Elizabeth Gutiérrez Olmos
Expediente 88/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 88/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/01/2019
Partes del expediente
- Elizabeth Gutiérrez Olmos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Causa ejecutoria sentencia. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 78 a 88), mediante la cual se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó sobreseer en el juicio de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: II. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que únicamente se haya sobreseído...." Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documento original. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa exhibió un documento original adjunto a su escrito de demanda de amparo, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; se le requiere para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto ...
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, aún no transcurre el plazo de ocho días previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, concedido a las partes para desahogar la vista con el informe justificado recibido mediante acuerdo de cinco de los actuales. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgada a las partes. En consecuencia, se fijan para su celebración las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Directora Jurídica de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Ayuntamiento del Municipio de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. En consecuencia, con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo la prueba documental que anexa, la cual se admite y se desahoga por su propia y especial naturaleza, misma que será relacionada en la audiencia relativa. Ahora bien, tomando en consideración que en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, inicialmente se reclamó a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, la omisión de dar contestación al escrito presentado por la quejosa el veintiséis de septiembre del año en curso; sin embargo, la autoridad responsable mediante oficio SISP/DOP/SUB-DIR-PROY/DPLAN/0238/2018, emitió la respuesta respectiva, surge la incógnita si respecto de este último acto, sería posible darle vista o no a la parte quejosa, para que amplié la demanda de amparo relativa. Para contestar la interrogante, debe decirse que el caso no se ubica en la hipótesis descrita en el artículo 61, fracción XX, último párrafo, de la Ley de Amparo, porque no se trata de un acto administrativo emitido de manera unilateral, por la autoridad responsable, y si bien podría ampliarla con base en las reglas generales de ampliación de una demanda de amparo, previstas en el artículo 111 de la misma legislación, lo cierto es que en esta última premisa, debe agotarse, contra dicha respuesta, el juicio de nulidad, y, por ende, a nada práctico conllevaría darle vista para ampliar. Debe recordarse que el artículo 111 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Sin embargo, los supuestos establecidos para la ampliación de la demanda de amparo, aun cuando atienden a elementos de oportunidad o temporalidad para su promoción, así como el conocimiento posterior de actos relacionados con aquellos reclamados inicialmente, lo cierto es que el legislador no previó que en esos casos se actualizara la hipótesis de excepción al principio de definitividad, como sí lo previó -expresamente- respecto de la ampliación de la demanda tratándose de los casos en que se reclamen actos materialmente administrativos emitidos unilateralmente, y la autoridad responsable complementa la fundamentación y motivación, en términos de los artículos 61, fracción XX, párrafo último, 117, párrafo último y 124, párrafo último, de la Ley de Amparo. De ahí que el legislador ordinario no previó que tratándose de demandas de amparo en los que se reclame una violación al derecho de petición, deba seguirse el procedimiento previsto en el artículo 117, párrafo último, de la ley de la materia, consistente en otorgar un plazo razonable para ampliar la demanda respecto del acto emitido en respuesta a la solicitud de que se trata, pues ese supuesto se reservó a los actos unilaterales de la administración pública y, tampoco se estableció que el particular quedaba exento de agotar los medios ordinarios de defensa, como en este caso, el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Con base en lo anterior, se estima que no es procedente dar vista a la parte quejosa con la respuesta que emitió la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para que manifieste si amplía o no su demanda, ya que ésta no constituye un acto administrativo unilateral, sino uno diverso que puede impugnarse en el juicio contencioso administrativo local.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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