Elizabeth Monroy Bañuelos
Expediente 697/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Elizabeth Monroy Bañuelos
- Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Unidad de Delitos de Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Violencia Familiar y Genero, en Morelia, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de trece de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Por otra parte, agréguese el escrito firmado por la quejosa Elizabeth Monroy Bañuelos, por el cual solicita la devolución del billete de depósito N 863444, valioso por la cantidad de cinco mil pesos 00/100 moneda nacional, que exhibió para que surtiera efectos la medida cautelar concedida en el incidente de suspensión derivado del presente asunto. En tal virtud, como lo solicita la promovente devuélvase el billete de depósito N 863444 que en su momento exhibió para que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida, debidamente endosado a nombre de la quejosa Elizabeth Monroy Bañuelos por ser la depositante. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del trece de noviembre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 697/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al Juez con las documentales ofrecidas por la quejosa y con las allegadas por la autoridad responsable. Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por admitida y desahogada por razón de su propia y especial naturaleza la documental referida. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que ninguna de las partes presentó alegatos. En relación con lo anterior el Juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veinte (fojas 7-14), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Elizabeth Monroy Bañuelos, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención a Delitos de Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Violencia Familiar y de Género. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 2, 3, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12, 13 y 27 de la Convención sobre los Derechos de los Niños. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este órgano jurisdiccional, en auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, la admitió y registró bajo el número 697/2020 (fojas 56-61); se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de nueve de octubre de dos mil veinte, se reconoció el carácter de tercero interesado a Carlos Rafael Mejía Guardián a quien se le tuvo por apersonado el diecinueve siguiente (fojas 72 y 76). Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad con sede en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados, el acto reclamado por la quejosa al Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención a Delitos de Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Violencia Familiar y de Género es: El citatorio de quince de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro de la carpeta de investigación con número de caso 1003202030919 y número de expediente MOR/053/33962/2020, instruido en contra de Elizabeth Monroy Bañuelos, por el delito de retención o sustracción específica de persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender el hecho, en perjuicio del menor C.A.M.M. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido al Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención a Delitos de Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Violencia Familiar y de Género, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 71). Certeza que se corrobora con la documental que exhibió la autoridad responsable, consistente copia autentificada de la carpeta de investigación MOR/053/33962/2020, NUC. 1003202030919, instruida en contra de Elizabeth Monroy Bañuelos, por el delito de retención o sustracción específica de persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender el hecho, en perjuicio del menor C.A.M.M. [un tomo]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, toda vez que entre dichas constancias se encuentra el citatorio de quince de septiembre de dos mil veinte. Cuarto. Análisis de las causas de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados que se atribuyen a la autoridad responsable, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese contexto, este Juzgador de oficio, considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del precepto 61, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Para evidenciar la razón por la que se estima actualizada dicha causal, se estima necesario traer a glosa el contenido de las referidas porciones normativas, las cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.)". De la porción normativa citada en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo, no contempladas, de manera expresa, en las anteriores fracciones de dicho artículo 61. Mientras que, de la citada en segundo lugar, se advierte que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 97/2013, determinó que era procedente el amparo indirecto contra la orden de citación del investigado a la audiencia de formulación de imputación bajo las normas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral, de las legislaciones de los Estados de Durango y Chihuahua. Lo anterior dio origen a la jurisprudencia 1a./J.93/2013, publicada en la página 402 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materias Común-Penal, Décima Época, registro 2005048 "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE "FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN", PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA). La figura de la "formulación de la imputación" dentro del sistema de justicia penal acusatorio oral, se define en los códigos adjetivos penales de los Estados de Chihuahua y Durango, respectivamente, de la siguiente manera: "El acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados"; y "La comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señale como delitos". En ambos Estados de la República se establece que la formulación de la imputación se realiza cuando el Ministerio Público considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial y, para ello, debe solicitar al juzgador la celebración de una audiencia para que pueda comunicarle al investigado la