Elizabeth Morelos Cruz
Expediente 955/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 955/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Elizabeth Morelos Cruz
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta suscrito por Valentín Sandoval Montiel, quien se ostenta como asesor jurídico de la víctima Elizabeth Morelos Cruz; atento a su contenido, téngase desahogada la prevención formulada en proveído de veinticuatro de julio del presente año, y exhibiendo las documentales con las que acredita la personalidad y señalando de forma concreta como acto reclamado el siguiente: ".la ilegal y/o falta de llamamiento al desahogo para la audiencia señalada a las nueve horas del treinta de junio de dos mil veintitrés, que se llevaría a cabo en el cuadernillo interno CI-91/2023, presidida por la Jueza Tanya Yamel Alfaro Zapata, para que se exponga agravios en contra de la determinación del ejercicio no penal. Esto trajo como consecuencia, que al no estar presente en la audiencia la juzgadora declaró sin materia. Por lo que también señalo en este acto reclamado la audiencia llevada el día treinta de junio del presente año, dentro del cuadernillo interno CI-91/2023, en donde la juez declara sin materia la audiencia para exponer agravios, en contra de la determinación del ministerio público, sobre el ejercicio no Penal, dentro de la Carpeta de Investigación 12020980200036210922. 3.- Se explica del porque me causa agravio el acuerdo: me causa agravio que al no estar debidamente notificado, la juez antes de declarar sin materia, debió cerciorarse que las partes se encontraban debidamente notificadas, para resolver lo conducente." Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." La parte quejosa señala en su demanda como acto reclamado lo siguiente: ".la ilegal y/o falta de llamamiento al desahogo para la audiencia señalada a las nueve horas del treinta de junio de dos mil veintitrés, que se llevaría a cabo en el cuadernillo interno CI-91/2023, presidida por la Jueza Tanya Yamel Alfaro Zapata, para que se exponga agravios en contra de la determinación del ejercicio no penal. Esto trajo como consecuencia, que al no estar presente en la audiencia la juzgadora declaró sin materia. Por lo que también señalo en este acto reclamado la audiencia llevada el día treinta de junio del presente año, dentro del cuadernillo interno CI-91/2023, en donde la juez declara sin materia la audiencia para exponer agravios, en contra de la determinación del ministerio público, sobre el ejercicio no Penal, dentro de la Carpeta de Investigación 12020980200036210922. 3.- Se explica del porque me causa agravio el acuerdo: me causa agravio que al no estar debidamente notificado, la juez antes de declarar sin materia, debió cerciorarse que las partes se encontraban debidamente notificadas, para resolver lo conducente." Luego en el capítulo de hechos del referido acto reclamado, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, en lo que interesa, puntualizó: "Con fecha siete de junio del dos mil veintitrés, se interpusieron actos de control ante la responsable, impugnando los actos realizados por los Agentes del Ministerio Publico especializados en Despojo del Distrito Judicial de los Bravo, dentro de la Carpeta de Investigación 1202098020036210922, instruida en contra de Sara Elizabeth Nájera Bautista, Jesús Romero Ávila y Gerardo Javier Martínez Catalán, por el delito de despojo en agravio de Elizabeth Morelos Cruz, impugnando la determinación del veintisiete de abril del dos mil veintitrés. 2. Radicándose en el cuadernillo bajo el número CI-91/2023, tocándole como turno a la Juez Tanya Yamel Alfaro Zapata, sin embargo, en dicho acuerdo me fue prevenido por estrados, para que señale un domicilio o medio de localización, así también para hacer el conocimiento de los terceros y en donde podrían ser notificados. 2.- El catorce de junio del dos mil veintitrés, desahogue el requerimiento de la autoridad. Primeramente señale que la determinación me fue notificada el veintiséis de mayo del año en curso; SEGUNDO.- SEÑALE COMO DOMICILIO PROCESAL, PARA RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES EL DESPACHO JURÍDICO SANDOVAL y ASOCIADOS, UBICADO EN AVENIDA JUÁREZ NÚMERO 35, PRIMER PISO, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD. Tercero.- se señalaron los terceros interesados siendo Sara Elizabeth Nájera Bautista y Jesús Romero Ávila con domicilio ubicado en calle Manuel Altamirano, esquina con Miguel Hidalgo, L-I, M-2, fraccionamiento Villas Vicente, de esta ciudad, con número 7471297039, mientras que Gerardo Javier Martínez Catalán, designó como abogado a Luis Mario Zalazar Barrios, sin embargo tengo entendido que este renuncio a la defensa y no existe constancia en la carpeta que le hayan designado abogado particular diverso. 3.- Con fecha del veinte de junio del presente año, se desahogó la prevención mediante la cual se señaló domicilio y número telefónico de la víctima siendo el siguiente, colonia Miguel Hidalgo calle Plan de Ayutla 28, de la Ciudad de Cuernavaca Morelos, así como su número telefónico, 557 843 4950. 4. El Treinta de junio del presente año la Licenciada Tanya Yamel Alfara Zapata, Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, declaró sin materia el recurso innominado en donde se impugnarían los actos de control realizados por los Agentes del Ministerio Publico especializados en Despojo del Distrito Judicial de los Bravo, dentro de la Carpeta de Investigación 1202098020036210922, instruida en contra de Sara Elizabeth Nájera Bautista, Jesús Romero Ávila y Gerardo Javier Martínez Catalán, por el delito de despojo en agravio de Elizabeth Morelos Cruz, impugnando la determinación del veintisiete de abril del dos mil veintitrés. En razón de que el suscrito no me presente a la audiencia." Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En el caso concreto, y de un estudio de la demanda y el desahogo de cuenta, se advierte que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, señaló que el acto que reclama es, la ilegal y/o falta de llamamiento al desahogo para la audiencia señalada a las nueve horas del treinta de junio de dos mil veintitrés, que se llevaría a cabo en el Cuadernillo Interno CI-91/2023, el cual, puede ser impugnado a través del recurso de nulidad de notificación que para tal efecto prevé el artículo 88, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 88. Nulidad de la notificación. La notificación podrá ser nula cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en el presente Código." Como se observa, la parte quejosa tiene a su alcance un medio de defensa legal ordinario, por virtud del cual, el acto que reclama que consiste en la falta de notificación para que estuviera presente para el desahogo de la audiencia de control judicial señalada para el treinta de junio del año en curso, que se llevaría a cabo en el Cuadernillo Interno CI-91/2023, puede ser nulificado, el cual tiene que agotar previamente a acudir a la instancia constitucional, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues es parte dentro de dicho cuadernillo interno mencionado, del que deriva el acto reclamado, dado que manifestó bajo protesta decir verdad, en su capítulo de hechos, que el siete de junio del dos mil veintitrés, interpuso actos de control ante la Juez de Control responsable, impugnando la determinación del no ejercicio de la acción penal, emitida por los Agentes del Ministerio Publico Especializados en Despojo del Distrito Judicial de los Bravo, dentro de la Carpeta de Investigación 1202098020036210922, instruida en contra de Sara Elizabeth Nájera Bautista, Jesús Romero Ávila y Gerardo Javier Martínez Catalán, por el delito de despojo en agravio de Elizabeth Morelos Cruz, de lo que se advierte que al ser parte dentro del procedimiento respectivo, está en posibilidad de recurrir la ilegal notificación realizada. Es así, ya que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, a página 6 de su demanda de garantías, señaló que: ".no se trata de sorprender a esta autoridad cayendo en silogismos. Es importante señalar que existió un mensaje de texto por parte de la actuaria adscrita al juzgado de la responsable, sin embargo. Dicho medio de comunicación no fue autorizado por esta parte para recibir ninguna notificación, y por ende no puede tener como válida esa comunicación en razón de que existía un domicilio procesal admitido por la responsable en donde se realizó la notificación." Como se aprecia y se entiende, la notificación fue hecha vía mensaje instantáneo a través de teléfono celular, sin que la quejosa o su asesor jurídico asistieran a la audiencia de control señalada para las nueve horas del treinta de junio de dos mil veintitrés, siendo que dicha notificación la considera ilegal y por ello asiste a esta vía constitucional a impugnar su legalidad, sin embargo, como se ha dicho, previo a acudir a promover el juicio de amparo, debió agotar el principio de definitividad, es decir, debió promover la nulidad de notificación establecida en el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes transcrito. Sin que se advierta que se actualice alguna de las excepciones previstas en los incisos a), b), c) y d) del artículo 61 fracción XVIII, pues el acto aquí reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni se aprecia que se trate de persona extraña al procedimiento; ni tampoco el acto reclamado es el auto de vinculación a proceso. Sin que pase desapercibido que también reclama la audiencia de treinta de junio de dos mil veintitrés, en la que la Jueza de Control responsable determinó sin materia dado que la parte aquí quejosa no asistió a la misma, sin embargo, se trata de una determinación accesoria a la "ilegal" notificación que le hicieron vía mensaje instantáneo, pues esta podría ser revocada o nulificada con la resolución que se emita en la nulidad de notificación que promueva en contra de esa notificación, y que debido a ello, fue su inasistencia a la referida audiencia, por lo que de ser procedente se deberá señalar nueva fecha para su desahogo. Por tanto, al actualizarse en forma patente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; se impone DESECHAR DE PLANO, la demanda de amparo, términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Valentín Sandoval Montiel, quien se ostenta como asesor jurídico de la victima ...... en contra de actos emitidos por la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con jurisdiccional y competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, con sede en esta ciudad, y otra autoridad responsable. