Elizabeth García Villeda

Expediente 886/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
886/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
10/12/2021

Partes del expediente

  • Elizabeth García Villeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Visto el contenido de la razón actuarial de cuenta, se advierte que no fue posible entregar los oficios 28951/2021 y 28954/2021, que contienen inserción del proveído de treinta de noviembre del año en curso, toda vez que las autoridades señaladas por el quejoso como "Subdirector General de Servicios de Salud" y "Jefe del Departamento de Salud de la Infancia y Adolescencia", no existen con esa denominación. Sin embargo, de una revisión de las constancias que obran en el presente sumario, se advierte que la autoridad citada en segundo término recibió el diverso oficio 20758/2021, por medio del cual se le notificó el diverso proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, del cual se anexa copia simple para verificativo; en consecuencia, reenvíese la misiva 28954/2021 a la autoridad de referencia. Por otra parte, por lo que hace al oficio 28951/2021, no se hace mayor pronunciamiento toda vez que la misma ya había sido razonada, por ende, mediante auto de veintiuno de septiembre del año en curso, se le dio vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera o aclarara la denominación correcta respecto de la misma, sin que al día de la fecha hubiere hecho manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto en mención, y se tiene por inexistente a la autoridad ahí precisada, suspendiéndose toda comunicación con ésta.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término referido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo párrafo del arábigo 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; y, toda vez que el juicio de amparo en que se actúa se encuentra totalmente concluido y archívese como asunto terminado.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el comunicado de cuenta, mediante el cual, el apoderado legal del Director General del Instituto de Salud del Estado de México, en atención a lo solicitado en auto de tres de noviembre del año en curso, exhibe copia de la carta de consentimiento que acredita que el veintiuno del mismo mes y año, le fue aplicada la segunda dosis de la vacuna con el biológico Pfizer-BioNTech, a la menor de identidad reservada de iniciales R. P. G.; sin que se haga mayor pronunciamiento en atención a que mediante auto de cinco de noviembre del año que transcurre, se sobreseyó fuera de audiencia el sumario en que se actúa.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual *******, en representación de su menor hija de identidad reservada de iniciales R. P. G., en atención al requerimiento formulado el dieciocho de octubre del año en curso, informa que el pasado veintiuno del mismo mes y año le fue aplicada la segunda dosis de la vacuna con el biológico Pfizer-BioNTech, a su menor, circunstancia de la que se toma conocimiento. Ante este panorama, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgado debe valorar si se actualiza alguna causal de improcedencia que impida el análisis del juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente en cualquier etapa del juicio, lo aleguen o no las partes, dado que, para que este órgano jurisdiccional pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente; es decir, que no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada. Dicho de otro modo, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran procedencia de la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado, pues ésta constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo. De tal manera que dicho estudio debe hacerse en cualquiera etapa del juicio, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Ahora bien, en el presente asunto este juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Dicho artículo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" Para aclarar el contenido de esta porción normativa, es pertinente citar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, publicada en el tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, con registro digital 173858, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De la interpretación de la fracción antes citada, se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad generado sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, y que el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe considerarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, tendrá lugar cuando subsistiendo formalmente el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; lo cual se actualiza cuando el juzgador advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se considere violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. De tal suerte que, si el acto reclamado en el presente sumario concretamente es la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19 en México; en la parte que omite regular la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, a los menores de edad adolescentes, cuya edad oscila entre los doce a los dieciocho años; se advierte que los efectos del acto de autoridad impugnado ya no se concretarán en la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de la aplicación de la citada vacuna a la menor de edad. Es así, pues de las constancias de autos se advierte que ya fue aplicada, en sus dos dosis, la vacuna con el biológico Pfizer-BioNTech, a la menor de identidad reservada de iniciales R. P. G., en la Sala de Prensa del Estadio "Nemesio Diez", Toluca, Estado de México, los días veintiocho de septiembre y el veintiuno de octubre del año en curso. En tales condiciones, si bien el plan nacional de vacunación subsiste en sus términos; la materia de reclamo en la esfera jurídica de la parte quejosa dejó de existir, porque en el caso, la omisión contenida en la política pública ya no afecta la esfera de derechos de la parte quejosa y en esas circunstancias ya no es dable realizar el estudio de lo aquí reclamado. Lo anterior, debido a que los efectos del acto reclamado no se concretaran en el caso particular, dada la modificación del entorno en el cual se encuentra actualmente el menor de edad; esto es, dejó de existir el objeto o la materia de reclamo por el actual esquema de vacunación del infante. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia respecto del acto reclamado precisado, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción XXII, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, es dable dejar sin efecto la hora y fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

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