Elizabeth Maricela Rangel Lazarin

Expediente 123/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
123/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2018

Partes del expediente

  • Elizabeth Maricela Rangel Lazarin

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un sumario constitucional en el que se desechó la demanda de amparo 123/2018, y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Por otra parte, con apoyo en el punto Décimo Primero, último párrafo, del referido Acuerdo General Conjunto, en su caso, hágase del conocimiento del promovente que deberá acudir al local que ocupa este Juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a recoger los documentos que obran en autos, apercibida que de ser omisa, serán destruidos junto con el sumario constitucional en que se actúa, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto en mención. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Ministerio Público Federal Por lista Autoridad responsable Por lista Tercero interesado No existe

  2. Principal

    Ciudad de México, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Registro Vista la demanda de amparo promovida por **********; por su propio derecho; fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con los siguientes datos: REGISTRO OCC EXPEDIENTE NNEUN PARTE QUEJOSA 022389/2018 123/2018 23909863 ********** Autorizados en términos amplios, para oír y recibir notificaciones, así como para la utilización de medios electrónicos en la consulta del expediente De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en términos amplios de la parte quejosa a los siguientes profesionistas: Profesionista ********** ********** Dicha autorización se entiende para efectos de llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte quejosa, consistentes en interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas e, incluso, desistirse de ellas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin incluir aquéllos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como lo es la facultad para desistirse del juicio de amparo y sus recursos. Respecto de ********** y **********, dígase al promovente que una vez que acrediten tener registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito se acordará lo conducente; en ese sentido, se les tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones. De igual manera, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Domicilio dentro de la jurisdicción Toda vez que así lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones de este expediente, aun las de carácter personal, por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional; en el entendido de que en cualquier momento del juicio podrá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este órgano. Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa o su legítimo representante , de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Autoridades responsables y actos reclamados Previamente a proveer sobre la demanda de amparo, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que el referido ocurso es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Subdirectora de Calidad en Otorgamiento de Tramites de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. a) La emisión del oficio SCOT/0348/2018 de cuatro de julio de dos mil dieciocho Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; El precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan o proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que no se esté ante alguna de las excepciones que el propio legislador previó en esa disposición. Esta causa de improcedencia tiene sustento en la fracción IV del artículo 107 de la Norma Fundamental, el cual es del tenor siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; Los preceptos constitucional y legal transcritos contemplan el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el hecho de que el juicio constitucional, al tratarse de un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos humanos, es improcedente si previamente no se acude a las instancias ordinarias que permitan modificar, revocar o nulificar el acto de la autoridad, salvo los casos de excepción previstos en tales numerales. Al respecto, debe precisarse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en caso de no obtener resolución favorable, el juicio de amparo será procedente. Afirmar lo contrario, sería tanto como sostener que el juicio de amparo es un recurso ordinario y, a su vez, permitiría al juez federal suplantar las facultades del órgano de primera instancia. Tales consideraciones derivan de las tesis aisladas de la quinta y sexta épocas, con números de registros 338340 y 267633, cuyos rubros, respectivamente, son: AMPARO. RECURSOS ORDINARIOS. Ahora bien, es importante señalar que conforme a la Norma Fundamental y a la Ley de Amparo el principio de definitividad no es absoluto, toda vez que existen excepciones que habilitan al particular a acudir directamente al juicio constitucional no obstante exista un medio ordinario de defensa contra el acto reclamado. Efectivamente, la primera excepción al principio de definitividad está referida a la figura de la suspensión del acto reclamado, de modo que se pueden obviar los recursos ordinarios en los siguientes casos: Cuando la ley de la materia no prevea esa medida cautelar con la interposición del recurso, o bien, que pueda ser decretada oficiosamente por la autoridad respectiva; Que aun cuando se contemple la suspensión del