formulación de la imputación. Audiencia para la cual la autoridad jurisdiccional citará al investigado, a quien se le indicará que tendrá que acudir acompañado de su defensor, con el apercibimiento de ley, que de no comparecer se ordenará su aprehensión. Ahora bien, el auto con apercibimiento de aprehensión que emite la autoridad jurisdiccional, es un acto que transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona apercibida, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir, ya que a partir de ahí puede ordenarse y ejecutarse su aprehensión; además, a partir del instante en que se emite el apercibimiento en comento, se actualiza una afectación a la libertad deambulatoria de la persona, pues la orden de citación para que se le formule la imputación tiene por objeto lograr su comparecencia para que continúe la secuela procesal; ello implica que su derecho a la libertad puede verse restringido al menos parcialmente, en la medida en que aparte de que obligadamente tiene que acudir a la citada audiencia, debe, a partir de ahí, sufrir una perturbación indirecta de la libertad con motivo de las consecuencias que deriven de la prosecución del procedimiento que requieren de su ineludible presencia. Por consiguiente, se estima que el auto de mérito es un acto que afecta su libertad en atención a los efectos que produce, lo cual se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. No obstante, al momento de que la Primera Sala del Alto Tribunal emitió la anterior jurisprudencia aún no se encontraba en pleno ni total funcionamiento el sistema de justicia penal adversarial a nivel federal. Fue hasta el cinco de marzo de dos mil catorce que entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es la legislación adjetiva vigente que regula el procedimiento en materia penal, tanto en las entidades federativas, como a nivel federal. Asimismo, debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la diversa contradicción de tesis 141/2018, emitió la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), visible en la página 239 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materias Común-Penal, Décima Época, registro 2018828, la cual es del tenor siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En la ejecutoria correspondiente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: Que dicha Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la diversa contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgredía el derecho a la libertad deambulatoria, pues colocaba al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traducía en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Sin embargo, que de una nueva reflexión, estimaba necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, era semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advertía que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Asimismo, precisó que debía abandonarse el criterio reflejado en la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), porque conforme con las legislaciones de Chihuahua y Durango que se analizaron en esa ocasión y que preveían que en caso de no acudir a la citación, se ordenaría la aprehensión del citado, en ese supuesto, incluso si la citación se realizara bajo el apercibimiento de ordenar la aprehensión en caso de no comparecer, la citación, como tal, no afectaría a la libertad del citado, pues constituye un acto mediante el cual el juez le comunica que requiere su presencia para llevar a cabo una diligencia judicial en la que el Ministerio Público formalizará una investigación en su contra y le comunicará la imputación respectiva, y el dictado de la orden de aprehensión no es inminente, pues depende de hechos futuros e inciertos. Que no obstaba el hecho de que conforme con la fracción II del numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no comparecer injustificadamente, pudiera ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. En consecuencia, adujo la Primera Sala, en contra del auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese contexto, es evidente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandonó el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.) emitido en el año dos mil trece, donde preveía que el amparo biistancial era procedente contra la orden de citación para formular imputación; para ahora, decidir que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la orden de citación para formular imputación. Una vez precisado lo anterior, debemos recordar que, en el caso en concreto, la quejosa reclama el citatorio de quince de septiembre de dos mil veinte, cuya imagen se inserta a continuación: Por tanto, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si en contra del auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto; es evidente, que, en contra del citatorio, por medio del cual la responsable citó a la quejosa, con la finalidad de ser escuchada en declaración ministerial, también resulta improcedente el juicio de amparo. Ello, pues aun cuando en el caso en concreto, la orden de citación no fue dictada por un juez para comparecer a la audiencia inicial prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino por el Ministerio Público responsable; las razones emitidas por la aludida Primera Sala del Máximo Tribunal del País, son aplicables al caso, porque en ambos supuestos no se afecta la libertad personal de la persona citada, al tratarse de una simple comunicación, en el sentido de que se requiere la presencia de la citada para la integración e investigación de un delito y para que, posteriormente, en caso de que el Ministerio Público decida ejercer acción penal, en el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará dicha investigación que se sigue en su contra, se formule la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculada a proceso y, en su caso, sometida a una medida cautelar. No es obstáculo a lo anterior, que en el citatorio reclamado también se hubiere ordenado a la quejosa que presentara al menor C.A.M.M., pues de la imagen del mismo -traído a glosa en fojas anteriores- se advierte que la responsable no la apercibió con la aplicación de algún medio de apremio para el caso de que no se presentara ella o el menor, y aun en el caso de que lo hubiere