Elizabeth Moya Anaya
Expediente 653/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 653/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Elizabeth Moya Anaya
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicha auto, queda firme para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). ? Valoración de archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, una vez que transcurran y contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa respecto del proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno que a la letra dice: Recepción y registro de la demanda. Visto el oficio y anexos remitidos por el secretario del juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del escrito inicial de demanda presentada por ***, en contra de actos del agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de Celaya, así como del oficio 15355, dictado dentro del juicio de amparo **, de su índice, que contiene inserto el auto de veintisiete de agosto del año en curso, en que determinó la separación de juicios en virtud que, los actos reclamados por la promovente son independientes entre sí y derivan de procedimientos distintos, tanto en autoridad como en objeto. Así, una vez expuesto lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 fracciones I y II y 46 fracción V del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales", este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por *****, contra el acto omisivo que reclama a la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de esta ciudad. Por otro lado, vista la demanda de amparo signada por **, en contra de actos del agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de Celaya; por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y regístrese con número 653/2021-6. Desechamiento de demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de demanda, con fundamento en los artículos 1°, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. En el caso, de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, (manifestaciones que adquieren eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°), se desprende como antecedentes del acto reclamado: -El veintinueve de julio de dos mil veinte, la quejosa presentó demanda en contra del padre de sus menores hijos, sobre la disolución del vínculo matrimonial, guarda y custodia y otras prestaciones; la cual se radicó bajo el número de expediente **** y su acumulado ***, del índice del juzgado de Oralidad Familiar, en esta ciudad. -El cinco de octubre de dos mil veinte, el juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, en esta ciudad, dictó sentencia donde se establecieron las convivencias, monto y términos de la obligación alimentaria a cargo de la aquí quejosa. -El diecisiete de diciembre de dos mil veinte, ***, parte demandada en el juicio de origen y padre de los menores, presentó promoción ante el juez de lo Familiar, donde manifestó que los menores sufrían de violencia intrafamiliar infringida por la hoy quejosa. -Denuncia levantada por **(padre de los menores), contra la quejosa, por el posible delito de violencia intrafamiliar, que dio inicio a la carpeta de investigación número ****, del índice de la agencia del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, en esta ciudad. -Posteriormente, en auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, el juez de lo Familiar, de esta ciudad, ordena suspender las convivencias hasta en tanto la agencia del ministerio público se pronunciara respecto a la reanudación de dichas convivencias. -En audiencia de tres de febrero de dos mil veintiuno, se reservó formular imputación contra la quejosa, por el delito de violencia familiar, dentro de la causa penal **, del índice del juzgado de Control en Materia Penal de la Tercera Región. -Por escrito presentado el doce de marzo de dos mil veintiuno, ante el juez de lo familiar, de esta ciudad, la quejosa solicita la reanudación de las convivencias con sus menores hijos, en virtud de que la medida impuesta por la fiscalía había quedado sin efectos; a lo que el juez determinó que se estuviera a lo acordado en auto de veintiuno de diciembre de dos mil veinte (data en que se ordenó la suspensión de convivencias). -De igual forma, en ocurso presentado el tres de junio de dos mil veintiuno, ante el juez de origen, la quejosa solicitó nuevamente la reanudación de las convivencias con sus menores hijos, y para tal efecto exhibió copias certificadas de la carpeta de investigación **. A lo que el juez acordó desfavorable, en razón de que, contrario a lo que aducía la quejosa, en autos no obraba determinación por parte del agente del ministerio público responsable, sobre el cumplimiento al auto de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, respecto de informar sobre la reanudación de las convivencias. -Mediante diversos escritos presentados por la quejosa, en fechas diez, catorce y treinta, todos de junio de dos mil veintiuno, en el expediente **, del índice del juzgado de lo familiar, de esta localidad, solicitó se requiriera al agente del ministerio público responsable, sobre el pronunciamiento hecho a la reanudación de convivencias. -El trece de julio de dos mil veintiuno, la agencia del Ministerio Público número Dos para la Atención Integral de las Mujeres, notificó mediante oficio al juez de lo Familiar, que la suspensión de convivencias se habían determinado en auto de diez de diciembre de dos mil veinte, por una duración de treinta días naturales, a partir de la notificación realizada a la hoy quejosa, el once de diciembre de esa anualidad; y que, por tanto, no había medidas de protección a favor de los menores de iniciales C.A.F.M. y E.A.F.M. -De