acto, no lo sea con los mismos alcances que establece la ley de amparo; Que la ley ordinaria no prevea mayores requisitos que los que consigna la Ley de Amparo para otorgar la suspensión definitiva; y, Que el plazo para conceder la medida cautelar no sea mayor que el dispuesto para la suspensión provisional. En cualquiera de los supuestos anteriores, aun cuando la ley ordinaria establezca un medio de defensa, se actualizará una excepción al principio de definitividad y el particular podrá acudir directamente al juicio de amparo a impugnar el acto reclamado. Por otro lado, la segunda excepción al principio de definitividad está relacionada con el principio de fundamentación que debe observarse en todos los actos de autoridad, de modo que se surtirá la excepción aludida cuando el acto reclamado carezca de modo absoluto de ese elemento. Efectivamente, la excepción aludida se actualiza únicamente ante la ausencia total de las disposiciones legales que sustenten el acto reclamado, lo que obedece al hecho de que no es posible obligar a los particulares a agotar los recursos conducentes cuando no se le han dado a conocer los fundamentos del acto. De esta manera, si la autoridad emite un acto de molestia, pero en él se omite invocar precepto alguno que lo justifique, entonces el juicio de amparo será procedente, sin necesidad de desahogar previamente algún medio de defensa. Consecuentemente, no se ubica dentro de esta excepción el reclamo de la indebida o deficiente fundamentación, toda vez que en esta hipótesis el acto sí contempla preceptos legales, aunque éstos sean exacta o debidamente aplicables, lo que en todo caso será materia de análisis en el medio ordinario de defensa que se establezca para tal efecto. Sirven de apoyo los criterios siguientes: Tesis aislada VI.1o.A.49 K (10a.), con número de registro 2012479, de rubro: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ADEMÁS DE LAS EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO CONTENIDAS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS SE PREVÉ UNA MÁS EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO QUE IMPIDE EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. Jurisprudencia VII.1o.A. J/3 (10a.), con número de registro 2012256, de rubro: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ES IMPROCEDENTE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE LE RECLAMEN ACTOS QUE DERIVAN EN EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CARENTES DE FUNDAMENTACIÓN, AL NO CONSTAR POR ESCRITO, PUES SE ACTUALIZA UN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) Tesis Aislada (III Región)4o.19 K (10a.), con número de registro 2008052, de rubro: DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO, POR EL HECHO DE QUE EL PARTICULAR SE HAGA SABEDOR DE LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO RECLAMADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO Y ALEGUE HABERLOS DESCONOCIDO PREVIAMENTE A LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO, AUN CUANDO AQUÉL, CON LA FUNDAMENTACIÓN RELATIVA, SEA DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Tesis aislada IV.2o.A.52 K (10a.), con número de registro 2005733, de rubro: AMPARO INDIRECTO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL DE INMUTABILIDAD DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO RELATIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CONSISTENTE EN QUE, TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS A LOS QUE SE ATRIBUYA LA AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, DEBERÁ COMPLEMENTAR DICHOS ASPECTOS, NO ES ARBITRARIA NI OPERA AISLADAMENTE, PUES EL LEGISLADOR ADOPTÓ MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA ASEGURAR EL EQUILIBRIO PROCESAL Y EXCLUIR LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA. Tesis Aislada I.3o.A.128 K, con número de registro 212868, de rubro: FUNDAMENTACION, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCION AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCION XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Por otro lado, la siguiente excepción al principio de definitivdad se surte cuando en relación con el acto reclamado únicamente se aleguen violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; excepción que en un principio se reconoció en la práctica jurisprudencial de los tribunales federales, de acuerdo con la jurisprudencia s/n de rubro siguiente (registro 237480): RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. Al respecto, debe señalarse que una violación directa a la Constitución consiste en la inobservancia de algún derecho consagrado en ese ordenamiento en forma directa, sin que medie interpretación o aplicación de preceptos secundarios. Esta aseveración se corrobora de la jurisprudencia 2a./J. 78/2013 (10a.), con número de registro 2003874, de rubro: PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 4/2012 (10a.), con número de registro 2000299, de rubro: ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ESA NATURALEZA, CUANDO SE ALEGA EN LA DEMANDA VIOLACIÓN DIRECTA AL DERECHO DE PETICIÓN (LEGISLACIONES DE SAN LUIS POTOSÍ Y FEDERAL). Finalmente, se actualiza también una excepción al principio de definitividad cuando el recurso o medio ordinario de defensa se encuentre previsto en un reglamento y no en una ley. Sobre este punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el vocablo "ley" no debe entenderse como cualquier ordenamiento legal -reglamento, disposiciones administrativas, entre