Elizabeth Marlene Pérez Santana
Expediente 1545/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1545/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Elizabeth Marlene Pérez Santana
- Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós. En Esta fecha de dictó un acuerdo con notificación de carácter PERSONAL
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vistos los oficios de cuenta, en el primero, la Subdirectora de Amparos Administrativos, en suplencia de la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informa las gestiones de cumplimiento realizadas y en el segundo y tercero, respectivamente, la Directora General de Recursos Humanos de la citada dependencia, por una parte, solicita el otorgamiento de un plazo para acreditar el acatamiento del fallo protector, en los términos que señala y por otra, formula diversas manifestaciones respecto al protocolo para el pago de cantidades y solicita se dé intervención a la autoridad que señala, para estar en condiciones de gestionar la suficiencia presupuestal para el presente ejercicio fiscal; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos para que obren como correspondan. En atención a la primera de las comunicaciones de cuenta, se toma conocimiento de las gestiones realizadas por la autoridad oficiante, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad directamente obligada. Por otra parte, respecto a la segunda y tercera de las promociones de mérito, no es el caso de acordar favorablemente respecto al otorgamiento de la prórroga de mérito, ni a dar intervención a una diversa autoridad para los fines que señala, pues omite acreditar fehacientemente que efectivamente hubiere realizado las acciones encaminadas a obtener el acatamiento de la ejecutoria de amparo, pues se limita a presentar copia simple del oficio que contiene el proveído de catorce de octubre del año en curso, lo cual es insuficiente para justificar lo solicitado,. No obstante lo anterior, se debe considerar que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, de conformidad con los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 238 y 258 de la ley de la materia. En ese sentido, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero, requiérase de nueva cuenta a la Directora General de Recursos Humanos, (en su carácter de autoridad directamente obligada al cumplimiento) y su superior jerárquico Coordinadora General Administración, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: para que, en el ámbito de su competencia y en el improrrogable plazo de TRES DÍAS contado a partir de su legal notificación, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo y realicen lo siguiente: Acreditar que se solicitó al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la citada dependencia, el otorgamiento de la suficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, respecto de la la cantidad de $***, por concepto de diferencias de aguinaldo del ejercicio correspondiente al año dos mil veinte. De acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las citadas autoridades que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo; por lo tanto, se apercibe a todas las autoridades requeridas, que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 237 fracción I y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular una MULTA EQUIVALENTE A CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, en términos de lo que establece el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley ya citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. En ese orden de ideas, es oportuno precisar que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo vigente es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con las garantías de acceso a la justicia y recurso efectivo. Lo anterior se observa de la exposición de motivos del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, y que es del tenor siguiente: Ejecución de las sentencias La ejecución de sentencias es, sin duda, uno de los temas más complejos e importantes del juicio de amparo. Su relevancia estriba en que la falta de materialización rápida de las sentencias hace que el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría hacer de reparación irreparable el derecho que resulte protegido y resguardado por una de sentencia de amparo. Es claro que la ausencia de un desarrollo claro y sencillo de esta materia ha propiciado situaciones de indefensión y, en ciertos casos, de impunidad. Con el propósito de solucionar estas deficiencias, se ha buscado establecer una estructura nueva para, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por la otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o que se han creado por la tesis jurisprudenciales. En específico, la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización. Lo destacado es propio. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues se insiste, la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Sustentan las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, en lo conducente, los criterios de rubros siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. (Jurisprudencia número I.3o.C. J/7 (10a.) Página 2892, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2014, Décima Época). EJECUTORIA DE AMPARO, TERMINO PARA SU CUMPLIMIENTO. (Registro 340527, emitida por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 907, Materia Común). EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. (Tesis número IV.1o.A.10 K (10a.) Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2573). Asimismo, importa reiterar que atendiendo a la transformación jurídica en la estructura orgánica, administrativa y jurídica que dio como resultado la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la Ciudad de México, las autoridades responsables como las vinculadas a cumplir con la ejecutoria de amparo, deberán ajustar su proceder a los manuales, lineamientos, normativa interna que tengan y normas generales aplicables para el caso, para cumplir con la ejecutoria de amparo. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, catorce de octubre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio en que el Actuario Judicial adscrito al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, comunica la resolución pronunciada en el recurso de revisión R.A. 336/2022, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Acúsese el recibo de estilo correspondiente vía interconexión. Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal revisor resolvió lo siguiente: ÚNICO. Se DESECHA el recurso de revisión de que se trata. Atento a lo resuelto por el Tribunal revisor, REANÚDESE EL PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO EN EL PRESENTE ASUNTO, suspendido en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, con motivo del referido medio de impugnación. Ahora, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que la autoridad responsable está constreñida indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, y 197, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN INTERNA DE LA GUARDIA NACIONAL, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, atendiendo a las acciones a realizar, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, esto es, debe: 1. Dejar insubsistente el oficio GN/UAI/DGII/11703/2021, de diez de agosto de dos mil veintiuno, expediente administrativo GN/UAI/DGII/0435/2021. 2. Emitir otra determinación, en la que expida al quejoso copia de las constancias que solicitó mediante escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil veintiuno; asimismo, autorice a su abogado para que consulte el expediente de investigación, cuantas veces lo requiera. Es pertinente precisar que en caso de no advertir algún otro motivo oponible a la expedición de las copias solicitadas, de ser necesario, cuando dicha autoridad entregue las constancias, debe testar o reservar los registros de la investigación que por la naturaleza de su contenido y atendiendo a las legislaciones aplicables, su consulta deba ser reservada; así como aquella información que se refiera a terceros o que se trate de alguna línea de investigación diversa a la que se sigue contra el solicitante del amparo. Lo anterior también deberá ser observado por la autoridad que tenga a su cargo el citado expediente, cuando el quejoso o su abogado se presenten para consultarlo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de dicha Ley, se impondrá a su titular multa por cien unidades de cuenta en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley de la materia, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable Director General de Investigación Interna, ambos de la Guardia Nacional, lo conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí misma a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismos. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dio la orden a las directas responsables o, en su caso, que no llevaron a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí mismas, se llevara a cabo el procedimiento descrito en el citado punto 3. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL En ese orden de ideas, es oportuno precisar que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo vigente es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con las garantías de acceso a la justicia y recurso efectivo. Lo anterior se observa de la exposición de motivos del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, y que es del tenor siguiente: "Ejecución de las sentencias La ejecución de sentencias es, sin duda, uno de los temas más complejos e importantes del juicio de amparo. Su relevancia estriba en que la falta de materialización rápida de las sentencias hace que el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría hacer de reparación irreparable el derecho que resulte protegido y resguardado por una de sentencia de amparo. Es claro que la ausencia de un desarrollo claro y sencillo de esta materia ha propiciado situaciones de indefensión y, en ciertos casos, de impunidad. Con el propósito de solucionar estas deficiencias, se ha buscado establecer una estructura nueva para, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por la otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o que se han creado por la tesis jurisprudenciales. En específico, la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización. [Lo destacado es propio]. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues se insiste, la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Sustentan las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, en lo conducente, los criterios de rubros siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. (Jurisprudencia número I.3o.C. J/7 (10a.) Página 2892, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2014, Décima Época). EJECUTORIA DE AMPARO, TERMINO PARA SU CUMPLIMIENTO. (Registro 340527, emitida por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 907, Materia Común). EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. (Tesis número IV.1o.A.10 K (10a.) Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2573). Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a diez de octubre de dos mil veintidós. Por recibida la copia de conocimiento del Subdirector de Relaciones Laborales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de la cual, se informan las gestiones para cumplir con el fallo de amparo; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa
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