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto número 955/2023-II, y fórmese expediente impreso y electrónico que corresponde. Antes de proveer lo conducente, respecto a las formalidades de la demanda de amparo, éste órgano jurisdiccional realizará el análisis que corresponde, en uso de la facultad que confiere el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, que señala: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Tiene aplicación al caso la tesis I.7º.A.100 K, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que es del rubro y tenor siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley". El dispositivo transcrito otorga a este Juzgador la facultad de prevenir a la promovente del amparo a efecto de que aclare su demanda, cuando se incurra en las deficiencias, irregularidades u omisiones que se detallan, para lo cual deberá hacer las aclaraciones que correspondan dentro del término de cinco días, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada su demanda. Por tanto, antes de proveer sobre la procedencia de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 108 fracciones I y III, en relación con el 114, fracción III y IV, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente, para que en el término de cinco días, siguiente a aquél en que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, precise lo siguiente: 1. Acredite fehacientemente la personalidad con que se ostenta; dado que no anexa constancias con las que acredite contar con la facultad de promover a nombre de la directa agraviada. 2. Señale de forma concreta el acto reclamado, es decir, aclare si el acto reclamado es únicamente la falta de llamamiento al desahogo se la audiencia dentro del cuadernillo interno CI-91/2023 del índice de la autoridad judicial, o reclama también el auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en el que la autoridad responsable declaró sin materia el recurso innominado, el cual se impugnarían los actos de control realizados por los agentes del Ministerio Público especializados en despojo del distrito judicial de Los Bravo, dentro de la carpeta investigación 1202098020036210922. De igual forma, exhiba las copias suficientes de su escrito aclaratorio, para emplazar a las partes, toda vez que formará parte integral del escrito inicial de demanda. Así, acorde a lo dispuesto por el precepto 114, fracción III y el numeral 11 ambos de la Ley de Amparo, corresponde al promovente del amparo demostrar tal circunstancia. Tiene aplicación al caso en particular, en lo conducente la tesis de jurisprudencia número P./J.23/20091, que es del tenor y rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Igualmente, cabe invocar al respecto en lo conducente la tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 1/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 47, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Época) números 19 a 21, con los títulos de "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que el Juez de Distrito no puede analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el Juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo." En la inteligencia, que al desahogar la presente prevención, deberá exhibir copias suficientes de su escrito de desahogo y de los anexos o pruebas que acompañe al mismo, para emplazar a todas las partes procesales; de igual manera en caso de que el desahogo lo realice vía electrónica, deberá la parte quejosa, decir bajo protesta de Ley, que el documento electrónico relativo es copia íntegra e inalterada del impreso. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis I.1o.A.48 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2379, de la Décima época, con registro digital 2021159, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTALES PÚBLICAS REMITIDAS VÍA ELECTRÓNICA PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PARA QUE SE LES RECONOZCA PLENO VALOR PROBATORIO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE, AL MOMENTO DE SU ENVÍO, SU OFERENTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SON COPIA ÍNTEGRA E INALTERADA DEL DOCUMENTO IMPRESO. De conformidad con el actual artículo 3o. de la Ley de Amparo, es optativo para las partes presentar sus promociones en forma impresa o electrónica, siendo que, en el segundo supuesto, el escrito deberá presentarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica, en términos de la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Al desarrollar las atribuciones que sobre el particular le fueron conferidas por la ley de la materia y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el citado órgano expidió, conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General Número 1/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2013, de cuyo artículo 12 primer y segundo párrafos, e inciso f), se desprende que la presentación de documentos, para ser agregados al expediente electrónico, requiere, primero, que sean enviados a través de los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica y, segundo, que, para su envío, se utilice, precisamente, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, lo que será suficiente para que produzcan los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Sin embargo, tratándose de las documentales públicas, el acuerdo de referencia prevé que no perderán su valor probatorio, siempre y cuando se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el documento electrónico relativo es copia íntegra e inalterada del impreso, es decir, respecto de esa clase de documentos se estableció una condición especial para que produzcan pleno valor probatorio en el juicio de amparo, consistente en la indicada protesta, sin la cual, el único valor probatorio que tendrán será el de copias simples." Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anteriormente señalado, y en los términos indicados, se tendrá por no presentada la demanda intentada, ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 114 antepenúltimo párrafo de la Ley en cita.
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