hecho, ello sería un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que la persona citada no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública. En ese orden de ideas, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del precepto 61, en relación con el 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No pasa inadvertido por este juzgador que la quejosa solicitó la suplencia de la queja; sin embargo, no existe nada sobre lo que haya que suplir. En efecto, la suplencia de la queja deficiente consiste esencialmente en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, o mejorar aquellos planteados de manera incompleta. Por otra parte, la procedencia del juicio de amparo es un requisito procesal de estudio preferente, oficioso y de orden público, según lo ordena el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior permite deducir que procederá la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, única y exclusivamente si el juicio de amparo es procedente, por lo que no puede llegarse al extremo, alegando dicho beneficio, de hacer procedentes los juicios de amparo en los que se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que ello traería consigo el total quebrantamiento de las reglas que rigen tal instancia de control constitucional. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Elizabeth Monroy Bañuelos, en contra del acto y autoridad precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso cuarto de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito de Carlos Rafael Mejía Guardián, y como lo solicita, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de, se le tiene apersonándose al presente juicio en su carácter de tercero interesado. Téngase al citado tercero, señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. En tal virtud, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado tome nota de lo anterior para realizar las subsecuentes notificaciones. Por ultimo, en relación a la solicitud de que se le expidan copias del presente asunto, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídansele a su costa las copias en los términos que indica, autorizando a las personas que indica para recibirlas, previa identificación y recibo que se deje en autos para debida constancia legal. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veinte.****************************************Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención a Delitos de Violencia Familiar y de Género de la Fiscalía Especializada en dicha materia, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justificado.****************************************Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales que remiten en apoyo de su informe justificado, consistente en constancias de la carpeta de investigación ************************************************************Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva y con las documentales referidas fórmese un tomo de prueba.****************************************Por otro lado, en el acuerdo de admisión se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada hasta el momento procesal oportuno, lo que en la especie ya aconteció; ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que ******************** es el denunciante dentro de dicha carpeta, por lo que en términos del artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado, quien puede ser emplazado personalmente o por conducto de su apoderado jurídico en ************************************************************En ese sentido, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado para que se constituya en el domicilio referido y realice lo siguiente:****************************************a) Con las formalidades que establece el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, efectúe personalmente el emplazamiento del tercero interesado, o bien, por conducto de quien al momento de la diligencia con documento idóneo en original o cotejado, acredite ser su apoderado y de ser posible recabe copia del documento;****************************************b) De no encontrar al tercero interesado o a su representante, lleve a cabo el emplazamiento por citatorio de acuerdo con las formalidades que establece el referido precepto 27 del ordenamiento legal invocado; ****************************************c) Le corra traslado con copia de la demanda de amparo, así como del auto de admisión de demanda, o en su caso, le adjunte al citatorio respectivo;****************************************d) Le haga saber la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional las ************************************************************e) Le requiera para que al momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos el emplazamiento respectivo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ya que mientras no señale domicilio las notificaciones siguientes a su emplazamiento se le harán por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado y sin ulterior acuerdo, de conformidad con los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo;****************************************f) Se autoriza a la persona encomendada para realizar la diligencia de emplazamiento, tomar las medidas respectivas para cumplir con la encomienda, ya que de no lograr la diligencia en los términos precisados, podrá llevarla a cabo de conformidad con los artículos 312 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, únicamente de actualizarse las hipótesis previstas en dichos preceptos, de lo que deberá asentar la razón correspondiente; ****************************************g) Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice el emplazamiento aun en días y horas inhábiles, en el entendido de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar respectivo y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, por lo que en su caso, deberá indagar con los vecinos del lugar; y,****************************************h) Hágasele saber que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.****************************************Notifíquese por lista y personalmente al tercero interesado.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF/DENISSE
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