se hace de su conocimiento que el retraso en el cumplimiento de la sentencia de amparo será atribuible al quejoso. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al subdirector divisional de Administración Tributaria en Parque Lira de la Secretaría de Administración y Finanzas en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de diez días, posteriores a que se notifique este acuerdo, informe si el quejoso se presentó a recoger el documento crediticio y remita copia certificada de las constancias que lo acrediten. Finalmente, se hace del conocimiento de las autoridades vinculadas al cumplimiento que subsisten los apercibimientos decretados en diversos acuerdos. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio firmado por la directora de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, por el que informa que la autoridad obligada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo es la Administración Tributaria en Parque Lira de la propia secretaría, de lo que se toma conocimiento. Por tanto, remítase copia de la sentencia, testimonio de la ejecutoria de amparo y del oficio de cuenta a la Administración Tributaria en Parque Lira de la citada secretaría y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 197, de la Ley de Amparo, requiérasele como autoridad vinculada, para que en el plazo de tres días contado a partir de que quede notificada de esta determinación, acredite el cumplimiento de la sentencia en relación con la cuenta predial *********8, esto es, efectúe el cálculo y autorice el dictamen de la cantidad a devolver con su actualización. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar su imposibilidad para hacerlo: 1) Se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo. 2) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a criterio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. 3) Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito y en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación inmediata de su puesto y su consignación ante el juez de Distrito competente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de la autoridad vinculada que aun cuando deje de ostentar el cargo que desempeña, seguirá siendo responsable del desacato a la sentencia constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. En el entendido de que: 1. La autoridad vinculada al cumplimiento debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando la autoridad lleve a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, b) los procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo, lo anterior, tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Notifíquese.

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