Elizabeth Hernández Simón

Expediente 870/2013 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2013.

Datos del expediente

Expediente
870/2013
Año
2013
Actuaciones
5
Última actuación
20/09/2013

Partes del expediente

  • Elizabeth Hernández Simón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    TURNESE PARA SENTENCIA AL MAGISTRADO FEDERICO JORGE MARTINEZ FRANCO.

  3. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL OFICIO DE CUENTA DE LA MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA CIVIL Y FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN ATENCINO A SU CONTENIDO TENGASELE REMITIENDO A ESTA POTESTAD FEDERAL EL ESCRITO DE ALEGATOS SIGNADO POR *** TERCERA INTERESADA. AHORA BIEN, TODA VEZ QUE ESTE ORGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL SE DECLARO INCOMPETENTE EN SU MOMENTO REMITASE EL ESCRITO DE CUENTA JUNTO CON LO PRESENTADO ANTE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO AL JUZGADO DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE HIDALGO. LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL ACUERDO DE TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Pachuca de Soto, Hidalgo, tres de septiembre de dos mil trece. Visto el oficio 1719/2013, de la Presidenta de la Primera Sala Civil y Familiar Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes bajo el número 5183/2013, mediante el cual remite original y cinco copias de la demanda de amparo, promovida por ***, por propio derecho, constancia de emplazamiento, oficios 2050/2013, 2052/2013 y 1720/2013; así como los autos del toca civil 174/2013 y expediente 245/2008; fórmese expediente, regístrese y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo, ***, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, las siguientes: III.-AUTORIDADES RESPONSABLES:__ ORDENADORA.- Lo es con ese carácter los C.C. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA PRIMERA SALA CIVIL Y FAMILIAR DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO, con domicilio ubicado en SECTOR Primario, carretera México-Pachuca, kilómetro 84.05 de esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo.- EJECUTORA.- Lo es el C. JUEZ PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, así como el C. ACTUARIO CIVIL Y FAMILIAR, con domicilio ubicado en calle Heroico Colegio Militar, esquina con 5 cinco de mayo sin número, colonia Centro, Tula de Allende, Hidalgo IV.-ACTOS RECLAMADOS: a) De la autoridad señalada como ordenadora, lo constituye la resolución de segunda instancia de fecha 28 veintiocho de junio del año 2013, dos mil trece, dictada dentro del toca civil número 174/2013.- b) De la autoridad responsable señalada como ejecutora, reclamo la ejecución de los actos reclamados, consistente en el contenido del resolutivo TERCERO, en relación al considerando cuarto de la sentencia definitiva de segunda instancia de fecha 28 veintiocho de junio del 2013, dos mil trece, mediante la cual se revoca la sentencia de primera instancia de fecha 01 de febrero del 2013. (.). Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el veintiocho de junio de dos mil trece, la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, emitió resolución en el toca civil 174/2013, relativo al recurso de apelación interpuesto por *** y *** , en contra de la sentencia de uno de febrero del presente año, dictada por el Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, en el expediente 245/2008, resolución en la que se determinó revocar la sentencia recurrida al existir un litisconsorcio pasivo necesario y como consecuencia de lo anterior, ordenó reponer el procedimiento en el juicio ordinario civil en comento; únicamente para el efecto de que el juez de origen mande prevenir al actor para que ampliara su demanda y señalara el domicilio del litisconsorte ***, y así poder llamarlo a juicio. Inconforme con dicha resolución, *** , promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 dispone, que se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, además, las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia; y, por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintiocho de junio del presente año, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el toca civil 174/2013, donde revocó la sentencia de uno de febrero del presente año, al actualizarse la figura del litisconsorcio pasivo necesario en el juicio ordinario civil 245/2008 del índice del Juzgado Primero Civil y Familiar del Tula de Allende, Hidalgo, y ordenó la reposición del procedimiento; en esas circunstancias, dicha resolución no es de las que pone fin al juicio y menos una sentencia que tenga el carácter de definitiva. De ahí que si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Por su sentido, sirve de apoyo a lo anterior, el criterio Jurisprudencial sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 28/94, entre las sustentadas por el Cuarto y el Sexto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 35, Tomo I, Mayo de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, misma que textualmente dice: AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCION DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V de la Constitución General de la República, así como 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede taxativamente cuando se reclama una sentencia definitiva (laudo si se trata de un juicio laboral) o una resolución que pone fin al juicio. La resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento, no se adecua a ninguno de esos supuestos, porque no decide el juicio en lo principal, es decir, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio y menos aún dio por concluido el juicio, pues esa decisión tiene como finalidad volver el pleito al estado en que se encontraba antes de cometerse la infracción que dio lugar a esa clase de resolución, para un nuevo curso que se ajuste a la disposición expresa de la ley. Por tanto el juicio de amparo directo que se promueva contra una resolución de esa naturaleza es improcedente. Así también, es aplicable la tesis jurisprudencial por contradicción de tesis 16/2003, sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.- De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; en concordancia, con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se indica a las partes que el Poder Judicial de la Federación, debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · 9,238 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano