Elizabeth Moya Amaya
Expediente 659/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 659/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Elizabeth Moya Amaya
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de siete de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que suscribe el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia de la de la demanda de amparo promovida por Elizabeth Moya Anaya, contra actos del Juez de Control en materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad. Del oficio y la boleta de cuenta se advierte que en proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo aludido, se determinó hacer la separación del juicio de amparo promovido por la citada quejosa, en razón haberse considerado que los actos reclamados eran diversos y desvinculados entre sí y que el acto reclamado al agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de las Mujeres de esta localidad, fue turnada al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad; en ese sentido, el suscrito se avoca al conocimiento del asunto, respecto a los actos reclamados al Juez de Control en materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad. En ese sentido, con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021; además con fundamento en lo dispuesto por los artículos los artículos 107, fracción VII constitucional, 49 y 56 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracciones II y V, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 659/2021-III. De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, para una mejor comprensión de lo que se resolverá, es menester precisar que la parte quejosa esencialmente reclama: El auto de siete de julio hogaño, dictado por el Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, en la causa penal ***********, instruida en contra de la aquí quejosa ************ por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en el que se le citó a la audiencia inicial o de formulación de imputación. En ese sentido, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos judiciales dictados fuera de juicio. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterio al respecto, al determinar que la citación del imputado a la audiencia inicial, como en el caso que nos atañe, no constituye por sí sola un acto que afecte la libertad personal del investigado; ya que al considerar que se trata de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, para solicitar la presencia de una persona para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y, en su caso, se formulará la imputación correspondiente, podrá ser o no vinculada a proceso, en su caso, ser sometido a una medida cautelar, no transgrede algún derecho fundamental de la quejosa. Por lo expuesto, de no afectarse materialmente la libertad personal del quejoso, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos judiciales fuera de juicio será improcedente. En el caso, como previamente se estableció, la promovente del amparo acude a esta instancia constitucional reclamando esencialmente el auto de siete de julio hogaño, dictado por el Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, en la causa penal ***********, instruida en contra de la aquí quejosa ************* por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en el que se le citó a la audiencia inicial o de formulación de imputación. Por tanto, como se puede observar, dicha determinación constituye un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse a la posibilidad de ser o no vinculado a proceso, a los cuales, no se les puede considerar como actos que afecten la libertad personal del quejoso, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, de manera que el acto reclamado en el caso no encuadra en la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********** al contar con cédulas profesionales *************** inscritas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del presento legal en cita a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en el mismo supuesto. En otro orden, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a los promoventes para que: I. De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente, cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO B), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a los autos el oficio que suscribe el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia de la de la demanda de amparo promovida por Elizabeth Moya Anaya, contra actos del Juez de Control en materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad. Del oficio y la boleta de cuenta se advierte que en proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo aludido, se determinó hacer la separación del juicio de amparo promovido por la citada quejosa, en razón haberse considerado que los actos reclamados eran diversos y desvinculados entre sí y que el acto reclamado al agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de las Mujeres de esta localidad, fue turnada al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad; en ese sentido, el suscrito se avoca al conocimiento del asunto, respecto a los actos reclamados al Juez de Control en materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad. En ese sentido, con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021; además con fundamento en lo dispuesto por los artículos los artículos 107, fracción VII constitucional, 49 y 56 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracciones II y V, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 659/2021-III. De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, para una mejor comprensión de lo que se resolverá, es menester precisar que la parte quejosa esencialmente reclama: El auto de siete de julio hogaño, dictado por el Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, en la causa penal ***********, instruida en contra de la aquí quejosa ************ por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en el que se le citó a la audiencia inicial o de formulación de imputación. En ese sentido, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos judiciales dictados fuera de juicio. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterio al respecto, al determinar que la citación del imputado a la audiencia inicial, como en el caso que nos atañe, no constituye por sí sola un acto que afecte la libertad personal del investigado; ya que al considerar que se trata de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, para solicitar la presencia de una persona para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y, en su caso, se formulará la imputación correspondiente, podrá ser o no vinculada a proceso, en su caso, ser sometido a una medida cautelar, no transgrede algún derecho fundamental de la quejosa. Por lo expuesto, de no afectarse materialmente la libertad personal del quejoso, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos judiciales fuera de juicio será improcedente. En el caso, como previamente se estableció, la promovente del amparo acude a esta instancia constitucional reclamando esencialmente el auto de siete de julio hogaño, dictado por el Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, en la causa penal ***********, instruida en contra de la aquí quejosa ************* por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en el que se le citó a la audiencia inicial o de formulación de imputación. Por tanto, como se puede observar, dicha determinación constituye un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse a la posibilidad de ser o no vinculado a proceso, a los cuales, no se les puede considerar como actos que afecten la libertad personal del quejoso, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, de manera que el acto reclamado en el caso no encuadra en la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********** al contar con cédulas profesionales *************** inscritas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del presento legal en cita a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en el mismo supuesto. En otro orden, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a los promoventes para que: I. De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente, cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal.
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