Elizabeth Mercado Cuellar

Expediente 1001/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 26 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1001/2020
Año
2020
Actuaciones
26
Última actuación
05/07/2023

Partes del expediente

  • Elizabeth Mercado Cuellar
  • Junta de Administración, Vigilancia Y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual solicita el acceso electrónico del presente juicio de amparo. Al respecto, como lo solicita, instrúyase al Oficial Judicial "A", para que permita el acceso del expediente electrónico del presente juicio de amparo a dicho juzgado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". -Para el efecto de que las autoridades responsables dejen insubsistente la resolución de catorce de octubre de dos mil veinte, emitida por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en la queja administrativa 77/2019, que impone sanción administrativa de amonestación a la quejosa, así como todo lo actuado en la queja administrativa 77/2019, y en caso de insistir con la prosecución del mismo, se le corra traslado a la parte quejosa con la totalidad de las pruebas aportadas a dicho procedimiento, empero, deberá previo a ello analizar la actualización de la prescripción de su facultad sancionadora, es decir, debe fundar y motivar a partir de que actuaciones y por qué empieza a correr el término para actualizarla, pues, la responsable emprende el análisis a partir de que se ordenó el inicio del procedimiento de responsabilidad (resolución de 30 de enero de 2019), con motivo de una primer investigación realizada a la Juez del órgano donde la quejosa era secretaria. De ahí que la responsable deberá justificar porqué a partir de ese auto inicia el cómputo de la prescripción y no a partir de que conoció de los hechos, con independencia de que no supiera quién había participado en ellos. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución al derivar de uno acto viciado, reclamados de las autoridades señaladas con ese carácter, al no reclamarse por vicios propios. .". Inconforme con dicha determinación la autoridad responsable Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, interpuso recurso de revisión el cual por turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien lo registró bajo el número 414/2021 y mediante ejecutoria de veinticinco de marzo de dos mil veintidós determinó confirmar la sentencia recurrida. Por lo tanto, vista dicha ejecutoria, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, remitió copia certificada de la resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, emitida en los autos de la queja administrativa 77/2019, donde se desprende dejó sin efectos la resolución de catorce de octubre de dos mil veinte, así como todo lo actuado en dicha queja administrativa, y con libertad de jurisdicción, analizó la figura de la prescripción, ordenando la reposición del procedimiento administrativo y turnando los autos a la Visitadora General del Poder Judicial en el Estado de Morelos, y procediera a correr traslado a la parte quejosa con la totalidad de las pruebas aportadas a dicho procedimiento, observando las formalidades ley. Constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo a la promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, en razón de que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, por determinación de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, emitida en los autos de la queja administrativa 77/2019, donde dejó sin efectos la resolución de catorce de octubre de dos mil veinte, así como todo lo actuado en dicha queja administrativa, y con libertad de jurisdicción analizó la figura de la prescripción, ordenando la reposición del procedimiento administrativo y turnando los autos a la Visitadora General del Poder Judicial en el Estado de Morelos, y procediera a correr traslado a la parte quejosa con la totalidad de las pruebas aportadas a dicho procedimiento, observando las formalidades ley. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad ordenadora responsable deje insubsistente la resolución de catorce de octubre de dos mil veinte, emitida por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en la queja administrativa 77/2019, que impone sanción administrativa de amonestación a la quejosa, así como todo lo actuado en la queja administrativa 77/2019, y en caso de insistir con la prosecución del mismo, se le corra traslado a la parte quejosa con la totalidad de las pruebas aportadas a dicho procedimiento, empero, deberá previo a ello analizar la actualización de la prescripción de su facultad sancionadora, es decir, debe fundar y motivar a partir de que actuaciones y por qué empieza a correr el término para actualizarla, pues, la responsable emprende el análisis a partir de que se ordenó el inicio del procedimiento de responsabilidad (resolución de 30 de enero de 2019), con motivo de una primer investigación realizada a la Juez del órgano donde la quejosa era secretaria. De ahí que la responsable deberá justificar porqué a partir de ese auto inicia el cómputo de la prescripción y no a partir de que conoció de los hechos, con independencia de que no supiera quién había participado en ellos. En ese sentido este juzgado federal estima que las autoridades responsables no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se acredita que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, remitió la determinación de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, emitida en los autos de la queja administrativa 77/2019, donde dejó sin efectos la resolución de catorce de octubre de dos mil veinte, así como todo lo actuado en dicha queja administrativa, y con libertad de jurisdicción, analizó la figura de la prescripción, ordenando la reposición del procedimiento administrativo y turnando los autos a la Visitadora General del Poder Judicial en el Estado de Morelos, y procediera a correr traslado a la parte quejosa con la totalidad de las pruebas aportadas a dicho procedimiento, observando las formalidades ley. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, y deberán conservarse todas las resoluciones donde se concedió la suspensión provisional. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de julio de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". -Para el efecto de que las autoridades responsables dejen insubsistente la resolución de catorce de octubre de dos mil veinte, emitida por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en la queja administrativa 77/2019, que impone sanción administrativa de amonestación a la quejosa, así como todo lo actuado en la queja administrativa 77/2019, y en caso de insistir con la prosecución del mismo, se le corra traslado a la parte quejosa con la totalidad de las pruebas aportadas a dicho procedimiento, empero, deberá previo a ello analizar la actualización de la prescripción de su facultad sancionadora, es decir, debe fundar y motivar a partir de que actuaciones y por qué empieza a correr el término para actualizarla, pues, la responsable emprende el análisis a partir de que se ordenó el inicio del procedimiento de responsabilidad (resolución de 30 de enero de 2019), con motivo de una primer investigación realizada a la Juez del órgano donde la quejosa era secretaria. De ahí que la responsable deberá justificar porqué a partir de ese auto inicia el cómputo de la prescripción y no a partir de que conoció de los hechos, con independencia de que no supiera quién había participado en ellos. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución al derivar de uno acto viciado, reclamados de las autoridades señaladas con ese carácter, al no reclamarse por vicios propios. .". Inconforme con dicha determinación la autoridad responsable Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, interpuso recurso de revisión el cual por turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien lo registró bajo el número 414/2021 y mediante ejecutoria de veinticinco de marzo de dos mil veintidós determinó confirmar la sentencia recurrida. Por lo tanto, vista dicha ejecutoria, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, remitió copia certificada de la resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, emitida en los autos de la queja administrativa 77/2019, donde se desprende dejó sin efectos la resolución de catorce de octubre de dos mil veinte, así como todo lo actuado en dicha queja administrativa, y con libertad de jurisdicción, analizó la figura de la prescripción, ordenando la reposición del procedimiento administrativo y turnando los autos a la Visitadora General del Poder Judicial en el Estado de Morelos, y procediera a correr traslado a la parte quejosa con la totalidad de las pruebas aportadas a dicho procedimiento, observando las formalidades ley. Constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo a la promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, en razón de que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, por determinación de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, emitida en los autos de la queja administrativa 77/2019, donde dejó sin efectos la resolución de catorce de octubre de dos mil veinte, así como todo lo actuado en dicha queja administrativa, y con libertad de jurisdicción analizó la figura de la prescripción, ordenando la reposición del procedimiento administrativo y turnando los autos a la Visitadora General del Poder Judicial en el Estado de Morelos, y procediera a correr traslado a la parte quejosa con la totalidad de las pruebas aportadas a dicho procedimiento, observando las formalidades ley. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad ordenadora responsable deje insubsistente la resolución de catorce de octubre de dos mil veinte, emitida por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en la queja administrativa 77/2019, que impone sanción administrativa de amonestación a la quejosa, así como todo lo actuado en la queja administrativa 77/2019, y en caso de insistir con la prosecución del mismo, se le corra traslado a la parte quejosa con la totalidad de las pruebas aportadas a dicho procedimiento, empero, deberá previo a ello analizar la actualización de la prescripción de su facultad sancionadora, es decir, debe fundar y motivar a partir de que actuaciones y por qué empieza a correr el término para actualizarla, pues, la responsable emprende el análisis a partir de que se ordenó el inicio del procedimiento de responsabilidad (resolución de 30 de enero de 2019), con motivo de una primer investigación realizada a la Juez del órgano donde la quejosa era secretaria. De ahí que la responsable deberá justificar porqué a partir de ese auto inicia el cómputo de la prescripción y no a partir de que conoció de los hechos, con independencia de que no supiera quién había participado en ellos. En ese sentido este juzgado federal estima que las autoridades responsables no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se acredita que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, remitió la determinación de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, emitida en los autos de la queja administrativa 77/2019, donde dejó sin efectos la resolución de catorce de octubre de dos mil veinte, así como todo lo actuado en dicha queja administrativa, y con libertad de jurisdicción, analizó la figura de la prescripción, ordenando la reposición del procedimiento administrativo y turnando los autos a la Visitadora General del Poder Judicial en el Estado de Morelos, y procediera a correr traslado a la parte quejosa con la totalidad de las pruebas aportadas a dicho procedimiento, observando las formalidades ley. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, y deberán conservarse todas las resoluciones donde se concedió la suspensión provisional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Octavio rosales Gutiérrez, Director General de Administración del Poder Judicial del Estado, mediante el cual revoca a los delegados propuestos al momento de rendir su informe justificado y designa a otros nuevos; en consecuencia, se tiene por revocado como delegados a lo que propuso al rendir su informe justificado y como nuevos delegados a las personas que propone, en términos del numeral 9 de la ley de Amparo; asimismo, informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria protectora. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con los oficios y anexos registrados con los números de folio 9472 y 19453, así como con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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