Elizabeth Isela Pérez Martínez
Expediente 569/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 04/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Elizabeth Isela Pérez Martínez y Otros.
- Elizabeth Isela Pérez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por carecer de objeto su permanencia en este juicio, devuélvase a la autoridad judicial el legajo de copias certificadas que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, de la que se advierte que causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo 569/2020; que se negó la suspensión provisional y definitiva; y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido; en consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso c) del artículo 21 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 569/2020, promovido por ELIZABETH ISELA PÉREZ MARTÍNEZ, por su propio derecho y en representación de la adolescente de iniciales N.F.P, en contra los actos y autoridades que más adelante se precisarán. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto consiste en determinar si las determinaciones tomadas en la audiencia de carácter familiar de ocho de septiembre de dos mil veinte, devienen violatorias de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ELIZABETH ISELA PÉREZ MARTÍNEZ, por su propio derecho y en representación de la adolescente de iniciales N.F.P, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por los actos que más adelante se precisarán. La peticionaria de la tutela federal, señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los numerales 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda se turnó en esa misma data a este juzgado, donde quedó registrada con el número 569/2020 y previo cumplimiento a la prevención contenida en auto de catorce de octubre de dos mil veinte, fue admitida el diecinueve de octubre siguiente; en ese propio auto, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó la intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que reclama, lo siguiente: AUTORIDAD ACTO Juez Primero Familiar del distrito judicial del centro Las determinaciones tomadas en la audiencia de carácter familiar de ocho de septiembre de dos mil veinte, en el juicio 728/2009 sobre controversias de carácter familiar entre la hoy quejosa y José de Jesús Facio Martínez. Sobre ese tópico, es aplicable la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado, pues así lo sostuvo la autoridad responsable al rendir su informe justificado (folio 66) y se corrobora con las documentales que anexó al mismo, donde consta la audiencia de ocho de septiembre de dos mil veinte, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, Tomo VI, Quinta Época, cuyo rubro es: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para comprensión del asunto, procede realizar una síntesis de las constancias que lo informan, y que se desprenden del juicio de pago de pensión alimenticia, que se tramita en la vía de controversias del orden familiar, bajo la partida 728/2009, del índice del Juzgado Primero Familiar del distrito judicial del centro y de las que se advierte lo siguiente: Mediante auto de uno de diciembre de dos mil nueve, se tuvo a ELIZABETH ISELA PÈREZ MARTÍNEZ, demandando a JOSÉ DE JESÚS FACIO MARTÍNEZ, en nombre propio y en representación de su menor hija N. F. P, el pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva a favor de ambas, así como los gastos y costas que origine el juicio; se decretó a su favor una pensión alimenticia provisional y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada. Seguido que fue el procedimiento relativo, el nueve de octubre de dos mil trece, se dictó la sentencia respetiva, en la que se condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia definitiva correspondiente al 35% de su sueldo y demás prestaciones que percibe como empleado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Sentencia que se declaró firme el veintinueve de enero de dos mil catorce. Posteriormente, el tres de septiembre de dos mil veinte, la adolescente N.F.P. quien actualmente tiene dieciséis años de edad, en compañía de su abuela materna Sara Verónica Martínez Luría, compareció ante la citada autoridad judicial, a fin de solicitar la guarda y custodia de su persona, a favor de sus abuelos maternos, ante la constante violencia física y emocional de que es objeto por parte de su progenitora y de la pareja sentimental de ésta; por ello, la referida autoridad judicial entre otras cosas, decretó como medida provisional, los cuidados de la menor a favor de la citada Sara Verónica Martínez Luría, a quien conminó para que la procure en salud, educación y demás cuidados inherentes a su edad. Además, ordenó terapia psicológica para ella y sus progenitores y ordenó prevenir y requerir a Elizabeth Isela Pérez Martínez, para que se abstenga ingresar al domicilio donde habitaría la adolescente y de intimidarla o molestarla, agredirla física, verbal o psicológicamente y que la cantidad monetaria otorgada por concepto de pensión alimenticia a favor de la citada menor, se entregara directamente a su abuela Sara Verónica Martínez Luría. Finalmente, señaló las diez horas del ocho de septiembre de dos mil veinte, para que otorgar derecho de audiencia a Elizabeth Isela Pérez Martínez y José de Jesús Facio Martínez, progenitores de la citada menor. El ocho de septiembre de dos mil veinte, previa cita a Elizabeth Isela Pérez Martínez y José de Jesús Facio Martínez, celebró la audiencia de carácter familiar que hoy se tilda de inconstitucional, en