lo anterior se destaca: - Que en auto de diez de diciembre de dos mil veinte, se dictó medida de protección contemplada en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por treinta días naturales. Lo anterior, determinado por el agente del Ministerio Público de la Unidad Integral a las Mujeres, de esta localidad, dentro de la carpeta de investigación ** - Que el trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio enviado por el agente responsable, informó al juez de Oralidad Familiar, la determinación anterior; asimismo, que el dos de julio de dos mil veintiuno, se ejercitó acción penal en contra de la quejosa, por el delito de lesiones, en agravio de su menor hijo C.A.F.M. -Que el siete de julio de esta misma anualidad, el juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región, en esta ciudad, convocó a audiencia inicial el seis de octubre de dos mil veintiuno como sobre la medida de protección a favor de los menores C.A.F.M. y E.A.F.M. sería por treinta días naturales, contados a partir del once de diciembre de dos mil veinte, fecha en que se notificó a la hoy quejosa, dicha determinación. -Que el dos de agosto de dos mil veintiuno, el juez de lo Familiar, de esta ciudad, determinó no reanudar las convivencias, hasta en tanto se resolviera la causa penal. Sobre esa línea de pensamiento, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" De la disposición normativa transcrita emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. En esa medida, habrá de resaltarse que el acto reclamado en la presente instancia no puede ser estimado como de imposible reparación, pues para ese supuesto es necesario: a) Producir una afectación material a derechos sustantivos; b) Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, c) Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Luego, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, el acto reclamado en el presente caso, por el que se turnó la demanda, consistente en la omisión del agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de esta localidad, de informar al juez de Oralidad Familiar de esta ciudad, la reserva de formular imputación en audiencia de tres de febrero de dos mil veintiuno, por el delito de lesiones, en la causa penal **, no puede estimarse como de imposible reparación, toda vez que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales o el estado civil. Máxime que, dentro de la citada causa penal, el juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región, en esta ciudad, convocó a audiencia inicial para el seis de octubre de dos mil veintiuno, para efecto de formular imputación a la aquí quejosa. De ahí que se reitera, el presente juicio de amparo es improcedente, pues no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, la omisión reclamada. Por tanto, al reclamarse actos dentro de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Asimismo, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, en razón de que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que tales autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
- Principal
Recepción y registro de la demanda. Visto el oficio y anexos remitidos por el secretario del juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del escrito inicial de demanda presentada por ***, en contra de actos del agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de Celaya, así como del oficio 15355, dictado dentro del juicio de amparo **, de su índice, que contiene inserto el auto de veintisiete de agosto del año en curso, en que determinó la separación de juicios en virtud que, los actos reclamados por la promovente son independientes entre sí y derivan de procedimientos distintos, tanto en autoridad como en objeto. Así, una vez expuesto lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 fracciones I y II y 46 fracción V del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales", este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por *****, contra el acto omisivo que reclama a la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de esta ciudad. Por otro lado, vista la demanda de amparo signada por **, en contra de actos del agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de Celaya; por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y regístrese con número 653/2021-6. Desechamiento de demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de demanda, con fundamento en los artículos 1°, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. En el caso, de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, (manifestaciones que adquieren eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°), se desprende como antecedentes del acto reclamado: -El veintinueve de julio de dos mil veinte, la quejosa presentó demanda en contra del padre de sus menores hijos, sobre la disolución del vínculo matrimonial, guarda y custodia y otras prestaciones; la cual se radicó bajo el número de expediente **** y su acumulado ***, del índice del juzgado de Oralidad Familiar, en esta ciudad. -El cinco de octubre de dos mil veinte, el juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, en esta ciudad, dictó sentencia donde se establecieron las convivencias, monto y términos de la obligación alimentaria a cargo de la aquí quejosa. -El diecisiete de diciembre de dos mil veinte, ***, parte demandada en el juicio de origen y padre de los menores, presentó promoción ante el juez de lo Familiar, donde manifestó que los menores sufrían de violencia intrafamiliar infringida por la hoy quejosa. -Denuncia levantada por **(padre de los menores), contra la quejosa, por el posible delito de violencia intrafamiliar, que dio inicio a