Elizabeth Machay Favila

Expediente 1293/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1293/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Elizabeth Machay Favila

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la determinación de treinta de octubre del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por *****, contra actos atribuidos al Secretaria de Salud y Directora General de los Servicios de Salud de Durango y otras autoridades; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que carece de relevancia documental y no encuentra en las hipótesis contempladas en los numerales 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 Vista la certificación que antecede de la que se desprende que de conformidad con la circular SGP/02/2023 emitida por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, y la circular 28/2023 del Pleno del propio Consejo se declararon inhábiles los días del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, por lo que se determinó que no correrían los términos de ley; motivo por el cual hasta el día de hoy se provee respecto del presente expediente. Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual cumple el requerimiento realizado en proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés, por lo que téngase por cumplido el citado requerimiento. III. Decisión sobre la instancia. 1. Desechamiento: La demanda que se provee es notoriamente improcedente por las siguientes consideraciones: El artículo 112 de la Ley de Amparo dispone: "Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. " Por su parte, el numeral 113 de la propia legislación establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Finalmente, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de ésta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Como se puede advertir, la Ley de Amparo sigue manteniendo, en esencia, la descripción de cuándo debe considerarse a un ente del Estado como autoridad responsable; además, como cuestión adicional, prevé que los particulares pueden tener el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior, se condiciona al cumplimiento de dos supuestos: El primero, que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad que afecten los derechos de los quejosos, en los mismos términos de dicha fracción, esto es, de manera unilateral y obligatoria. El segundo, que sus funciones, en base en las cuales emitan sus actos, estén determinadas por una norma general. Partiendo de tales premisas, se tiene que la jurisprudencia 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sigue siendo aplicable, pues en ella se prevén supuestos similares a los de la vigente Ley de Amparo. Así es, en principio, la jurisprudencia exige para considerar a un ente como autoridad para los efectos del juicio de amparo, que se trate de una relación de supra a subordinación, lo que equivale, a que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad (unilaterales y obligatorios). Asimismo, la jurisprudencia contempla que esa relación tenga nacimiento en la ley, es decir, que sus funciones estén determinadas por una norma general. Para tener un concepto más claro de lo que debe entenderse por autoridad para efectos del juicio de amparo, resulta procedente atender al criterio que sustenta la tesis 2a./J. 164/2011, visible en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, de septiembre de 2011, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro IUS 161133, del rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Lo que pone de manifiesto que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En tal virtud, la redacción de tal precepto que prevé y define quiénes son las partes en el juicio de amparo, no abrió la posibilidad de hacer procedente el juicio contra cualquier acto de particulares y, por ende, no se traduce en que el amparo sea procedente contra actos emitidos por cualquier particular. De ahí, que los actos que emanan de las relaciones de coordinación -entre particulares-, no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Por otro lado, cabe destacar que, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. En el caso concreto, la parte quejosa reclama: "LA ORDEN VERBAL Y ESCRITA EMITIDA EN CONTRA DE LA SUSCRITA, POR TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES; CONSISTENTE EN REALIZAR EL CAMBIO DE GUARDIA; POR LO QUE LA ILEGAL NOTIFICACIÓN Y LA CONTRARIA A DERECHO EMISIÓN DEL ESCRITO, ASÍ COMO LA ORDEN VERBAL DEL CAMBIO DE GUARDIA DE LA SUSCRITA LA C. ***, AFECTA SUSTANCIALMENTE CONVIRTIENDOSE EN UN ACTO NEGATIVO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, teniendo como consecuencia inmediata EL CAMBIO DE GUARDIA, CONDICIONES LABORALES, HORARIO, E INCLUSO PRESTACIONES, La literalidad del acto reclamado, así como del contenido íntegro del líbelo inicial y el escrito aclaratorio, permite establecer que tales actos tienen una naturaleza laboral, debido a la existencia de una relación de ese tipo que la propia impetrante reconoce, es decir, los actos que se consideran lesivos, no se generaron en el marco de una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, sino en una relación de coordinación. De ahí, que los actos reclamados no puedan considerarse como de autoridad para la procedencia del amparo, porque el cambio de guardia y demás prestaciones relacionadas con la relación laboral (sobre la cual versan y que se sostiene se están afectando), están íntimamente vinculadas con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, por lo que en todo coas, son susceptibles de impugnarse mediante el procedimiento ordinario correspondiente y no a través del amparo. Robustece a lo anterior, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, localizable en la página 1639, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN". En términos del artículo 263, fracciones II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los documentos recibidos físicamente deberán ser digitalizados e incorporados al expediente electrónico mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por la persona funcionaria pública a la que sea encomendada esa labor; en el entendido que las constancias físicas deberán coincidir con las integradas al expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que, en términos de los artículos 3, fracción XII, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, por lo que las constancias firmadas electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes no serán agregadas al expediente físico, el cual solo contendrá las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generan de la misma manera. Finalmente, con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del seis de noviembre del presente año, la Jueza Alma Adriana Villanueva Madrid fungirá como titular de este órgano jurisdiccional en sustitución de la Jueza Ruth Haggi Huerta García, y mientras subsistan las condiciones, o hasta en tanto el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, lo cual fue informado a este Juzgado de Distrito mediante oficio SEADS/2429/2023, de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    I. Se realiza pronunciamiento en torno al cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y toda vez que se tiene la obligación de velar por el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se pronuncia en los siguientes términos: II. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que mediante sentencia emitida el treinta de septiembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, para efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "[...] 1. No se le apliquen en lo presente ni en lo futuro el artículo 72 de la Ley de Ingresos del Municipio de Pueblo Nuevo, Durango, para el ejercicio dos mil veintidós; y 2. El Ayuntamiento de la capital de Pueblo Nuevo, Durango, a través de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas, le devuelva la cantidad que la empresa quejosa pagó por concepto de Derecho de Alumbrado Público o Servicio Público de Iluminación, relativo al servicio número ***, con número de cuenta ***, que se brinda en el domicilio ubicado en *** kilómetro ***, en dicho municipio; monto que asciende a $ *** pesos 55/100 moneda nacional, según el contenido del informe rendido por la Comisión Federal de Electricidad por consumo del periodo de los meses de enero a mayo de esta anualidad, monto que deberá actualizarse al momento en que se realice el pago correspondiente. [.]" Dicho fallo causó ejecutoria en auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós. III. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se desprende que realizó lo siguiente: Mediante oficio sin número signado por el Presidente Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, anexó copia certificada de ficha de depósito expedido por la Institución Bancaria Banco Nacional de México, sociedad anónima. IV. Se requiere cumplimiento a la autoridad responsable. Ahora, de autos se advierte que la autoridad responsable no ha desincorporado de la esfera jurídica de la parte quejosa el artículo 72 de la Ley de Ingresos del Municipio de Pueblo Nuevo, Durango, para el ejercicio dos mil veintidós, pues no obra constancia que así lo acredite. Por tanto, se incurre en defecto en el acatamiento de la sentencia de amparo Tal sentido es acorde con la tesis 1a. LXII/2018 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal del País, intitulada: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN PARA DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN ENCUENTRA SU LÍMITE EN LA MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO", las autoridades responsables deben acatar en la totalidad los efectos precisados en la tutela protectora, empero, aquellas no están desvinculados con las consideraciones y razonamientos plasmados en la sentencia de amparo. Luego, la responsable ésta obligada, realizar todos los actos pertinentes para que las cosas vuelvan al estado que se encontraban hasta antes de la aplicación del mencionado precepto legal y el cobro del derecho que prevé ese dispositivo. De conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se considera que la ejecutoria de amparo no ha quedado cumplida, por lo que la autoridad responsable deberá desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa el artículo 72 de la Ley de Ingresos del Municipio de Pueblo Nuevo, Durango, para el ejercicio dos mil veintidós. Por tanto, de conformidad con el numeral 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Ayuntamiento y tesorero, ambos del Municipio de Pueblo Nuevo, Durango, para que dentro del término de tres días computados legalmente, cumplan cabalmente con la ejecutoria de amparo; apercibidos que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigentes al día del eventual incumplimiento, en términos de los artículos 237, fracción I y 238 de la ley en cita. Asimismo, se les apercibe, de que se remitirá el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 238 y 258, de la Ley de Amparo. Además, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime la responsabilidad a la autoridad responsable, pero se tomará en consideración como atenuante en la sanción penal que en su caso se le imponga; aunado a ello, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las responsabilidades antes citadas. Lo anterior tiene sustento en los artículos 194, 195, 197 y 198, de la ley de la materia. V. Vista con adscripción de titular. Finalmente, con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del seis de noviembre del presente año, la Jueza Alma Adriana Villanueva Madrid fungirá como titular de este órgano jurisdiccional en sustitución de la Jueza Ruth Haggi Huerta García, y mientras subsistan las condiciones, o hasta en tanto el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, lo cual fue informado a este Juzgado de Distrito mediante oficio SEADS/2429/2023, de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, página 312, julio de 2010, número de registro electrónico 164217.de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, mediante el cual informa que se avoco al conocimiento del juicio de amparo 1412/2021, del índice de este Juzgado. Respecto a lo solicitado, no se hace necesario acordar al respecto, toda vez que con fecha veintinueve de septiembre del año en curso, se le remitió el original y duplicado de los cuadernos incidentales respectivos. Se hace del conocimiento de las partes que, en términos de los artículos 3, fracción XII, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, por lo que las constancias firmadas electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes no serán agregadas al expediente físico, el cual solo contendrá las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generan de la misma manera. Notifíquese.

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