Elizabeth Milagros Solano Haro
Expediente 302/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 302/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Elizabeth Milagros Solano Haro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de junio de dos mil veintitres. .este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo... archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, como asunto totalmente concluido... Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; mediante el cual, remite copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral 01/1202/18. Vista cumplimiento Por tanto, con copia del oficio de cuenta y anexo, de conformidad con el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte quejosa, para que, dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho corresponda; con el apercibimiento que, de no realizarlo, este Juzgado con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa con copia del oficio y anexo en comento.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, y específicamente de la certificación con que se da cuenta, se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que, se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Elizabeth Milagros Solano Haro, respecto del acto reclamado y autoridad mencionados en el considerando segundo por las consideraciones y fundamentos vertidos en el considerando quinto, y para los efectos precisados en considerando séptimo de este fallo". Con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la resolución dictada en autos, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento de cumplimiento Ahora bien, con fundamento en el numeral 192, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, cumpla con la ejecutoria de amparo o, en su caso, informe las gestiones que se encuentra realizando para dicho cumplimiento, resolución que fue concedida para que realice lo siguiente: "Dicte el laudo en el juicio laboral 01/1202/18, y lo haga de conocimiento a las partes". Apercibimiento a la autoridad responsable Con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo así, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización1 , esto en observancia a lo establecido por el diverso numeral 258 de la Ley de Amparo vigor. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda, por lo que, con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 302/2023, promovido por********************, contra el acto que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por considerarlo violatorio del derecho humano de acceso a la jurisdicción. I.- TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito que fue presentado el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Morelos, remitido el mismo día al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, la quejosa********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se transcriben: AUTORIDAD RESPONSABLE ".TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MORELOS...". ACTO RECLAMADO ".NO DICTAR EL LAUDO...". SEGUNDO. Admisión, trámite de la demanda y audiencia constitucional. En auto de dos de marzo de dos mil veintitrés el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, radicó la demanda bajo el número 291/2023 y se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías de que se trata, por conocimiento previo al existir una antecedente directo en éste Órgano Jurisidiccional, por lo que mediante oficio 5110/2023, remitió a éste Juzgado la demanda de que se trata, y en auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, se avocó al conocimiento, formó el expediente 302/2023, y se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. TERCERO. Seguidos los trámites de ley, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, II.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 49 y 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama una omisión laboral atribuido a una autoridad que se ubica dentro de la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse de manera clara y precisa el acto reclamado. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que, en el caso, se reclama: Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, lo siguiente: a) La omisión de dictar laudo en el juicio laboral ******************** TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, al rendir informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene por cierto. Apoya la decisión adoptada, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Septiembre de 2011, Tomo II, Página 830, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con las constancias derivadas del juicio laboral ********************, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. El Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, actuario de su adscripción, al rendir su informe justificado, manifestó que el juicio de amparo debía sobreseerse en virtud de que, por una parte, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que refiere la autoridad responsable que el acto reclamado no le depara perjuicio alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa, debido a que no existe una abierta dilación en el procedimiento; sin embargo, dichos argumentos deben desestimarse porque la razón expuesta por la autoridad responsable, es decir, la dilación procesal, constituye una cuestión relacionada con el fondo de este asunto; de ahí que su contestación no forme parte de la procedencia del juicio sino de su resolución definitiva. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 135/2001, con registro digital 187973, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, materia común, página 5, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". Al no advertirse diversa causa de improcedencia hecha valer por la autoridad, ni alguna que deba ser examinada de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan esencialmente fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues en suplencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo, este juzgado advierte un evidente retardo en la impartición de justicia por parte del Tribunal responsable, en la emisión del laudo dentro del juicio laboral ********************; lo que, desde luego, vulneró en su perjuicio el derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues al respecto el referido dispositivo constitucional dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.--- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". El derecho constitucional contemplado en dicho ordinal pertenece a la especie de los derechos de seguridad jurídica, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos de la garantía concerniente a la administración de justicia han sido explicitados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis L/2002, visible en la página 299, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, alusivo al mes mayo de dos mil dos, del tenor literal siguiente: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Del texto constitucional se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se disipe la controversia. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral. También se destaca que en tratándose de términos y plazos existe una remisión de la Norma Fundamental a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 113/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de dos mil uno, del rubro y texto siguientes: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." Así, la violación al derecho fundamental de la debida impartición de justicia, se manifiesta a través de dos vertientes: I.- La primera: Consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, II.- La segunda: Implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, esa violación se patentiza a partir de omisiones de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales; es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es acto en sentido estricto o manifestación positiva de un hecho. Ahora bien, de una consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que en la ejecutoria de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, emitida en la queja laboral ********************, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, sostuvo que es posible aplicar supletoriamente a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el plazo de quince días para la emisión del laudo previsto en el artículo 127 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, numeral que establece: "Artículo 127 Bis.- El procedimiento para resolver las controversias relativas a la terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se desarrollará en la siguiente forma. (.) III.- Fijados los términos de la controversia y reunidas las pruebas que se hubiesen presentado con la demanda y la contestación, el Tribunal citara a una audiencia que se celebrará dentro de los quince días siguientes de recibida la contestación, en la que se desahogaran pruebas, se escucharán los alegatos de las partes y se dictarán los puntos resolutivos del laudo, que se engrosará dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la celebración de la audiencia, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias para mejor proveer, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y una vez desahogadas se dictará el laudo dentro de quince días." Atento a lo anterior, de las constancias que obran en autos se advierte que al momento de promoverse el presente juicio de amparo (veintiocho de febrero de dos mil veintitrés), la autoridad responsable aún no dictaba laudo en el juicio laboral ********************, y hasta la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no se tuvo noticia de que ello ocurriera, no obstante de haber dictado el cierre de instrucción desde el trece de diciembre de dos mil veintidós, y ordenara su turno para el dictado de laudo. Por tanto, la autoridad responsable debió de emitir el laudo respectivo, a más tardar dentro de los quince días siguientes, en términos del artículo 127 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Asimismo, el plazo de cuarenta y cinco días naturales que contempla la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, computado desde la fecha en la que concluyó el plazo que legalmente tenía el Tribunal responsable para emitir el laudo, transcurrió en exceso. Tal y como se advierte de la tabla siguiente: Fecha de cierre de instrucción Fecha en que tenía que dictarse el laudo, en términos del artículo 127 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Periodo en que transcurrieron los 45 días a que hace referencia la SCJN, para considerar que hubo dilación Presentación de la demanda de amparo 13/12/2022 03/01/2023 Sin contar los días: 17, 18, 24, 25 y 31 de diciembre de dos mil veintidós, por ser inhábiles. Del 04/01/2023 al 17/02/2023 28/02/2023 Lo que demuestra la abierta dilación que existe para emitir el laudo en el juicio laboral de origen ********************, ya que hasta la fecha de la emisión de la presente sentencia, no se tiene noticia de que se hubiese dictado la resolución correspondiente; no obstante que han pasado más de tres diez meses desde el cierre de instrucción. Lo anterior, siguiendo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J.33/2019 (10ª.), de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, pagina 1643, que establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". En esa tesitura, el concepto de violación expuesto por la parte quejosa resulta, como se adelantó, fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo tanto, es evidente que el Tribunal responsable infringió el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción del quejoso, consagrado en los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y para resarcir la violación, debe emitir el laudo en el juicio laboral de origen. SEXTO. Protección de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. SÉPTIMO. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a continuación se determinarán con precisión los efectos del amparo, especificándose las medidas que la autoridad debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho humano que se consideró infringido en el considerando quinto. Se otorga el amparo a la parte quejosa en contra del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para el efecto de que: Dicte el laudo en el juicio laboral ********************, y lo haga de conocimiento a las partes. Cabe destacar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional se delimitan en función del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, sin que se proyecte a etapas posteriores, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Ello se ha establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), Décima Época. Registro: 2005150. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: 2a. CV/2013 (10a.). Página: 732, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". III.- DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, respecto del acto reclamado y autoridad mencionados en el considerando segundo por las consideraciones y fundamentos vertidos en el considerando quinto, y para los efectos precisados en considerando séptimo de este fallo. Notifíquese.
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