la carpeta de investigación número ****, del índice de la agencia del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, en esta ciudad. -Posteriormente, en auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, el juez de lo Familiar, de esta ciudad, ordena suspender las convivencias hasta en tanto la agencia del ministerio público se pronunciara respecto a la reanudación de dichas convivencias. -En audiencia de tres de febrero de dos mil veintiuno, se reservó formular imputación contra la quejosa, por el delito de violencia familiar, dentro de la causa penal **, del índice del juzgado de Control en Materia Penal de la Tercera Región. -Por escrito presentado el doce de marzo de dos mil veintiuno, ante el juez de lo familiar, de esta ciudad, la quejosa solicita la reanudación de las convivencias con sus menores hijos, en virtud de que la medida impuesta por la fiscalía había quedado sin efectos; a lo que el juez determinó que se estuviera a lo acordado en auto de veintiuno de diciembre de dos mil veinte (data en que se ordenó la suspensión de convivencias). -De igual forma, en ocurso presentado el tres de junio de dos mil veintiuno, ante el juez de origen, la quejosa solicitó nuevamente la reanudación de las convivencias con sus menores hijos, y para tal efecto exhibió copias certificadas de la carpeta de investigación **. A lo que el juez acordó desfavorable, en razón de que, contrario a lo que aducía la quejosa, en autos no obraba determinación por parte del agente del ministerio público responsable, sobre el cumplimiento al auto de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, respecto de informar sobre la reanudación de las convivencias. -Mediante diversos escritos presentados por la quejosa, en fechas diez, catorce y treinta, todos de junio de dos mil veintiuno, en el expediente **, del índice del juzgado de lo familiar, de esta localidad, solicitó se requiriera al agente del ministerio público responsable, sobre el pronunciamiento hecho a la reanudación de convivencias. -El trece de julio de dos mil veintiuno, la agencia del Ministerio Público número Dos para la Atención Integral de las Mujeres, notificó mediante oficio al juez de lo Familiar, que la suspensión de convivencias se habían determinado en auto de diez de diciembre de dos mil veinte, por una duración de treinta días naturales, a partir de la notificación realizada a la hoy quejosa, el once de diciembre de esa anualidad; y que, por tanto, no había medidas de protección a favor de los menores de iniciales C.A.F.M. y E.A.F.M. -De lo anterior se destaca: - Que en auto de diez de diciembre de dos mil veinte, se dictó medida de protección contemplada en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por treinta días naturales. Lo anterior, determinado por el agente del Ministerio Público de la Unidad Integral a las Mujeres, de esta localidad, dentro de la carpeta de investigación ** - Que el trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio enviado por el agente responsable, informó al juez de Oralidad Familiar, la determinación anterior; asimismo, que el dos de julio de dos mil veintiuno, se ejercitó acción penal en contra de la quejosa, por el delito de lesiones, en agravio de su menor hijo C.A.F.M. -Que el siete de julio de esta misma anualidad, el juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región, en esta ciudad, convocó a audiencia inicial el seis de octubre de dos mil veintiuno como sobre la medida de protección a favor de los menores C.A.F.M. y E.A.F.M. sería por treinta días naturales, contados a partir del once de diciembre de dos mil veinte, fecha en que se notificó a la hoy quejosa, dicha determinación. -Que el dos de agosto de dos mil veintiuno, el juez de lo Familiar, de esta ciudad, determinó no reanudar las convivencias, hasta en tanto se resolviera la causa penal. Sobre esa línea de pensamiento, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" De la disposición normativa transcrita emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. En esa medida, habrá de resaltarse que el acto reclamado en la presente instancia no puede ser estimado como de imposible reparación, pues para ese supuesto es necesario: a) Producir una afectación material a derechos sustantivos; b) Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, c) Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Luego, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, el acto reclamado en el presente caso, por el que se turnó la demanda, consistente en la omisión del agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de esta localidad, de informar al juez de Oralidad Familiar de esta ciudad, la reserva de formular imputación en audiencia de tres de febrero de dos mil veintiuno, por el delito de lesiones, en la causa penal **, no puede estimarse como de imposible reparación, toda vez que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales o el estado civil. Máxime que, dentro de la citada causa penal, el juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región, en esta ciudad, convocó a audiencia inicial para el seis de octubre de dos mil veintiuno, para efecto de formular imputación a la aquí quejosa. De ahí que se reitera, el presente juicio de amparo es improcedente, pues no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, la omisión reclamada. Por tanto, al reclamarse actos dentro de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Asimismo, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, en razón de que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que tales autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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