Elizabeth Martínez López
Expediente 6/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 6/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Elizabeth Martínez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Asimismo, es depurable el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 18, fracción I inciso a) del citado Acuerdo General, pues se concedió la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
V I S T O para resolver el juicio de amparo indirecto 6/2023-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación. Mediante escrito depositado el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y remitido por razón de turno a este Juzgado de Distrito el veinticinco de octubre siguiente, Elizabeth Martínez López, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal DIF Huixquilucan, Estado de México, por el acto que se precisará en el considerando SEGUNDO. SEGUNDO. Trámite. Por auto de once de enero de dos mil veintitrés, previo desahogo de prevención, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda que registró con el número 6/2023-I, otorgó la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a la autoridad responsable su informe justificado y fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, inició al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que se reclaman actos cuya ejecución pretende verificarse en el ámbito territorial en que este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reprochados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la parte peticionaria de amparo reclama de la Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal DIF Huixquilucan, Estado de México: El citatorio de quince de diciembre de dos mil veintidós, a través del cual se pretende que comparezca la quejosa ante la autoridad responsable acompañada de la menor V.A.H.M. TERCERO. Existencia. La Coordinadora de Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal DIF Huixquilucan, Estado de México, al momento de rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos que se le atribuyen, razón por la cual se tiene plenamente probada su existencia. La certeza de que se habla se corrobora con las constancias allegadas por la autoridad responsable como complemento a su informe con justificación, a las que se les otorga valor probatorio indiciario, en términos de los artículos 197 y 217 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, se adminiculan dichas documentales con el original del citatorio materia del acto reclamado que exhibió la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, así como con las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable en su informe justificado, lo que genera la presunción fundada de la existencia del acto reclamado. Por lo que, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo dispone el numeral 62 de la legislación de la materia. Quien resuelve, considera que en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Precepto legal que tiene íntima relación con el diverso artículo 5o., fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que literalmente establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamada violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causa un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejoso en los términos de esta Ley". De acuerdo con los artículos invocados, el juicio de amparo constituye un medio idóneo para controlar la constitucionalidad de los actos de autoridad y se sigue sólo a instancia de parte agraviada, es decir, únicamente puede promoverlo quien resulta perjudicado por el acto de autoridad. En ese sentido, no cualquier persona puede promover dicho medio de control, pues el quejoso debe cumplir con ciertos requisitos, a saber: Acreditar su interés jurídico o legítimo, y Que se agravie o afecte ese interés. Requisitos los anteriores, que en caso de no satisfacerse, el juicio de amparo resultará improcedente. De lo que se sigue, que para que el juicio de amparo sea procedente se requiere, indispensablemente, que quien lo promueva demuestre la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 51/2019 (10a.)10 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Con esas bases, se tiene que en el caso, la quejosa Elizabeth Martínez López, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales V.A.H.M., reclama el citatorio que le fue notificado en su domicilio para el efecto de que se presentara en las instalaciones de la responsable en compañía de la menor quejosa; lo que en forma alguna, puede considerarse como un acto de autoridad capaz de afectar su integridad personal o restringir su libertad personal. Ello es así, en virtud de que la naturaleza de dicha citación no puede considerarse como un acto tendente a restringir la libertad personal, pues ese no es su objeto, sino lograr la comparecencia de la quejosa para la realización de un acto procesal, pues al tratarse de un acto que no es restrictivo de libertad, no viola derecho fundamental alguno de la impetrante; además de que constituye una actuación derivada de un reporte por la probable vulneración de derechos hacia la menor quejosa de iniciales V.A.H.M., de nueve años de edad, por parte de su señora madre, contra lo cual es improcedente el juicio de amparo. Establecido lo anterior, se considera que la simple citación para acudir a la Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal DIF de Huixquilucan, para el efecto de tratar un asunto relacionado con su hija, no es un acto que afecte materialmente alguno de los derechos fundamentales de la quejosa, ni de su menor hija. Ello es así, porque al tratarse de cuestiones que involucren derechos fundamentales de la menor y sobre todo que sean para indagar sobre la probable vulneración de derechos, quien ahora resuelve, considera que no causan un daño o perjuicio a su progenitora, por el contrario, pretende la salvaguarda de sus derechos fundamentales, en este caso, del derecho de la salud de la infante. Luego, por citatorio debe entenderse el documento con el que se convoca a una persona para que comparezca ante alguien; y, dicho sea de paso, por citar, se entiende el aviso hacia una persona en el que se señala día, hora y lugar para tratar de algún negocio; o bien, en Derecho, notificar una resolución administrativa o judicial con el fin de que su destinatario comparezca ante la autoridad que la dictó. Por ende, en ejercicio de esa facultad actúa como autoridad, sin que el desahogo de diligencias para tal fin cause un daño o perjuicio a los gobernados, a menos que en ellas se ordenara la restricción de algún derecho sustantivo, lo cual, en el caso no acontece. En atención a lo expuesto, el citatorio reclamado no repercute en alguna afectación al interés jurídico de la