la que, después de haber dialogado, ambos suscribieron un convenio provisional sobre la guarda y custodia de la adolescente, en los términos siguientes: siguientes: Acuerdo de voluntades, que autorizó la juez de origen, en los términos que enseguida se plasman: Determinación que constituye el acto por esta vía reclamado y que refiere la quejosa trasgrede los derechos humanos tutelados por los artículos 1, 4, 4 y 16 Constitucionales, en síntesis, por lo siguiente: ? Que la citada determinación carece de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues la autoridad judicial no funda ni motiva su actuar, al no valorar que las personas a quienes se otorgó la custodia de la adolescente, son realmente aptas para hacerse cargo de la misma; que no ajustó su actuación al protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ante tal omisión se violenta el debido proceso y las formalidades legales del procedimiento. ? Que la cancelación de la pensión alimenticia para la quejosa y la omisión de establecer un régimen de visita y convivencia con la menor, violenta el interés superior de la infante, porque independientemente de las determinaciones señaladas y expuestas por el juez, los menores deben tener contacto, estrechar lazos y establecer relaciones con sus progenitores no custodios para tener un desarrollo pleno integral, y bajo esos ejes fundamentales proteger a la familia que es uno de los ejes rectores del derecho familiar, situaciones que la juez no tomó en consideración al momento de realizar o aprobar sus determinaciones. SEXTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo, previamente al estudio de fondo del asunto, se analizarán las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o, de oficio se advierta su actualización, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente . La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de amparo de resolver los conflictos que se les plantean evitando interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, esto es, en caso de duda entre abrir o no el presente juicio en defensa de los derechos humanos que invoca la parte quejosa, por aplicación de los principios pro homine e in dubio pro actione, se debe elegir la respuesta afirmativa. Por tanto, las causales de improcedencia del juicio de amparo deben interpretarse de manera estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano; de ahí que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 61 de la Ley de Amparo, se acogerá únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión a quien promueve el juicio de amparo, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva, que condiciona la actuación de todos los poderes públicos, incluido este Juzgador . En se sentido, las constancias procesales revelan que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, conforme a la cual, el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Al respecto, conviene tener presente lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)". Ahora, por actos consentidos deben formularse estas nítidas proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto reclamado, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2) Hay consentimiento expreso, también, del acto reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 3) Hay consentimiento tácito del acto reclamado cuando el juicio de amparo deja de promoverse dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de su ley reglamentaria. Al respecto, es aplicable la tesis sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, NATURALEZA DEL CONSENTIMIENTO EN LOS. No es cierto que el concepto de consentimiento definido por el artículo 1803 del Código Civil Federal, sea el que pueda servir para determinar cuándo un acto ha sido consentido expresa o tácitamente, para fines del sobreseimiento, así se esté ante un criterio comparativo por algún autor sobre la materia. Y no debe ni puede privar ese concepto civilista, porque además de que en él campea un sentido que rige para el derecho privado, tan ajeno a la teoría del amparo, hay en la especie norma expresa al respecto en la ley reglamentaria del juicio de garantías, que hace inaplicables criterios ajenos o diversos al contenido directamente en la ley que debe regular y determinar la noción del consentimiento en cuanto a la improcedencia de la acción constitucional de amparo (artículo 73, fracciones XI y XII). La improcedencia del amparo es una cuestión que no fue acogida, en sus albores, por las leyes reglamentarias del juicio constitucional. No la consagra, para nada, la ley del 30 de noviembre de 1861, primigenia, en un orden cronológico, como tampoco contiene causales de improcedencia la Ley Orgánica Constitucional del 20 de enero de 1869 que sí menciona el sobreseimiento del amparo, aunque como causa de responsabilidad. En cambio, la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, datada el 14 de diciembre de 1882, sí trata la materia del sobreseimiento en su artículo 35, al prescribir en la fracción VI del mismo artículo 35, que se sobreseerá el amparo, cualquiera sea el estado del juicio, cuando el acto hubiere sido consentido y no versare sobre materia criminal. No define, esa ley de 1882, en qué estriba ese consentimiento y otro tanto harán los artículos 702 y 779 del Código de Procedimientos Federales del 6 de octubre de 1897 y del Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre de 1908 que se concretan, al través de su fracción V, a consignar que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos, siempre