Elizabeth Hernández Ramírez
Expediente 184/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 184/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 07/05/2019
Partes del expediente
- Elizabeth Hernández Ramírez
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado,
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, siete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo fracción I, Décimo Primero segundo párrafo, y Décimo tercero todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; mediante el cual remite copia certificada del acuse de recibido del oficio recordatorio ********** de ocho de febrero del año en curso, dirigido al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado, dando así cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (foja 369). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, la quejosa *********** en su escrito de demanda señaló como actos reclamados los siguientes: "A).- Falta de citación de los ratificantes *********** en el juicio ordinario para la audiencia de RATIFICACION DE CONTENIDO Y FIRMA, ya que hasta la presente fecha aún no se ha citado a dichos ratificantes, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 800 y 742 de la Ley Federal del Trabajo B).- La negativa de realizar los procedimientos necesarios para hacer efectivas las multas de la ratificante ************ en virtud que a la fecha no se ha girado oficio alguno a la secretaría de hacienda para que haga efectivas las multas impuestas como tampoco de dar seguimiento a las mismas, tal y como se encuentra asentado en el acuerdo de la audiencia de fecha 08 de Febrero del 2017, violando con ello lo dispuesto por el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo". Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, a efecto de determinar con exactitud la intención de la quejosa y precisar los actos materia de la litis. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese orden, del análisis integral de la demanda de amparo y de los elementos que obran en este sumario, se evidencia que la quejosa reclama en esta vía constitucional lo siguiente: 1) La falta de citación de ********** para la audiencia de ratificación de contenido y firma. 2) La negativa de realizar los procedimientos necesarios para hacer efectivas las multas a la ratificante *********** en virtud que a la fecha no se ha girado oficio alguno a la Secretaría de Hacienda, como se encuentra ordenada en la audiencia de ocho de febrero de dos mil diecisiete. En efecto, en relación con los actos precisados consistentes en la falta de citación de ********* para la audiencia de ratificación de contenido y firma, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, este juzgado procede a sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, al sobrevenir una causa de improcedencia, por los siguientes motivos. Los artículos 61, fracción XVII, y 63, fracción V, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior..." Del primero de los numerales se desprende, que el juicio de amparo resulta improcedente cuando dentro de un procedimiento judicial o administrativo haya cambio de situación jurídica, debiendo considerarse consumadas las violaciones reclamadas en dicho procedimiento, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Por su parte, el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, establece que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia, es decir, cualquiera de las previstas por el aludido numeral 61 del citado ordenamiento legal. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, a las cuales se les otorgó pleno valor probatorio en párrafos que anteceden, se advierte que el uno de marzo de dos mil dieciocho se llevó a cabo la audiencia de ratificación de contenido, firma y huella digital a cargo ************ en relación a la documental consistente en el original del convenio celebrado entre ********* y la ********* Sin embargo, en dicha audiencia, el apoderado legal de la parte demandada se tuvo por desistido de la prueba de ratificación de contenido y firma de la documental sujeta a ratificación respecto a ********* de igual forma, mediante audiencia de dieciséis de abril de dos mil diecinueve se tuvo por desahogada dicha diligencia a cargo de ********** y por desistida respecto a ******* siendo evidente que el acto reclamado consistente en la falta de citación de ************* para la audiencia de ratificación de contenido y firma, jurídicamente quedó superada con las audiencias de uno de marzo y dieciséis de abril de dos mil dieciocho, dictado por la responsable dentro del expediente ********** en las que se tuvo por desistida y desahogada, respectivamente, dicha probanza. En esas circunstancias, con la diligencia que se llevó a cabo en audiencia de uno de marzo de dos mil dieciocho, en relación con la omisión que hace valer la aquí quejosa, quedó jurídicamente consumada de modo irreparable, puesto que cambió de situación jurídica, sin afectar la nueva situación jurídica en que se encuentra la quejosa; es decir, que la falta de citación de los referidos quedó superada con el desistimiento de la parte oferente de la prueba, misma que fue acordada de conformidad por la responsable, así como el desahogo de la misma respecto a ************* Al respecto es aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia número VI.1°.J/57, visible en la página ciento treinta y nueve, del Tomo VIII- agosto, Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, octava época, materia penal, que a la letra dice: "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de la causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley". En ese orden, este juzgador determina que en relación con los actos consistentes en la negativa de realizar los procedimientos necesarios para hacer efectivas las multas a la ratificante ************ en virtud que a la fecha no se ha girado oficio alguno a la Secretaría de Hacienda, como se encuentra ordenada en la audiencia de ocho de febrero de dos mil