Elizabeth Herrera Amparo
Expediente 2134/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 2134/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/10/2020
Partes del expediente
- Elizabeth Herrera Amparo
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, por tanto, este juzgado de distrito procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa Elizabeth Herrera Amaro, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla dictara todas las medidas necesarias a efecto de ejecutar el laudo de diecinueve de junio de dos mil quince, emitido en el juicio laboral 2096/2012, hasta logar que se cumpliera en su totalidad, o bien, determinara la imposibilidad para cumplir con alguna de las prestaciones señaladas en dicho laudo. En cumplimiento a lo anterior, la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante oficio recibido el veinticinco de septiembre de año en curso, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitiendo copia certificada de la diligencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, que obra dentro del expediente laboral 20963/2012 de su índice, en la que se hizo constar que la aquí quejosa Elizabeth Herrera Amaro recibió el cheque 0005304, expedido a su favor por la cantidad de $315,313.51 (trescientos quince mil trescientos trece pesos 51/100 moneda nacional), ello, en cumplimiento a la ejecución de laudo de diecinueve de junio de dos mil quince, dictado en el citado juicio laboral, ordenando el archivo del mismo. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto, de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó conceder el amparo, en el entendido de que el presente asunto, se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, háganse las anotaciones correspondientes y transcurrido el plazo citado, procédase en los términos que ordena el citado artículo 18 del Acuerdo General invocado. De igual manera, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través del cual expone que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo copia certificada de la diligencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, que obra dentro del expediente laboral 2096/2012 de su índice, de la que se advierte que la aquí quejosa Elizabeth Herrera Amaro recibió el cheque 0005304, expedido a su favor, por la cantidad de $315,313.51 (trescientos quince mil trescientos trece pesos 51/100 moneda nacional), ello en cumplimiento a la ejecución de laudo de diecinueve de junio de dos mil quince, dictado en el citado juicio laboral, ordenando el archivo del asunto. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con las referidas documentales, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, se provee: se declara que dicha sentencia que sobresee el presente juicio ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó, en el entendido de que el presente juicio se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".
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