quejosa, en razón de que la entrevista solicitada en él, es únicamente para tratar asuntos relacionados con la infante, con motivo del reporte por la posible vulneración de derechos. Aunado a lo anterior, de la lectura del acto reclamando no se advierte ningún apercibimiento o medida de apremio, que, en caso de incomparecencia de la quejosa, se traduzca en un detrimento a la vulneración de su esfera jurídica, pues ante tal circunstancia es potestativo su cumplimiento (puede o no acudir), sin que genere consecuencia jurídica alguna en su perjuicio. Es así, que ante la falta de establecer alguna sanción que le fuere impuesta a la quejosa por no asistir a la fecha y en el domicilio que se menciona en el citatorio combatido de inconstitucional, lo cierto es que no causa perjuicio ni afecta los intereses jurídicos de la quejosa; sino por el contrario, contribuiría a cumplir con el propósito de los fines e institución de la responsable como lo son en esencia favorecer el desarrollo integral de la familia con acciones tendentes al bienestar de la sociedad; en la especie, salvaguardar el derecho a la salud de la menor. Es aplicable, la Jurisprudencia 265155 de la Segunda Sala; Sexta Época; visible en el Semanario Judicial de la Federación; Volumen CXXXII, Tercera Parte, Pág. 136, del rubro y texto que a continuación se indica: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. NO LO OTORGA UN SIMPLE CITATORIO PARA EFECTUAR ACLARACIONES. Debe sobreseerse el juicio de garantías cuando el acto reclamado se hace consistir en un citatorio administrativo para hacer saber al quejoso simples anomalías en relación con una licencia administrativa, sin que del citatorio se desprenda imposición de sanción alguna, pues tal llamado no le causa perjuicio ni afecta sus intereses jurídicos; antes bien, por medio del mismo, se da al quejoso la oportunidad de ser oído.". Así como la diversa tesis 2017798; de los Tribunales Colegiado de Circuito, ubicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época en el Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, Pag. 2289, que dispone: "CITATORIO PARA ACUDIR ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL A UNA DILIGENCIA RELACIONADA CON LOS HECHOS INVESTIGADOS EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI SE IMPUGNA EN AMPARO INDIRECTO, Y NO SE ADVIERTE QUE CONTENGA APERCIBIMIENTO O MEDIDA DE APREMIO ALGUNO, DE NO COMPARECER, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si el acto reclamado se hizo consistir en el citatorio que se giró en relación con los hechos investigados en una averiguación previa, emitido por el agente del Ministerio Público Federal, y en éste no se advierte apercibimiento o medida de apremio alguno, en caso de no comparecer para el esclarecimiento de los hechos, es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no afecta su interés jurídico, pues se encuentra en libertad de acudir o no al llamado, por lo que si no lo hace, ello no causa efecto alguno.". De lo anterior se desprende que con el citatorio no se vulneran derechos fundamentales de la quejosa, ni existe algún apercibimiento, medida de apremio o sanción contra la aquí quejosa, de tal forma que la ejecución y actuaciones que por esta vía reclama no le causan una afectación a sus intereses. Sin que se soslaye que la fecha de presentación del citatorio ya transcurrió y, que con posterioridad, se haya emitido uno diverso para una data que, de igual manera, ya transcurrió; sin embargo, del expediente administrativo de origen no se advierte afectación alguna a la parte quejosa en los términos establecidos en la presente sentencia. Siendo evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio de amparo. Así, al resultar improcedente la acción de amparo y ante el sobreseimiento decretado, este juzgador se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de las cuestiones del fondo del asunto, en relación con el acto reclamado por el que se ha decretado el sobreseimiento. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 1027, titulada: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Por lo anteriormente expuesto, fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio contra el acto reclamado y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos vertidos en el diverso CUARTO de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; tres de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el informe justificado rendido por la Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal DIF Huixquilucan, Estado de México; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que adjunta a su informe de cuenta, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Finalmente, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de febrero de dos mil veintitrés, y en su lugar se fijan las diez horas con quince minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintitrés para su verificativo. Notifíquese.A
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; veinte de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido por el Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública del Estado de México, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado el once de enero del año en curso, informa la designación de ********************como representante especial del menor de iniciales ********************; de lo que se toma conocimiento. Por otra parte, intégrese el escrito de ********************en su carácter de asesora jurídica federal adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública, del Poder Judicial de la Federación, por medio del cual, comparece a aceptar y protestar el cargo como representante especial del citado menor, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, autoriza a diversos profesionistas para tal efecto y solicita acceso al expediente electrónico. En esas condiciones, se tiene a la asesora jurídica acepando y protestando el cargo conferido. Se tiene como su domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su escrito de apersonamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Asimismo, se autoriza a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. En atención a su petición de acceso al expediente electrónico, se autoriza al usuario "********************" la consulta, el cual se encuentra disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea, en el cual podrá consultar la demanda, así como todas las constancias que integran el juicio de amparo. Se tiene únicamente como medios de comunicación no procesal los correos electrónicos y teléfono que proporciona, sin que estos constituyan un mecanismo de notificación por no estar previstos en la Ley de Amparo. Notifíquese.
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