diecisiete, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. Establece el numeral invocado: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material por haber dejado de existir el objeto materia del mismo". De la literalidad del precepto reproducido se deduce que, para que opere la causal de improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho, en el que, aun subsistiendo el acto reclamado, el objeto y materia ha dejado de existir De acuerdo a los elementos que componen dicha hipótesis legal, es necesario que el acto reclamado sea cierto y subsista durante la tramitación del juicio de amparo; esto es, que las autoridades señaladas como responsables en realidad hayan dictado el acto cuya constitucionalidad se cuestiona. Asimismo, que la configuración de los efectos legales o materiales del acto reclamado no se puedan lograr a pesar de su subsistencia; esto es, el acto atacado por inconstitucional resulta inoperante en la esfera jurídica del gobernado porque las consecuencias materiales o jurídicas jamás podrán concretarse en perjuicio del gobernado quejoso. Es importante destacar que la acción de extinción del objeto o la materia recae precisamente sobre el acto reclamado y no en el juicio en sí, además de que surge con posterioridad a la emisión del acto y, por razones naturales o reflejo de otros actos jurídicos, que hace imposible que surta efectos legales o materiales. Lo anterior, tomando en consideración que la parte quejosa se duele de la negativa de realizar los procedimientos necesarios para hacer efectivas las multas a la ratificante *********** en virtud que a la fecha no se ha girado oficio alguno a la Secretaría de Hacienda, como se encuentra ordenada en la audiencia de ocho de febrero de dos mil diecisiete, de las constancias remitidas por la responsable se desprende que dicha multa fue dejada sin efecto mediante oficio 142/2017 de veintisiete de abril de dos mil diecisiete (foja 373), por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, de las constancias se desprende que el dieciséis de abril de dos mil dieciocho se llevó a cabo la audiencia de ratificación de contenido, firma y huella digital a cargo *********** diligencia por la que se había hecho acreedora a la multa descrita en párrafos que anteceden, debido a su incomparecencia al desahogo de ésta. Efectivamente, en este asunto se actualiza la hipótesis de improcedencia de que se trata, pues no obstante que se trataba de la negativa de realizar los procedimientos necesarios para hacer efectivas las multas a la ratificante ******** en virtud que a la fecha no se ha girado oficio alguno a la Secretaría de Hacienda, como se encuentra ordenada en la audiencia de ocho de febrero de dos mil diecisiete, lo cierto es que legalmente ya no pueden surtir efecto alguno por haber dejado de existir, con la diligencia que se llevó a cabo en audiencia de dieciséis de abril de dos mil dieciocho. De igual forma, la multa impuesta a ********** aun cuando fue dejada sin efecto como se advierte de las constancias, dicha persona compareció a la diligencia por la que fue objeto del citado apercibimiento. En tales condiciones, este juzgador estima que se actualizan los indicados elementos de la causal en estudio, por ende, no puede surtir ningún efecto legal por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Sin que este juzgador, de manera alguna valide la constitucionalidad de tales diligencias, debido a que tal determinación no forma parte de la litis en este juicio. Máxime que la intención de la parte actora aquí quejosa, era la celeridad para el desahogo de la audiencia de ratificación de contenido y firma, lo cual en especie aconteció respecto a ********** de igual forma, mediante audiencia de dieciséis de abril de dos mil diecinueve se tuvo por desahogada dicha diligencia a cargo de ********** y por desistida respecto a*********** y por ende, el veintisiete de abril de dos mil diecisiete la responsable ordenó dejar sin efectos la multa impuesta a *********** Por tanto, resulta dable determinar que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica de la quejosa, ni se concretarán, en virtud de que el motivo de dichas omisiones ya desaparecieron, por tanto, el amparo que en su caso se concediera carecería de efectos; pues, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce de su garantía violada, ya que no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir la materia de dicho acto reclamado, y por ende, tal acto reclamado ha dejado de concretarse en su esfera jurídica, por tanto, ya no es susceptible de reparación; aún y cuando la sentencia que en su caso se dictare, declarara que dicho acto reclamado es inconstitucional, no podrá cumplir su finalidad de restituir a la demandante del amparo en el pleno goce de su garantía violada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada bajo el número 2a. XCIX/2000, visible en la página 357, del tomo XII, agosto de 2000, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Luego, al haberse acreditado de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVII y XXII y con base en el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER EN ESTE ASUNTO FUERA DE AUDIENCIA. Además, no pasa desapercibido, el hecho de que con esta fecha se esté agregando las constancias remitidas por la autoridad responsable y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del mismo, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido referido y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de las causales de improcedencia que se invocan. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE NUEVE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; mediante el cual remite copia certificada del acuse de recibido del oficio recordatorio ********** de ocho de febrero del año en curso, dirigido al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado, dando así cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (foja 369). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, la quejosa *********** en su escrito de demanda señaló como actos reclamados los siguientes: "A).- Falta de citación de los ratificantes *********** en el juicio ordinario para la audiencia de RATIFICACION DE CONTENIDO Y FIRMA, ya que hasta la presente fecha aún no se ha citado a dichos ratificantes, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 800 y 742 de la Ley Federal del Trabajo B).- La negativa de realizar los procedimientos necesarios para hacer efectivas las multas de la ratificante ************ en virtud que a la fecha no se ha girado oficio alguno a la secretaría de hacienda para que haga efectivas las multas impuestas como tampoco de dar seguimiento a las mismas, tal y como se encuentra asentado en el acuerdo de la audiencia de fecha 08 de Febrero del 2017, violando con ello lo dispuesto por el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo". Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, a efecto de determinar con exactitud la intención de la quejosa y precisar los actos materia de la litis. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese orden, del análisis integral de la demanda de amparo y de los elementos que obran en este sumario, se evidencia que la quejosa reclama en esta vía constitucional lo siguiente: 1) La falta de citación de ********** para la audiencia de ratificación de contenido y firma. 2) La negativa de realizar los procedimientos necesarios para hacer efectivas las multas a la ratificante *********** en virtud que a la fecha no se ha girado oficio alguno a la Secretaría de Hacienda, como se encuentra ordenada en la audiencia de ocho de febrero de dos mil diecisiete. En efecto, en relación con los actos precisados consistentes en la falta de citación de ********* para la audiencia de ratificación de contenido y firma, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, este juzgado procede a sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, al sobrevenir una causa de improcedencia, por los siguientes motivos. Los artículos 61, fracción XVII, y 63, fracción V, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior..." Del primero de los numerales se desprende, que el juicio de amparo resulta improcedente cuando dentro de un procedimiento judicial o administrativo haya cambio de situación jurídica, debiendo considerarse consumadas las violaciones reclamadas en dicho procedimiento, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Por su parte, el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, establece que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia, es decir, cualquiera de las previstas por el aludido numeral 61 del citado ordenamiento legal. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, a las cuales se les otorgó pleno valor probatorio en párrafos que anteceden, se advierte que el uno de marzo de dos mil dieciocho se llevó a cabo la audiencia de ratificación de contenido, firma y huella digital a cargo ************ en relación a la documental consistente en el original del convenio celebrado entre ********* y la ********* Sin embargo, en dicha audiencia, el apoderado legal de la parte demandada se tuvo por desistido de la prueba de ratificación de contenido y firma de la documental sujeta a ratificación respecto a ********* de igual forma, mediante audiencia de dieciséis de abril de dos mil diecinueve se tuvo por desahogada dicha diligencia a cargo de ********** y por desistida respecto a ******* siendo evidente que el acto reclamado consistente en la falta de citación de ************* para la audiencia de ratificación de contenido y firma, jurídicamente quedó superada con las audiencias de uno de marzo y dieciséis de abril de dos mil dieciocho, dictado por la responsable dentro del expediente ********** en las que se tuvo por desistida y desahogada, respectivamente, dicha probanza. En esas circunstancias, con la diligencia que se llevó a cabo en audiencia de uno de marzo de dos mil dieciocho, en relación con la omisión que hace valer la aquí quejosa, quedó jurídicamente consumada de modo irreparable, puesto que cambió de situación jurídica, sin afectar la nueva situación jurídica en que se encuentra la quejosa; es decir, que la falta de citación de los referidos quedó superada con el desistimiento de la parte oferente de la prueba, misma que fue acordada de conformidad por la responsable, así como el desahogo de la misma respecto a ************* Al respecto es aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia número VI.1°.J/57, visible en la página ciento treinta y nueve, del Tomo VIII- agosto, Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, octava época, materia penal, que a la letra dice: "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de la causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley". En ese orden, este juzgador determina que en relación con los actos consistentes en la negativa de realizar los procedimientos necesarios para hacer efectivas las multas a la ratificante ************ en virtud que a la fecha no se ha girado oficio alguno a la Secretaría de Hacienda, como se encuentra ordenada en la audiencia de ocho de febrero de dos mil diecisiete, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. Establece el numeral invocado: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material por haber dejado de existir el objeto materia del mismo". De la literalidad del precepto reproducido se deduce que, para que opere la causal de improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho, en el que, aun subsistiendo el acto reclamado, el objeto y materia ha dejado de existir De acuerdo a los elementos que componen dicha hipótesis legal, es necesario que el acto reclamado sea cierto y subsista durante la tramitación del juicio de amparo; esto es, que las autoridades señaladas como responsables en realidad hayan dictado el acto cuya constitucionalidad se cuestiona. Asimismo, que la configuración de los efectos legales o materiales del acto reclamado no se puedan lograr a pesar de su