otros-, sino que se refiere a una ley en su sentido formal y material. Al respecto, el Alto Tribunal también ha sostenido que dicha excepción no implica que el recurso ordinario deba estar contenido en la misma ley de la que deriva el acto reclamado, ya que es posible que el legislador prevea esas herramientas procesales en un ordenamiento diverso, siempre y cuando se trate de una ley en sentido formal y material. Finalmente, sobre este punto ha señalado que esa hipótesis de excepción no implica que el quejoso no pueda interponer el medio de defensa establecido en ordenamientos distintos a las leyes, sino que solamente se traduce en que su falta de agotamiento no es susceptible de producir la improcedencia del juicio de amparo. Dichas consideraciones derivan de las jurisprudencias 2a./J. 151/2006P./J. 3/2001, 2a./J. 115/99, 2a./J. 116/99 y 2a./J. 4/92, con números de registros 174026, 190367, 193142, 193141 y 206421, de rubros: RECURSO DE INCONFORMIDAD. NO ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, CONTRA UNA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL, EN VIRTUD DE QUE NO ESTÁ PREVISTO EN LEY. DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO QUE ESTABLECEN SUS ARTICULOS 266 A 271, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE NULIDAD FISCAL. Establecido el anterior marco normativo y jurisprudencial, en el caso concreto la quejosa reclama la emisión del oficio SCOT/0348/2018, emitido el cuatro de julio de dos mil dieciocho por la Subdirectora de Calidad en Otorgamiento de Trámites de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Al respecto, debe hacerse referencia al contenido de los artículos 1, 108, 109, 114 y 124 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como a los numerales 7, 56, 61 y 102 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y 3, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de dicha entidad federativa, los cuales disponen: Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés públicos y tienen por objeto regular los actos y procedimientos de la Administración Pública de la Ciudad de México. [.] TITULO CUARTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD CAPITULO UNICO Artículo 108.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección interponer el recurso de inconformidad previsto en esta Ley o intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal. El recurso de inconformidad tendrá por objeto que el superior jerárquico de la autoridad emisora, confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido. Artículo 109.- El término para interponer el recurso de inconformidad será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución que se recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento de dicha resolución. [.] Artículo 114.- El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva la inconformidad. [.] Artículo 124.- El superior jerárquico deberá emitir la resolución al recurso, al término de la audiencia de Ley o dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de ésta. Si transcurrido el término previsto en este artículo, el superior jerárquico no dicta resolución expresa al recurso, se entenderá confirmado el acto impugnado." Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México Capítulo II De la competencia del Tribunal Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las alcaldías dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; [.] Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México Artículo 7. Cuando las leyes o los reglamentos establezcan algún recurso u otro medio de defensa, será optativo para la persona física o moral agotarlo o interponer el juicio ante el Tribunal. Si está haciendo uso de dicho recurso o medio de defensa, previo el desistimiento correspondiente, podrá ocurrir a juicio ante el Tribunal, dentro del plazo previsto por esta Ley. El ejercicio de la acción ante este Órgano Jurisdiccional, extingue el derecho para promover otro medio de defensa. [.] Artículo 56. El plazo para la presentación de la demanda para los particulares es de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del acto que se impugne, de conformidad con la ley que lo rige, o del siguiente en que el actor hubiere tenido conocimiento, o se hubiere ostentado sabedor del mismo, o de su ejecución. [.] Artículo 61. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue turnada, el Magistrado que corresponda concederá o negará la suspensión en caso de haber sido solicitada; [.] Artículo 102. La sentencia definitiva podrá: I. Reconocer la validez del acto impugnado; II. Declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado; III. Declarar la nulidad del acto impugnado para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales; [.] VI. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y, además: a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa; b) Restituir al actor en el goce de los derechos afectados, y c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que se estimarán nulos los actos de aplicación que afecten al demandante, a partir del primero que hubiese impugnado, sin perjuicio de la emisión de nuevos actos en igual o similar sentido, siempre y cuando en éstos, no se aplique la norma general estimada ilegal. VII. Sobreseer en el juicio en los términos de Ley. De los artículos transcritos se advierte que contra los actos emitidos por la Administración Pública de la Ciudad de México el particular puede optar por interponer el recurso de inconformidad, o bien, acudir directamente al juicio contencioso administrativo, a efecto de que se confirme, modifique, revoque o anule el acto impugnado. En relación con el recurso de inconformidad, se desprende que el interesado podrá interponerlo dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del acto recurrido o de que el recurrente tenga conocimiento. Asimismo, dicho recurso deberá presentarse ante el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto, pudiendo solicitarse la suspensión hasta antes de que se resuelva el recurso, en términos de lo dispuesto en el numeral 114 de la ley de la material. Igualmente, se observa que el escrito de interposición deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y en él deberán acompañarse los documentos descritos en el diverso numeral 112. Lo anterior, a efecto de que, en su caso, las pruebas sean desahogadas en una audiencia de ley y el superior jerárquico dicte la resolución correspondiente, o bien, lo haga dentro de los diez días hábiles siguientes a su celebración; en el entendido de que si la resolución no se emite en el aludido plazo, se entenderá confirmado el acto impugnado. Por otro lado, en relación con el juicio contencioso administrativo contra los actos de las autoridades administrativas de la Ciudad de México, se desprende que el interesado cuenta con quince días hábiles para presentar la demanda respectiva, adjuntando los elementos y las pruebas a que aluden los artículos 57 y 58 de la ley de la materia. Asimismo, en las disposiciones aplicables se prevé la posibilidad de que el actor solicite la suspensión del acto impugnado, para lo cual el magistrado que corresponda deberá resolver dentro del plazo de veinticuatro horas si concede o niega la medida solicitada. Finalmente, una vez emplazada la autoridad demanda y substanciado el procedimiento correspondiente, la sala del conocimiento emitirá sentencia, en la cual reconocerá la validez del acto, declarará su nulidad, o bien, sobreseerá en el juicio. Relatado lo anterior, este juzgador considera que en el presente asunto se reclama un acto respecto del cual existen medios ordinarios de defensa por virtud de los cuales puede ser confirmado, modificado, o anulado, toda vez que el quejoso impugna un acto emitido por una autoridad de la Administración Pública de la Ciudad de México -Subdirectora de Calidad en Otorgamiento de Trámites de la Secretaría de Movilidad- el cual puede ser combatido a través del recurso de inconformidad, o bien, mediante el juicio contencioso administrativo. Así es, el acto impugnado en la especie se inscribe dentro de las disposiciones legales que regulan las relaciones de la Administración Pública de la Ciudad de México con los particulares; por ende, conforme al artículo 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo de dicha entidad federativa el particular tiene la posibilidad de optar por la interposición del recurso de inconformidad o demandar su nulidad directamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. De este modo, en observancia al principio de definitividad, resultaba necesario que el quejoso agotara los medios ordinarios de defensa previamente a acudir al juicio de amparo, toda vez que debe recordarse que la acción constitucional es un medio extraordinario de defensa al cual puede acudirse una vez que se hayan desahogado las herramientas procesales mediante las cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o anulado. Por ende, este juzgador considera que en el caso concreto no se encuentra satisfecho el principio de definitividad que rige la acción constitucional, toda vez que el quejoso reclama un acto que pudo ser sometido a control a través del recurso de inconformidad, ante el superior jerárquico de la autoridad responsable, o bien, a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Lo anterior, habida cuenta que en la especie no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad contenidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que, como se expuso en párrafos precedentes, la ley de la materia prevé la posibilidad de suspender el acto reclamado, con los mismos alcances y sin imponer mayores requisitos o plazos a los establecidos en la Ley de Amparo. Además, de la lectura integral de la demanda de amparo y sus anexos no se advierte que el acto reclamado carezca de modo absoluto fundamentación, o bien, que se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal. Por el contrario, lo que el quejoso combate es, precisamente, la indebida fundamentación y motivación del oficio reclamado. Finalmente, es preciso señalar que la procedencia tanto del recurso de inconformidad como del juicio contencioso administrativo se encuentra contemplada en leyes en sentido formal y material -Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y Ley de Justicia Administrativa de dicha entidad federativa-, por lo que tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad consistente en que los recursos ordinarios se establezcan en un reglamento y no así en una ley en sentido formal y material. Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, este juzgador determina desechar la demanda de amparo. Notificación al Ministerio Público Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas citadas, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto. Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982. Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Ministerio Público Federal Lista

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