que éstos no importen una pena corporal o algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de aquella Constitución de 1857. La doctrina del acto consentido es elaborada por la ley del señor presidente Carranza, la del 18 de octubre de 1919, que sí contempla la improcedencia del amparo en ese aspecto, y, por ende, define que se entiende por consentido un acto contra el que no se haya interpuesto amparo dentro de los quince días siguientes al en que se haya hecho saber al interesado, a no ser que la ley conceda expresamente término mayor para hacerlo valer (artículo 43, fracción V). La ley del señor presidente Cárdenas, esto es, la promulgada el 30 de diciembre de 1935, complementa esta doctrina cuando en las fracciones XI y XII de su artículo 73 desenvuelve, cabalmente, la teoría de la improcedencia del juicio constitucional, en punto a actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (artículo 73, fracción XI), habiendo consentimiento tácito, si el juicio de garantías no se promueve dentro de los términos señalados por los artículos 21 y 22 de la ley en cuestión (artículo 73, fracción XII). La integración de esta doctrina del consentimiento de los actos reclamados, en el juicio de garantías, conduce a formular estas nítidas proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto reclamado, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2) Hay consentimiento expreso, también, del acto reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 3) Hay consentimiento tácito del acto reclamado cuando el juicio de amparo deja de promoverse dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de su ley reglamentaria." Como quedó evidenciado, la quejosa reclama las determinaciones acaecidas en audiencia de ocho de septiembre de dos mil veinte, sustancialmente el convenio que celebró con el progenitor de su hija, en el que acordó la cancelación de la pensión alimenticia a su favor, la custodia de la niña a favor de sus abuelos maternos y el otorgamiento de la pensión concedida a su hija, a favor de su abuela materna. Sin embargo, como se adelantó, consta que tales determinaciones se llevaron a cabo con su aprobación y a virtud del convenio que celebró con JOSÉ DE JESÚS FACIO MARTÍNEZ, progenitor de la menor. Por ello, se evidencia la manifestación de voluntad que entraña consentimiento por parte de la aquí quejosa, expresión de voluntad que torna improcedente el juicio de amparo, pues de analizarse tal acto, se atentaría contra la naturaleza de la solución por la que optaron voluntariamente las partes en dicha instancia, al permitir que por virtud del juicio de derechos fundamentales, se incumpla con las obligaciones adquiridas en el acuerdo correspondiente. Consecuentemente, por las consideraciones jurídicas expuestas, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la impetrante de amparo consintió la determinación que por esta vía reclama. Sirve de apoyo a la anterior conclusión por identidad de razones jurídicas la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL ACTO RECLAMADO. Si de las constancias de autos se desprende que, con posterioridad a la promoción del amparo, el quejoso ha consentido la sentencia reclamada por haberse allanado a cumplirla, cabe estimar que se ha operado la causal de improcedencia a que se contrae la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo que establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Por tal motivo, debe sobreseerse." Asimismo, por identidad de razón jurídica sirve de apoyo a la determinación expuesta, la tesis XIX.2o.6 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR MANIFESTACIONES DE LA VOLUNTAD QUE ENTRAÑAN EL CONSENTIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, señala que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; así pues, si de las constancias de autos se advierte que el tercero perjudicado manifestó ante la responsable que le fueron cubiertas por el patrón las prestaciones reclamadas, y con tal circunstancia se le corrió traslado al quejoso para que manifestara lo que a su derecho conviniera y una vez pasado el término de la vista, expresó que no tenía interés en continuar con la tramitación del juicio de garantías, tal expresión es una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento del acto reclamado, en los términos previstos en el dispositivo legal invocado, lo que motiva el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, del artículo 74, de la ley de la materia." En estas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, es procedente sobreseer en el juicio en que se actúa, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Atento a lo anteriormente vertido en este considerando, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa. Sirve de apoyo la tesis aislada , cuyo tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ELIZABETH ISELA PÉREZ MARTÍNEZ, por su propio derecho y en representación de la adolescente de iniciales N.F.P, contra el acto que reclamó de la Juez Primero Familiar del distrito judicial del centro. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICOP OR LISTA AL QUEJOSO Y TERCERO INTERESADO)
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de diciembre de dos mil veinte. Agréguese el escrito señalado en la cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes; en su atención, se acuerda: Como lo solicita la promovente téngasele señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa en su escrito de cuenta. Notifíquese.
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