subsistencia; esto es, el acto atacado por inconstitucional resulta inoperante en la esfera jurídica del gobernado porque las consecuencias materiales o jurídicas jamás podrán concretarse en perjuicio del gobernado quejoso. Es importante destacar que la acción de extinción del objeto o la materia recae precisamente sobre el acto reclamado y no en el juicio en sí, además de que surge con posterioridad a la emisión del acto y, por razones naturales o reflejo de otros actos jurídicos, que hace imposible que surta efectos legales o materiales. Lo anterior, tomando en consideración que la parte quejosa se duele de la negativa de realizar los procedimientos necesarios para hacer efectivas las multas a la ratificante *********** en virtud que a la fecha no se ha girado oficio alguno a la Secretaría de Hacienda, como se encuentra ordenada en la audiencia de ocho de febrero de dos mil diecisiete, de las constancias remitidas por la responsable se desprende que dicha multa fue dejada sin efecto mediante oficio 142/2017 de veintisiete de abril de dos mil diecisiete (foja 373), por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, de las constancias se desprende que el dieciséis de abril de dos mil dieciocho se llevó a cabo la audiencia de ratificación de contenido, firma y huella digital a cargo *********** diligencia por la que se había hecho acreedora a la multa descrita en párrafos que anteceden, debido a su incomparecencia al desahogo de ésta. Efectivamente, en este asunto se actualiza la hipótesis de improcedencia de que se trata, pues no obstante que se trataba de la negativa de realizar los procedimientos necesarios para hacer efectivas las multas a la ratificante ******** en virtud que a la fecha no se ha girado oficio alguno a la Secretaría de Hacienda, como se encuentra ordenada en la audiencia de ocho de febrero de dos mil diecisiete, lo cierto es que legalmente ya no pueden surtir efecto alguno por haber dejado de existir, con la diligencia que se llevó a cabo en audiencia de dieciséis de abril de dos mil dieciocho. De igual forma, la multa impuesta a ********** aun cuando fue dejada sin efecto como se advierte de las constancias, dicha persona compareció a la diligencia por la que fue objeto del citado apercibimiento. En tales condiciones, este juzgador estima que se actualizan los indicados elementos de la causal en estudio, por ende, no puede surtir ningún efecto legal por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Sin que este juzgador, de manera alguna valide la constitucionalidad de tales diligencias, debido a que tal determinación no forma parte de la litis en este juicio. Máxime que la intención de la parte actora aquí quejosa, era la celeridad para el desahogo de la audiencia de ratificación de contenido y firma, lo cual en especie aconteció respecto a ********** de igual forma, mediante audiencia de dieciséis de abril de dos mil diecinueve se tuvo por desahogada dicha diligencia a cargo de ********** y por desistida respecto a*********** y por ende, el veintisiete de abril de dos mil diecisiete la responsable ordenó dejar sin efectos la multa impuesta a *********** Por tanto, resulta dable determinar que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica de la quejosa, ni se concretarán, en virtud de que el motivo de dichas omisiones ya desaparecieron, por tanto, el amparo que en su caso se concediera carecería de efectos; pues, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce de su garantía violada, ya que no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir la materia de dicho acto reclamado, y por ende, tal acto reclamado ha dejado de concretarse en su esfera jurídica, por tanto, ya no es susceptible de reparación; aún y cuando la sentencia que en su caso se dictare, declarara que dicho acto reclamado es inconstitucional, no podrá cumplir su finalidad de restituir a la demandante del amparo en el pleno goce de su garantía violada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada bajo el número 2a. XCIX/2000, visible en la página 357, del tomo XII, agosto de 2000, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Luego, al haberse acreditado de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVII y XXII y con base en el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER EN ESTE ASUNTO FUERA DE AUDIENCIA. Además, no pasa desapercibido, el hecho de que con esta fecha se esté agregando las constancias remitidas por la autoridad responsable y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del mismo, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido referido y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de las causales de improcedencia que se invocan. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la comunicación del Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del oficio recordatorio 161/2019 dirigido al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado, a efecto de que brinde atención al oficio número 0040/2017 de ocho de febrero del año en curso. Atento a lo anterior, toda vez que no se advierte que la responsable haya remitido el acuse de recibo del oficio 0040/2017 de ocho de febrero del año en curso, solicitado en proveído de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve; en consecuencia, requiérase nuevamente con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, a la autoridad responsable de cuenta, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su recibo, remita copia debidamente certificada, foliada, entresellada y rubricada del acuse de la comunicación antes indicada. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se hará efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 363 y 364), es decir, este Juzgador, le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cincuenta Unidades de Medida y de Actualización, la que asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con los ordinales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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